miércoles, 30 de julio de 2014

La que se avecina

Fecha de hoy:
Opinión

Firma invitada
Autor:
Susana Beltrán
Fecha
30/7/2014
Últimamente, algunos tertulianos, tuiteros y medios de comunicación critican a Societat Civil Catalana (SCC) por su carácter marginal en la sociedad y porque no representamos a nadie. Tienen razón. En realidad, nos representamos a nosotros mismos, ya que quien tiene la legitimidad para representarnos no lo está haciendo. Y al revés, debemos desmarcarnos de entidades que se erigen con derecho a representarnos en cuestiones políticas para las que no están legitimadas.
El problema no está en cuántas veces aparece SCC en los medios, sino en que la voz de los catalanes no secesionistas y críticos con la consulta anunciada para el 9 de noviembre está apagada o fuera de cobertura.
Así las cosas, El Pacte Nacional pel Dret a Decidir es un acuerdo político que promueve el derecho a decidir y la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña (es decir, preguntar a los catalanes si queremos que Cataluña sea un Estado independiente). Dicho pacto está abierto a adhesiones y, entre sus promotores, se cuentan: el Parlament de Catalunya (que nos representa a ¡todos!), el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el Consell Universitari de Catalunya, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya o el Consell de Governs locals. Publicitan que ya hay alrededor de 3.000 entidades adheridas, incluidas las de algunos colegios profesionales de Cataluña.
Como ustedes comprenderán, en el marco de este pacto, ninguna de las instituciones me representa. Mas no estoy sola. Catalanes no secesionistas y críticos con la consulta del 9-N hay de toda suerte y condición. Desde esa diversidad, la reunión entre el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña y el Presidente del Gobierno español preocupa. Simplemente me gustaría que estos catalanes que, curiosamente, estábamos representados en la mayoría del Congreso que el pasado 8 de abril rechazó la cesión de competencias para que en Cataluña se convocara una consulta sobre la secesión, nos tengan en cuenta en cualquier decisión que de ahora en adelante tomen nuestros dirigentes políticos.



Aunque creo que eso no basta. El desafío secesionista ha adquirido tales proporciones que exige una respuesta democrática, basada en el respeto al Estado de derecho, sincrónica y a diferentes niveles. El Gobierno español no puede por sí solo hacer frente a este desafío. Ni siquiera nuestros representantes políticos disponen de todas las claves para salir airosos de la tormenta perfecta que nos ha caído. La desafección de la ciudadanía a la clase política, la corrupción (de ella, unos pocos catalanes saben mucho) o unos niveles de paro que merman la autoestima de cualquier ciudadano conviven con el We Want to Vote, exclusivo para catalanes.
A pesar de los pesares, algo pasa en la sociedad española, que va saliendo de su letargo. Por ejemplo, anónimos catalanes supervisados por un catedrático de estadística estuvieron durante tres meses contando las personas que aparecían en la vía catalana del 2013. De 1,6 o 2,3 millones de personas que se llegó a afirmar que había, solo se encadenaron 793.683 (130.311 eran niños). Este estudio arroja un poco de luz sobre el número de catalanes secesionistas activados, basado en mediciones, y no en meras conjeturas con fines propagandísticos.
Ciudadanos que no somos VIP estamos en contacto con partidos políticos, con empresarios y con parados, con académicos, publicistas y periodistas... Estamos saliendo de todos los rincones y, aunque todavía faltan muchos, poco a poco los irán conociendo. Tal vez usted sea uno de ellos. Ciudadanos, partidos políticos, representantes gubernamentales, cada uno a su nivel, poniendo un granito de arena en la auténtica marca España que, por poco que salga bien, será el proyecto más querido de todos.
Susana Beltrán es Vicepresidenta tercera de Societat Civil Catalana y profesora de Derecho Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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domingo, 27 de julio de 2014

Las lenguas de todos

Sonia Sierra

Hace unas semanas, Agustí Colomines publicó un artículo titulado “La lengua del imperio” http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/07/la_lengua_del_imperio_56742.php. Si bien comparto con él la idea de fondo, que es la defensa del plurilingüismo, me gustaría matizar algunos de sus argumentos que son, cuanto menos, discutibles.
 Para empezar, en sociolingüística se distingue entre bilingüismo individual y bilingüismo colectivo, es decir, que una persona puede ser bilingüe pese a vivir en un lugar que no lo es o, por el contrario, alguien puede ser monolingüe en un país plurilingüe. Así, Colomines, con una especie de fatalismo determinista afirma que “los españoles de verdad son monolingües por vocación e inclinación” lo cual, pese al evidente déficit de conocimiento de idiomas en nuestro país, es bastante absurdo. Me da la impresión que Colomines parte de la falacia de que los catalanes no somos españoles y que, por lo tanto, los que hemos nacido en esta Comunidad Autónoma quedamos excluidos de sus categóricas afirmaciones, como si el nivel de conocimiento de idiomas fuera aquí superior al del resto de España. Para ilustrar esto, señala que ningún jefe de Gobierno desde la muerte de Franco ha hablado otro idioma que el español, cosa que no es cierta: Calvo Sotelo tenía un buen nivel de inglés y diría que también de francés, idioma que conocían tanto Felipe González como Jose María Áznar que ha acabado dando conferencias en inglés en Estados Unidos.
Resulta también sorprendente la comparación que realiza con Bélgica cuando son realidades bastante diferentes: España tiene una lengua oficial para todo el Estado y, en algunas Comunidades Autónomas, cooficialidad con otras lenguas mientras que en Bélgica existen unas zonas lingüísticas diferenciadas y ninguna lengua en común. Volviendo a la diferenciación sociolingüística del principio, si bien en Cataluña se da un alto número de bilingüismo individual, esto no es así en Bélgica –o al menos, no necesariamente con las dos lenguas oficiales. Pero lo más extraño es poner como modelo a un país que está siendo investigado por la ONU por su situación lingüística http://www.vozbcn.com/2008/03/13/138/la-onu-investiga-la-situacion-linguistica-belga/


Llama poderosamente la atención que un artículo que reivindica el plurilingüismo defienda, a la vez, la mal llamada inmersión lingüística en Cataluña que es un modelo monolingüe como se encarga de evidenciar la Consellera de Educació, Irene Rigau cuando afirma “nosotros no tenemos como objetivo la educación bilingüe, eso tiene que quedar claro” (http://www.tv3.cat/videos/5130652/Lescola-catalana-amenacada a partir de 10:19). Para su defensa del actual modelo, Colomines reivindica un concepto en desuso en lingüística como es “lengua nacional” y que se utiliza, sobre todo, cuando una lengua no alcanza el rango de oficial cosa que no es cierta en el caso del catalán, que es cooficial y se utiliza para la publicación de instrumentos legales y, además, en el caso de Cataluña, es la única vehicular en la escuela http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lengua-nacional-y-sociolingstica---las-constituciones-de-amrica-0/html/00e316e0-82b2-11df-acc7-002185ce6064_36.html.
  A pesar de lo que dice Colomines en su artículo, el catalán también es lengua habitual en las administraciones valenciana y balear e, incluso, podemos encontrar páginas web de Ayuntamiento que están única y exclusivamente en catalán http://www.arta.cat/. Además, en Baleares también tienen la inmersión lingüística y la aplicación del TIL (Tratamiento integrado de las Lenguas) solo se ha aplicado, hasta el momento, a 36.000 alumnos. Por si eso fuera poco, tienen la Obra Cultural Balear regada con ingente cantidad de recursos públicos http://www.ocb.cat/index.php?link=9. Vamos, que el catalán muy arrinconado no parece que esté.
Es curioso que siempre que se habla del tema de la inmersión en Cataluña salga a relucir el tema de la Comunidad Valenciana. El modelo de dicha comunidad es el de la doble vía, que es el más extendido en los países con más de una lengua, mientras que la inmersión obligatoria que se aplica en Cataluña y Baleares no se da en ningún otro lugar del mundo así que llama la atención que se critique lo que en el resto del planeta se considera normal y se reivindique como “modelo de éxito” una opción que nadie más ha decidido copiar. También es llamativo que se muestren defensores de los derechos lingüísticos de los niños de otra comunidad autónoma y no de los de la propia. Matizar, antes de que se me acuse de querer separar a los alumnos por razón de lengua, que mi modelo no es el de la doble vía sino el de ambas lenguas vehiculares, tal y como se aplica en Luxemburgo, Estados Unidos y cada vez en más países como Finlandia y que es también el modelo de Aula, el colegio escogido por Mas para sus hijos.

 En todo caso, como ya he dicho al principio, comparto con el autor la idea principal del artículo que es la defensa del plurilingüismo, especialmente en la educación así que me sumo a sus reivindicaciones para que todos los niños valencianos que lo deseen reciban educación en catalán por lo que le propongo un pacto a él y a todos los defensores de la inmersión ¿nos unimos en la defensa de los derechos de los niños en Valencia y Cataluña y luchamos por un modelo que sea más justo para todos?

Este artículo fue publicado en Economía Digital (22-07-14)

viernes, 25 de julio de 2014

Habla la Cataluña Silenciosa

De un tiempo a esta parte, cada vez son más las voces que se atreven a discrepar sobre el proceso secesionista en Cataluña. Puerta de Brandenburgo fue uno de los colectivos pioneros en intentar dar voz a esa personas que querían aportar un punto de vista serio y riguroso sobre el tema. El jueves 24 de julio se publicó en El País el reportaje Habla la Cataluña silenciosa con la participación de dos de nuestros miembros: Susana Beltrán que, además, es vicepresidenta de Societat Civil Catalana y Sonia Sierra, cofundadora junto a Rafael Arenas de este colectivo. 




Las cifras reales de la Vía Catalana

Uno de los pilares que sustenta todo el argumentario a favor de ese eslogan político llamado "derecho a decidir" es la mítica cifra de un millón de medios de personas que han salido a la calle para reivindicarlo. A partir de la Diada de 2013, la imaginación se desata y se llegan a superar los dos millones según las voces más reconocidas del "proceso catalá": Oriol Junqueras, Pilar Rahola, Carme Forcadell... Sin embargo, no parece que esa cifra sea, ni por asomo, creíble. Un grupo de veinte ciudadanos supervisados por Josep Maria Ollé,  catedrático de Estadística de la Universidad de Barcelona y miembro del colectivo Puerta de Brandenburgo, ha realizado realizado un exhaustivo estudio de la gigafoto publicada por la Assemblea Nacional de Cataluña para concluir que el número de asistentes a la cadena humana fue de 793.683, una cifra, sin duda, muy importante pero alejada de la que han difundido de forma propagandística desde el Gobierno catalán y organizaciones afines como se puede ver en en el siguiente vídeo.
La noticia se dio a conocer en rueda de prensa por parte de Societat Civil Catalana el jueves 24 de julio a cargo del catedrático de Derecho Internacional Rafael Arenas -cofundador de Puerta de Brandemburgo-, Juan Arza y Marcus Pucnik y ha encontrado una amplia difusión en la prensa en medios como La Vanguardia, El Periódico, Economía Digital, Crónica GlobalEl Confidencial y La Gaceta entre otros. Las cifras ofrecidas por Societat Civil Catalana son similares a las que en su momento dio Contrastant (unas 700.000 persona)

Por otra parte, Societat Civil Catalana ha puesto a disposición del público un documento con los datos y la metodología del análisis y pide al Gobierno autonómico y a los organizadores de la cadena humana que ofrezcan sus explicaciones sobre cómo llegaron a esas cifras que oscilan entre el millón y medio y los dos millones trescientas mil personas.



Sonia Sierra

jueves, 24 de julio de 2014

En un País Normal...




“Hay gente que asegura recordar vidas pasadas; yo afirmo que recuerdo un presente diferente, muy diferente.”

Philip K. Dick (1928 -1982)

¿Recordáis cuando el movimiento independentista catalán inspiró a las más brillantes mentes de nuestra sociedad para analizar tan importantes cuestiones como la naturaleza de la democracia, los límites de la misma, las diferencia entre el derecho y la fuerza, la responsabilidad de los agentes de poder en las decisiones colectivas, el futuro de la hipotética Cataluña independiente, sus características y temas tan importantes como la estructura que debería tomar un referéndum de independencia o el asunto de la doble nacionalidad? ¿Os acordáis cuando hasta los que se oponían a la independencia miraban con orgullo el movimiento por haber provocado un debate intelectual de nivel, sabiendo que fuera el que fuera el resultado el país se habría hecho más fuerte y maduro? Yo tampoco, pero haré ver que sí.

Recordemos por un momento ese mundo, que llamaremos “País Normal” porque parece que la expresión está de moda. Un mundo donde el independentismo y el nacionalismo fueron realmente movimientos que sacaron lo mejor de Cataluña y España; o como mínimo no lo peor. ¿Cómo fue en la Cataluña Normal el “proceso”? Los recuerdos son algo borrosos y ni tan siquiera sé cómo acabó el asunto, pero sé que eso no fue lo más importante. No obstante sí me acuerdo de algunas cosas.

Recuerdo como si fuera ayer que cuando en el País Normal se dijo que el nacionalismo lo había intentado todo para conseguir el “encaje” de Cataluña con España, eso era verdad. En ese mundo los políticos e intelectuales nacionalistas habían aprovechado más de treinta años de libertad sin cesuras para publicar toda clase de estudios y análisis sobre cómo se podría trasladar a la realidad jurídica de España las legítimas aspiraciones políticas independentistas que, por entonces, no podían encontrar un cauce legal directo. Más de treinta años con una Constitución sin núcleo normativo ajeno a una posible reforma dan para mucho trabajo, si no práctico como mínimo teórico, y los catalanes pudieron estar orgullosos de que si un día llegaba lo de “hemos topado con el muro” no se les podía echar en cara que no lo habían intentado.

 Evidentemente, en el País Normal a nadie se le ocurrió atribuirse (o decir que lo hará) competencias por la cara, esperar a que te recuerden que eso así no se hace, y entonces clamar al cielo por tal injusticia y que eso es un clavo más al “encaix”. No, todo eso no se hizo, aunque únicamente fuera por la vergüenza intelectual de tener que justificar que, a la vez, deseas seguir en un país sin seguir las normas del mismo y que éste cambie según las tuyas. Los nacionalistas entendían que, al desear su propia nación (o incluso considerar que ya lo eran), no había necesidad alguna para que España cambiara por el meor hecho de pedirlo y para acomodarles, como no la hay para que un francés exija cambios al Reino Unido. Cada cual con sus características, ese era su lema, y si uno deseaba la independencia, se preguntaba a sí mismo si según las normas de España o por el camino de la unilateralidad, pero en cualquier caso nadie era tan narcisista como para ir exigiendo cambios en todo el Estado para contentar a una parte. La sola idea era absurda y habría provocado burlas en todo intelectual nacionalista: “¿Una antigua y poderosa nación como Cataluña dando pataletas como un niño y amenazando con irse dando un portazo si no se le hace caso?  Ridículo”.

En el País Normal no se intentó ir en una mano con el discurso de pedir la negociación y en la otra con la de la unilateralidad soberana; especialmente si ésta última se hace antes que la primera. La gente comprendía que es estrategia notablemente ridícula y estúpida jugar con un “O negocias para darme X o yo mismo haré X” o, peor aún, “Haré X si o sí, pero podemos negociar para que me lo permitas hacer, ¿eh?” Se entendía también que esas exigencias “a la baja”, de asumir que uno es capaz de declararse independiente, y que por lo tanto también de unilateralmente exigir un estatus especial dentro de España para no hacer lo primero, son una rastrera táctica para forzar una compra de “lealtades” en autonomías revoltosas -donde en realidad no hay intención alguna de ser leales-, pues el coste de invocar el monstruo del “Estado que se niega a...” es nulo. Por orgullo nadie intentó tal cosa, y era habitual que los nacionalistas comentaran que, a no ser que uno quisiera dispararse al pie y hacer que Cataluña se dividiera y se partiera (llevándose o no por delante a España, a saber), esa no era una buena estrategia.

 En el País Normal, aunque naturalmente se acepta que los políticos cambien de opinión (más incluso que en nuestro mundo), se pedía cierta coherencia o razonamiento para el cambio. No había problema en que alguien se hiciera independentista, pero mucha gente se habría molestado si un importante político hubiera dicho que una referéndum de independencia dividiría el país, que un año más tarde dijera lo contrario, y (luego) que haría el referéndum Sí o Sí, digan lo que digan en Madrid; finalmente, para decir que los que se oponen a su plan son (ahora) los que están dividiendo el país. Evidentemente un comportamiento así jamás se dio en el País Normal y sinceramente no sé ni por qué lo explico pues es una hipótesis poco plausible y casi de broma.
           
 Es evidente que en ese País Normal todo el mundo entendía que el tema de la independencia no es como preguntar de qué color quieres ponerte hoy la camisa. Era conocimiento común y compartido por todos que el mero hecho de centrar toda la legislatura en el tema, de hablar de ello constantemente, de avisar que se preguntará tal cosa y de insinuar -de forma algo indirecta- que eso comportará resultados, que el mismo naturalmente variaría. A nadie se le habría ocurrido comparar la consulta con una mera encuesta de opinión, pues nadie es tan tonto como para imaginarse un encuestador avisándote de que te preguntará algo, luego pasar dos años haciéndote propaganda a favor de una de las respuestas y, al final, que te diga que únicamente tienes que responder aquello que tú de verdad deseas, y que si te niegas a responder o consideras que el proceso de la encuesta no ha sido correcto es que eres antidemócrata, pues cualquier persona demócrata debe responder a cualquier pregunta que se le formule y asumir que tal respuesta tendrá importantes resultados.

 Recuerdo que en el País Normal el líder de la oposición era el líder de la oposición, no el que vigila que no te salgas del guión mientras te da la mano sonriente, riéndose por dentro al ver que te está guiando hacia el despeñadero. Por una cuestión de lógica semántica, era evidente que si  en ese país el líder del gobierno ha llegado allí abanderando el 'dret a decidir', la oposición sería justamente de los que se oponen a tal derecho o, como mínimo, a su uso actual.

En ese País Normal todo el mundo creyó que, debido a la importancia del tema en juego, es natural que los controles y requisitos para hacer una elección colectiva sobre ello deberían ser estrictos. Por supuesto que habría sido ridículo imaginarse un parlamento con dificultades para el gobierno normal del país declarando la independencia o la soberanía, o que los controles y procedimientos para cambiar el menú de su cafetería fueran quizás más elevados que los necesarios para poner las urnas en la calle.

En ese mundo ideal uno de los temas más hablados sobre el proceso fue la nacionalidad y qué hacer con toda la gente que no aceptará ese nuevo Estado (incluso asumiendo el reconocimiento oficial de la futura Cataluña). Pues al fin y al cabo, a nivel individual,  lo que implica votar una independencia es si se acepta que eso conlleve, como consecuencia ineludible, a la creación de una nueva nacionalidad y, por lo tanto, a que los catalanes se vean obligados a eligir una: si desean seguir siendo catalanes (y por lo tanto no españoles) o extranjeros (y por lo tanto españoles). ¿Qué de la nacionalidad? ¿Qué de los partidos “españolistas” y la representatividad de la democracia ya que éstos se verán seriamente heridos -si no destruidos- tras el día D+1? ¿Qué de una hipotética doble nacionalidad? En País Normal todas esas preguntas fueron tratadas abiertamente en los medios públicos catalanes y formaban parte del discurso social sobre el “proceso” de la misma forma que “déficit fiscal” o “300 años de falta de libertad”. En tal mundo uno podía encontrar gran cantidad de análisis sobre el tema, y por supuesto que el número habría sido mayor que uno y muchos de ellos habrían sido escritos por los propios independentistas.

 En el mundo ideal del País Normal el nacionalismo trató de inmediato el tema de la Unión Europea y jamás se le ocurrió alargarlo durante dos años para llegar a la conclusión de que puede que no nos acepten de inmediato pero que somos demasiado importantes como para que no nos persigan para que volvamos a entrar. El independentismo sabía diferenciar entre deseos y realidad, y aunque naturalmente prefería lo primero, no se olvidaban de lo segundo.

En tal glorioso País Normal propio de una utopía atlantea, Cataluña estaba a rebosar de libros blancos sobre múltiples temas que, quizás (y solo quizás, ¿eh?) son importantes para el futuro de una Cataluña independiente: El tema de la nacionalidad antes dicho, por ejemplo, o las futuras relaciones con España más allá de “seremos buenos vecinos y nos llevaremos incluso mejor porque creo en la magia”; también quizás sobre el estatus del español en la futura Cataluña, etc. Puede que hasta un modelo serio de marco jurídico general para el futuro país. En cualquier caso, la ANC -asumiendo que existiera pues no me acuerdo muy bien- los informes los escribía gente seria y, en caso de que se considerara interesante el tema de las futuras fuerzas armadas catalanas (en sí no es cosa de chiste ni mofa), tal informe lo escribió gente con conocimientos reales sobre eso, no alguien que ha leído demasiadas novelas de Tom Clancy.

El futuro líder del País Normal, quien iba casi con total seguridad a gobernar Cataluña, después de no decir que a los ocho años ya estaba en contra de la Constitución tampoco dijo que si luego de votar que sí y ser independientes se cambia de idea, pues se vota para volver a entrar y ya está. Es más, en la Cataluña Normal no habría sido necesario explicar por qué esa última frase que no ocurrió está tan mal.

En ese País Normal todo el mundo entendió que una decisión de independencia no es una decisión normal, y si además uno asume que el país con deseos de ser Estado tiene “derecho a decidir” eso (sin mayor calificativo), se convierte tal decisión en una decisión con múltiples vidas, sin fecha de caducidad y pocos o ningún control. Al fin y al cabo, mientras el independentismo únicamente pierde hasta que consigue hacer otro referéndum y entonces gana por fin, los contrarios -siguiendo ese modelo- únicamente pueden frenar lo inevitable, hasta que pierdan para siempre pues no podrán convocar ellos un referéndum para “volver a España”. Por todo eso los nacionalistas comprendieron rápidamente el escepticismo y temor de los contrarios al independentismo por el derecho a decidir, que se supone debería dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, pero tal cosa es imposible.

En ese mundo ideal pero Normal el nacionalismo entendió que la nación, como cultura, es como ser fuerte: se es o no se es, pero no necesitas un papelucho legal que te lo confirme. Se entendió que la identidad de la cultura catalana y su fuerza vendría de los genios (que suelen ser universales) que tal sociedad produzca o no, y que ninguna constitución, herramientas de Estado o pacto fiscal para la dignidad de la nación jamás han creado una cultura más o menos fuerte. De hecho, recuerdo que se debatió abiertamente entre los propios independentistas si el nacionalismo es necesariamente beneficioso para la expansión, en calidad y cantidad, de la cultura propia, o si puede ser un problema al politizarla y usar la lengua como arma. Muchos se habrían preguntado si reducir la cultura propia a únicamente la de un idioma, politizando la lengua y cultura a un fin concreto, no podría rebajar el nivel de la misma.

En la Cataluña Normal, en el discurso nacionalista no aparecería, a la vez, que “Ni Franco pudo acabar con la cultura catalana”, que “ahora tampoco lo conseguirán” y, finalmente, que el catalán está en peligro, sea por intento de genocidio cultural o algo similar. En cualquier caso, jamás habría sido necesario explicar por qué decir todo eso a la vez está tan mal.

En ese mundo ideal se entendió, por mucho que fastidiara, que España no está obligada -ni por legalidad interna ni externa- a cometer un seppuku político, administrativo y jurídico para suicidarse por el mero hecho de que alguien se lo pida, como en el plano internacional se hubiera recordado repetidas veces si así hubiera sido necesario aunque evidentemente no. Se entendió que incluso usando el (mal) ejemplo del Reino Unido, y aunque pudiera ahora mismo hacer lo que se le pide, no quiere decir que ahora mismo deba hacerlo. En tal universo el nacionalismo entendió que el problema no es votar pues eso es un requisito mínimo, y naturalmente que si se decide tal cosa deberá votarse (¿cómo si no?), pero como dice la misma palabra, es lo mínimo, no necesariamente lo máximo.

En el País Normal se entendió que -para mucha gente- votar no es un requisito suficiente y necesario, a no ser que uno vaya por el ilegal camino de la declaración unilateral, en cuyo caso uno debería asumir la responsabilidad de tal acto y no lanzar la culpa al otro. Se entendió igualmente que el mayor problema es el de exigir (o asumir) la competencia ilimitada y sin fecha de caducidad; que no se puede reducir un tema tan importante a un “yo me lo guiso y yo me como” en el que uno asume lo que le da la gana, crea la pregunta como quiere, la pone el día que quiere y por encima de lo que quiere; menos si antes ni te has molestado a probar -aunque sea para quedar bien- el cauce normal para estas reformas. No es el deseo ni la voluntad lo que se niega, sino la obligación erga omnes de que todo el mundo deba aceptar lo que sea que se decida. Incluso si uno deseaba eso, se sabía que del deseo a la realidad hay un gran abismo.

En el cada vez menos probable País Normal el independentismo entendía la queja, aunque fuera a un nivel casi filosófico, de que es peligroso, si no contradictorio, seguir deseando que los poderes electos y del Estado estén bien delimitados pero que a la vez el Pueblo (el mío, no el tuyo) no; y que tenga poderes omnímodos para decidir lo que sea y como sea. Se entendió rápidamente que, incluso como propaganda, es un peligroso camino a tomar y que además no da realmente poder al pueblo, pues únicamente desplaza el centro de decisión final de los miembros elegidos por votación al agente que decide qué se someterá a referéndum y cómo se preguntará y cuándo. Se entendía igualmente que existe una diferencia entre justificar una decisión por votación mayoritaria, a establecer una nación por votación mayoritaria, pues el demos no se vota, sino que vota a cosas. El demos se asume.

Entre otras cosas, en ese mundo ideal la clase intelectual y política se rió de la idea de crear un  simposio llamado España contra Cataluña, título cuya premisa ya presupone la conclusión, y que ni tan siquiera tendría sentido entre países como Reino Unido y Francia... y estos sí han sido hostiles de verdad durante muco tiempo. Por supuesto que, en cualquier caso, a nadie se le habría ocurrido justificar tal título usando una analogía pseudocientífica, como que el título es una verdad como el cambio climático, pero que luego hay que ver las causas.

En ese mundo ideal, si no equilibrados, los medios de comunicación, tertulias y demás se molestaron en averiguar si lo eran, y pudieron con un poco de ayuda pasar estándares internacionales y de sentido común sobre lo que debe ser un debate público, abierto y con igualdad de oportunidades previo a una votación tan importante. Cuando invitaban a expertos estos eran expertos académicos reconocidos (incluso más allá de Cataluña), que abierta y francamente debatían la historia del nacionalismo, del los movimientos independentistas, de sus problemas, sus implicaciones jurídicas, etc. En esa Cataluña nombres como Miroslav Hroch o Benyamin Neuberger (por decir algunos que yo recuerdo, otro valdrían igual o más) eran conocidos, y en cualquier caso jamás se dio el absurdo de que los intelectuales que comentaran el tema fueran propios de Cataluña y abiertamente nacionalistas. Evidentemente, el organismo encargado de velar por la imparcialidad jamás llegó a considerar que tertulias de 4-5 vs 2-1 y con videomontaje final son plurales.

En ese asombroso País Normal uno podía poner en duda los fundamentos intelectuales del movimiento soberanista (desde “dret a decidir” a otros) sin que te acusaran de “quintacolumnista”, “miembro de la secta del autoodio” o arrojaran dudas sobre si realmente eres catalán al ser neutro en relación al movimiento nacionalista en su forma actual. Tal cosa habría sido ridícula, ¿cómo acusar a alguien de anticatalán por no ser nacionalista? Eso implicaría que, durante toda su historia hasta hace dos años, Cataluña no fue Cataluña y estaba llena de no-catalanes o, incluso, anticatalanes (aunque no habría catalanes contra los que ser anti). ¡Ridículo! Todas las mayores cabezas visibles del nacionalismo mediático y político, desde Rahola a Carod-Rovira, negaron tal posibilidad: “¿Anticatalanes? ¡Absurdo!” Dijeron mientras reían.

 En el País Normal, incluso si tales opiniones surgían de vez en cuando (de todo tiene que haber), no era de la boca de gente importante, en medios públicos y, en cualquier caso, alguno de los tertulianos de al lado se molestaba en poner cara de desagrado en vez de callar, como en el muy hipotético caso  yque jamás ocurrió de que alguien dijera -muy humildemente- que los españoles son chorizos por el hecho de ser españoles.

En tal mundo, cuando TV3 se atrevía a invitar a una pérfido unionista (tampoco seamos ingenuos, todo el mundo tiene sus preferencias), en las redes sociales la gente no exclamaba de forma casi unánime que “¿Cómo se atreven a invitar a ese antidemócrata que no opina lo mismo que yo?” pues entendían que lo que él expone es que los fundamentos del debate son erróneos/mal explicados y que aún hay temas sobre los que no hay consenso ni están ya “cerrados” a todo análisis. La gente entendía que es absurdo echar gente, ya no de la democracia sino casi del mundo civilizado, porque no asuman tus mismas premisas, especialmente cuando hace 5-10 años no las asumía casi nadie. Jamás a nadie se le habría ocurrido decir que aquel que propone una votación fuera de todo reglamento (incluso el propio), si otros consideran que, tal y como proponen tal cosa, no debería (de momento) hacerse, puede -por el mero hecho de haberlo propuesto y otros haberse negado- señalar a sus oponentes como antidemócratas.

En ese mundo ideal la pregunta del 9N... bueno, directamente no era ni concebible. Jamás a nadie se le 
ocurrió crear una pregunta doble que formalizaba la táctica del salami y una especie de gerrymandering mental sobre un posible estado catalán. Ridículo, absurdo, bochornoso, etc. esos habrían sido los calificativos que tal pregunta habría provocado en los tertulianos e intelectuales, y rápidamente el mundo académico catalán habría analizado la pregunta hasta dejarla en los huesos. Por supuesto que jamás habría ocurrido que si uno buscara análisis de la pregunta uno no encontrara nada, o que únicamente un individuo que no conoce nadie fuera quien tuviera que hacer un análisis en su tiempo libre porque se aburre y porque nadie más lo hace. ¡Absurdo!

 En el País Normal de las Maravillas tampoco ocurrió jamás que se planteara cambiar la estructura y forma de la pregunta para recabar más apoyo político. El ridículo habría sido espantoso. ¿Cómo cambiar algo tan serio sin admitir primero que la versión original era deficiente? ¿Y si no lo era, por qué cambiarla? Algo así habría sido evidente para todo el mundo y no habría sido necesario decirlo.

En el País Normal se entendió que, como mínimo, los niños no están decidiendo así que si uno quiere llevarlos a toda manifestación imaginable, educarles en la historia de su oprimida nación y etcétera...  allá tú, eres perfectamente libre, pero ellos no están decidiendo el proyecto, es algo que hacemos en su nombre así que mejor vigilar. El resultado de lo que podría ocurrir se lo comerán ellos, independientemente de lo que opinen luego sobre el tema. Todo el mundo sabía que lo que tenían entre manos era un proyecto de construcción nacional, de modificación de conciencias y de la forma en que se entiende su propia historia. Que puede que una votación sea cosa de un día y al siguiente no ocurra nada, pero lo que se estaba haciendo con los marcos conceptuales con los que los catalanes se entendían a ellos mismos era algo que iba a durar mucho más. Todo eso no son cosas que se puedan votar ni tienen fácil arreglo, así que evidentemente todo el mundo tomó gran cuidado en jugar con ello.

 En tal mundo irreal pero Normal la Generalitat no actuó como si ya hubiera vencido el referéndum y no dijo que ya están construyendo las estructuras de Estado para el mañana de la consulta, sin esperar a saber qué desea la gente. No las construyeron pues habría sido absurdo tener que derruirlas al día siguiente en el caso (improbable con nuestra pregunta del 9N) de no vencer. En ese mundo, cuando se dijo que se desea saber qué quiere la gente para LUEGO actuar en consecuencia, es verdad.

 En ese país imposible, aunque naturalmente uno intentaba vender su propuesta con la mejor luz (incluso algo distorsionada), se entendió que colar la independencia como un tema de racionalismo económico es pasarse. Se comprendió que uno no puede definir la necesidad de la separación porque, ceteris paribus, si nada sale mal y una vez haya pasado la crisis, Cataluña pueda tener más recursos; que en todo caso eso son incentivos, no argumentos de necesidad, a no ser que uno sea incapaz de darse cuenta de que piensa en círculos y que la conclusión a la que llega es la misma premisa de la que parte.

En tal absurdo mundo del País Normal no se usó el extraño argumento de que “yo no voté a la Constitución”, menos aún si por otro lado se iba diciendo que tal texto legal te importa poco y que en nada nos iremos por la puerta grande a base de DUIs. En cualquier caso, se admitía que, aunque es verdad que mucha gente no votó esa Constitución, tampoco los menores actuales por los que se estaba construyendo la independencia la votarán ni podrán volver a decidir jamás sobre el tema.

 No sería necesario decir que en tal ridículo universo no se mintió repetidas veces y de forma descarada con sentencias legales imaginarias (La Haya), sobre límites al déficit fiscal imaginarios, sobre la UE, sobre lecturas de la Constitución que ni sin saber castellano serían posibles (“¡Sí que permite que Cataluña decida! Solo es cuestión de traspasar esto, esto también, ignorar eso y borrar casi todo lo demás”) o sobre la propia historia (Guerra de Sucesión: o cómo hacer pasar catalanes antifranceses por catalanes antiopresión española).

En fin, en ese mundo imaginario, en ese País Normal imposible, que pueda que jamás existiera y que no va a existir jamás pero que por alguna razón yo recuerdo vivamente, tampoco fue necesario hacer un texto como este pues el debate independentista sacó lo mejor de la sociedad catalana a todos sus niveles, e incluso aquellos contrarios a sus objetivos estuvieron orgullosos del nivel del debate. No recuerdo cómo acabó todo, pero tampoco creo que importara mucho. En cualquier caso todo esto que he dicho jamás va a ocurrir aquí pues no vivimos en un País Normal.

Xavier Lastra. 

lunes, 21 de julio de 2014

When people use their European Citizenship to demand the creation of a new State. Could this rock one of the pillars of the EU?

Susana Beltrán

It is said that EU has a double legitimacy, on the one side the Member States, and on the other the citizens. The process of European integration is the result of the tension between countries and citizens. The latter have an opportunity to implement something else that they don't have in the domestic sphere in the European arena. To achieve this possibility, the European citizenship includes a fundamental element:  there aren't borders inside EU and the citizens can develop their lives and activities everywhere.  In this sense, European identity tries to permeate its essence throughout the EU territory and the successive Foundational Treaties reforms have reinforced that idea. Under these norms, citizens are quoted as citizens of the Union without any reference to their respective nationalities.
As citizens of the Union people can move and reside freely within the territory of the Member States. People have the right to vote and to stand as candidates in elections of the European Parliament and in municipal elections in their Member State of residence. They also have the right to petition that institution, or to submit a European Citizen's Initiative to the Commission, for example. From this point of view, they have the European Parliament, as a institution that represents them. Of course there are other ways to participate in the life of the Union (for instance, the European Commission created a space called "your voice in Europe" that facilitates the communication between itself and citizens). By continually developing and using the possibilities that stem from European Citizenship, citizens can counterbalance the power of States and decrease the distance between themselves and the institutions.    



However, what happens when the activists amongst the citizens use the possibilities of their European citizenship to claim for a new State? This is happening in the territory of Catalonia, the place where I was born. Of course, it is not so simple. Some Catalan people to implement this call upon collective rights, such as the Right of Self-determination of the Peoples. For instance, by way of a petition addressed to the European Parliament President, "The EU should ensure the respect of human rights in Catalonia", they demand their right to decide as a Catalan people. (they have already collected around 146,000 signatures: https://www.change.org/es/peticiones/european-parliament-the-eu-should-ensure-the-respect-of-human-rights-in-catalonia#share). In a wider context there have been two proposals of European Citizen's Initiative presented that were rejected by the Commission: Enforcing the self-determination Human Right in the EU and the ICE proposal named Strengthening public participation in decision making on Sovereignty Collective. The latter was mainly promoted by citizens of the Catalonian territory. These proposals aimed in one case, to guarantee the sovereignty of citizens in democratic process of secession within the territory of the Member States of the European Union. In the other case, they ask to accommodate within the EU’s legal framework the self-determination human right that is not included in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In the end, the Commission refused both proposals with the justification that the requests quoted exceeded the framework of their powers.
Nevertheless, the problem is not if these kinds of proposals are rejected, but is the capability of these actions to drag along other European citizens born in the same place but who do not agree with this perception.  

It is not only a question whether there are citizens in Catalonia who want to continue being part of Spain. It is more than this. For me, the real problem is that these collective actions divert the legitimate aspiration to strengthen European Citizenship instead of increasing the power of nations. Furthermore, these kinds of initiatives bind people who are against the creation of a new state to be more active and vocal, even at EU level, about their opinions. It is a shame, because it is not the purpose of the European citizenship to be used to intervene in the conflicts between domestic citizens. There are European citizens who were born in Barcelona or in other places of Europe that are looking for another future for the EU with less nations and more free transnational citizens.     

viernes, 18 de julio de 2014

Discrepar, ¿es democrático?

Susana Beltrán

Discrepar también es no estar de acuerdo en la forma en que se está planteando la consulta en Cataluña. Es muy curioso porque a pesar de que la consulta, como tal, no existe legalmente se da por hecho que sí existe, y el objeto de discusión radica, en el mejor de los casos, en que Societat Civil Catalana haga campaña por el no a la independencia.

La ley de consultas, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña para dar cuerpo a la misma, no está todavía aprobada. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en relación a la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña de 2013, dejó bien claro que el pueblo catalán no es soberano. Por tanto, eliminaba al sujeto titular que podría ejercer ese confuso dret a decidir.
Desde una perspectiva más internacionalista ya expliqué que si la consulta se acaba legalizando con las preguntas pactadas por los partidos que votaron a favor de la declaración de 2013, los catalanes contrarios al proceso secesionista partiremos con una clara desventaja y no jugaremos en igualdad de condiciones.
Así, el intrascendente hecho de que sólo los catalanes acudamos a las urnas para responder a la pregunta de si queremos que Cataluña sea un Estado independiente significa que asumimos, como colectivo, que Cataluña es un sujeto político, distinto a España, que tiene derecho a decidir su independencia. No importa si gana el no. Con nuestro voto podríamos consolidar un derecho de autodeterminación que aún no tenemos. El Consell Assessor per a la Transició Nacional, en su primer informe, apunta en esta dirección:
Un plebiscito sobre la independencia, dejando de lado su resultado, sitúa a Cataluña ante los actores internacionales como un sujeto político con capacidad para tomar decisiones propias y diferenciadas. El proceso de la consulta, por tanto, independientemente de su resultado, tiene para Cataluña una externalidad positiva en términos de política exterior.
Y así también, me temo, lo va a entender la comunidad internacional.
Como pueden imaginar, no me gustaría que mi voto contribuyera a consolidar esta situación, que me parece, además, muy desleal con el resto de la ciudadanía española, titular, sin ningún género de dudas, de la soberanía.
Votar es normal, claro que sí, lo venimos haciendo desde hace muchos años. Lo que no me parece normal es que el próximo 9 de noviembre votemos en las condiciones que nos están anunciando. ¿Se puede discrepar de todo el proceso secesionista y seguir siendo catalana? De momento, sí. ¿Es democrático? Sí. ¿O ya no?
Artículo publicado en Libertad Digital (09-07-14)

miércoles, 16 de julio de 2014

SECESIÓN Y NACIONALIDAD: LA MEDIA VERDAD DEL CATN EN EL INFORME SOBRE “EL PROCESO CONSTITUYENTE”

Javier Soria

Una de las críticas recurrentes hacia los informes del CATN es la ausencia de rigor y falta de realismo en muchos de los temas que analiza, lo cual lleva a dar por buenos escenarios improbables o a difundir una información que puede calificarse, en el mejor de los casos, como media verdad.
            Esto ya se pudo comprobar con especial crudeza en el caso del informe sobre las vías de integración en la Unión Europea (de hecho, hace pocos días que el Presidente del CATN Carles Viver reconocía -minuto 19:10- reconocía que los escenarios de acceso automático o semiautomático a la Unión Europea eran improbables, hasta calificarlos de “tiro en el pie”) y se reitera este defecto en uno de los últimos informes presentados, en concreto el número 10, en el que se analiza un hipotético proceso constituyente y, entre otros aspectos, el régimen provisional de nacionalidad.

            El tema de la nacionalidad ya lo analicé en un extenso artículo en el que partía de la base de que, en caso de una futura secesión, era razonable pensar que todos los ciudadanos españoles que tuvieran la vecindad civil catalana -o la residencia en Cataluña- podrían adquirir la nacionalidad catalana. Esta propuesta coincide en lo sustancial con la del CATN (página 29 del informe), que toma como referencia el artículo 7 del Estatuto de Autonomía por el que son ciudadanos catalanes los españoles con vecindad administrativa en un municipio de Cataluña. Por lo tanto, el fundamento esencial de la previsión inicial de regulación y atribución de la nacionalidad, ni que sea con carácter provisional, es idéntico en ambos casos. Sin embargo, las similitudes se acaban cuando se trata de abordar con realismo esta cuestión.

            Sorprende que el CATN, habitualmente prolijo en presentar diversas opciones en cuestiones complejas (como en el informe número 1 y las vías para la “consulta”, o en el informe número 6 y el acceso a la Unión Europea) no lo haga aquí, en una materia tan sensible y por mucho que se trate de una regulación provisional que afecta a una cuestión capital como es un proceso constituyente. Al contrario, ofrece una hipótesis única sobre la nacionalidad y se abstiene de dar pie a un debate que sin duda sería encendido. La clave la leemos en el siguiente párrafo de la página 30 del informe:
            “Sería conveniente que el legislador catalán regulara esta materia a partir del criterio de que la adquisición de la nacionalidad catalana no estuviera condicionada a la renuncia a la nacionalidad española, ni tampoco a cualquier otra. Cabría esperar que el Estado español actuara con reciprocidad, de tal manera que la adquisición de la nueva nacionalidad catalana no comportara la pérdida de la española.
            El CATN sugiere que en el caso de secesión no se obstaculice, desde el hipotético Estado catalán, la conservación de la nacionalidad española para quien adquiriese la nacionalidad catalana. Esta es una forma lógica, por parte de un nuevo Estado, de pretender asegurar la adhesión ciudadana, en la medida en que, aparentemente, ello supondría una ausencia de efectos prácticos en materia de nacionalidad y de vínculos con España para una parte importante de la población, que supuestamente vería que con una facilidad pasmosa se adquiere de forma automática la nacionalidad catalana y se conserva la española.

            Sin embargo, la trampa se encuentra fácilmente si nos damos cuenta de que en el párrafo reproducido se expresa un deseo, lo que evidencia una total ausencia de seguridad y, por lo tanto, que la tesis de la conservación de la nacionalidad es susceptible de serias objeciones: se dice que “cabría esperar” que España actúe con reciprocidad, lo cual implica que no se puede garantizar una doble nacionalidad automática.
            Una posibilidad en la hipótesis de la separación sería que España decidiera que la adquisición de la nacionalidad catalana no supondría la pérdida de la española. Sucede, no obstante, que el CATN es consciente de que, en caso de producirse la secesión, España podría oponerse al reconocimiento automático de la doble nacionalidad, lo cual comportaría tener que ejercer el derecho de opción entre la adquisición de la nacionalidad catalana o la conservación de la española, sobre lo que se guarda un escandaloso silencio. Los motivos de esta omisión son claros y necesitan poca explicación: esconder explicaciones a personas de buena fe que pueden pensar que compatibilizar la nacionalidad española y una teórica nacionalidad catalana es posible de forma automática, de la misma forma que hasta hace poco también era automático el ingreso en la Unión Europea y ahora, ya ven, hasta el Presidente del CATN reconoce que no.

            Pese a que el CATN no lo dice, y aunque su hipótesis efectivamente es factible, en realidad una de las soluciones más plausibles en caso de una secesión -aun cuando no sea la única en este ejercicio de ficción que constituye hoy en día el proceso- es aquella que contempla que si bien el eventual nuevo Estado ofrece su nacionalidad a todos los residentes nacionales del Estado del que se separa, la adopción de la nueva nacionalidad (la teórica catalana) comporta la pérdida de la anterior (la española). ¿Por qué es la más plausible? Entre otras cosas, porque como dijo Don Gregorio Garzón ante la Comisión del Parlamento de Cataluña de Estudio del Derecho a Decidir respecto de la posibilidad de conservación de la nacionalidad española en caso de secesión y su compatibilidad automática con la adquisición de la catalana: “Esto es de una ingenuidad que mata, porque no ha pasado nunca, en la práctica internacional, esto. Esto no depende del derecho civil, depende del hecho mismo de la secesión”. Como explicó este Catedrático de Derecho Internacional Público y exjurisconsulto del Parlamento Europeo, la hipótesis de la doble nacionalidad más o menos automática a la que alude el CATN, de forma no muy taxativa pero suficientemente ambigua como para que se considere admisible, no ha sucedido nunca en la práctica internacional.

            Ya tenemos la media verdad del CATN: es cierto que un hipotético Estado catalán podría facilitar la adquisición de la nacionalidad catalana, de forma compatible con la española; pero también es cierto que para la efectividad plena de esta posibilidad se requiere que España aceptara la conservación de su nacionalidad para quien optase por adquirir la nueva nacionalidad del futuro Estado -en el informe no pasa de una esperanza en condicional-, lo cual no tiene obligación alguna de hacer. Sobre todo eso el CATN calla, lo cual es una forma partidista, parcial y tendenciosa de presentar los efectos de la independencia. ¿Qué sucedería si España no ejerce la reciprocidad? ¿Qué sucedería si España decide que quien adquiera la eventual nacionalidad catalana pierde la española? El CATN no lo explica.



            Tampoco explica que la Convención Internacional de la Nacionalidad -que, efectivamente, no es aplicable de forma directa- admite que la legislación interna de un país establezca la pérdida de su nacionalidad (artículo 7) en caso de que se adquiera la de otro país, por lo que es perfectamente posible, si aplicamos los principios a los que se alude en el informe, establecer la pérdida de la nacionalidad española en el caso de secesión, siempre y cuando, por descontado, no se cause apatridia.
            En este sentido, y ya que el CATN cita un texto legal internacional no aplicable,  pero cuyos principios es razonable tener en cuenta, también podría haber citado -a efectos de ilustración del lector, para que valore con conocimiento de causa- otro texto inaplicable como es la propuesta de regulación del derecho de opción -que incluye un procedimiento para su ejercicio-, y cuyos principios también parece razonable tener en cuenta, que contiene la Resolución 55/153 de Naciones Unidas, y que en su artículo 10.1 dice nada menos que:
            “1. El Estado predecesor podrá establecer que las personas afectadas que, en relación con la sucesión de Estados, adquieran voluntariamente la nacionalidad de un Estado sucesor perderán la nacionalidad del Estado predecesor.”

            Así las cosas, es incuestionable que el escenario dibujado por el CATN (adquisición de la nacionalidad catalana por todos los españoles con vecindad administrativa en Cataluña y doble nacionalidad junto con la española) es posible. Pero no por ser posible es el más probable ni el más realista. Si el CATN quiere que se le reconozca algún tipo de rigor o calidad a su trabajo -hasta ahora más bien escaso-, lo primero que debe hacer es explicar a nuestros conciudadanos las consecuencias de las hipótesis más previsibles y no omitir todo aquello que pueda resultar incómodo para la causa secesionista, como evidentemente es reconocer la posibilidad de tener que optar entre nacionalidades, de modo que si se optase por conservar la española se podría llegar a tener la consideración de extranjero en casa o, si se optase por la teórica catalana, se podría perder la española.
           

            Así que ya sabe, tenga cuidado: si usted dice que se siente español y quiere la independencia, quizás en un futuro, en una hipotética secesión, no pueda conservar la nacionalidad española. O quizás sí. O quizás, sin necesidad de un sentimiento concreto, usted cree que podría conservar la nacionalidad española porque lo ha oído decir. Pues que alguien se lo explique antes. El CATN no lo hace, se queda en la media verdad y escamotea el resto, no vaya a ser que alguien crea que la secesión tiene inconvenientes o consecuencias de las que no le han informado.

lunes, 7 de julio de 2014

La fuerza del voluntarismo

Víctor Andrés Maldonado

De los cuatro escenarios analizados por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) en su informe sobre las vías de integración de una Cataluña independiente a la UE (permanencia en la UE, adhesión rápida ad hoc, adhesión ordinaria e imposibilidad de adhesión), ya se ha dicho casi todo. Entre otras cosas, que los dos primeros sólo podrían producirse en el caso de una secesión pactada que hiciera coincidir la independencia formal del nuevo Estado con el momento mismo de su adhesión a la UE o poco antes, asumiendo que ningún otro Estado miembro se opusiera.
Sin embargo, para el CATN los argumentos a favor de la permanencia o de la adhesión rápida ad hoc, en particular los económicos (importancia de la economía catalana, dejar fuera de la UE a 7,5 millones de personas, Cataluña como contribuyente neto), son de una “fuerza persuasiva” superior a los de carácter jurídico (respeto a la integridad territorial de los Estados miembros, Cataluña no es parte contratante de los Tratados) y político (efecto de emulación por parte de otros territorios de la UE). Y eso aunque el proceso de secesión se produjera a través de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Es cierto que los argumentos económicos podrían jugar un papel nada desdeñable y que sería difícil de imaginar un territorio de 7,5 millones de habitantes en el corazón mismo de la UE completamente aislado. Pero no sólo por el declive económico que ello supondría para Cataluña sino también por el riesgo de inestabilidad política y social que se derivaría y los subsiguientes riesgos a la seguridad (lucha contra la criminalidad, tráfico ilegal de todo tipo, etcétera) de toda la UE. Pero si bien es probable que esta situación no pudiera mantenerse a largo plazo, a corto y medio plazo sería un escenario perfectamente previsible. Sobran ejemplos: todos los territorios que han declarado su independencia unilateralmente en Europa han encontrado dificultades en establecer una relación de normalidad con la UE (la República Turca del Norte de Chipre, Transnistria, Alto Karabakh, Abjazia, Osetia del Sur, etcétera). Pero incluso Kosovo, a pesar del apoyo de todas las potencias occidentales, ha estado en un limbo jurídico internacional desde su DUI de 2008 y todavía no ha encontrado un reconocimiento pleno de la UE, aunque el principio de acuerdo alcanzado con Serbia en 2013 podría significar un avance importante en este sentido. Y es que el CATN no presta la suficiente importancia a dos argumentos que están a la base de la existencia misma de la UE y que, aun en su pragmatismo, no puede soslayar. Primero, el respeto del Estado de derecho, un argumento no sólo jurídico sino de valores fundamentales: una DUI, sin apoyarse en un atentado grave a los valores democráticos y los derechos humanos individuales fundamentales, no podría ser aceptada por la UE. El argumento utilizado por el CATN de que “Cataluña podría demostrar de manera fehaciente que ha intentado llegar a un acuerdo de manera reiterada y de buena fe con el Estado español y siguiendo un proceso democrático” no es suficiente, pues sería como subrogarse un derecho, el de autodeterminación, inexistente en el marco de un sistema democrático.

Y, segundo, que los Tratados de la UE solo son aplicables a las partes contratantes, como es el caso para todos los tratados bilaterales o multilaterales existentes. Al no ser una parte contratante, los Tratados no podrían aplicarse en una Cataluña independiente. La aseveración del CATN de que a falta de reconocimiento del nuevo Estado los Tratados seguirían aplicándose no tiene sentido, al no existir un poder reconocido para asegurar su aplicación en el territorio de Cataluña (como el caso de Chipre atestigua). La apelación del CATN a una especie de derechos históricos de los ciudadanos de Cataluña al haber sido aplicados durante casi 30 años tampoco tiene sentido. No es solo la cuestión de que la ciudadanía europea es subsidiaria y se adquiere a través de la ciudadanía de un Estado miembro, sino también de que si se aceptara ese principio, la modificación de cualquier tratado internacional entre Estados generaría una gran inseguridad jurídica además de reclamaciones de todo tipo que solo pueden ser subsanables dentro de lo previsto en el nuevo tratado.Y es que el CATN no presta la suficiente importancia a dos argumentos que están a la base de la existencia misma de la UE y que, aun en su pragmatismo, no puede soslayar. Primero, el respeto del Estado de derecho, un argumento no sólo jurídico sino de valores fundamentales: una DUI, sin apoyarse en un atentado grave a los valores democráticos y los derechos humanos individuales fundamentales, no podría ser aceptada por la UE. El argumento utilizado por el CATN de que “Cataluña podría demostrar de manera fehaciente que ha intentado llegar a un acuerdo de manera reiterada y de buena fe con el Estado español y siguiendo un proceso democrático” no es suficiente, pues sería como subrogarse un derecho, el de autodeterminación, inexistente en el marco de un sistema democrático.

Finalmente, otro argumento de mucho peso, de carácter político, y que no es valorado suficientemente por el CATN, es el precedente que la adhesión de una Cataluña independiente a la UE significaría y el subsiguiente efecto de emulación que podría provocar en otros territorios con aspiraciones similares, una situación que varios Estados miembros quieren evitar a toda costa.Asimismo, es sorprendente la propuesta del CATN de utilizar el artículo 48 del Tratado para la Incorporación de Cataluña a la UE. Efectivamente, éste se refiere a los cambios de substancia del tratado, detallándose los pasos que se han seguido en el pasado: acuerdo del Consejo Europeo, convocatoria de una Convención/Conferencia intergubernamental y ratificación del nuevo texto por todos los Estados miembros, volviendo de nuevo al Consejo Europeo en caso de problemas de ratificación en algún Estado miembro, como fue el caso para la (fallida) Constitución Europea (Francia y Holanda) o el Tratado de Lisboa (Irlanda). Con esta propuesta se pretende poder seguir adelante con la adhesión de Cataluña a pesar de un veto de España. Esto sí que sería una verdadera revolución y una primicia carente de todo precedente en la historia de la UE. Estoy convencido de que el único camino para la incorporación de un nuevo Estado a la UE es el marcado por el artículo 49 que exige la unanimidad de todos los Estados miembros.

Por otro lado, el CATN plantea dos alternativas para el caso de dificultades en el ingreso de una Cataluña independiente a la UE (o de una espera prolongada) con el fin de asegurar el acceso de los ciudadanos y empresas catalanas al Mercado Único Europeo (MUE). Primero, una solución “bilateral” a través de la firma de un acuerdo de asociación o similar, como el conjunto de acuerdos que Suiza tiene con la UE y que funcionan como un “paquete” (por lo que si uno de ellos no se cumple se pueden suspender todos). Esta alternativa requiere la unanimidad de todos los Estados miembros debido al reparto de competencias dentro de la UE. El nudo gordiano no se sitúa en la definición de las competencias exclusivas de la UE o de los Estados miembros (como dice el CATN), sino en las competencias “compartidas”. Y aunque el Tratado de Lisboa ha significado un progreso en esta materia al ampliarse las posibilidades de llegar a acuerdos con terceros países de carácter puramente comunitario, en la práctica la situación no ha cambiado casi nada debido a la resistencia de determinados Estados miembros.
Segundo, una solución “multilateral” a través del acceso a la EFTA y, por consecuencia, al Espacio Económico Europeo (es decir, al MUE). Dudo de que los países de la EFTA aceptaran en su seno a una Cataluña independiente de manera unilateral (por lo que ello significaría de ruptura del Estado de derecho). Pero aun así, la pertenencia a la EFTA no otorga acceso automáticamente al EEE por una sencilla razón: los acuerdos con la EFTA son acuerdos bilaterales suscritos con cada uno de sus miembros (Islandia, Liechtenstein y Noruega), por lo que volveríamos a la situación descrita anteriormente (Acuerdo de Asociación bilateral) y la necesidad de unanimidad de todos los Estados miembros.
 Este artículo fue publicado en El País (30-06-14)