Opinión
Firma invitada
Susana Beltrán
30/7/2014
Últimamente,
algunos tertulianos, tuiteros y medios de comunicación critican a Societat
Civil Catalana (SCC) por su carácter marginal en la sociedad y porque no
representamos a nadie. Tienen razón. En realidad, nos representamos a nosotros
mismos, ya que quien tiene la legitimidad para representarnos no lo está
haciendo. Y al revés, debemos desmarcarnos de entidades que se erigen con
derecho a representarnos en cuestiones políticas para las que no están
legitimadas.
El problema no
está en cuántas veces aparece SCC en los medios, sino en que la voz de los
catalanes no secesionistas y críticos con la consulta anunciada para el 9 de
noviembre está apagada o fuera de cobertura.
Así las cosas, El
Pacte Nacional pel Dret a Decidir es un acuerdo político que promueve el
derecho a decidir y la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña
(es decir, preguntar a los catalanes si queremos que Cataluña sea un Estado
independiente). Dicho pacto está abierto a adhesiones y, entre sus promotores,
se cuentan: el Parlament de Catalunya (que nos representa a ¡todos!), el
Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona, el Consell Universitari de Catalunya, la Federació d'Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya o el Consell de Governs locals. Publicitan
que ya hay alrededor de 3.000 entidades adheridas, incluidas las de algunos
colegios profesionales de Cataluña.
Como ustedes
comprenderán, en el marco de este pacto, ninguna de las instituciones me
representa. Mas no estoy sola. Catalanes no secesionistas y críticos con la
consulta del 9-N hay de toda suerte y condición. Desde esa diversidad, la
reunión entre el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña y el
Presidente del Gobierno español preocupa. Simplemente me gustaría que estos
catalanes que, curiosamente, estábamos representados en la mayoría del Congreso
que el pasado 8 de abril rechazó la cesión de competencias para que en Cataluña
se convocara una consulta sobre la secesión, nos tengan en cuenta en cualquier
decisión que de ahora en adelante tomen nuestros dirigentes políticos.
Aunque creo que
eso no basta. El desafío secesionista ha adquirido tales proporciones que exige
una respuesta democrática, basada en el respeto al Estado de derecho,
sincrónica y a diferentes niveles. El Gobierno español no puede por sí solo
hacer frente a este desafío. Ni siquiera nuestros representantes políticos
disponen de todas las claves para salir airosos de la tormenta perfecta que nos
ha caído. La desafección de la ciudadanía a la clase política, la corrupción
(de ella, unos pocos catalanes saben mucho) o unos niveles de paro que merman
la autoestima de cualquier ciudadano conviven con el We Want to Vote,
exclusivo para catalanes.
A pesar de los
pesares, algo pasa en la sociedad española, que va saliendo de su letargo. Por
ejemplo, anónimos catalanes supervisados por un catedrático de estadística
estuvieron durante tres meses contando las personas que aparecían en la vía
catalana del 2013. De 1,6 o 2,3 millones de personas que se llegó a afirmar que
había, solo se encadenaron 793.683 (130.311 eran niños). Este estudio arroja un
poco de luz sobre el número de catalanes secesionistas activados, basado en
mediciones, y no en meras conjeturas con fines propagandísticos.
Ciudadanos que
no somos VIP estamos en contacto con partidos políticos, con empresarios y con
parados, con académicos, publicistas y periodistas... Estamos saliendo de todos
los rincones y, aunque todavía faltan muchos, poco a poco los irán conociendo.
Tal vez usted sea uno de ellos. Ciudadanos, partidos políticos, representantes
gubernamentales, cada uno a su nivel, poniendo un granito de arena en la
auténtica marca España que, por poco que salga bien, será el proyecto más
querido de todos.
Susana Beltrán es Vicepresidenta tercera de Societat Civil Catalana y profesora de
Derecho Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada