Si empiezo este artículo diciendo
que lo que se vive en Cataluña es cualquier cosa menos un régimen democrático
no estoy exagerando. Hay sobradas pruebas de la veracidad de la proposición
anterior. Y cada vez más intensas en lo últimos tiempos, para desgracia del
orden público ciudadano. Uno de los mantras
del independentismo es lo democrático que resulta el referéndum que proponen. Y
tienen razón pues el sufragio es necesario en una democracia pero no es
condición suficiente para configurarla. La democracia depende de más factores.
Además, sus maneras y sus medios no son para nada democráticos. Es más, el
objetivo que persiguen y sus formas lo único que están consiguiendo es la
transgresión de las demás ideas que conforman la democracia.
Para empezar, la democracia tiene
como condición necesaria un respeto máximo y escrupuloso del estado de derecho,
máxime cuando este ha sido consensuado y ha contado con la refrendación de la
ciudadanía. En una democracia real el Estado ha de ser imparcial y no debe
tomar partido en movimientos y estrategias que persiguen romper el marco legal.
La Generalidad de Cataluña lleva mucho tiempo sin cumplir esta premisa, como
puede comprobarse por la numerosas intervenciones de Mas, Homs y otros en ese
sentido. Además, no hay nada más pernicioso que la ley vulnerada por el propio
Estado, que es lo que hace la Generalidad cuando no acata las sentencias
judiciales que le son adversas –como algunas referentes a la inmersión- o como
cuando pretende arrogarse competencias que no tiene asignadas como la
expedición de identificaciones personales o el establecimiento de un servicio
de inteligencia. Tampoco da pruebas de respeto a la legalidad que los
representantes de la Generalidad salgan en tropel a decir que ellos no
aplicarán una ley que rige en toda España simplemente porque no les gusta.
En una democracia real el Estado
nunca señalaría directa o indirectamente a partidos e individuos por sus ideas
democráticas y se dedicaría a confeccionar listas negras, como ha intentado el
CAC –organismo dependiente de la Generalidad- en unos de sus informes recientes.
O como intentó la propia Generalidad a partir del listado de adhesiones al
proceso soberanista que pretendió iniciar hace unos meses. Esto vulnera la
libertad de expresión y asociación. Y más aún cuando los partidos, movimientos
e individuos señalados se mueven en el plano de una idea completamente
respetuosa con la libertad ajena.
En una democracia real, si bien
se hace la voluntad de la mayoría ésta ha de tener un respeto excelso por las
minorías. No es el caso de la Generalidad de Cataluña. Bajo la suposición que
el proceso soberanista es mayoritario –que es mucho suponer- en Cataluña el
espacio para la disidencia empieza a escasear y se está volviendo incómodo.
Todo esto alentado por los medios de comunicación públicos –de ellos hablaremos
a continuación- y los concertados. Por no hablar de las pretendidamente
privadas organizaciones políticas y culturales que manejan los designios de
esta comunidad sin haber ganado unas elecciones. Estas organizaciones
sobreviven gracias al erario público, dicho sea de paso, lo que nos remite a lo
ya escrito sobre la imparcialidad de la administración pública.
En una democracia real los medios
de comunicación públicos –cuestión a parte es si han de existir o no medios de
comunicación públicos- deberían de ser una amalgama representativa de la
ciudadanía, tanto a nivel político como cultural o social. No es el caso de TV3
ni de las numerosas radios públicas que hemos de mantener ya que no paran de
darse los episodios de desprecio desde esos medios a los que no somos
soberanistas. Todo con el beneplácito de la Generalidad, lo que nos vuelve a
enviar al punto de la imparcialidad.
En una democracia real el
ciudadano ha de ser igual en derechos y obligaciones en relación con sus
semejantes y ha de gozar de protección jurídica y personal. Es decir, a
igualdad de perjuicio a un ciudadano cualquiera los responsables han de tener
igual pena y condena pública. Sigue sin ser el caso de la Generalidad. Esta
administración y todo su brazo informativo –público y concertado- montaron en
cólera y con razón a raíz del deleznable episodio de la librería Blanquerna en
Madrid. En cambio, la ocupación por la fuerza de la sede barcelonesa de UPyD no
debió de ser lo suficientemente grave como para mostrar siquiera consideración
alguna para con los afectados. Lo mismo debió de parecerles a los Mossos pues
solo practicaron identificaciones y ninguna detención de los ocupantes. Este
punto les hace incumplir tres premisas: la del estado de derecho
–inviolabilidad del domicilio, respeto a la propiedad privada, etc.-; la de la
seguridad jurídica y personal –ausencia de detenciones- y la de la manifiesta
parcialidad del silencio de la Generalidad.
En una democracia real el dinero público es sagrado. Y su uso
ha de ser no partidista. Una administración pública no puede sufragar un
simposio repleto de falsedades históricas que lo único que hace es enardecer y
expandir el odio hacia España. Jaume Sobrequés y Josep Fontana pueden pensar
como quieran y decir lo que quieran que para eso existe la libertad de
expresión. Pero con su dinero, por favor. Es inaudito que la Generalidad
financie un acto presentado por dos individuos que pese a su formación ya no se
dedican al estudio de la Historia sino a la exaltación patriótica sin base
alguna. El primero, lo único que ha hecho ha sido arrimarse al poder. El
segundo tuvo la desfachatez de publicar en la prensa concertada que el Partido
Popular esta inmerso en una deriva nazi. O que la independencia solo se
conseguiría con una guerra. Todo esto fue pasado por alto por el CAC cuando se
decidió a perseguir la banalización del mal y las comparaciones con el nazismo
que, según siempre ese organismo, algunos tertulianos y opinadores han hecho en
relación con el soberanismo. El colmo del cinismo. Lo mismo se puede decir de
cierto programa de TV3 que ha hecho más de un sketch banalizando el nazismo.
¿Dónde queda la igualdad de derechos y obligaciones?
También ha de ser transparente la
gestión de la propiedad pública. En la reciente boda de Mittal se han usado
algunos equipamientos públicos con finalidades privadas. Se nos dice que esto
ha dejado beneficios en dichos equipamientos. ¿Cuáles?¿Cuánto dinero? En una
democracia real, o en una democracia que se precia de ser mejor que la del
resto de España, al día siguiente habría colgado un informe económico en
lenguaje fácilmente entendible para la ciudadanía donde se detallasen los
gastos y los ingresos derivados de esa actividad extraordinaria. No ha sido
así. Y ojalá me equivoque pero no tendremos acceso a dicho informe.
Es por todo esto que he empezado
el artículo como lo he empezado. El que acusa lleva el peso de la prueba. Pues
eso he hecho, aportar pruebas y datos de la realidad catalana. Una realidad no
basada en la democracia sino en la ilusión de su existencia. No están todos los
que son pero son todos los que están. Lo realmente triste es que esta lista esté
incompleta porque significa que el pisoteo de la democracia en Cataluña es
mucho más intenso de los que esta relación de agravios muestra. La democracia
no admite apellidos. Si los admitiese, no sería democracia. Sería otra cosa. Un
émulo falsario y farsante. Quizá una ilusión que pudiera aplacar a la
ciudadanía, convertida en pueblo. Lo conseguiría, pero no en todos y no por
siempre. Alguno hemos decidido que teníamos suficiente y hemos empezado a no
callar. Debemos hablar alto y claro. Que los indolentes abandonen ese estado.
Que abran los ojos y vean que lo que se les promete no es más que humo. Que no
pueden decidir por el simple hecho de que no cuentan con toda la información. Y
no cuentan con ella porque es sistemáticamente ocultada o disimulada. ¿Alguien
cree que mejorarán las condiciones democráticas de Cataluña cuando ostenten el
poder total y general? No entiendo esa lógica. La lógica que hace pensar a
algunos que si con responsabilidades parciales la situación es objetivamente
nefasta los mismos lo mejorarán todo cuando estemos bajo su dominio. Incurrirán
en su postura todavía más pues en ese punto sabrán que sus actos no han de
tener consecuencias en estamentos superiores.
Joan Vilaplana i Martí
hola, ja heu perdut
ResponderEliminarLamentable
ResponderEliminarlo siento HRubesch, lo q ha perdido es la democracia, y quien queda con el culo al aire es la Generalitat q no es una administracion pública al servicio de todos sino de parte. Por lo demas, los q no somos nacionalistas no hemos perdido nada, sólo hemos descubierto q la defensa de nuestra ciudadania española no la podemos dejar en manos sólo del Estado y la ley, porque los secesionistas os lo pasais por el forro, sino q la debemos defender en el campo de las ideas y de la calle...q ya esta empezando a dejar de ser sólo vuestra. Perdereis vosotros porque lo q pretendéis ni es viable, ni va con los tiempos de europa, y va contra la historia, la cultura y las vivencias compartidas de la mayoría de los catalanes.
ResponderEliminar