¿Policía política?

Rainaldo Ruíz

Leo la noticia de que la ANC pide 100.000 voluntarios para “oír” a los ciudadanos de Cataluña, piso por piso. Desconozco cuantos pisos ycasas hay en Cataluña, pongamos que tantos como ciudadanos, aprox. 7M; es decir 70 pisos por voluntario. Accesible. Veo el video publicitario, en el que se explican las “razones”:  es la hora de escuchar -no convencer- a todos los ciudadanos.  “El porta a porta mes festiu i participatiu de la historia”. Leo la noticia en los diarios, en los noticiarios de Tv y espero una reacción que no se da. ¿De verdad nadie se pregunta qué significa este hecho?  ¿De verdad alguien piensa que los efectos de esta iniciativa son inocuos? Ya ven que no pongo en duda la bondad de la intención.

Permítanme una somera descripción de la situación social de la actual Cataluña, tan sólo un diminuto enfoque de la misma. Estamos viviendo unos momentos que, pese a la machacona propaganda de la festividad o, precisamente con esa excusa, se permiten determinadas conductas que valoradas seriamente nos remitirían a una exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de gran envergadura: es absolutamente desolador que en una democracia -estoy convencido que mejorable- unos representantes políticos sean capaces de saltarse la legalidad, mediante subterfugios o directamente animando a la desobediencia civil; intentando anteponer a dicha legalidad un concepto de democracia carente de fundamento. Por lo visto, ahora se es antidemócrata por negar el ejercicio de un derecho absoluto no reconocido por las leyes: los ciudadanos no votan todo lo que quieren y cuando quieren.

Nuestra Constitución recoge diversas figuras que permiten conocer, más allá del momento de las convocatorias electorales, las inquietudes y voluntades de la ciudadanía: derecho de manifestación, iniciativa legislativa popular, referéndum, etc. La Constitución española huyó de democracias asamblearias. La ciudadanía puede ejercer su derecho a voto de conformidad con las leyes para la elección de sus representantes. Esta es, como en la casi totalidad de los países de nuestro entorno, la máxima expresión de democracia;  no seré yo quien dude de los posibles beneficios de una democracia más participativa, pero trabajemos en ello, pongámonos la mayoría de acuerdo  y dispongamos las fórmulas para poder realizarlo porque no hay atajos y menos cuando suponen infringir la legalidad. En relación con las manifestaciones de la voluntad democrática recogidas y amparadas por la Constitución,  ya me hubiera gustado que las manifestaciones en contra de las políticas de recortes sociales hubieran tenido el mismo eco en nuestros representantes autonómicos que las manifestaciones del 11S en el Gobierno de la Generalitat. En Cataluña estamos ante un receptor de voluntades un tanto especial, el Gobierno español desaparecido.

El posicionamiento del Gobierno de la Generalitat es de todos conocido: nuestros representantes (lo son aunque no les hayamos  votado) y las Instituciones desde las que ejercen la potestad que con los votos les hemos conferido, están volcadas en dar respuesta a una sola manifestación de voluntad (la de “su pueblo”) sin preguntarse a quienes representan, la legalidad de la propuesta, la repercusión y responsabilidad de avivar la confrontación entre ciudadanos y con el Estado. Todo ello conociendo que hay una solución a las voluntades expresadas en la calle: la máxima expresión de la democracia tal como la entendemos todos, unas elecciones anticipadas (o no); que las urnas diriman las propuestas, sin ambages, de los diferentes partidos; que estas propuesta se hagan (o no), con los matices que estimen oportuno, eco de las manifestaciones del 11S. Que todos tengamos claro las propuestas de cada partido político, sin posibilidad de error o mala interpretación.

No pongo en duda el éxito de las convocatorias del 11S, realizadas y alentadas desde 2012 por los partidos que abogan por la consulta -ya ven que no me refiero exclusivamente a los independentista-; el gobierno de la Generalitat (y sus medios de comunicación públicos y “concertados”);  la ANC y Omnium Cultural. En una Comunidad Autónoma de más de siete millones de habitantes, que ante una convocatoria se movilicen unas 800.000 personas, reitero, me parece un  éxito; pero permítanme que tenga mis dudas en relación a la lectura que de ello deba realizarse. Aquí en Cataluña, desde los medios de comunicación afines al independentismo hasta la Generalitat de Catalunya, comparten una única interpretación: ese ingente número de personas representa la voluntad de “un pueblo”. Y esa voluntad, no nos engañemos, no es otra, desde su perspectiva, que la independencia. Esta  interpretación es de una hipocresía mayúscula porque, si no, ¿a qué vienen esas manifestaciones de representantes del Gobierno catalán respecto de la creación de las estructuras de estado antes de realizar la propia consulta; o de la Sras. Carme Forcadell y Muriel Casals en el sentido de que la próxima diada será una celebración y no una reivindicación?. El resto de ciudadanos que no se unieron a la manifestación (o a esa manifestación, porque lo hicieron a otras) no tienen voluntad o no forman parte de ese “pueblo” (su pueblo catalán). Quien no la manifiesta, no tiene voluntad. Quien calla, otorga. Aquí no caben individualidades ajenas a ese sentimiento de pertenencia: o eres de los “nuestros” (el buen catalán) o eres de los otros (un españolista acérrimo o, en el mejor de los casos un mal catalán). Esto que he descrito dudo mucho que pueda negarlo nadie medianamente objetivo: admite matices que, en ningún caso, se alejarán de lo que pretendo mostrar.

En este ambiente viciado (unos respiran mejor que otros), tras la gran manifestación del 11S, la ANC hace un llamamiento para crear una “policía política”, 100.000 voluntarios que van a recorrer, piso por piso, es decir, ciudadano a ciudadano, Cataluña entera. He entrecomillado policía política para quitarle peso ya que si no, sería insoportable, para resaltar su reflejo. Estoy convencido de que detrás del que tuvo la idea no ha habido mala fe, aunque muestra de ello sería que dejaran de lado esta iniciativa.  No obstante, resulta llamativo que los verdaderos adalides de la democracia, no mesuren desde el más estricto respeto a los derechos básicos de las personas, una propuesta como esta. Ya no voy a referirme a la Constitución Española que tanto denostan, esa que les permite manifestarse en libertad y, amparados por la Ley, voy a traer a colación el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”. ¿De verdad creen ustedes que su “visita” para “escuchar” lo que piensan todos y cada uno de los ciudadanos y no los que voluntariamente puedan dirigirse a los representantes o partidarios del movimiento independentista, no quebranta este Derecho universal de las personas? Es importante que nos detengamos en el hecho de que la prospección de ideologías que pretenden realizar significa, de facto, averiguar sin posibilidad de duda, qué es lo que votaría cada ciudadano en el imaginario de la celebración de una consulta. Tener un registro de todos los ciudadanos y su posicionamiento político (desconozco si manejarán otros datos diferentes a los que podrán elaborar, a saber, núm. de personas con derecho a voto y su intención política en cada piso que visiten), algo absolutamente deleznable e ilegal. Quien desconozca la cotidiana realidad social de la Cataluña actual podría aducir en contra de lo que estoy describiendo que no abriendo la puerta cuando llamen, problema resuelto. Que no deja de ser un acto voluntario. Esta argumentación topa con un “pequeño” obstáculo: ¿de la iniciativa puede derivarse un registro de la opción política de todos y cada uno de los “escuchados”? Si la respuesta es afirmativa, ¿alguien en su sano juicio puede pretender que dicha iniciativa no atentaría contra el derecho de aquellas personas que no quieran que se sepa su posicionamiento político dentro de su libertad? Porque en la tesitura política actual, no recibir a tan amables emisarios supondría, de facto, posicionarse en contra de la opción política por ellos defendida. A ello deberíamos añadir la innecesaria humillación que supondría para aquellos ciudadanos que no quieren constar como “los malos” (recordemos que la prospección no la hace una institución pública o privada neutral), el hecho de tener que aparentar una opción ideológica distinta a la que tienen, es decir, ante una pregunta incómoda en la que no quieren aparecer como “los aguafiestas”, mientan (no todo el mundo valora de la misma forma la mentira, lo sé, pero desde el mismo momento en que alguien se ve compelido a mentir, se atenta contra su dignidad como persona).

Dudo mucho que estas líneas puedan hacer cambiar de opinión a los impulsores de la prospección ideológica, no obstante, apelo a su responsabilidad y, en caso contrario, a la de las instancias políticas y judiciales para que impidan una iniciativa absolutamente deleznable e ilegal.

El error de Societat Civil Catalana

Joan Vilaplana i Martí

Societat Civil Catalana (SCC) se equivocó celebrando un acto el 11 de septiembre. Esta frase podría ser entendida por los nacionalistas como el inicio de la división en esta organización. Nada más lejos. No hay ánimo de dividir nada sino de explicar y avisar sobre la trampa en la que cayó SCC al celebrar el acto de Tarragona.

El 11 de septiembre es una fecha en la que pasó algo. Concretamente una derrota militar de las tropas austriacistas en Barcelona en 1714. Este es el hecho desnudo. Empirismo puro sin ningún tipo de interpretación. Los hechos nos demuestran que fue la victoria final del candidato borbónico sobre el Habsburgo, ambos disputándose el trono de la monarquía española. Los hechos también demuestran que en aquel conflicto había catalanes en ambos bandos. Cervera, sin ir más lejos, se mantuvo fiel a Felipe V, tal y como había hecho gran parte de Cataluña antes del poco conocido “Pacte dels Vigatans”. Esto no es una interpretación, es lo que pasó realmente. Pero en el siglo XIX se hace popular la versión nacionalista que ha llegado hasta nuestros días: que aquello fue una guerra de España contra Cataluña y que, a causa de la derrota, los catalanes perdimos todas las libertades si bien hablar de libertades en la sociedad de principios del siglo XVIII con el significado que hoy tiene el término es desconocer bastante la Historia. No nos engañemos, los actos del 11 de septiembre tienen como finalidad reivindicar la versión nacionalista –convenientemente cocinada- de los hechos. Es aquí donde reside, precisamente, el error en la convocatoria de SCC.

El nacionalismo catalán se comporta como un hecho religioso. Tiene sus días de guardar y celebración, su martirologio, su estética, sus profetas y hasta unos rituales. El 11 de septiembre es uno de esos días. Por tanto,  no era posible plantear el acto de SCC como una celebración laica. Haciendo un símil católico, a todos nos parecería extraño y hasta ridículo que una asociación de ateos saliese en procesión para celebrar la Semana Santa. Pues con el 11 de septiembre pasa lo mismo: no es posible celebrarlo de manera no nacionalista porque está concebido para todo lo contrario. El sesgo nacionalista de este día está íntimamente ligado a su naturaleza.

Además, tampoco hemos de engañarnos: la V concentró a más gente que el acto de Tarragona. Esto es una realidad porque, además de contar con una difusión preferencial –por no decir única- en la mayoría de los medios de comunicación catalanes, ellos están más movilizados. Evidentemente, el acto de Tarragona no se planteó como un acto de grandes masas. Y tampoco la cantidad de gente que apoya una idea nos dice nada sobre la veracidad o corrección de la misma. Pero esto lo sabemos nosotros y no esa parte de la sociedad, aún indecisa, a la que hay que convencer y que suele comer por la vista. El nacionalismo ha mostrado siempre las diferencias cuantitativas como un éxito. No les demos esa satisfacción. No nos lo podemos permitir aunque sepamos que es propaganda vacía.

Por tanto, organizando SCC un acto y/o considerando ese día como uno singular aceptó parte de la cosmovisión nacionalista. Y lo que es aún peor, la parte nuclear de la misma. La que apoya el relato de su proceso. No se trata, por supuesto, de mala fe por parte de los organizadores. Es más bien, en mi opinión, algo que obedece a la inercia cultural que en mayor o menor medida todos llevamos. Pero aún así, no es excusable. El acto fue un error. Y para colmo, este error será usado en nuestra contra.

Sin ir más lejos, hace unos días me encontraba en la terraza de un bar y se sentaron en la mesa de al lado tres independentistas muy autocomplacientes que estuvieron comparando la V con el acto de SCC y alguna que otra manifestación “millonaria”. Para ello se sirvieron de los típicos “memes” que hoy en día se han hecho tan populares y, entre otras perlas, soltaron que la bandera mostrada en Tarragona ocupaba mucho y que allí hubo más voluntarios que asistentes. Cabe mencionar que hicieron uso de unos flamantes móviles de última generación, cosa rara en una gente que se considera explotada y oprimida por España. Cosa rara, digo, que siendo así cuenten con semejantes lujos. Pero esto es harina de otro costal. Es cierto que estos tres personajes no tenían ni idea de órdenes de magnitud pues en sus cabezas cabía que se pueden poner 9 personas por metro cuadrado, si atendemos a los datos de la ANC pero la cuestión es que compararon y creyeron que ganaron, hinchándose su ego, porque sólo se fijaron en el tamaño y no en las razones. Esto era inevitable y el acto de SCC no ayudó porque se les concedió gratuitamente un elemento comparativo. Es cierto que estos tres individuos difícilmente serán convencidos por nuestros argumentos. Además, la cosa fue bastante más patética porque se consideraban protagonistas del acto cuando todos sabemos que simplemente se han dejado llevar por el mainstream orquestado por las instituciones públicas tomadas por el nacionalismo. Pero esto lo sabemos nosotros y no ellos. Y si seguimos perdiendo jugando según sus reglas será muy difícil ya no cambiar la opinión de esta gente sino acercarnos a los indecisos, que son los realmente importantes.

Si queremos convencer debemos atraer el juego a nuestro terreno y abandonar el campo contrario. Proponer y erigir una Cataluña nueva. ¿Existe alternativa? Claro que sí. Un sí rotundo: se llama San Jorge. San Jorge es el día del libro, de la cultura. De la cultura entendida como elemento liberador y aglutinador y no como algo diferenciador y excluyente. Es el día de la palabra impresa que constituye, a mi entender, un avance capital en la Humanidad sino el principal y más importante. Y también es el Patrón de Cataluña. Es cierto que puede considerarse una fiesta religiosa pero las raíces cristianas de Cataluña son innegables. Y, habida cuenta de lo variado de las actividades, creo que satisface sin problemas a personas religiosas y no religiosas. Además, se celebra en primavera,  esa estación en la que estallan las flores, el tiempo nos invita a despojarnos de los ropajes invernales y a recorrer el mundo y los días, progresivamente más largos, se visten con una luz mediterránea propia de un cuadro de Sorolla. Sin duda, por significado, actividades y calendario es mejor que ese día triste de septiembre que nos anuncia el final del verano y el inicio del otoño, prolegómeno lúgubre de la inexorable muerte que es el invierno. Solo por la estación ya merecería la pena cambiar un día funerario como es el 11 de septiembre por una jornada que despierta las ansias de cultura, vida y paz. Siempre es mejor ensalzar la vitalidad que no los mártires de la patria. Este país ha tenido demasiadas muertes como para seguir con estas exequias anuales que solo dividen a la sociedad. ¡Viva la primavera!

Narcisalismo (I). Etología y diagnóstico

Ángel Puertas

La problemática nacionalista es emocional. Sigmund Freud en El porvenir de una ilusión conectaba el nacionalismo con el narcisismo de las pequeñas diferencias. Dos notas humanas destacan en la conducta de numerosos nacionalistas: la extraordinaria relevancia que otorgan a la catalanidad y la percepción de que lo catalán es hostigado por los españoles no catalanes.

            En la ideología nacionalista observamos una inflación del ego colectivo. El nacionalista exhibe reiteradamente su catalanidad para que todos lo admiren y contemplen. Hechos que ninguna relación tienen con la catalanidad son visualizados interponiendo el prisma “Cataluña”. Y dicho cristal se emplea para interpretar cualquier fenómeno, desde el más prosaico e inofensivo al más enjundioso y trascendental. Así, la guerra civil deja de ser un enfrentamiento entre las dos Españas (en la que lo catalán sería secundario) para ser una lucha de España y Cataluña (que adquiere rango protagonístico); los mayores precios de la vivienda y otros bienes en Barcelona y área metropolitana en comparación con los de un pueblo andaluz no son una simple manifestación de la carestía de la vida en áreas urbanas de fuerte inmigración frente a depauperadas zonas rurales de acusada emigración, sino una demostración de lo caro que a los catalanes les resulta ser españoles. Los ejemplos podrían continuar hasta el infinito. Las muestras de exhibición de la catalanidad por parte de tantísimos nacionalistas son tan evidentes que no merece detenerse en ellas. En el nacionalismo hay un “yo colectivo” inflamado, una llama hinchada y siempre refulgente que ilumina con su cálida tonalidad toda la estancia y que impide contemplar la realidad bajo otras luces más humildes y objetivas.

            El siglo XIX fue la infancia de las naciones. Séalo o no Cataluña, el siglo XIX fue aciago para esta comunidad. Siete guerras civiles sufrió Cataluña entre 1821 y 1875 (la guerra realista, la resistencia contra los Cien Mil Hijos de San Luis, la de los Malcontents, las tres carlistas y los alzamientos republicanos). Bandas carlistas en los montes asaltaban a viajeros y campesinos; partidas de la Tradición caían al amanecer sobre pueblos desguarnecidos, fusilaban a liberales e incendiaban casas y cosechas de propietarios que no pagaban la contribución al rey Don Carlos; juventudes militarizadas montando guardia en las proximidades de la población; somatenes prestos a luchar; vecinos carlistas represaliados por los liberales; funcionarios que no podían entrar en las zonas sublevadas; industriales arruinados por la hiedra del contrabando que florecía en las guerras; obreros pordioseando por los sobresaltos y la depauperación de la economía; olor a pólvora desde las frecuentes barricadas progresistas; juntas y contrajuntas revolucionarias; atropellos de la autoridad militar: juicios sumarísimos, detenciones sin causa, secuestro de publicaciones, prohibición de transitar por las calles a partir de las diez de la noche…; rumores de bajada de los aranceles; una industria potente y a la vez frágil, pendiente de la solidaridad comercial del resto de España, anhelante de elevados aranceles; una burguesía demandante de servicios modernos (una estación de telégrafos, vías férreas, escuelas industriales…) que quedaba afónica ante un Estado empobrecido por las recidivantes guerras del norte; luchas entre obreros y capitalistas, unos arrojaban bombas sobre las cabezas burguesas del Liceo y otros arrojaban legislaciones antiproletarias a los tobillos de los trabajadores… No conozco región con un siglo XIX más atormentado. Las guerras civiles deprimen la autoestima colectiva: “matinés [carlistas] en la montaña, ladrones en las afueras, bullanga en expectación por las calles y plazas, y bombas en proyecto en el aire por si fueran mal dadas. Me cago en Barcelona”, escribía Pablo Piferrer, aunque originariamente escribió “Cataluña” donde luego puso Barcelona.

       Los intelectuales, ayunos de esperanza, se refugiaron en un pasado imaginario, al que idealizaron (Álzate, oh Barcelona,/bastante has estado postrada y abatida:/mira que una corona/tan grande como la perdida,/te guarda el cielo, tan querida para tu frente;/sal ya de la agonía,/piensa que nuestros hijos con voz severa/te preguntarán un día:/¿Qué has hecho de tu bandera,/dónde están tus reyes, tus bravos caudillos dónde están?, versificaba Rubió i Ors). Difícil es la autocrítica. Ese contraste entre el pasado glorioso y el presente oscuro desembocó en la búsqueda de un chivo expiatorio (Felipe V) y de un objeto contrafóbico (las instituciones derogadas por el primer Borbón). El relato histórico prenacionalista había sido creado.

Casi toda la industria española era catalana. Su escasa competitividad se salvaba con elevados aranceles en las aduanas que convirtiera el resto de España en un mercado protegido (o cautivo, como queramos) para la industria nacional. La firma de un tratado con una potencia extranjera “siembra la inquietud entre los que se ven amenazados de perder lo que es fruto de tantas privaciones y fatigas, y cubre con un velo de tristeza el corazón de los que temen que les ha de faltar el pedazo de pan cotidiano para ellos y sus familias. ¡Ah! No; esos teóricos sin entrañas [los intelectuales librecambistas] no tienen idea de lo que es para el pueblo catalán una de aquellas amenazas; amenazas que al estar próximas a convertirse en realidades, convierte el temor y la tristeza en verdadera desesperación. ¿Qué tiene de particular que (…) el dolor arranque gritos que parecen maldiciones y amenazas contra la patria común, contra la madre que se convierte en madrastra?”, clamaba el conservador Mañé y Flaquer. Sin embargo, la postura del Estado era habitualmente proteccionista. La hiperprotección materna deprime la autoconfianza del niño, el hiperproteccionismo segó la confianza de la industria de sobrevivir sin altos aranceles.

Cuando un niño piensa que su madre no le muestra un amor incondicional, sino que es capaz de retirarle el pecho materno (aunque nunca se lo llegue a retirar), de propinarle un injustificado o desproporcionado golpe, de no comprender sus balbuceos…, ese niño, digo, tiende a pensar que su madre no le quiere, y no le quiere por sus bajas cualidades. Pero puede que el niño realice un mecanismo de hipercompensación y exalte sus virtudes desmesuradamente (“¿cómo que yo valgo poco? Soy el más trabajador, el más ahorrador, el más emprendedor, el más pactista, el más avanzado”, pareciera decirse). El niño, ante el temor a ser relegado por una madre abandónica, descubre la trascendencia de no pasar desapercibido, y emergen en él rasgos narcisistas, al objeto de ser siempre el centro de atención. A fines del siglo XIX un sector de Cataluña, y reitero, solo un sector de Cataluña, comenzó a vivir su catalanidad de forma narcisista. No todas las personas que vivencian la misma experiencia reaccionan igual ante la misma. Sobre ese terreno cayó y germinó una semilla ideológica que proporcionó trabazón argumentativa y simbólica a ese estado anímico. En otras regiones también cayó, pero la planta no arraigo por no hallar terreno tan fértil como el que las inclemencias del XIX convirtieron al espacio catalán.

Así, en algunas parcelas del solar catalán los miedos e inseguridades del XIX explosionaron en una exaltación de la catalanidad, en una vigorosa afirmación de lo propio. Adler apuntaba que “de estos sentimientos de inferioridad y de inseguridad surge una recia lucha para afirmar la propia personalidad, de una intensidad harto mayor que la normal”.

El narcisista, sintiendo que nadie la abraza, se abraza permanentemente a sí mismo. Él es lo único importante. A la postre los demás no son más que espejos o dianas. Espejos que le deben devolver una imagen doblemente bella de él mismo o dianas sobre las que descargar su ira y su frustración. Aspira a la gloria, a ser contemplado como alguien irrepetible, especial, pero la gloria está en el ojo ajeno. No puede aceptar ser igual que los demás porque entonces no destacaría (por eso repudia el “café para todos autonómico”). Y mientras, se mira insistentemente en el espejo.

Él debe ser siempre el centro. De tal manera no acepta que le contradigan. Él no dialoga, hace pedagogía. Coloca a los demás en la involuntaria posición de alumnos. Si no comparten su parecer no es porque él yerre, sino porque no le quieren entender, porque son unos recalcitrantes anticatalanes (“no ens entenen, no ens estimen”). No darle la razón equivale a no quererle. Si no obtiene el triunfo (dialéctico, político, económico) contacta con la angustia anaclítica, con su hondo temor al abandono, y proyecta su angustia sobre el otro (“yo no soy el inepto que no gusta a mamá, sino que eres tú el inepto”).

Para el narcisista él siempre es el más. En su fase convexa es exultante, tiende a creerse superior (“Cataluña destaca por su civismo, su pactismo, su pacifismo, etc.”, proclama cualquier prócer nacionalista). En su fase cóncava es victimista, piensa que es el más maltratado, el que más sufre, que sus problemas son los más graves e importantes que los de los demás. En todo caso cree ser excepcional (el famoso “hecho diferencial”).

El narcisista, surgido de las inseguridades y miedos al abandono, teme no ser querido. Su vínculo con los demás pasa por convertirlos en espejos que le muestren cuánto es él de valioso. Para ello proclama de continuo sus excelencias y singularidades. No mantiene una relación mutuamente nutritiva con el entorno, no practica la ecología, sino la egología.

El narcisista, falto de autocrítica, atribuye sus problemas a los demás. De ahí que los gobiernos narcisalistas eludan con tanta facilidad sus responsabilidades por una defectuosa gestión (“Madrid es culpable”). A menor nivel de exigencia sobre los gobernantes, peor administración de la cosa pública. El informe de gobernabilidad regional de la Comisión Europea de 2012 coloca a Cataluña como la región peor gobernada de España. Pero la vanidad en la que transita el narcisista le impide verlo.

El narcisista siempre está insatisfecho. Siempre quiere más para evitar la angustia anaclítica. “Dame, dame, dame, que nunca me sacio”, parece decir, temiendo que si deja de exigir desaparezca el pecho materno. Reclamar insistentemente le garantiza la atención ajena. Además se siente fuerte, máxime porque desliza la amenaza velada de romper  la relación si no se hace a su acomodo y voluntad. Cuando logra su objetivo una sensación de potencia se apodera de él, pero es efímera, pues no valora las cosas que tiene, sino la atención de los demás. Anhela permanentemente el triunfo para colmar la sensación atrasada de impotencia  y debilidad.  Y pasa del 15% del IRPF al 30%, de un nuevo sistema de financiación al Estatut del 2006, de la supresión de los gobernadores civiles al pacto fiscal… siempre en continua lucha, porque en la lucha se siente vivo y fuerte. Y los demás han de complacerle so riesgo de no quererle. Exige al resto de España que le seduzca, pero él no debe hacer nada para resultar atractivo ni a los demás catalanes ni a los demás españoles. Él se considera seductor de por sí.

            El narcisista en su posición cóncava en la que se visualiza como una víctima es de hecho un maltratador psíquico, pues implícitamente acusa a los demás de victimarios. Adquiere así una posición de superioridad moral y exige a los demás que le recompensen. Los demás siempre quedan en deuda con él, deuda que es imprescriptible. Así se coloca siempre por encima de los demás. Así puede manipularlos afectivamente y controlarlos, lograr que hagan cuanto él desee.

            El narcisista se siente especial, por tanto, no contempla a los demás hermanos como a iguales. El mandato que transmite es: “no pertenezcas a este grupo” (“som una nació”), “afianza tu singularidad” (“fer país”), “no confíes” (“que la prudència no ens converteixi en traidors”), pues no ve a los otros como colaboradores, sino como competidores.

            Su carácter se fortalece en la lucha, por ello fomenta las situaciones de conflicto que le permitan superar los obstáculos creados por él mismo y aumentar, una vez vencidos, su autoconfianza. En caso de no vencer, el conflicto le permite equiparse de “justificados” reproches contra el enemigo. Así acentúa su guión de vida: “mamá (el Estado) no  me quiere”. Prefiere tener la certeza de no ser querido a tener la confianza de serlo. La primera le confiere seguridad y una excusa para la lucha, la atención y el triunfo; la segunda le coloca ante el riesgo de no ser estimado como él desea, ante la posibilidad de que los demás no se plieguen a sus continuas exigencias. Por ello prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y acomete proyectos de dudosa viabilidad que confirmen sus negras premoniciones (selecciones catalanas, Estatut, pacto fiscal, independencia…). El culpable de sus intuidos fracasos es el agrio Estado anticatalán.

            El narcisista cuando se siente frustrado atribuye sus limitaciones a la malquerencia ajena, envidiosa de su excelsa valía. De ahí su sentimiento de persecución.  Una sentencia del Tribunal Constitucional no es un texto jurídico, sino un acto de desamor. Y cuando se siente no querido rompe la relación, no puede soportar no ser el centro del círculo. Fatigado de una vieja Eco que ya no le satisface en todo cuanto reclama se lanza a conquistar a una nueva Eco (la Europa fascinada por la Barcelona olímpica o el Barça de Guardiola).

            Esta visión se transmite acríticamente de padres a hijos. Los padres cargan a sus hijos con pesadas mochilas: “serás musulmán, como yo, y pensarás así de las mujeres y del vino”, y el hijo adquiere sin cuestionarse las filias y las fobias del padre. Pero quien dice musulmán dice cristiano o ateo, o culé o merengue, o socialista o conservador. Podemos odiar a quien creemos que injustamente nos odia. Pero cuando comprendemos que son esclavos de sus sentimientos, cuando conocemos las conexiones causales que los producen, la pasión pierde fuerza. De tal manera que estaremos en una posición menos apasionada y más racional, y por tanto, más proclive a hallar la solución.

Descrita la etiología y el diagnóstico de aquello que Albert Einstein describía como “una enfermedad infantil, el sarampión de la Humanidad”, tan solo queda abordar la terapéutica.

El Estado de Derecho como necesidad

Víctor Andrés Maldonado

Nunca olvidaré la cara de estupefacción de los representantes europeos ante las palabras de un ministro de Asuntos Exteriores de un país de la antigua Unión Soviética. Como era habitual en este tipo de reuniones, los representantes europeos abogaban por la necesidad de respetar los principios democráticos, los derechos humanos fundamentales y el Estado de derecho, en definitiva, el imperio de la ley. Y fue en este contexto en el que el ministro replicó que Europa no tenía lecciones que dar a su país ya que en él existían leyes desde hacía al menos un milenio. Más de uno no podía creer lo que acababa de escuchar. Y no era para menos, pues una cosa es la existencia de leyes, normas, disposiciones, etcétera, y otra muy diferente el significado de lo que en Europa entendemos por el imperio de la ley y el respeto del Estado de derecho.

Primero, es una cuestión de sustancia, de filosofía política, en cuanto que el imperio de la ley y el respeto del Estado de derecho presuponen la existencia de un régimen democrático en el que la aprobación de las leyes se realiza mediante un método deliberativo en el que participan los representantes de los ciudadanos elegidos de una manera libre y transparente. A través de este método, las diferentes posiciones en torno a una problemática específica son confrontadas de manera pública y una decisión adoptada (la aprobación de la ley). Lo mismo ocurre para su cambio o derogación. Todas las opiniones deberían tener cabida en la deliberación, siempre y cuando respeten los derechos humanos fundamentales y el método de adopción de las leyes, tanto durante su tramitación y aprobación como durante su aplicación. Para eso, es fundamental que existan un poder ejecutivo que las aplique y un poder judicial independiente que las interprete en caso de disputa. Cuando esos requisitos no se cumplen, las leyes no gozan de ese marchamo de respeto y, por tanto, no pueden conformar lo que llamamos un Estado de derecho donde el imperio de la ley está por encima de la voluntad de cualquier individuo o grupo de individuos por muy numeroso que sea.

Segundo, es también una cuestión instrumental. Para empezar, porque es la manera de asegurar que nuestros derechos como ciudadanos serán respetados, independientemente de nuestros recursos económicos y de nuestra capacidad de influencia política y social. Es una fórmula para defender a los más débiles y sus derechos individuales. Pero sucede lo mismo, por elevación, si nos movemos en el ámbito de las organizaciones internacionales o grupos de Estados como la UE. En este contexto, es igualmente importante la elaboración de las normas y leyes a través del método deliberativo y la aplicación de las mismas. Esta es la manera de asegurar el respeto de los derechos de los Estados que forman parte de la UE y de sus ciudadanos (por ejemplo, la libre circulación de mercancías y de personas, el derecho de asistencia consular en el extranjero, etcétera). Sin el respeto tanto de la legislación comunitaria como de las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, la existencia misma de la UE estaría en entredicho y los logros conseguidos (muchos y evidentes para los que peinamos canas) en peligro.

Se debe defender a los más débiles y sus derechos individuales

Sin embargo y a pesar de estas evidencias, a mi parecer, incontestables, en el debate promovido en Cataluña por los partidarios del derecho de autodeterminación (bajo el llamado “derecho a decidir”, formulación que pretende darle un barniz democrático y que, indudablemente, levanta menos sarpullidos en el mundo desarrollado), hay quienes proponen la ruptura del Estado de derecho y saltarse la legislación “española” (como contraposición a una supuesta legitimidad legislativa “catalana” diferenciada). Así parecen propugnarlo una parte de CDC, ERC y CUP.

No es suficiente con decir que el Tribunal Constitucional está desprestigiado o influenciado políticamente como justificación para rechazar su más que probable oposición a la celebración de la consulta. Primero, porque la ley que pretenden saltarse (la Constitución) fue aprobada democráticamente siguiendo el método deliberativo con la participación de los representantes de los ciudadanos catalanes y, por tanto, forma parte a tiempo completo del conjunto del Estado de derecho independientemente de la posición que pudiere adoptar el TC al respecto. Y, segundo, porque existen instancias judiciales superiores donde se puede corregir cualquier tipo de abuso referido a los derechos humanos individuales (como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo). Pero por si eso fuera poco, existen otros elementos que no deberíamos olvidar: el riesgo de profundización de la fractura social interna dentro de Cataluña y la incertidumbre sobre la reacción de los ciudadanos ante una situación ilegal o, cuando menos, ante la existencia de una doble legalidad.

En dicha situación, ¿cómo reaccionarían las fuerzas de orden público (Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) y cómo resolverían estas las diferencias de opinión dentro de su seno? ¿Cómo lo harían las unidades del Ejército estacionadas en Cataluña? ¿Cómo lo harían los ciudadanos en general? ¿A qué legalidad obedecerían, a la nuevamente establecida como consecuencia del proceso secesionista o a la que representan la Constitución española y los tribunales de justicia? Todo un escenario de incertidumbre que podría degenerar en una situación caótica y de descontrol que los ciudadanos catalanes no nos merecemos.

Pero lo que causa sorpresa es la argumentación esgrimida por uno de los europarlamentarios de Podemos cuando habla de ley injusta como fundamentación para saltársela. En mi experiencia internacional he aprendido que no se puede hablar de leyes justas, sino de leyes democráticas, de leyes aprobadas y aplicadas conforme al método democrático. Es verdad que en un régimen democrático se puede decir que hay leyes injustas desde un punto de vista personal y subjetivo, pero no de una manera absoluta.

No se puede hablar de leyes justas, sino de leyes democráticas

No es una premisa válida para proponer la desobediencia civil. Es un camino peligroso, pues ello podría llevar a la ruptura del Estado de derecho y la desobediencia civil “a conveniencia” (“a la carta”). Si un grupo de ciudadanos considera injusta una ley porque perjudica los derechos de algunos o de muchos de ellos, lo que tienen que hacer es proponer cambiarla a través del método democrático y no desobedecerla. En el fondo, la cuestión fundamental (e irresoluble) que subyace es quién determina si una ley es justa, pues lo que para uno pudiera ser injusto para otro podría suponer un ejemplo de justicia. Espero que la argumentación de las propuestas de Podemos en el Parlamento Europeo se sustancie de manera diferente.

En cualquier caso, lo que sí le pediría humildemente a nuestro president,Artur Mas, es que no nos aboque a tener que elegir entre una doble legitimidad jurídica como pretenden los defensores del llamado proceso soberanista. Los que no somos nacionalistas de ningún tipo, los que por vocación, convencimiento o experiencia hemos renunciado a tener una patria esencialista, los que creemos en la convivencia entre diferentes, los que consideramos que la diversidad y la pluralidad son una riqueza, los que queremos que nuestra sociedad se fundamente en el concepto republicano de ciudadanía, le pedimos o mejor le exigimos que respete la ley y el Estado de derecho como garantía de nuestros derechos individuales.

Este artículo fue publicado en El País (16-09-14)

Reply to the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom

I would like to begin this article by thanking Josep Manuel Suárez, the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom, for his letter to the editor of the Financial Times in response to the one that I wrote with Susana Beltrán and Santiago Mondejar, in which he accepts our position. I also thank the online Catalan newspaper Nació Digital for having reported the correspondence. However, there are a few points that need clarification.

            I would like to begin with the way in which this is reported in Nació Digital, which in my view uses judgemental language that is unsuitable for the journalistic goal of objectivity and which also makes a number of mistakes. To start with, the headline says that the [Catalan] government is replying to the serous mistakes that ‘unionism’ has published in the Financial (written in this way, simply the Financial, instead of Financial Times, thereby showing an unwonted degree of familiarity / instead of using the abbreviation FT, which is commonly used by people who are in fact familiar with this famous newspaper). On reading this I felt a great metaphysical weight fall upon me – truth. Unionism. Three people acting in their individual capacity, as is made clear later in the text, write a modest letter to the editor of a newspaper and it is Unionism as a whole that makes serious mistakes. What responsibility has fallen upon our shoulders!

The introduction to the article says that Suárez refutes the accusations made by Puerta de Brandenburgo against the policy of “linguistic immersion”, whereby Catalan is only language that can be used in schools even though, I repeat, we sign the letter personally and not in the name of that association. The article uses the Catalan verb “aconseguir” to say that our letter has been published. This word, which is like saying in English that we have succeeded in getting a letter published, implies a great effort that has little to do with the real course of events. We wrote the letter quickly while we were on holiday, we sent it, and almost immediately we received a response asking us to shorten the text to meet the required format for publication.

            Further on, this article presents a series of mistakes and comments that are hard to justify. First, it describes the three authors as university lecturers, which is not true in one of the cases. Moreover, it says that even though the signatories of the letter are acting in an individual capacity we present its publication as a success for Puerta de Brandemburgo, a situation that “the newspaper concealed”. Is Nació Digital really accusing such a prestigious newspaper as the FT of concealing information? Of course, they concealed nothing because the letter was signed with our own names and not on behalf of the association, and this was stated when it was published. As for presenting the letter as a success, all we did was to publish the letter on our blog in just the same way that we publish articles written by our members that appear in other media so long as they relate to Catalan affairs. This can be seen both in that publication and in the Twitter and Facebook profiles, where it is reported with absolute neutrality as is always the case when we share a document in the internet.

            As for the contents of Suárez’s letter, he largely agrees with us and I thank him for that, as I said above. He says, for example, that a majority of Catalan TV viewers choose channels that broadcast in Spanish and in our letter we make this very point, that in spite of that fact the subsidies to Catalan-language media are very generous and are paid for by all Catalans.

            When Suárez deals with the question of linguistic immersion he not surprisingly adopts the clichés of nationalist argument, saying that what is important is not the number of teaching hours but the results. Quite apart from the fact that logic suggests that a greater number teaching hours will make it possible to learn more, there is no evidence – and it would be miracle if there were any – to show that the level achieved by Catalan pupils is higher than that found in the rest of Spain. I find it surprising that a representative of the Catalan government should take the time to answer a simple letter to the editor while in Catalonia, in contrast, there are no forums for debate on the matter in which both sides can be represented.

            Finally, he says that Catalan is a minority language in Catalonia. This is true in a numerical sense but not with regard both to its status as a co-official language in a community like Catalonia, which has fully devolved powers and its own Parliament, and to its status as the only language in which teaching can take place in the non-university educational system. Suárez wonders whether, if English were the language of one third of the population, the country’s government would not take steps to promote it. But the United Kingdom does also have its own minority languages such as Scottish Gaelic, which is recognised in the European Charter for Regional or Minority Languages and the British government has taken appropriate steps to promote it; but this does not mean, as is the case here in Catalonia, making it the language of majority use in public administration, and far less is it the only language for teaching in schools because nowhere in the world that is bilingual does anything of the sort. . Surely, there must be a reason for that.

V de vencedores y vencidos

Ramón de Veciana

El 11 de septiembre la ANC (Assemblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural tienen previsto realizar su nueva y definitiva performance: una concentración en forma de gran V en Barcelona, bajo el lema "Ara és l'hora" y con un manifiesto donde la idea fuerza es"guanyar" ("ganar").

En la historia de la humanidad, establecidos los términos de un enfrentamiento, el bando vencedor se impone al vencido. Y los independentistas no quieren ser ni serán una excepción a esta regla

Ese lema no es casual cuando forma parte del estribillo de"Els segadors", canción de inspiración bélica que, aún siendo himno oficial de Cataluña, utiliza un lenguaje de enfrentamiento civil contra un supuesto enemigo.

La elección de la simbología de una gran V no es nada gratuita, cuando bajo la misma subyace la idea repetida durante estas últimas semanas de la irremisible y definitiva victoria del independentismo, de una vez por todas, en Cataluña. La importancia de la simbología efectista en cualquier movimiento es transcendental para su imposición social y de ahí que se quiera expresar claramente que habrá una victoria, con vencedores y vencidos. Así lo entendieron en el pasado tanto el franquismo, que adoptó la V del víctor romano como símbolo propio del régimen, como el mismo régimen nazi, que adornaba con la misma letra plazas y espacios públicos de las zonas ocupadas. Que la ANC y Òmnium no están, evidentemente, por semejantes sutilezas simbólicas lo evidencia su opción por un símbolo con antecedentes tan nefastos.

En la historia de la humanidad, establecidos los términos de un enfrentamiento, el bando vencedor se impone al vencido. Y los independentistas no quieren ser ni serán una excepción a esta regla.

Está claro que el independentismo en sus distintas formulaciones, tanto institucionales (Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional...), políticas (CiU, ERC, ICV, CUP) como cívicas (ANC y Òmnium), ha dado el paso de conducir el llamado "procés" a un desenlace con vencedores y vencidos, fase final del proceso gradualista de todo nacionalismo. No se hace un proceso de independencia sino para imponer los criterios políticos, en todos los órdenes de la vida, de una parte de la sociedad, la vencedora, a la otra, la vencida, que será sometida.

El pretendido "procés" pacífico y democrático ha ido dando pasos paulatinamente para pasar de un inicial "convèncer" al definitivo "vèncer". Este salto cualitativo, en tanto que paulatino, nunca se hace de forma rotunda y manifiesta, sino que se hace a través de mensajes lanzados por portavoces oficiosos a la sociedad, que adelantan lo que luego será ya consigna oficial.

Basta ver cómo se expresan los portavoces al servicio del independentismo.

El independentismo radical, sin necesidad de esconder sus ideas totalitarias, establece ya cuáles serán las pautas de su victoria

El simposio organizado por el Centro de Historia Contemporánea titulado "España contra Cataluña" alimentaba esta idea de la existencia de una lucha entre entes nacionales, donde España era el Estado opresor y los catalanes, los oprimidos.

Toni Soler, comisario del Tricentenari en Barcelona, en su artículo "Contra el sentit comú" se manifestaba en contra de cualquier posibilidad de diálogo y en contra de la moderación como pauta del proceso soberanista donde España es la agresora y los "catalanes" los agredidos, idea que remató en su artículo "El judici final", en el que acusaba directamente de colaboracionistas a los defensores del federalismo en Cataluña, señalando ya a quienes son los enemigos interiores en su lucha. La tesis de las listas negras, de vencedores y vencidos, acólitos y traidores, fieles y colaboracionistas, parece ser una idea recurrente, acariciada por este gran ideólogo del secesionismo que aún recientemente animaba a denunciar a aquellos independentistas sobrevenidos que intentan sacar tajada del "procés".

El propio comisario del Tricentari, Miquel Calçada, se expresó en parecidos términos belicistas cuando manifestó de forma inequívoca que "el 2014 vuelve a ser un punto de cruce, como lo fue el 1714" y "estoy convencido que volveremos a vencer".

Salvador Cardús también se abona a esta idea tan democrática de lo irremisible del"procés", cuando este verano aseguraba que "el procés" no tiene marcha atrás y que es un objetivo ganador.

El independentismo radical, sin necesidad de esconder sus ideas totalitarias, establece ya cuáles serán las pautas de su victoria.

Hèctor López Bofill, a finales de julio, en su twitter adelantó la receta para imponer su victoria: declaración unilateral de independencia; constitución de fuerzas de defensa para garantizar el control del territorio (y la población) una vez proclamada la independencia; amenaza a los miembros de la UE sobre su capital situado en Cataluña si no aceptan integrar a Cataluña en la libre circulación, e imposición del catalán como única lengua oficial y exclusión de la ciudadanía catalana a quienes no acrediten su conocimiento. En resumen, violencia, imposición y chantaje.

Adoptando su tan querido lenguaje bélico y tremendista, con la victoria nacerá la resistencia

Así las cosas, conviene no perder de vista que durante los próximos meses esta dinámica de frentismo y de búsqueda de una victoria a cualquier precio se acelerará, donde la coacción social y el miedo son aliados esenciales de estos procesos totalitarios.

De momento, los primeros avisos ya están dados con ataques anónimos a las sedes de los partidos no independentistas, agresiones verbales y el uso de la violencia simbólica, como aviso para navegantes.

Lo cierto es que, si se plantea una victoria de vencedores y vencidos, los supuestos vencidos no aceptaremos dicho rol sino que seremos resistentes en defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales que se nos quieren negar en este"procés" no democrático y no pacífico. Adoptando su tan querido lenguaje bélico y tremendista, con la victoria nacerá la resistencia.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (31-09-14)

No me llames Dolores, llámame Lola

Sonia Sierra

Francesc Homs, el portavoz del Gobierno autonómico catalán, declaró el viernes pasado, con su habitual donaire, que la consulta se hará porque hay "sólidos argumentos jurídicos". Se refería al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, uno de esos chiringuitos que ahora llaman Estructuras de Estado y que, en realidad, sirven para que los diferentes partidos puedan ir colocando a los suyos. Sus opiniones no son vinculantes y, de hecho, cuando señalaron diferentes aspectos inconstitucionales del Estatuto de Cataluña, nadie les hizo ni caso y luego hubo rasgamientos de vestiduras cuando el Tribunal Constitucional llegó a las mismas conclusiones. Ahora, sin embargo, parece que lo que dice este organismo va a misa. Cosas del Procés.

Según el artículo 149.1.32º de la Constitución Española, la competencia para la autorización de referéndums es exclusivamente estatal, así que, a partir de esto, parece difícil que una Comunidad Autónoma como Cataluña pueda convocarlos

Más allá de esto, cuesta ver esos sólidos argumentos de los que habla Homs cuando cuatro de los nueve miembros han emitido votos en contra. Casualmente –y no es que quiera ser malpensada-, los cinco que han votado a favor son los designados por CiU y ERC. Según el artículo 149.1.32º de la Constitución Española, la competencia para la autorización de referéndums es exclusivamente estatal, así que, a partir de esto, parece difícil que una Comunidad Autónoma como Cataluña pueda convocarlos. Pero no pasa nada, que no se puede hacer un referéndum, pues le cambiamos el nombre y ya está. Como esas personas que sienten un horror atávico a la palabra serpiente y le llaman bicha. Un eufemismo de toda la vida, vaya.

Hace unos meses, participé en la tertulia televisiva Olla de Grills y la diputada de CiU Meritxell Borràs explicó que no se haría un referéndum sino una consulta y, ante mi estupefacción, afirmó que la diferencia consistía en que el primero era vinculante y la segunda, no. Yo no veía la diferencia porque en España, los referéndums consultivos no son vinculantes y así se lo hice saber. Ella negó que lo que yo estuviera diciendo fuera cierto porque "yo no lo veo así" y siguió insistiendo en su posición hasta que Mercè Roura, presentadora del programa, intervino discretamente para señalar que, efectivamente, los referéndums no son vinculantes. Pese a esto, la diputada seguía insistiendo en que eran diferentes y ese ser o no ser vinculante acabó en una "cuestión de matiz".

Me ha venido a la memoria este episodio tras hacerse público el dictamen del citado Consejo porque sus argumentos me han recordado –y no deja de ser otra casualidad llamativa- bastante a los de Borràs. Así, por ejemplo, en la página 30 de dicho documento se afirma que: "Esto se sostiene, por parte de quienes defienden esta interpretación, con carácter absoluto y excluyente: negando la posibilidad de articular ningún otro instrumento de participación que permita la obtención de la opinión ciudadana sobre asuntos de relevancia política, sin entrar a valorar los términos concretos en que se pueda formular la consulta o, lo más importante, sin tomar en consideración que las consecuencias políticas y jurídicas serían diversas y de diferente intensidad en un caso o en otro".

Da igual que lo llamen "referéndum" o "consulta", lo que se está proponiendo es preguntar sobre la separación de una parte del territorio y Cataluña no tiene competencia para hacerlo

En este fragmento me resuenan ecos de los más manidos mantras de los pro-consulta, a saber, que los otros siempre son cerriles, demasiado pegados a una visión formalista del derecho y poco dispuestos a que la ciudadanía se pueda expresar. Al margen de que nunca se ha visto que, por ejemplo, CiU tenga demasiado interés en conocer esta opinión más allá del tema estrella de las dos últimas temporadas, no hay duda de que la conclusión acaba siendo la misma que la de la atribulada diputada en Olla de Grills: la diferencia radica entre lo vinculante que pueda ser uno u otro resultado soslayando, por una parte, que en España los referéndums no son vinculantes y por otra que, obviamente, si se interroga a la población sobre un tema tan trascendente como es la secesión, es para tener en cuenta el resultado porque, de lo contrario, estaríamos ante una macro-encuesta. O ante una inmensa tomadura de pelo.

Da igual que lo llamen "referéndum" o "consulta", lo que se está proponiendo es preguntar sobre la separación de una parte del territorio y Cataluña no tiene competencia para hacerlo. Cambiarle el nombre hace que la supuesta "consulta" sea, en realidad, "un tipo de referéndum simulado", escondido tras el falso sintagma "consultas populares no referendatarias", como señala Eliseo Aja en la justificación de su voto particular en contra (pp. 106-7). Aja insiste también en que la coletilla "no referendataria" –que suena aexcusatio non petita accusatio manifesta- no cambia la realidad de las cosas: lo que pretenden es hacer un referéndum de autodeterminación por mucho que lo llamen consulta porque, a efectos prácticos, no hay quien vea la diferencia.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (29-08-14)

¿Qué es un referéndum para el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña?

Rafael Arenas

La ley de consultas populares que actualmente se tramita en el Parlamento de Cataluña para dar cobertura a la prevista para el 9 de noviembre ha quedado desnudada en el dictamen emitido esta semana por el Consell de Garanties Estatutàries. Dudo que ningún jurista que sin prejuicios lea el dictamen, incluidos sus votos particulares, no quede convencido de que la Ley que se está elaborando en el Parlamento vulnera la Constitución y que, por tanto, lo más prudente sería dejar el proyecto en el punto en el que se encuentra y volver a empezar de cero la redacción de la norma. El lector, sin embargo, no solamente extraerá esta conclusión, sino que seguramente se sorprenderá de que pese a lo contundente de los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la ley que se encuentran en los votos particulares, la mayoría de los miembros del Consell de Garanties Estatutàries (cinco sobre nueve) se hayan inclinado por considerar que el proyecto no vulnera la Constitución. Una solución que resulta inexplicable en Derecho, como intentaré mostrar a continuación.

 

El problema nuclear que plantea la ley de consultas es que la competencia para la autorización de referéndums es exclusivamente estatal (art. 149.1.32º de la Constitución Española). Esto no plantea dudas y, de hecho, hasta donde yo sé, no ha sido discutido por nadie. La ley catalana de consultas por vía de referéndum del año 2010, en vigor actualmente, así lo reconoce, como no podía ser de otra forma. De acuerdo con esta ley del año 2010 la Generalitat podría convocar un referéndum siempre que el Estado lo autorizase.

Evidentemente, esta situación no satisfacía los propósitos de los secesionistas, que pretenden celebrar la consulta prevista en noviembre incluso aunque no exista esa autorización del Estado. Para este fin se elabora la ley de consultas no referendarias que ahora ha sido objeto de dictamen por el Consell de Garanties Estatutàries a petición de cuatro grupos parlamentarios y más de una décima parte de los diputados del Parlamento de Cataluña. Con esta petición los diputados pretendían que el Consell se pronunciase sobre la constitucionalidad de la propuesta, así como su adecuación al Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Son varios los aspectos que plantean dudas de constitucionalidad en la proposición de ley; pero el más relevante, el núcleo del debate, es el relativo a la determinación de qué ha de entenderse por referéndum. El propio título de la ley indica que se refiere a consultas “no referendarias” y se trata de una indicación necesaria porque, como hemos visto, en caso de que la consulta sea un referéndum tal consulta precisaría la autorización del Estado, debiendo canalizarse por la vía que ofrece la Ley del año 2010 y no la que ahora se debate en el Parlamento.

Ahora bien, ¿qué es un referéndum? La respuesta es bastante clara, ya que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema en varias ocasiones y en ellas ha interpretado que para que una consulta pueda ser considerada un referéndum ha de versar sobre una cuestión política de transcendencia especial y dirigirse a todos los ciudadanos. Y justamente en la ley que está elaborando el Parlamento de Cataluña se prevé una consulta (artículo 3) cuyo objeto son decisiones políticas y en las que puede convocarse al conjunto de la población (artículo 5). Es decir, se trata de una consulta que es un referéndum. Esto es meridianamente claro y así se explica con contundencia en los votos particulares del dictamen. En concreto, Eliso Aja afirma que “el derecho no admite el nominalismo”; es decir, no por llamar a una cosa con otro nombre deja de ser esa cosa. Si a un referéndum se le pretende llamar consulta no referendaria sigue siendo un referéndum, o como explica el mismo Eliseo Aja “un referéndum simulado”, lo que implica ya no solamente vulneración de la Constitución, sino también del art. 122 del Estatuto de Autonomía.

Siendo esto así, ¿cómo es posible que cinco de los nueve miembros del Consell de Garanties Estatutaries hayan justificado la constitucionalidad del proyecto? Con auténtica curiosidad buceé en el cuerpo del dictamen para encontrar qué definición daban de referéndum y de consulta no referendaria que permitiera salvar la constitucionalidad de la propuesta y lo que hallé es que lo que sostienen esos cinco miembros del Consell de Garanties es que aún siendo conscientes de la doctrina constitucional sobre la materia, entienden que el principio democrático no es compatible con que se excluyan determinadas materias de la posibilidad de realizar una consulta que no sea un referéndum (¿por qué?) y como apoyo de su aserción mezclan la autonomía política en un Estado compuesto, la libertad de expresión, la reciente Sentencia del TC de 25 de marzo sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña (¡donde se dice que una Comunidad Autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación!) y la decisión del Tribunal Supremo de Canadá en relación a Quebec. No tengo en la cabeza ninguna suma semejante de despropósitos jurídicos orientados a justificar (por emplear generosamente este término) la aserción de que aunque una consulta dirigida al conjunto de la población sobre una cuestión política de importancia ha de ser considerada un referéndum de acuerdo con la doctrina constitucional, no es un referéndum en aquellos casos en los que se diga que no es un referéndum. Esta idea es en el fondo el único contenido de las pp. 30 a 35 del dictamen, claves en el mismo.

No es ésta la única cuestión de la que se ocupa el dictamen y hay otras que merecen una detallada atención, en especial la relativa a la configuración del registro de participación en consultas populares no referendarias, y de la que se ocupa con detalle el voto particular de Marc Carrillo; pero no quiero detenerme aquí en ello porque sería entrar en cuestiones técnicas que nos apartarían de lo que es mi preocupación principal: destacar la tristeza que causa el desprecio hacia el Derecho del que hace gala el dictamen.

La norma jurídica es interpretable, pero eso no quiere decir que pueda servir de base para decir cualquier cosa. Si así fuera el Derecho desaparecería y sería sustituido por la mera voluntad del poder, que nos diría en cada caso qué es lo que tenemos que leer en cada precepto sin que el sentido aparente de lo escrito goce de ningún valor. Hacia ese escenario nos encaminamos, hacia uno en el que el ordenamiento jurídico como garante de la seguridad y la previsibilidad pretende ser sustituido por un mero voluntarismo. No seamos cómplices del mismo y denunciemos estas utilizaciones aberrantes de lo jurídico para conseguir llegar a resultados predeterminados. Nos jugamos más de lo que pensamos.

Artículo publicado en El Periódico el 25 de agosto de 2014