domingo, 31 de agosto de 2014

¿Un referéndum de autodeterminación camuflado? Ningún problema

Susana Beltrán

No lo ha dicho el Tribunal Constitucional, sino el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) de Cataluña, que ha considerado que la propuesta de Ley de Consultas no Refrendarias era conforme a la Constitución. Eso sí, lo ha dicho por cinco votos contra cuatro. Este resultado tan estrecho tendría que ser motivo de reflexión por parte de las autoridades que, bajo el amparo de esta ley, pretenden convocar, en el cercano 9 de noviembre, una consulta trascendental en la que se preguntará a los catalanes si queremos que Cataluña se convierta en un Estado independiente.
Si uno se adentra en los motivos que han llevado a los cuatro juristas a considerar que la mencionada propuesta es contraria a la legalidad, pasaríamos de la reflexión a la preocupación. No pretendo hacer una síntesis de lo que han dicho, porque es mejor  leerlos directamente (a partir de la pág. 85 del documento enlazado). La claridad y contundencia de sus argumentos es comprensible para cualquier ciudadano mínimamente inquieto con lo que está pasando. Más bien querría trasladar algunas de mis impresiones resultantes de la lectura del dictamen y de los cuatro votos en contra.
La primera es que la consulta programada para el 9 de noviembre es un referéndum camuflado y, como tal, vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La segunda es que, como legalmente no se le puede llamar referéndum, no disfrutará de las garantías exigidas en este tipo de procesos. Y la tercera es que no se están explicando todas las consecuencias que podrían producirse si se celebrara este referéndum camuflado. 

¿Por qué la consulta del 9N no se puede llamar referéndum? Porque, si lo consideráramos así, requeriría de la autorización del Estado y esto es lo que se trata de evitar. La figura de las consultas generales de ámbito nacional prevista en la propuesta de ley, y en la que se convoca al conjunto de la ciudadanía, es un referéndum, sea cual sea el nombre que se le quiera dar a la consulta.



Al no ser un referéndum, ¿los ciudadanos saldríamos perjudicados? Parece que sí. Para que se pueda celebrar un referéndum con todas las garantías, se tiene que contar con una administración electoral que vele por la objetividad del proceso. Además, por ejemplo, el referéndum tiene que pasar unos controles parlamentarios, en vez de dejar el poder de convocatoria y las preguntas al Gobierno de la Generalitat. Estos controles se entenderían para evitar acciones más propias de regímenes autoritarios que democráticos. Así mismo, los votantes tienen que disfrutar de tutela judicial (por ejemplo, poder acudir a los tribunales si se consideran perjudicados en la igualdad de voto o sus datos personales no han sido tratados debidamente). En definitiva, exigencias que la consulta programada para el 9N no podría reunir plenamente, dado que, legalmente, no es un referéndum.
Al leer la interpretación flexible de las disposiciones constitucionales y estatutarias que se hace en el documento y compararlas con los votos particulares, un jurista normal puede llegar a la conclusión de que es imposible estirar más las interpretaciones sin caer en fraude de ley. Es más honesto admitir que el ordenamiento jurídico vigente no ampara la consulta del 9N. O como mínimo, reconocer que los requisitos para llevarla a cabo con garantías democráticas están fuertemente cuestionados en Cataluña.
Incluso me sorprende que se pueda discutir casi de cualquier aspecto relativo a la consulta menos de una premisa que lo condiciona todo: en el dictamen se alude a que, a pesar de que la cultura constitucional se fundamenta en las libertades individuales, esta tiene que ser compatible con las aspiraciones colectivas. Pues bien, tales aspiraciones son de un colectivo de catalanes, o de muchos, pero no son de todos los catalanes. Hay una parte de la sociedad catalana que no tiene aspiraciones colectivas y que, además, no quiere tenerlas, ni ahora, ni más adelante.
Esta incertidumbre sobre cuál es el colectivo con aspiraciones y cuáles son las consecuencias de que pudieran conseguirlas, incide en aspectos fundamentales de la consulta. Por ejemplo, la propuesta de ley establece que los catalanes que podrán votar son los que residen en Cataluña y, con matices, los que viven en el extranjero. En cambio, los que viven en el resto de España, no. ¿Esto significa que este último grupo de catalanes no tiene aspiraciones ? Y si las tienen, ¿se tienen que aguantar? Tal es la situación que uno de los juristas discrepantes ha considerado, incluso, que el hecho que no puedan votar ha sido intencionado (pág. 157 del documento).
Otro de los aspectos clave en un referéndum es garantizar la igualdad de voto. Se considera que el voto tiene que tener el mismo valor para que los resultados obtenidos sean legítimos. Dicho de otro modo, las diferentes opciones que se plantean en un referéndum tienen que estar en igualdad de condiciones para poderse confrontar. Pues bien, en la consulta programada para el 9N, estas opciones no tienen el mismo valor. Los referéndums de autodeterminación tienen unos efectos jurídico-políticos muy particulares que no se pueden ignorar. Los catalanes, aunque saliera un no a la independencia, sólo por el hecho de ir a votar estaríamos asumiendo (y de paso también lo estaría haciendo el conjunto de la ciudadanía española) que este colectivo con aspiraciones (y que no ha quedado bastante claro quiénes son) tiene derecho, jurídicamente hablando, a convertirse en un Estado.
No se trataría de decidir, como popularmente se dice, entre mi padre o mi madre. Es mucho más que esto: es poner entre la espada y la pared a una parte de la sociedad catalana. Si no voy a votar, porque estoy en desacuerdo con el colectivo con aspiraciones, me juego que gane el sí , y no quiero arriesgarme. Pero si voy a las urnas a votar que no a la secesión, estoy dando a entender que acepto que hay un colectivo con aspiraciones que habla en nombre de Cataluña, del que formo parte, y que tiene derecho a decidir su condición. Poner a la ciudadanía que no tiene aspiraciones colectivas de autodeterminación en este dilema es inaceptable y no se juega en igualdad.
No tenemos un conflicto entre nacionalidades que se pueda resolver con una consulta pactada entre el Estado y las instituciones autonómicas de Cataluña, al estilo de la sobrevalorada solución del Québec (Canadá). Tenemos un gravísimo problema en el seno de la sociedad catalana que no queremos afrontar. El resultado (5 contra 4) del Consejo de Garantías Estatutarias es un preludio de lo que vendrá, y sólo veo, por parte del Gobierno de la Generalitat, una huida hacia adelante.
Este artículo fue publicado en El Huffington Post (29-08-14)


jueves, 28 de agosto de 2014

Tres cuestiones no tan menores

Javier Soria


Que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, con el apoyo de cinco de sus nueve miembros, da soporte a una Ley que pretende amparar un referéndum encubierto es algo ya sabido. No vale la pena extenderse sobre esta cuestión, objeto de numerosos análisis, que los cuatro votos particulares ponen de manifiesto, de manera especialmente brillante -y sin desmerecer a ninguno de los discrepantes con el voto mayoritario- en el caso de Eliseo Aja. Por eso, comentaré tres cuestiones heterogéneas entre sí, menores, que, sin pasar desapercibidas, no han merecido tanta atención.
La primera de ellas, que tanto Eliseo Aja como Marc Carrillo abogan por la posibilidad legal de llevar a cabo un referéndum en que se examine la eventualidad de la secesión, incluso sin necesidad de previa reforma constitucional. En ambos casos, y cada uno desde su propia visión del tema, se defiende la ineludible necesidad previa de llevar a cabo reformas legales, crear alguna ley nueva o concluir acuerdos que permitan un referéndum (que Carrillo, por ejemplo, considera encajable en la Constitución, pero a la vez admite que la doctrina del TC no lo permite) con el objeto que todos conocemos. Cuando se leen opiniones de autorizadísimos profesionales, una posición prudente aconseja el estudio, crítica y debate de las posiciones jurídicas discrepantes que aparezcan bien fundadas.  Precisamente, Carrillo dice que su opinión contraria a la constitucionalidad de la Ley lo es sin perjuicio de que después de los acuerdos generales que correspondan y de un amplio debate público se puedan articular consultas con la adecuada cobertura constitucional sobre temas de interés general en el ámbito autonómico.
Y este es el primer gran problema del movimiento secesionista: ese previo y amplio debate público no ha existido, ni existe. Es cierto, y así lo refleja el dictamen y lo reconocerá cualquier jurista, que la Constitución carece de límites materiales y que, por lo tanto, todo es modificable. Ahora bien, para alcanzar la secesión, se pretende usar una vía directa, sin reglas predefinidas, mediante un referéndum convocado unilateralmente, con fecha y preguntas ya impuestas de antemano y un procedimiento equivocado. Por mucho que se quiera cargar la responsabilidad al Estado acusándolo de inmovilismo, se impidió cualquier posibilidad de amplio debate acerca del proceso desde el momento en que se fijó fecha y pregunta a la «consulta». Más allá de la exigencia de convocatoria de un referéndum, nunca se ha planteado de verdad un marco (político, jurídico, social o cualquier otro) conforme al cual se generase un auténtico diálogo, discusión y debate sobre de la articulación de mecanismos para una hipotética secesión. Se podrá tener éxito o no, pero no se ha planteado. Ir al Congreso con una pregunta y fecha prefijadas a pedir la delegación de la competencia para celebrar un referéndum no es un marco de diálogo.
Desde la óptica secesionista, la decisión ya estaba tomada con base al supuesto derecho a decidir, que todo lo puede, por lo que cualquier objeción a la consulta supone automáticamente quedar encasillado en un «no a todo» antidemocrático -según la  argumentación habitual de los promotores del movimiento- incluso aunque se señale, como Aja y Carrillo (y no son los únicos), la posibilidad de hallar un encaje al referéndum, si bien con la particularidad de que el medio utilizado no sea fraudulento y que se lleven a cabo las adaptaciones necesarias, sean de carácter legal o de mero pacto.
La táctica adoptada, pues, ha impedido un debate completo de la cuestión, que para el movimiento secesionista debería resolverse rápidamente, bajo el lema «tenim pressa» (tenemos prisa) que evidencia un estado, temporal o no, sostenido en el tiempo o no, que se quiere intentar aprovechar para llegar a la separación. Prueba de ello la tenemos en una entrevista a Josep Maria Terricabras a principios de 2013 en la revista «Esquerra» (pág.14), en que decía: «Crec que les emocions, la ràbia, la il·lusió també són efímeres. Ho comparo sempre amb l’entusiasme sexual. Tant l’entusiasme sexual com l’entusiasme patriòtic o nacional tenen una durada justa, no poden durar dies i dies. Hem d’aprofitar aquest moment.» («Creo que las emociones, la rabia, la ilusión también son efímeras. Lo comparo siempre con el entusiasmo sexual. Tanto el entusiasmo sexual como el entusiasmo patriótico o nacional tienen una duración justa, no pueden durar días y días. Hemos de aprovechar este momento.»). O sea: vayamos lo más rápido posible -con lo que se recortan las posibilidades de discusión y debate- porque podemos perder el entusiasmo, que es una emoción efímera, y quizás la voluntad de secesión no se sostiene de manera indefinida. En la misma línea, un reciente artículo de Hèctor López Bofill  se pregunta: «Han passat dos anys per fer la independència o per donar temps als nostres adversaris que s'organitzin davant la passivitat de les nostres autoritats?» (¿Han pasado dos años para hacer la independencia o para dar tiempo a nuestros adversarios a que se organicen ante la pasividad de nuestras autoridades?).



Para llegar a un referéndum de secesión -si es que se llega- son necesarios muchos pasos previos y la presentación, examen y discusión de alternativas. Aun cuando no se quiera admitir, no se han dado tales pasos -como se desprende del apunte de Carrillo, al abogar por un amplio debate público- porque obligarían a intentar establecer un marco legal, político y social  reflexionado, o sea, el debate, que no conviene a la efervescencia del movimiento.
¿Es difícil llegar a establecer el marco de una secesión? Por supuesto. Pero la dificultad no es excusa suficiente para soslayar el «amplio debate público» que las decisiones unilaterales han cercenado, como se evidencia cuando la opinión de reputados especialistas favorables al encaje de un referéndum pasa prácticamente inadvertida. El problema de su postura es que formula dificultades que el secesionismo no está interesado en superar, por lo que lo más sencillo es enviarlos al «antidemocrático» grupo del «no». ¿Y cuál es la solución a ese marco? Pues la daría, si procediera, lo que resultara del debate, porque nada está predeterminado, pero no la da el entusiasmo ni la expresa llamada a evitar que se organicen aquellos que no están a favor de la independencia. Un referéndum legal de secesión -que es una decisión grave e importante- no se construye de este modo.
La segunda cuestión relevante es la desaparición argumental del derecho a decidir. El lector sabrá que la piedra angular del denominado proceso ha sido la reclamación del ejercicio del llamado derecho a decidir. Pues lamento comunicar que con la Ley de Consultas, y según la interpretación del Consejo de Garantías, no se ejerce el derecho a decidir, sino el derecho a opinar. Ejercer el derecho a opinar está bastante bien, porque se trata de un derecho fundamental, pero no se trata del derecho a decidir que los promotores de la consulta han defendido para llegar hasta ella.
En el dictamen se defiende que la Generalitat puede consultar a los ciudadanos con un procedimiento distinto y unas consecuencias diferenciadas del referéndum, para conocer con cierta precisión la posición u opinión de la ciudadanía sobre un tema de relevancia política. En realidad, como muy bien señala Carrillo en su voto particular, pretendidamente se trata del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en la modalidad de opinión, cuando en verdad se trata del ejercicio del derecho a la participación política mediante el voto. Aquí estamos ante otra de las trampas (Rafael Arenas utiliza el mucho más elegante término falacia) habituales del secesionismo, en este caso refrendada por cinco consejeros: a una opinión (derecho a la libertad de expresión) se le quiere dar un efecto político (derecho de participación política), lo cual no es posible. Y es que por mucho que el dictamen afirme que existe siempre en toda consulta un elemento decisorio implícito, esto puede ser predicable de la participación política, pero no de la libre expresión de opiniones. Por eso, cuando el sr.Homs dice que se quiere hacer una encuesta, la respuesta automática es la de quitarle todo valor político: la expresión de una opinión es distinta del ejercicio de un derecho político, que sería en este caso el denominado «derecho a decidir», que, como se ha dicho, queda difuminado hasta desaparecer de la argumentación que da soporte a la Ley de consultas no refrendarias. Si el dictamen se apoyara en el derecho a decidir, estaría reconociendo que se trata de una expresión de la participación política, y por lo tanto se precisa el referéndum, que es lo que se quiere evitar admitir.
O se opina, o se decide. Pero no los dos. Para salvar esta inconsistencia lógica y jurídica, se recurre a un subterfugio como es afirmar que la opinión (la encuesta) tendrá un efecto político (como si fuera un referéndum), cuando lo que sucede, como es obvio, es que se quiere hacer pasar un referéndum por encuesta. En cualquier caso, y ello se extrae del dictamen, la defensa acérrima del «derecho a decidir» que escuchamos desde hace tiempo queda reducida a la inexistencia si únicamente se trata de recabar opiniones. ¿Dónde ha quedado el derecho a decidir si solo se pide la opinión? La incoherencia es incuestionable, demuestra que el derecho a decidir no existe y, después de tanto tiempo insistiendo con ese supuesto derecho, a la hora de la verdad resulta que no se ejerce porque se afirma que se pide la opinión. Adiós al derecho a decidir, al menos como argumento legal de una «consulta».
Una tercera cuestión: la falta de uso de la Ley de referéndum catalana vigente. Muchos lo han olvidado, o incluso lo desconocen, pero en varios pasajes del dictamen -y de los votos particulares- se resalta que la Ley catalana de Consultas Populares por vía de Referéndum (Ley 4/2010), aunque recurrida ante el Tribunal Constitucional, está plenamente vigente tras ser alzada la suspensión de diversos artículos mediante Auto de 9 de junio de 2011. Al margen de su uso o no para votar la independencia (en cualquier caso, se requeriría la autorización del Estado), llama la atención que, en los más de tres años transcurridos desde esa fecha, no haya existido una sola iniciativa que se proponga someter a votación del electorado para, en palabras de la Ley, “...determinar la voluntad del cuerpo electoral sobre cuestiones políticas de trascendencia especial con las garantías propias del procedimiento electoral”. Como bien se lee, el referéndum tiene como vocación determinar la voluntad en cuestiones políticas de importancia y no meramente conocer la opinión, por lo que está claro que la consulta es un referéndum encubierto.
Pues bien, y al hilo de esta Ley, cabe recordar que otro de los argumentos en justificación de la secesión es aquel que defiende una democracia más participativa, con un mayor número de herramientas para favorecer la intervención del ciudadano en la regulación del sistema en todas sus facetas. Sin embargo, resulta que en más de tres años no se ha llegado a someter al cuerpo electoral una sola iniciativa para determinar su voluntad en cuestiones políticas relevantes. Se apela mucho a la democracia, pero a la hora de aplicar el concepto, la realidad se demuestra muy distinta por parte de aquellos que se encarnan como paladines de la virtud.
En conclusión, por mucho que se niegue, fijar fecha y pregunta eliminó todo debate sobre el proceso razonable a seguir, fuera cual fuese la postura argumentadamente defendida: desde la más restrictiva en sentido negativo, hasta quien admita la forma más laxa posible de llegar a un referéndum de secesión. El necesario amplio debate público quedó cortado a causa de las prisas para aprovechar el momento, de modo que ya solo es posible estar a favor o en contra de la democracia, según los postulantes de un referéndum ¡encubierto!, como si eso fuera democrático. Esto provoca que se ignore por completo todo planteamiento distinto o matizado, como los comentados de Aja o Carrillo, al margen de que puedan tener éxito o no. Si sumamos que, como argumento para justificar la consulta, se ha abandonado el derecho a decidir a cuyo abrigo se han celebrado tantos actos, y convencido a tantos, y, encima, resulta que la Ley de consultas populares por vía de referéndum está vigente pero no se usa para nada, concluiremos en que, como dice Victoria Camps, el «proceso» se empezó por el tejado, como en buena parte ejemplifican tres cuestiones, no tan menores, del dictamen de una Ley.
               


jueves, 14 de agosto de 2014

Letter to the Editor of the Financial Times in response to his editorial on Catalonia

Letter to the Editor of the Financial Times in response to your editorial on Catalonia's shame.
(Traducción al español aquí)




Sir, 
  
We agree with much of your article “Catalonia’s shame, a stain on Spain” of  August the 12th, although we feel that the final conclusions regarding education matters are misplaced. 
  
It is not a problem of Catalonia vs Spain -but a problem of some Catalans challenging the status quo. However, constitutional changes must be approved by a large majority in the Spanish Parliament, where Catalans are represented too. 
  
You advocate further language safeguards, as an eleventh hour game changer. Yet, for those familiar with the Catalan situation this is puzzling. The regional government already owns nine TV and four radio stations, financed by all Catalan taxpayers –but broadcasting only in Catalan. It also generously subsidies the practical totality of Catalan newspapers, predominately written in Catalan, as part of a myriad of subsidies favouring the cultural expressions of one side of the population but paid by all. 
  
Early year’s kids don’t receive education in Spanish, just two hours at primary school and three at secondary. Catalan predominates during the first years of schooling except for a few hours a week of Spanish -and English. 
  
According to data from the Catalan Government itself, 55% of the population has Spanish as their mother tongue; 31.6% have Catalan. According to UNESCO, more than 1,500 research studies stressed the importance of teaching children in their mother tongue -particularly reading and writing skills. It seems clear that children’s language rights are not quite protected in Catalonia, hindering the development of a majority of children that cannot study in their mother tongue 
  
No other bilingual country imposes the ‘Catalan Model’, discriminating a national language in favour of the regional. Catalonia has all education powers devolved, and the only option left to parents is litigation. All lawsuits have been won by them –but the Catalan Government has yet to comply. Granting yet more powers to Catalonia’s education authorities will only perpetuate an already unfair situation. 
  
Yours faithfully, 

Dr. Sonia Sierra, Associate Professor in the Universitat Autònoma de Barcelona. 
Dr. Susana Beltran,  Senior Lecturer of Public International Law in Universitat Autònoma de Barcelona 
Mr. Santiago Mondejar CITP, FIAP 




miércoles, 6 de agosto de 2014

De Merkel a Watson sin pasar por Guardiola

Rafael Arenas

Hace tiempo que en “el proceso” es más interesante la forma en que se cuentan las cosas que las cosas mismas.
Esto es especialmente claro en lo que se refiere a su internacionalización. Cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento del tema podría ya adelantar en noviembre de 2012, cuando se dio formalmente este paso, el de internacional el proceso –de una enorme gravedad por lo que suponía de deslealtad institucional y de superación del marco competencial de la Generalitat de Catalunya y otras instituciones y administraciones catalanas-, que esa pretendida internacionalización no podría recabar ningún apoyo ni en las instituciones europeas ni en los grandes Estados. Eso es justamente lo que ha pasado con sucesivos rechazos cada vez más contundentes tanto en las Cancillerías extranjeras como en el Consejo Europeo y en la Comisión Europea hasta llegar al ya famoso “no se entra en la UE enviando una carta” del presidente electo de la Comisión, Jean-Claude Juncker.



Dado que lo que va acaeciendo es lo que se supone que pasaría creo que merece la pena detenerse en cómo los medios partidarios de la secesión presentan estas noticias nada favorables a sus intereses; y, en particular, como lo hacen los medios públicos dependientes de la Generalitat.



El viernes, 18 de julio, tenían una difícil tarea por delante. A Merkel le preguntaron si recibiría a Mas o a Guardiola para conocer las propuestas secesionistas y Merkel negó que fuera a hacer tal cosa, mostró su respaldo a la posición del gobierno de Rajoy, su respeto a la integridad territorial de los Estados, puso el ejemplo de Alemania, donde las entidades infraestatales gozan de un amplio margen de actuación y se opuso a la creación de regiones independientes.
¿Cómo se podía presentar esa noticia causando el mínimo daño posible? Bien, en el Telenotícies de Migdia han dado con la clave (el vídeo está aquí). En el minuto 22:45 el presentador da entrada a la noticia diciendo que se había oído por primera vez a Angela Merkel referirse al proceso soberanista catalán. A continuación se pone el vídeo de la intervención de Merkel con el sonido original en alemán y subtítulos en catalán. Nada más, ninguna referencia al rechazo a reunirse con Mas o Guardiola y una presentación en la que los que no entiendan alemán solamente podrían enterarse de las declaraciones de la canciller por el seguimiento de los subtítulos. En total menos de un minuto dedicado al tema (hasta el minuto 23:40).



Sin solución de continuidad, el presentador del Telenotícies da entrada a otra información que expresamente se quiere relacionar con la anterior lo que se evidencia claramente con el uso de la conjunción copulativa “y” para pasar de la noticia de Merkel a la siguiente. ¿Y cuál es esa noticia que sigue inmediatamente a la de las declaraciones de la canciller alemana? Pues la visita a Barcelona de Graham Watson, presidente del partido “Alianza de Liberales y Demócratas por Europa” (ALDE), visita que tenía como objetivo visualizar el apoyo de dicho partido al derecho de los catalanes a decidir según las palabras del periodista.



En este caso, la noticia no solamente recogía las palabras de Graham Watson en el inglés original con subtítulos en catalán, sino que también existían comentarios hechos por la voz en off de un periodista durante el vídeo de la noticia en la que se destaca la presunta importancia de las declaraciones de Graham Watson.
La noticia incurre en varias confusiones, no sé si interesadas, que no facilitan que la audiencia se haga una adecuada composición de lugar. En primer lugar, la visita de Watson se relaciona con la inclusión de los diputados de C’s y UPyD en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo. Como es sabido, el único diputado de CDC en ese grupo liberal de la Eurocámara, Ramon Tremosa, se opuso frontalmente a tal incorporación que, sin embargo, fue finalmente aprobada por el Grupo Liberal. Lo último que sabíamos sobre ese tema es que el Presidente del Grupo, Guy Verhofstadt, dirigió una carta al diputadode C’s Javier Nart desmarcándose de las durísimas acusaciones dirigidas por Tremosa contra dicho diputado. La visita de Watson a Barcelona, tal como es presentada en el Telenotícies, parece una especie de compensación por la inclusión de los diputados de ambas formaciones (C’s y UPyD) en el Grupo Liberal del Parlamento, pudiendo llegar a pensarse que las declaraciones de Watson podían atribuirse al mencionado grupo.
En realidad Graham Watson no tiene ningún cargo en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo. De hecho, en esta legislatura ni siquiera es diputado europeo. Es el Presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, un partido europeo que agrupa a varios partidos nacionales, entre ellos CDC. Varios de los partidos que integran la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa aportan diputados al Grupo Liberal del Parlamento Europeo, pero otros no y en el Grupo de la Eurocámara hay diputados que proceden tanto de ALDE como del European Democratic Party (PDE/EDP) y de otros partidos nacionales que no están integrados en ningún partido europeo.
No existe, por tanto, relación orgánica entre el Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo y la “Alianza de Liberales y Demócratas por Europa” que preside Watson; pero esto es difícil de inferir de la presentación que hace TV3, quien simplifica el nombre del partido de Graham para dejarlo simplemente en “el Partido de los Liberales Europeos”, lo que contribuye a confundir ese partido, ALDE con el Grupo Liberal en el Parlamento Europeo.

En resumen, las declaraciones de la Canciller de Alemania son simplemente reproducidas sin ofrecer siquiera una versión del audio en catalán de sus palabras y se contraponen a las declaraciones del Presidente de un Partido europeo que no ejerce ningún cargo institucional. Estas declaraciones, además, son presentadas de una forma engañosa que puede conducir al error de pensar que sus palabras vinculan al Grupo Liberal en el Parlamento Europeo. Por cierto, a esta noticia, la visita de Graham Wilson, se le dedica un minuto y cuarenta segundos; significativamente más que a las palabras de la Canciller Merkel.
¿Qué criterios informativos justifican este tratamiento de ambas noticias?
¿Existe alguna razón para, desde la veracidad, neutralidad y objetividad haber presentado de la forma que he descrito las declaraciones de Merkel y de Watson?

Alguno dirá que ya es sabido y pretenderá pasar página; pero creo que erramos al admitir de esta forma que la televisión pública se convierta en un instrumento de manipulación. Hemos de exigir constante, incansablemente que la televisión que pagamos entre todos sea veraz y objetiva, responda a la pluralidad de la sociedad catalana y promueva los principios y valores constitucionales, entre otras cosas porque  es lo que exige su normativa reguladora.

Artículo publicado en Crónica Global el 30 de julio de 2014

lunes, 4 de agosto de 2014

Cataluña, región de España

Sonia Sierra
A mediados de diciembre se perpetró en el programa '8 al dia' una de las entrevistas más bochornosas de la historia del periodismo. El supuesto entrevistado era Albert Rivera aunque, las más de las veces, el político acababa preguntando "¿cuál es la pregunta?" porque Rahola, Nadal y Antich se dedicaron más que nada a lanzar una serie de improperios tales como "bárbaro", "imposibilita la convivencia", "estrambótico", "antidemocrático", "ultraderechista" que Rivera encajó con elegancia y exquisita educación.
Todas las personalidades relevantes de la Unión Europea que han sido interrogadas con respecto a lo que suele llamarse "el conflicto catalán" han respondido, de forma invariable, que se trata de un asunto interno español
Como no podía ser de otra manera, fue la inefable Pilar Rahola quien destacó por méritos propios, especialmente cuando leyó un falso dictamen -que ella confunde con una sentencia- de La Haya. Solo por eso, Rahola no podría ni acercarse a un micro en ninguna democracia de nuestro entorno, pero aquí la tenemos cada día sentando cátedra desde diferentes plataformas del hipersubvencionado Grupo Godó. Otro de los momentos más delirantes de la simpar no-entrevista es cuando la pseudodoctora le espetó al presidente de C’s: "es que usted nos considera una región de España" como si fuera el mayor de los despropósitos. Bien, veamos que considera la comunidad internacional al respecto.
Para empezar, todas aquellas personalidades relevantes de la Unión Europea que han sido interrogadas con respecto a lo que suele llamarse "el conflicto catalán", desde Barroso a Angela Merkel, siempre han respondido, de forma invariable, que se trata de un asunto interno español. Así, por más que por estos lares estemos acostumbrados a oír hablar de "Cataluña y España" como realidades separadas, no parece que esa sea la percepción que tienen en el exterior.
Más contundente resultó François Hollande, presidente de la República Francesa, cuando para mostrar su apoyo al Gobierno español frente al proyecto secesionista realizó una llamada a "reafirmar la fuerza de nuestros valores" frente a "las identidades regionales que mañana quieren ser identidades nacionales". ¿Qué haría Rahola si tuviera que entrevistarlo? ¿Le diría que su discurso recuerda a los de los dos Primo de Rivera como hizo con el joven político catalán? Aunque bueno, con los franceses siempre se puede soltar eso de que son unos jacobinos y unos centralistas, que queda la mar de socorrido. Si hasta su Ministro del Interior, Bernard Cazeneuve ha puesto a Cataluña como ejemplo de lo que no quiere para Francia: una región identitaria. Con los franceses no se puede hacer nada, está claro.

Pero es que, allende de los mares, en Estados Unidos, todo un referente del federalismo, parece que también consideran a Cataluña una región de España como se puede leer claramente en sendas noticias aparecidas en The Washington Post  y Fox News Por su parte, The New York Times habla de gobierno regional. Y no son los únicos de la prensa anglosajona que hablan de Cataluña como región porque también lo hace el Financial Times. Tampoco han sido diferentes las cosas en Alemania. Allí el tema ha aparecido, por los menos, en tres diarios nacionales -Süddeutsche, FAZ y Welt- y en todos ellos hablan del ex presidente de una región de España. Pues anda que no han creado escuela ni nada los Primo de Rivera, y aquí sin hacerles ni caso más allá de esa abanderada del periodismo de investigación que es Pilar Rahola.
En esta misma línea, Sami Naïr afirma en una entrevista en Nació Digital que "lo que es seguro es que fuera de España, el problema no existe. Fuera de España, Cataluña es una región de España". El entrevistador, Bernat Ferrer, siguiendo esa lógica de la legitimidad por encima de la legalidad que tanto abunda por aquí pero que tan poco eco ha conseguido más allá de nuestras fronteras, le insiste en que si cuatro millones de ciudadanos europeos deciden algo, bien tiene que tener legitimidad a lo que Naïr replica con la verdadera dimensión de la tragedia: "Hay 796.000 ciudadanos europeos. ¿Qué significan cuatro millones?" Y es que, ante las cifras, no hay naciones milenarias ni lenguas propias que valgan.
Sigue la interesante entrevista en la que el intelectual francés profundiza en la idea de que Cataluña forma parte de España y que, por lo tanto, se trata de una cuestión española que se debe solucionar dentro de este país y afirma que los europeos no se meterán nunca en esta cuestión. ¿Pero no era que la Unión Europea forzaría a España a aceptar esa consulta que nos presentan como la quintaesencia de la democracia? Pues parece que no, porque cuando el esforzado entrevistador le señala que el 80% del Parlamento reclama una consulta sobre la independencia, Naïr sentencia que "a nosotros no nos interesa la mayoría de Cataluña, nos interesa la mayoría de España. […] Cataluña no es un país diferente de España". Ya, en un último intento de salvar los papeles, Ferrer deja caer lo de la declaración unilateral de independencia a la que Sami Naïr no parece darle ni la más mínima credibilidad con expresiones como "Todo esto es una enorme manipulación. ¡Enorme! ¡Saben que jurídicamente no pueden hacerlo! ¡No pueden declarar la independencia! […] Están engañando a la gente. ¡Solo los burros que no entienden nada de política pueden creerse estas cosas!¡Es un cuento de hadas para los que no entienden nada de política!"
Buenos días, realidad.
Artículo publicado en Crónica Global (01-08-14)

domingo, 3 de agosto de 2014

Puerta de Brandenburgo en Noticias Cuatro

Sonia Sierra habla del Puerta de Brandenburgo en un reportaje de Noticias Cuatro sobre las personas contrarias a la secesión. Se puede realizar el visionado siguiendo este enlace a partir del minuto 11:50