La consulta-farsa celebrada en Cataluña, pese a lasuspensión cautelar ordenada por el Tribunal Constitucional y avalada por el Tribunal Supremo, contó con el apoyo del presidente del gobierno de la Generalitat, diputados autonómicos y nacionales, alcaldes y concejales de los partidos pro-consulta (CDC, UDC, ERC, ICV-EUiA y CUP). Si bien es verdad que sólo acudieron independentistas a votar también lo es que toda la logística –impresión de papeletas, fabricación de urnas,distribución de unas y otras, utilización de edificios civiles, colocación de carteles y pancartas, inserción de cuñas en medios de comunicación públicos y privados,despliegue de 6.992 policías autonómicos, recuento de votos, etc.– la hemos pagado también el resto de catalanes y españoles con cargo a los presupuestos del gobierno y los Ayuntamientos catalanes.
Mas-Colell, el único consejero de Economía que no ha presentado una sola vez los presupuestos en los plazos previstos.
Lo de menos es que la Generalitat no tenga dinero para pagar a los farmacéuticos o abonar la paga extra de los empleados públicos mientras dilapida el dinero adelantando elecciones o realizando una consulta inane para mayor gloria de Mas y regocijo de los independentistas. Lo relevante es que una vez más la Generalitat ha vulnerado el derecho de los españoles a opinar sobre una cuestión que atañe a todos con total impunidad, mientras el gobierno español miraba de reojo, si no con taimada complicidad. Como argumenté en mi artículo “Crece la tensión en Cataluña” (Expansión, 27 octubre 2014), el objetivo de la consulta era brindar a Mas la oportunidad de rehacer su imagen, muy dañada por los casos Pujol y Palau-CDC, y explorar la posibilidad de crear una plataforma electoral personalista para dejar fuera de juego a Junqueras y ERC. En caso de no lograr su objetivo de encabezar una lista única de ‘país’, a Mas le quedaría todavía la baza de aceptar la oferta de Iceta (PSC) para acabar la legislatura e iniciar una negociación con el gobierno español. Más allá de las discutibles cifras de participación, el 9-N constituye el éxito personal que Mas buscaba.
Mas y Fernández (CUP) se funden en un abrazo para celebrar el éxito de la consulta-farsa
Lo que está en juego
Dentro de pocas semanas celebraremos el trigésimo sexto aniversario de la entrada en vigor de de la Constitución de 1978. Imperfecta e insatisfactoria para casi todos, la Constitución ha propiciado el período más largo de estabilidad democrática y prosperidad económica de España y ha permitido nuestra incorporación a la UE, una entidad supranacional también imperfecta e insatisfactoria que los europeos levantaron sobre las ruinas y los rescoldos en que los nacionalismos desaforados sumieron a Europa en la primera mitad del siglo XX. Hemos cumplido, en un espacio de tiempo muy breve, viejos sueños que algunos españoles ilustrados abrigaron durante los tres últimos tres siglos y que los contemporáneos veíamos muy lejanos cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco entre loor de multitudes.
Mas con la bandera y los líderes de los partidos nacional-independentistas
Pues bien, el gobierno de Cataluña que preside Mas y la mayoría de los cargos electos de los cinco partidos que han apoyado la consulta-farsa han decidido romper el pacto constitucional poniendo en riesgo laestabilidad democrática y la prosperidad económica alcanzadas con tanto esfuerzo. Decía Javier Marías hace unas semanas que “si yo fuera catalán estaría aterrado” ante la perspectiva de que en una Cataluña independiente se alternaran gobiernos de CiU, un partido “con todas las trazas de ser tan corrupto como el que más en España”, y ERC un partido que “además de calamitoso, frívolo y aventado, parece tener una dificultad congénita para entender la pluralidad y la democracia, así como una nula idea de cómo gobernar”. Lo estoy.
Lecciones del 9-N
Mas, exultante, anuncia los resultados de la consulta-farsa la noche del 9-N
La lección más inmediata que debería extraer el gobierno español de lo sucedido en Cataluña desde finales de 2011 hasta el 9-N es que Mas ha dejado de ser un interlocutor válido. Mientras preparaba su consulta ilegal y fratricida, el (todavía) President anunció que piensa enviar una carta a Rajoy pasado el 9-N para pedir la celebración de un “referéndum definitivo” y tratar otros asuntos encallados desde hace meses. ¡Hace falta tener cara dura! Mas no es sólo un político desleal, mendaz y corrupto sino uno de los principales enemigos de las instituciones centrales del Estado (ICE) que pretende, como ha declarado en repetidas ocasiones, subvertir con astucia. Rajoy, su gobierno y la mayoría parlamentaria de que dispone tienen que demostrar con hechos que están del lado de los catalanes y el resto de españoles que defendemos la Constitución y el Estatut –dos textos susceptibles, ¡cómo no!, de ser reformados–, y respetamos las decisiones de los tribunales, y hacerlo sin ceder un centímetro ante quienes pretenden hurtar a la mayoría de los españoles su derecho a expresarse sobre una cuestión, la independencia de Cataluña, que afecta a todos. Firmeza, repito, ante unos políticos que ya han manifestado su intención de dar, en caso de no plegarse a sus exigencias, un golpe de Estado, porque así hay que calificar la declaración unilateral de independencia que Mas no descarta hacer y por la que ERC y la CUP abiertamente abogan.
Junqueras ha pasado de futuro President a presidente de mesa en Molins de Rei (o de la República), ciudad de la que es alcalde
Mossos d’Esquadra entrando a registrar el Palau de la Musica, caso Palau-Convergencia Democràtica de Catalunya
El gobierno, la oposición y las Cortes, en tanto que representantes de todos los españoles, tendrían que preguntarse por qué hemos llegado a una situación crítica que nos retrotrae a los convulsos tiempos de la Segunda República, caracterizados por la permanente conflictividad entre la Generalitat y las ICE y el desacato de aquélla a las sentencias de los tribunales. Mi respuesta sobre la que les invito a reflexionar se resume en tres palabras: dejación de funciones. El último ejemplo nos lo habrindado la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) cuyos mandos, ante el requerimiento de la Fiscalía de identificar “a la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes” del 9-N, “aseguraron que no identificarán a quienes abran los institutos”.
El vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC
Las ICE se han desentendido durante 34 años de lo que ocurría en Cataluña y han dejado en manos de partidos de ámbito estrictamente catalán (CDC, UDC, ICV-EUiA y PSC) la administración de una de las Comunidades más ricas de España. Los gobiernos de la Generalitat han ido erigiendo paso a paso un estado dentro del Estado y el gobierno español ha aceptado que la lengua materna del 58,7 % de los catalanes se excluya como lengua vehicular en la enseñanza y los medios de comunicación públicos en Cataluña, o que españoles residentes en Andalucía o Galicia, por razón de la lengua en que se expresan, no puedan acceder a empleos en las administraciones catalanas ni participar en concursos para seleccionar el profesorado de la Universidad de Barcelona. Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no reclamar, ahora que estamos en la UE y ya no dependemos exclusivamente del mercado nacional, las competencias fiscales, la administración de justicia,… y, puestos a pedir, por qué no la independencia? Ésta es la lógica que hay detrás de las vergonzosas campañas de intoxicación patrocinadas por el gobierno catalán.
Montilla con Pujol y Benach en la manifestación contra organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional
El mal ya está hecho y deshacerlo exigirá una hoja de ruta clara, firmeza y tenacidad. Aquí sólo puedo esbozar algunas ideas para empezar a reconducir la situación. La primera es evitar la tentación de hacer nuevas concesiones a la Generalitat para apaciguar momentáneamente la situación, porque sólo servirían para agravarla unos meses después. Lo que el gobierno español tiene que hacer es asegurarse que todos los españoles reciben la misma financiación con independencia de la Comunidad Autónoma donde residen y adoptar las medidas necesarias (incluidas las financieras) para obligar a la Generalitat a cumplir las leyes vigentes y acatar las sentencias de los tribunales. En particular, el gobierno ha de garantizar el uso del catalán y el castellano como lenguas vehiculares y el acceso a los empleos públicos de todos los españoles en condiciones de igualdad en Cataluña. Por último, el gobierno tendría que priorizar la construcción del corredor central para asegurar las comunicaciones con Francia y desactivar cualquier intento de chantaje, que lo habrá.
Rajoy en su despacho el 9-N. ¿Consul qué?
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ResponderEliminar¿Qué le queda hacer al Gobierno? Mas le dice a Oriol que esas conversaciones secretas estaban rotas desde hace tres meses.
Resulta que en el gobierno eran tan secretas esas reuniones que solo lo sabía Soraya, para asombro del resto de miembros del gobierno y del propio PP. Y con ese criterio el gobierno se quedaba tranquilo “el pasteleo” seguía adelante y les dejarían hacer la pantomima pues no iba intervenir ningún miembro de gobierno catalán. Mas nunca escondió lo que iba hacer en todos medios públicos lo decía ¿a quién iba a pillar por sorpresa? si bien ahora dicen en el gobierno que “les han traicionado? ¿Y no es lo que han hecho siempre los nacionalistas? traicionar la legalidad vigente.
Veremos cómo queda esa imputación promovida por la fiscalía, pero ¿puede un Presidente estando imputado por un delito penal seguir como Presidente de una comunidad? La imputación se queda corta, falta la de sedición Art. 544 que son reos de sedición «los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, (¿es o no es, estar fuera de las vías legales el hecho producido?) la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Y es evidente han utilizado “fuera de las vías legales” e incumplir las dos sentencias de TC.
Al gobierno, hoy, solo le queda suspender la autonomía catalana en aplicación del 155 de la prostituida Constitución, pero si eso hicieran que partidos en el Senado ¿la aprobarían, los demás partidos de los que se sientan en el Congreso? ¿Cuántos? O ¿dejarían solo al PP?