El 25 de febrero de 1711 en una de las numerosas cartas de
súplica que llegaron a la Generalitat desde los pueblos de la inmediata
retaguardia a partir del verano de 1707, se describía en respuesta a un
requerimiento real recibido tres días antes, uno de los acostumbrados
incidentes y abusos padecidos por los civiles catalanes por parte de tropas
Austracistas. En él describe cómo funcionaba el pillaje a pequeña escala en
territorio “amigo”. 19 soldados se presentaron en la casa de Andreu del Mas de
Sant Esteve de Palautordera a incautar
paja; al no encontrar nada (una compañía de su mismo regimiento se les había
adelantado) le quemaron el pajar. Ese mismo día, otros soldados del mismo
regimiento saquearon la casa llamada “Del bon amich” del mismo municipio,
entrando por la ventana y robando a sus propietarios todo cuanto tenían. Otra escuadra de la misma unidad, esta vez
acompañada de dragones reales, entraron en la casa “Leget del mas”, “degollando
y llevándose 10 tocinos, tres corderos, todas las gallinas y lo demás que había
en la casa”. Después de la demostración de fuerza, obligaron al resto de la
vecindad a entregar dinero, trigo y otros granos “cometent altres excesos com
si fossen tropas enemigas”.
El término “terrorismo militar” viene siendo usado
extensamente para definir los abusos perpetrados por el ejército borbónico en
Catalunya durante la fase final de la guerra de Sucesión. Dentro de la campaña
del Tricentenario en artículos, libros y exposiciones, el asunto de la
represión ejercida por los militares franco-españoles se trata con profusión.
Incendios de poblaciones, saqueos, pillaje, asesinatos, violaciones… en toda
Cataluña se sucedieron incidentes gravísimos de los que no hay duda alguna
en cuanto a su veracidad.
Ciertamente,
esos sucesos son mostrados como una prueba más de la brutalidad borbónica
contra los catalanes y sus instituciones. Y es aquí donde una verdad
indiscutible como hecho, pasa a serlo en su explicación, sobre todo cuando
comprobamos que lo que parece excepcional era habitual en el contexto bélico
europeo de los siglos XV al XVIII.
Con el nacimiento de los nuevos Estados europeos a
principios del Renacimiento, sus costes militares estaban muy por encima de las
posibilidades de sus magras finanzas. Ejércitos cada vez mayores, recorrían los
escenarios del viejo continente seguidos de una legión de no combatientes.
Grandes grupos de veinte o treinta mil personas se desplazaban sin tener
garantizado el avituallamiento, teniendo que vivir sobre el terreno para
subsistir, arrasando a su paso comarcas enteras fueran amigas o no. El
historiador John Lynn los definió como “ejércitos depredadores” y en la
reciente obra de Lauro Martines, Un tiempo de guerra, publicado por la editorial
Crítica en 2013, como “ciudades ambulantes y moribundas”. En dicha obra, el
panorama de saqueo y destrucción sistemático que padeció el campesinado europeo
es analizado y descrito con rigurosidad. De hecho, basa sus hipótesis
enumerando diferentes tipos de abusos a través de incidentes padecidos por
soldados, ciudadanos y campesinos tanto en las guerras italianas del siglo XV,
la guerra de los treinta años, la guerra Hispano-holandesa, las guerras de
religión francesas en los siglos XVI y XVII, la guerra de los nueve años e
incluso la guerra de Sucesión en sus diversos frentes. Los hechos descritos,
son calcados a los padecidos en Cataluña en 1714, por lo que todos los indicios
apuntan que los motivos que generaron los execrables sucesos durante ese año, tuvieron
más que ver con la forma habitual de hacer la guerra por aquel entonces, que
con una voluntad inequívoca por parte de Felipe V de hacer política de tierra
quemada en el Principado.
Partiendo de la hipótesis que los abusos militares
borbónicos en 1714 no se trataron de un hecho único y excepcional, sino común y
habitual; la siguiente pregunta a plantearse es casi inevitable. Sí todos los
ejércitos de Europa cometían abusos, ¿Cuál fue el comportamiento de los
ejércitos del Archiduque Carlos en Cataluña?
Utilizando un método de análisis hipotético deductivo,
resulta convincente partir de la hipótesis que hicieron exactamente lo mismo
que todos, y si el desencadenante del expolio de las fuerzas armadas sobre los
campesinos fue la falta de financiación por parte del Estado, la siguiente
sospecha recae sobre el comportamiento del ejército irregular catalán del
Archiduque, los fusileros de montaña o migueletes. Estas unidades aún recibían
menos del monarca que sus compañeros reglados, por lo que si la teoría cuya
ecuación consiste en que la necesidad de
poseer un ejército sin posibilidad de mantenerlo, sumada a la relajación de la
disciplina por falta de mandos, es igual a abusos sobre el campesinado, unas
unidades irregulares como los migueletes, con nula financiación y con apenas
oficialidad, tuvieron que resultar una verdadera plaga sobre el campesinado
catalán.
Partiendo de esta hipótesis he analizado dos grupos de
fuentes diferentes. Súplicas enviadas a la Generalitat durante la guerra
quejándose de abusos militares y exhortaciones enviadas a la Corona a través
del Consejo de Estado Mayor del Ejército Aliado conservadas en los fondos
documentales del Archiduque Carlos.
Después de haber consultado algo más de dos centenas de
demandas, en ellas he podido apreciar cómo se repiten los mismos tipos de
incidentes descritos por investigadores como Lynn, Martines, Elliot y tantos
otros. Básicamente, podemos distinguir los siguientes tipos de abusos,
cometidos en su mayoría sobre campesinos.
Los alojamientos
La inexistencia de cuarteles donde alojar soldados durante
la pausa invernal y la falta de recursos para mantenerlos, tuvo como
consecuencia la elaboración por parte de los Estados europeos de una
legislación que obligaba a los civiles a mantener un número determinado de
militares en sus casas garantizándoles pan, cama, leña para ellos y paja para
sus caballos. Todas estas leyes se parecían, y todas eran sistemáticamente
incumplidas una y otra vez. Por ejemplo, es habitual en las suplicas enviadas a
la Generalitat por los pueblos que tenían soldados alojados, encontrarse el
ruego de cumplimiento del capítulo 107 de las Constituciones referente a los
alojamientos. Dicho capítulo era menos oneroso de lo habitual, aunque a la hora
de la verdad quedó en papel mojado, ya que simplemente no se cumplía, no
existiendo ni voluntad ni capacidad por parte de las autoridades para imponer su
acatamiento, como queda patente en la respuesta dictada en veinte y seis de
septiembre de 1708 por el rey Carlos a las quejas al respecto:
“Y no menos que os desvelareis en alentar los naturales en
que procuren en lo posible despreciar con la tolerancia aquellos
acontecimientos que suele contraer la guerra…” Sans i Travé, JM., Op.Cit. pág.
928.
(Nótese de paso que el rey Carlos responde en castellano y no en catalán, pese a que, obviamente, la respuesta es anterior a los Decretos de Nueva Planta. Dejaremos para otra ocasión el examen del uso del catalán y del castellano en la Cataluña de los siglos XVII y XVIII, un tema sobre el que también hay mucho que decir).
Si los alojados eran migueletes la situación era mucho peor
a tenor de los testimonios que nos han llegado. En 1707, Aleix Ribalta, payés
de Anglesola, afirmaba que “… y aquells homens, ques levantaren en lo any 1705
en títol de Miquelets pararen en lladres, y estos eren los que feian mes mal en
lo pahís.” Un año después, una carta al
rey escrita por varios alcaldes leridanos es un claro exponente del
comportamiento de dichas unidades:
Súplica al Rey Carlos III, 5 de diciembre de 1708
“Sindicos de La Granadella, Llardacans, Mayals, Almatret,
Juncosa, Bobera, Los Forns, La Palma, La torre del Español, Cabases, La
Figuera, La Vilella, Margalef, la Bisbal y todo su vezindado, en nombre de sus
universidades viene a presentar que después de haber servido a VM a alojar
diferentes veces las tropas cuidando de su manutención no obstante haber
padecido de diferentes sujetos a sequestrar de cuantos granos encontraron en
estas villas y lugares y haver asi mismo pasado por los vigores y saqueos del enemigo y expuestos hoy a esta
contingencia por estar a cara de él, se ven en último exterminio y previsados
de no tolerar más los fusileros comandados por el coronel Prats, otras
compañías sueltas de migueletes y una de caballos voluntarios comandada por D.
Josep Ademet, Bayle de Seros, los quales han hecho hasta el dia de hoy tales
estragos que referidos todos, sería ofender los reales oídos de SM sin
excepción de sujetos, ni eclesiásticos, jurados bayles y demás personas que
discurren haberles quedado algo, y con este motivo sin que el mayor y más
grave, pasando a violentar las mujeres sacándolas del lado de sus maridos. Por
lo que suplicamos a VM se sirva mandar poner remedio mas conveniente y propio
del católico zelo y real clemencia de VM.”
Archivo Historico Nacional. Legajo 989 folios del 297 al 300
Cabe decir que no conocemos si se
castigó o no al alcalde de Serós por los crímenes citados, pero si sabemos que
el coronel Prats continuó sirviendo en el ejército austracista llegando incluso
a formar parte de las Reales Guardias Catalanas.
El fracaso en las negociaciones entre Generalitat y el
Archiduque con el fin de convertir en 1706 las unidades irregulares en
Regimientos reglados tuvo consecuencias desastrosas. Se llegó a un acuerdo de
compromiso donde el rey se obligaba a aportar un pan de munición por día y miguelete, cayendo el resto de gastos en sus
consistorios locales. Esta decisión provocó un autentico vacío legal que por un
lado no garantizaba el avituallamiento de la tropa irregular y por el otro les
concedía vía libre para tomar cuanto quisieran de unos municipios indefensos y
arruinados por la guerra.
Las
contribuciones
El término
“contribución de guerra” es realmente un eufemismo, ya que no se trata de un
impuesto corriente sino de un expolio forzado. Existían varias formas de forzar
al cobro de contribuciones. El método habitual consistía en la aparición de una
columna de caballería en una población o en una masía. A veces, acompañaban a
un asentista o contratista militar que era el encargado de proveer de vituallas
al ejército. En el mejor de los casos,
se pactaba con el alcalde o el masovero una cantidad de vituallas que serían
entregadas en un plazo no superior a un día. En caso de oponerse, lo habitual
era amenazarle que si no entregaba lo solicitado por las buenas, se dejaría vía libre a la tropa para que
tomara cuanto quisiese. A veces, si se contaba con suficiente dinero en
efectivo, se podía sobornar al oficial de turno para evitar la entrega de
grano, pero no era habitual. Una vez cargado el género, se entregaba un recibo
y/o pagaré a cuenta de lo incautado que rara vez se cobraba.
Este era el
método de cobro de contribuciones menos dañino. En el procedimiento siguiente,
la dinámica es la misma, pero sin entrega del recibo. Cuando este era
reclamado, lo normal era propinar al demandante una paliza tras acusarle de
desafección a la causa, tal como se describe en una súplica enviada a la
Generalitat el 27 de febrero de 1708 desde Bellpuig sobre los abusos padecidos
por una unidad húngara.
“… el
pedirse la referida justificación a los mencionados úngares sobre negarse la
concesión, es aun más agria la respuesta, tratando de gavatxos y malafectos a
sus antenotados moradores. Lo que ha precisado y al consejo a resolver de dexar
sus casas, caso de continuarse estos excesos”
Sans i Travé, J.M.; Dietaris de la Generalitat, Vol. X, anys
1701 a 1713. Gencat, Dept.Presidència 2007. Pág. 880.
En el peor
de los casos, con la excusa del cobro de la contribución de guerra se pasaba
directamente al saqueo indiscriminado. Durante el asedio de Lérida en 1707, la
caballería austracista, portugueses y húngaros sobre todo, diezmaron las
reservas de grano en decenas de kilómetros a la redonda con la inestimable
colaboración de las partidas borbónicas.
Además del robo de grano, las necesidades de forraje y paja
para los caballos en ejércitos de miles de animales eran abrumadoras. Las
columnas de forrajeadores saquearon las reservas destinadas al ganado local,
aunque de poco servían ya que el ganado también acababa en sus redes. Otro
problema grave era el de la leña en invierno. Muchas de las quejas se refieren
a la tala de frutales por los soldados para calentarse. En la Seu de Urgell, el
Regimiento de la Generalitat se dedico
en 1708 a talar los árboles pese a las quejas de los afectados. Sans i Travé,
Op.Cit. Pág. 880.
Las necesidades de leña, no se limitaban a la tala
indiscriminada. Puertas, muebles, marcos de ventanas, toda la madera disponible
acababa quemándose en los hogares para calentar a la tropa. Recordando siempre,
que una localidad con alojados podía triplicar sin problemas su población
habitual, con todos los problemas logísticos que ello supone en economías con
pocos excedentes como las de Edad Moderna.
Los saqueos
Aparte de los pillajes de baja intensidad y de las
contribuciones forzadas, el saqueo suponía una vía de financiación extra para
los soldados, y una oportunidad de enriquecimiento rápido de oficiales sin
escrúpulos y asentistas privados. Existían una serie de normas implícitas que
marcaban las pautas de cuando y cómo se podía saquear una plaza. En la
práctica, la decisión de saquear se tomaba según las necesidades del momento.
Un caso claro lo representa el primer saqueo organizado en Cataluña durante la
Guerra. El uno de abril de 1706, una columna aliada salida de Lérida para
socorrer la asediada Barcelona se detuvo ante Cervera. La ciudad, que había
mostrado claras evidencias de fidelidad a la causa borbónica se encontraba
desguarnecida, con su regimiento combatiendo en la capital en las filas del rey
Felipe. Dadas las circunstancias, decidieron no defenderse y propusieron el
pago de una indemnización para evitar el saqueo. Fue en vano, las presiones de
los caballeros catalanes presentes en la columna convencieron a su comandante,
el Príncipe Enrique de Hesse que era
preferible castigar ejemplarmente la ciudad y de paso, obtener pingües
beneficios. Ordenó abrir una brecha en la muralla simulando una entrada
triunfal tras una inexistente defensa. Luego empezó el saco que duró cuatro
días. El sistema habitual de saqueo consistía no solamente en el robo
indiscriminado o las palizas para sonsacar a los lugareños, violaciones y
asesinatos. Existía todo un sistema organizado de desvalijamiento. Fuera de las
ciudades se establecían los comerciantes y asentistas que pagaban al contado y
a bajo coste lo que les iban trayendo los soldados. En el caso de Cervera, los bienes robados se
vendieron por toda Cataluña. Según
Francesc Castellví, los carros cargados de enseres llegaron hasta
Tarragona. Castellví, Francesc; Narraciones Históricas, Vol.II, Págs. 80-83.
Palizas y asesinatos
Como vemos, la
extorsión y robo de bienes venían acompañados en ocasiones de agresiones
físicas con el fin de amedrentar a los campesinos o simplemente, por diversión.
Hemos hablado del comportamiento de los jinetes húngaros en Bellpuig o de los
migueletes de Prats en Lérida, pero
lejos de tratarse de un hecho aislado, sólo en el periodo que va desde el 28 de
septiembre de 1707 al 12 de mayo de 1709, en los dietarios de la Generalitat
constan quejas por incidentes del mismo tipo en Sant Feliu de Pallerols, Vall
d’Hostoles, Abadiato de Labaix, Vall de Bohí, Capdella, Collecta de Labat,
Condado de Eril, Baronía de Pervás, Pont de Suert y Talarn. Evidentemente estos
incidentes tan sólo suponen la punta del iceberg, ya que las fuentes estudiadas
son aún escasas. Por ejemplo, tenemos constancia del asesinato en Ortoneda de
un campesino sin motivos aparentes por un granadero del Regimiento del Conde de
Taaf, en fecha anterior a agosto de 1712. (AHN. ESTADO, Libro 1000, fol. 203.
Violaciones
En la reveladora carta citada anteriormente, vemos como
catorce alcaldes deciden enviar una carta conjunta de queja por los agravios
padecidos a causa de un alcalde vecino, el de Serós, y por el coronel Prats, oriundo de Arbeca,
localidad cercana a la zona expoliada. Es decir, que los abusos cometidos por
los fusileros de montaña recaían sobre sus vecinos y conocidos a pesar de
declararse abiertamente austracistas. En los “Dietaris de la Generalitat”,
algunos alcaldes encuentran el coraje para quejarse de este tipo de crímenes,
como los de Palagalls, Moncortés, Canós, Aranyó, Cardosa, Tárrega y Agramunt,
cometidos por unidades regladas del Archiduque entre los meses de octubre y
noviembre de 1708. (Sans i Travé, Op. Cit. 931-934).
Secuestro de bienes
Una de las primeras decisiones del Archiduque una vez tomó
Barcelona en noviembre de 1705, fue la creación de La Junta de Secuestros y
Confiscaciones en el Principado de Cataluña, siguiéndole otras en Aragón y
Valencia. Con ello, pretendía gestionar
los bienes incautados a los catalanes borbónicos y así, nutrir sus
exiguas arcas para poder continuar la guerra. Aunque el tema de los secuestros
austracistas sobre catalanes está poco estudiado, resulta interesante
encontrarse suplicantes de clases modestas, que por motivos más bien
arbitrarios vieron como se les embargaba su patrimonio. En una súplica fechada
el 12 de septiembre de 1712, María Magdalena Gil, viuda y natural de Tarragona,
se lamentaba del apropio de una finca situada cerca de las murallas de Tarragona
valorada en 500 libras con la excusa de ser necesaria para la defensa, sin
haber cobrado indemnización alguna y a pesar de haber padecido saqueo de sus
campos “…una vez las tropas enemigas y dos las de VMG”. Por otro lado, Josep de Pedrals, de la villa
de Bagá, pide la reintegración de sus bienes incautados en la Cerdanya por “…el
odio que el veguer de Berga tenía con él” y eso pese haber servido fielmente a
la causa austriaca. Caso más curioso es del soldado veterano Pablo de Pujades,
que al volver a sus propiedades deTorrent y Fontclara en 1712 después de siete
años de servicio, las encontró confiscadas, aprovechando los voraces agentes
del archiduque que su madre se hallaba dentro de Gerona, ocupada por los
borbónicos en esos momentos. AHN. ESTADO, legajo 8694.
Refugiados de guerra
Una de las
consecuencias inevitables de la inseguridad generada por los abusos reiterados
de las tropas austracistas en territorio afecto, junto a las correrías de las
unidades borbónicas en la retaguardia enemiga, fue el éxodo masivo hacia los bosques huyendo de la
guerra. En una súplica recibida en el
Palau de la Generalitat el lunes, dos de abril de 1708 desde la villa de
Tárrega, los regidores avisan “…como por instantes va perdiendo y aniquilando
aquel común y sus particulares por el crecido alojamiento de caballería en que
se halla. Y circunstancias con que lo padece, siendo ya mucho más de 100
familias las que han desertado, y cada día va experimentando van haziendo otras
lo mesmo.” (Sans i Travé, Op.Cit 888).
En prácticamente
todos los casos de abusos citados, se habla de éxodo masivo hacia las montañas
o hacia Barcelona huyendo no de los combates, sino de los abusos de las tropas
acantonadas.
Conclusiones
En definitiva, el grueso de la población campesina catalana,
sobre todo la de las comarcas agrícolamente más ricas como el Urgel o la
Segarra, se convirtió en proveedora forzada
y coaccionada de alimento, alojamiento, lumbre, forraje y sexo de los
ejércitos de ambos bandos, incluidos los migueletes, que lejos de ser el
referente romántico presentado por la Renaixença, fueron padecidos como una
autentica pesadilla por los civiles catalanes.
