Mayorías de plastilina para una secesión

2014-12-18T09:05:00.000+01:00

Javier Soria

1. La cuestión de las mayorías

Después de la conferencia de Artur Mas y su pretendida hoja de ruta, son ya varios los analistas que se han fijado en la cuestión de la mayoría requerida para culminar su pretendido plan secesionista, como Víctor Lapuente, Rafael Arenas, Jordi Carrillo, Carles Pastor o Francisco Morente.

Se trata del típico asunto que el secesionismo evita afrontar en profundidad y posterga para un dudoso futuro, mientras distrae la atención con elecciones plebiscitarias y listas únicas. Conocemos los mágicos beneficios de la secesión en todas sus vertientes, con toneladas de artículos, libros y documentación diversa para avalarla. Sin embargo, cuando se trata de definir un supuesto referéndum, sus bases y las mayorías legitimadoras para una hipotética independencia, esta información resulta escasa. Tanto hablar de referéndum y del deseo de votar, pero la cortedad argumental es palmaria, hasta el punto de que es un tema que uno diría que casi ni se plantea.

Hagan una prueba: pregunten sobre las ventajas económicas de la independencia y pregunten por la mayoría necesaria para declarar la independencia. Mientras que tratarán de arrollarnos con respuestas a la primera pregunta, en cambio con la segunda las vacilaciones serán evidentes: ¿una mayoría excepcional?, ¿una mayoría clara?, ¿mayoría absoluta en el Parlamento?, ¿mayoría simple de los votantes de un hipotético referéndum?, ¿mayoría reforzada?, ¿mayoría absoluta del censo electoral? Muchos interrogantes y pocas respuestas para una cuestión fundamental.

Por este motivo, entre otros, uno piensa que la confianza en la existencia de una mayoría social, término usado por el secesionismo, es poca y se prefiere rebajar al máximo los requisitos exigibles para alcanzar una hipotética independencia. En este artículo se comentará el tránsito desde la amplia mayoría social con la que se dice contar hasta la disminución rampante del peso de las mayorías que se exigiría para una declaración de independencia, todo ello de forma abiertamente contradictoria con los mensajes lanzados en los últimos años.

2. El cambiante concepto de la mayoría.

Efectivamente, y a raíz de la conferencia de Artur Mas, se abre paso un discurso, y sus correspondientes cábalas, conforme al cual únicamente sería precisa la mayoría absoluta, sesenta y ocho, de los Diputados del Parlamento de Cataluña para iniciar el camino hacia la definitiva independencia.

Da lo mismo, según se deduce de estas tesis, que el peso de cada voto sea distinto según la provincia de que se trate, rompiendo por completo la igualdad entre votantes y el clásico principio de una persona, un voto, o que el mismo Estatuto de Cataluña requiera dos tercios de los votos parlamentarios para su reforma.

Si recordamos, en el año 2012 Artur Mas pedía una «mayoría excepcional». En 2013, la Declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña perseguía que el pronunciamiento resultante del ejercicio del inexistente derecho a decidir fuera «la expresión mayoritaria de la voluntad popular». Antes ya he mencionado concepto de «amplia mayoría social», usado por la influyente ANC, por no mencionar las constantes apelaciones al pueblo de Cataluña. Esto configura un conjunto en que un observador objetivo afirmaría que, como mínimo, se apela a una mayoría abrumadora de los ciudadanos catalanes con derechos políticos, es decir, de aquellos que tienen más de dieciocho años y que forman el censo electoral. Este es el ambiente con el que llevamos conviviendo en los dos últimos años, dando a entender que el apoyo a la secesión es de una magnitud insuperable. Pues se ve que no es así y por eso han llegado las rebajas con el argumento de la mayoría absoluta parlamentaria.

El secesionismo se ha creado su propia vía de escape, ya que ahora tiene la fuerte sospecha de que no reúne esa amplia mayoría social y ha variado su discurso: considera suficiente una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, y si hubiera un referéndum, una mayoría simple de los votos válidos emitidos. La contradicción con el supuesto apoyo que se ha pregonado hasta la fecha es indiscutible.

Son pocos los documentos de un cierto alcance nivel jurídico y político que han analizado la cuestión, si lo comparamos con los que argumentan las hipotéticas ventajas económicas de la secesión. Esto ya nos tendría que poner en alerta, porque demuestra, como apuntaba al principio, poco interés en aclarar los términos de debate sobre una materia que sería, nada más y nada menos, fundamental para determinar si existe o no la voluntad de secesión. Es evidente que cuanto menos se hable del tema y menos se concrete, con más facilidad se pueden difundir mensajes. Si no dices qué entiendes por amplia mayoría social, el día que tengas que usarlo -si es que se llega a ese punto- podrás mantener lo que quieras.

3. El secesionismo y la mayoría... simple.

En la vertiente jurídica y política, con el primer informe del CATN en julio de 2013 empezaron las rebajas y se consideró que, en caso de referéndum, no eran exigibles ni mínimos de participación, ni una mayoría reforzada, de modo que con la mayoría simple de los votos emitidos sería suficiente para estimar como ganadora la opción de la independencia. O sea, que las mayorías excepcionales, mayorías sociales y la voluntad de todo un pueblo se limitan a la mayoría simple. La justificación básica consiste en argumentar que con la exigencia de mayorías reforzadas se crea una asimetría, ya que se le impondría un mayor esfuerzo al SÍ. Por lo visto, el hecho de que el triunfo del SÍ sea irreversible -mientras que en caso de victoria del NO, siempre se puede volver a solicitar otro referéndum indefinidamente- no es asimétrico. Es cierto que la base de la opinión del CATN se fundamentaba en los criterios del Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia. Ahora bien, ¿este concreto criterio sería aplicable para un referéndum de secesión? A mí me parece que no necesariamente, más que nada porque un referéndum de secesión carece de comparación posible con decisiones llamémoslas ordinarias (como el ingreso en la OTAN), aunque resulten de especial trascendencia. Nada menos que la decisión de romper un Estado. Obviamente, todo es discutible y opinable, aunque lo que me interesa es constatar que cuando se traslada la «amplia mayoría social» a quórums de votación y verificación de apoyos, el criterio se relaja enormemente. Se dice una cosa y se quiere hacer otra.

Concretamente, y sobre la formación del Parlamento, el CATN analizaba la cuestión en el apartado de las elecciones plebiscitarias y la eventual declaración unilateral de independencia. En resumen, se indica que en función de los resultados electorales se podría llevar a cabo esa declaración con mayoría simple o el de la mayoría absoluta, según los criterios expuestos para el referéndum. Como se ha explicado, en caso de referéndum se considera suficiente la mayoría simple, así que esta línea consideraría posible una declaración unilateral de independencia pese a que el apoyo real a la misma fuera bastante inferior al de la ya consabida amplia mayoría social.

También defienden la mayoría simple Carles Boix (miembro del CATN), o Joan Ridao en su libro «El derecho a decidir», quien incluso señala que en caso de elecciones plebiscitariasel correspondiente pronunciamiento sobre la independencia podría ser acordado, también, por mayoría simple.

Estas posturas son legítimas, pero discordantes con el relato construido de la amplia mayoría social. ¿Acaso provoca vértigo demostrar que se cuenta con el apoyo, por ejemplo, de la mitad más uno de todo el censo electoral?

4. ¿Escocia? ¿Quebec?

Ante observaciones como las que formulo, una respuesta habitual es la de recurrir a los ejemplos de Escocia -donde, efectivamente, el criterio fue el de la mayoría simple- o Quebec, frente a lo que cabe oponer varias consideraciones:

La primera y fundamental, que ya sería hora de que el secesionismo fuera capaz de articular una propuesta propia, seria, completa y concreta de su pretendido referéndum y la legitimidad democrática a la que tan a menudo alude. Afronten claramente un aspecto de tanta trascendencia como el apoyo imprescindible, parlamentario, social y electoral, para una secesión. No está de más recordar que ni siquiera el Decreto de convocatoria del 9N incluía criterio alguno de interpretación para determinar qué opción se consideraría ganadora, ni qué porcentaje de voto necesitaría.

La segunda, y ya que resulta inevitable referirse a Escocia y su criterio de mayoría simple, que vale la pena recordar la opinión de Jean Chrétien, Primer Ministro canadiense en 1995, quien manifestó sobre el referéndum de Escocia que la regla de la mayoría simple establecía un camino «demasiado fácil». Por eso es exigible al secesionismo que se defina y que se someta a la sana crítica, algo con lo que no suele mezclar bien.

La tercera, y por acabar con Quebec, también sabemos que el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que la voluntad de secesión requería ser verificada por una «mayoría clara», concepto posteriormente reflejado en la Ley de Claridad, dejándose su cuantificación a aquello que políticamente se determinara. ¿Qué entiende el independentismo por mayoría clara? ¿Asume ese concepto o no? Contamos por años el monotema de la secesión y todavía no se ha fijado una postura más allá de pronunciamientos individuales.

5. Mayoría absoluta del censo electoral, mayorías reforzadas y un baño de realismo.

Uno de los criterios posibles en un hipotético referéndum, del mismo modo que pueden existir otros fijados tras el pertinente debate, es el de la mayoría absoluta del censo electoral, opción que ha sido formulada por especialistas como Joaquín Tornos Mas («¿Existe el derecho a decidir?», p.334) o José María Ruiz Soroa. No creo que fuera demasiado difícil encontrar a otros expertos dispuestos a considerar, ante un indeseable referéndum, que la exigencia de la mayoría del censo electoral es un punto de partida razonable a partir del cual fijar el requisito definitivo. Tan opinable como se quiera, aunque incontestable de raíz: si se trata de aplicar el principio democrático y de verificar la voluntad del pueblo, dos conceptos alegados, nada más indiscutible que la mitad más uno del censo electoral.

Como podría afirmarse que los anteriores dos autores se han mostrado proclives a una solución federal o, de una forma u otra, hasta en contra de la secesión, recurriré a juristas significados activamente a favor de la secesión, con la particularidad de que sus escritos no se hallan condicionados por la inminencia de un referéndum.

Alfons López Tena abogaba en un artículo del año 2010 por una mayoría social, política y electoral, que llegaba a concretar en una mayoría del censo electoral. Por su parte, Hèctor López Bofill, en un artículo doctrinal también de 2010 -en que el referéndum escocés ni siquiera se vislumbraba- aludía al hecho de que los «estándares internacionales»para el caso de la secesión apuntaban a la exigencia de criterios reforzados que, en el caso de suscitarse para Cataluña, probablemente le serían exigidos. Lo que demuestran estos artículos -y al margen del transcurso de 4 años desde su elaboración, en que puede haber variado la postura de sus autores- es que cuando las propuestas o los análisis se realizan desde perspectivas coherentes, los resultados también lo son. Y que cuando no se buscan atajos o fórmulas para escapar a la propia retórica, se reconoce como lo más plausible para una secesión establecer criterios que aseguren la estabilidad de una decisión de tamaña envergadura.

Como estas opiniones pueden ser tachadas de antiguas y pueden haber sufrido variaciones o matizaciones, aún citaré dos más que, de una forma u otra, abundan en líneas parecidas, con carácter más reciente:

Dolors Feliu, jurista reconocida y Abogada de la Generalitat, en su libro «Manual per la independència» (p.238) reconoce que una declaración unilateral de independencia con el soporte de 74 diputados (la actual suma de CiU, ERC y CUP), o con una diferencia de 100.000 votos entre partidos favorables y contrarios a la independencia, no contaría con garantías suficientes de ser reconocida internacionalmente. Admite, pues, que la vía de unas elecciones de carácter plebiscitario requeriría un apoyo incontestable, muy distinto al que últimamente se propugna. En términos literales, dice (p.170): “Cataluña tiene que convencer a los Estados miembros de la Unión Europea, y al resto del mundo, de que la población catalana se ha expresado claramente, legítimamente y muy mayoritariamente en un proceso democrático a favor de la independencia”.

Incluso, apartándonos de la vertiente estrictamente jurídica o técnica, Jaume Barberà, periodista claramente significado por la independencia, quien en su libro «9N 2014» explica que, de las conversaciones mantenidas con diplomáticos y conocedores de la comunidad internacional, él extrae la conclusión de que como mínimo se requeriría una participación del setenta por ciento y un grado de apoyo más cercano al sesenta por ciento que al cincuenta. Incluso él mismo se pregunta si sería aceptable una declaración unilateral de independencia sin el apoyo de dos tercios del Parlamento y, quizás, ni siquiera el cincuenta por ciento de los votos emitidos.

No es que yo vaya a defender ahora que, como estas personas han teorizado sobre líneas parecidas a aquellas con las que estaría más de acuerdo, deba adoptarse su opinión. Lo que me interesa recalcar es que, cuando nos alejamos de la inmediatez y del tacticismo interesado, resulta mucho más probable encontrar análisis y reflexiones desde el mismo independentismo que admiten lo complejo de la formación de la mayoría necesaria y la determinación de sus lindares.

Justo lo contrario de lo que, nuevamente, se quiere hacer creer.

6. Conclusión.

Si se desea un referéndum de secesión -y aquí prescindo de los variados motivos que se pueden oponer a esa votación- lo primero que uno exige es coherencia y honestidad. El discurso del secesionismo se ha basado hasta fechas recientes en la pretendida existencia de una voluntad muy mayoritaria en la sociedad catalana. Sin embargo, en este artículo se ha visto cómo se ha pasado de una amplia mayoría social a una ajustada mayoría absoluta en el Parlamento, con las enormes diferencias cuantitativas y cualitativas que supone. Asistimos a una nueva manipulación del lenguaje y los conceptos: se mantiene la palabra mágica mayoría, se prescinde de la idea inicial, que implicaba el cumplimiento de unos requisitos exigentes, y se difunde otra en sustitución que tiene unos requerimientos de apoyo muy inferiores.

Cuando se toma algo de distancia con la celeridad del proceso y los resultados concretos que se desean obtener, hasta las tesis de personas favorables a la ruptura -todas las citadas tienen, en mayor o menor grado, una indudable proyección intelectual y pública- conducen a reconocer que, frente a una secesión, los criterios reclamables para declararla son superiores a los de una decisión ordinaria.

Si de lo que se trata es de indagar la voluntad de la amplia mayoría social de los catalanes, ¿no parece lógico que se verifique exigiendo, quizás como mínimo, la mayoría absoluta del censo electoral? ¿O unas mayorías reforzadas? Si de lo que se trata es de aplicar el principio democráticoparece normal exigir, en tanto que aplicación de la regla de la mayoría, que ello cristalice en algún tipo de mayoría más o menos indiscutible. Según un viejo principio del Derecho procesal, corresponde la carga de la prueba a quien afirma, no a quien niega. Como parece que quien afirma no está en disposición de probar lo que dice (amplia mayoría social), rebaja los requisitos y pretende que creamos que es lo mismo (mayoría absoluta parlamentaria).

Sorprende, y nótese la ironía, que los campeones de la radicalidad democrática no se definan, o asuman como suficiente un quórum de apoyo que se contradice con todo su discurso de los últimos años. ¿No habíamos quedado en que el camino de la independencia es un sentimiento de todo el pueblo catalán? ¿No existía una voluntad mayoritaria imparable de toda la sociedad? ¿Por qué, entonces, esa rebaja en la exigencia de apoyo del cuerpo electoral?

Se quiere fundar un nuevo Estado y sus mismos promotores están dispuestos a descartar que la mitad más uno de sus ciudadanos presten su consentimiento, aunque al principio parecía que eso era lo que decían. El secesionismo, de manera evidente, construye mayorías modelables como la plastilina según su interés, hasta el punto de que al final resultará más complicado adoptar según qué acuerdos en una comunidad de propietarios que alcanzar una secesión.

Barcelona, cocapital de España: dieciséis razones y tres escollos

2014-12-16T08:53:00.000+01:00

Ángel Puertas

Muchas son las razones por las que creo, no solo conveniente, sino necesario que Barcelona sea cocapital de España.

La cabeza es el órgano rector del Estado. En ella residen las élites políticas, mediáticas, intelectuales y económicas de un país. Madrid comenzó con mal pie su capitalidad. Sin ser una ciudad menor carecía de los atributos que sus competidoras exhibían. No acogía ni universidad, ni arzobispado, ni linajudos blasones aristocráticos, ni extensa vega, ni el recuerdo de gestas pasadas… Por todo ello, por carecer de poderes eclesiásticos y señoriales que hicieran sombra u ocasionaran trastornos a la autoridad real, fue escogida por Felipe II; el rey laborioso pudo así dedicar su tiempo a las tareas de despacho sin que le inquietaran los enfrentamientos de los poderes locales. Otras ventajas fueron valoradas: población y caserío considerable –en torno a 30.000 almas-, situación geográfica central que permitía la rápida recepción de noticias procedentes de todas las esquinas del reino y de los puertos, recursos forestales para calentar a una gruesa ciudad, calidad y abundancia de las aguas –relevante en una época en la que tantas epidemias eran consecuencia del pésimo abastecimiento-, y riqueza cinegética –interesante para unos reyes aficionados a la caza-.

Sin embargo nació con el sambenito de pueblecito al que le tocó la lotería de convertirse en capital. Durante siglos muchos españoles no han aceptado que una ciudad en mitad de la árida llanura castellana sea la capital.

Siendo España el resultado del enlace de dos reinos lo más prudente hubiera sido crear dos capitales, una en Castilla y otra en Aragón. El decadente cuerpo aragonés tenía por cabeza a Cataluña. Con la unión, ésta pasó a ser un brazo anémico del cuerpo español, cuya cabeza recayó en Castilla. Dura caída para el orgullo local.

En la corona de Castilla (España occidental) se ha tendido históricamente a desconfiar de las inmunidades regionales. Mientras gallegos, castellanos o andaluces debían acudir en socorro de Fuenterrabía o Irún, los vascos no asistían a la defensa de las otras provincias. Mientras los cargos peninsulares y coloniales estaban abiertos para los hijos de las clases medias de toda la corona, los vascos no contribuían en igual medida a la hacienda real. Y semejantes quejas se prodigaban –durante los Austrias- respecto de la corona de Aragón. En la España occidental el concepto “leyes regionales” equivalía a exenciones que doblaban aún más las cargas que recaían sobre los hombros castellanos. De ahí la secular desconfianza hacia modelos territoriales descentralizados. Y la capital española reside en esa parte occidental de España en la que sus habitantes han mamado el recelo hacia el particularismo.

La capital se asienta en una ciudad insólita: nadie tiene un amigo o un familiar nacionalista; los partidos nacionalistas o regionalistas (Partido Castellano, Izquierda Castellana, Primero Madrid) no alcanzan allí el 1% de los sufragios.. Eso, que en toda Europa es una cualidad, se convierte en una limitación para comprender el fenómeno nacionalista en otras regiones de España. Y de la incomprensión a la torpeza no hay más que un pequeño paso.

Los hombres pensamos que lo próximo, aquello con lo que estamos familiarizados, no es propio, mientras que lo distante, lo que no conocemos, nos inquieta y nos es ajeno.

El nacionalismo siempre surge en lugares excéntricos, alejados del poder. En Italia, al norte (la Padania) y al sur (en Sicilia hubo un movimiento secesionista hasta la dictadura de Mussolini). En Francia, en las esquinas del hexágono (Bretaña, Córcega, País Vasco francés). En Bélgica, en sus polos (Valonia, pero más acentuadamente en Flandes). En el Reino Unido, al norte (Escocia). En Alemania, al sur (Baviera, donde hasta bien entrados los cincuenta un partido separatista obtenía la quinta parte de los votos y hoy no existe la CDU, sino el partido socialcristiano bávaro) ¿Por qué no hay particularismo en las regiones de Roma, París, Londres, Bruselas o Berlín? Porque la capitalidad es su mejor antídoto.

Pocos son los inconvenientes de que Barcelona sea cocapital de España y muchas sus ventajas. Desgranémoslas. Las hay de índole emotiva, estratégica y conceptual, algunas primordiales y otras secundarias, unas de fondo y otras coyunturales. Vamos por ellas.

1º.- Protagonismo. La capitalidad confiere relevancia a lo que en su seno se cuece y eso, para algunas personas, reporta un timbre de honor, tan inútil pero tan cierto como la alegría que experimentan tantos sujetos cuando un compatriota gana un torneo internacional. El protagonismo de un paisano llena de orgullo a sus vecinos. Con la capitalidad es toda la ciudad la que sube al podio. Esta es una de las razones de la antipatía que suelen suscitar las capitales entre muchos habitantes de ciudades postergadas (gijoneses contra Oviedo, cartageneros contra Murcia, vigueses contra Pontevedra… y catalanes contra Madrid). La otra es que la capital suele recibir inversiones singulares. La antipatía hacia Madrid-capital desfigura la simpatía por España. Por el peso demográfico, económico y cultural bien podría ser Barcelona cocapital de España, como antaño lo fue de la corona de Aragón. Ello no se traducirá en ninguna ventaja material para Cataluña, como no lo ha sido la capitalidad de Madrid para Castilla, pero es una muestra de atención hacia lo catalán, es elevarlo al podio.

2º- Incremento de la empatía con el poder central. La presencia de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, etc. en una ciudad implica la creación de una red de contactos en torno suyo. Ello supone un acercamiento de la élite intelectual, política y económica local con la nacional. Si un ministro de Justicia, con despacho en la calle Muntaner, deseara testar la reacción hacia una nueva ley de tasas judiciales, a buen seguro invitaría a comer al decano del colegio de abogados de Barcelona. Las “fuerzas vivas” de la localidad se sentirían próximas e influyentes ante el poder central. Y el roce hace cariño.

3.- Mejor conocimiento por las autoridades estatales de la realidad catalana y la sensibilidad e intenciones nacionalistas. Muchos errores estratégicos y dialécticos del Gobierno central son fruto de la torpeza derivada del desconocimiento directo de las ansias y tácticas del nacionalismo.

4º.- Incremento de la réplica a la propaganda nacionalista. En la política –como en tantas otras profesiones- hay individuos sin escrúpulos. Puesto en circulación un mensaje falso por un político ayuno de valores éticos muchos de sus correligionarios hacen de altavoces de buena fe, por puro mimetismo. Los discursos mendaces de un político de izquierda son rápidamente cuestionados por un contrincante de derechas, y viceversa. Por contra, las falacias del nacionalismo rara vez obtienen una réplica potente de quienes están en mejor posición para replicarlas con datos (los ministros). Los partidos nacionalistas desacreditan al Estado cuyas cabezas rectoras residen a seiscientos kilómetros, y por tanto desconocen los argumentos e, incluso, la existencia de esa denigración. Además muchas de esas manifestaciones se profieren en medios expresados en una lengua que desconocen. ¿Ejemplos? El inexistente tope del 4% en la Constitución alemana a las transferencias fiscales entre länders, la supuesta obligatoriedad emanada de la Disposición Adicional tercera del Estatut a invertir en infraestructuras por el Estado el mismo porcentaje que representa el PIB catalán en el PIB nacional, los 16.000 millones de déficit fiscal y tantas otras distorsiones no encuentran una contestación política desde las máximas instancias. A la postre a muchos catalanes no les queda otro remedio que dar por válido el único discurso que escuchan. Si cinco ministros y todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado vivieran en Barcelona la cosa cambiaría.

5º.- Mayor apertura de la intelectualidad. La capitalidad es un foco de atracción para creadores, pensadores y artistas de todo género. Un ministerio de cultura en Barcelona, junto con sus institutos nacionales, secretarías y direcciones generales de artes escénicas, cinematografía, archivos, museos, bibliotecas, propiedad intelectual, universidad, etc. arrastraría a infinidad de profesionales del mundo académico y empresarial. Sería un terreno más cosmopolita en el que no tendrían tanto éxito las prédicas nacionalistas. A la palestra intelectual subirían otros temas de debate y no solo los del sector militante del nacionalismo. A la larga una intelectualidad menos apegada a las “esencias” del terruño desplazaría la atención sobre el monotema y pondría en circulación anhelos y preocupaciones comunes a todos los españoles.

6º.- Incremento de la presencia de la prensa de ámbito nacional, prensa que los gobiernos autonómicos no podrían controlar. Pujol no movió un dedo para que las televisiones privadas, creadas a fines de los ochenta, se instalaran en Barcelona… y todas recalaron en Madrid. Un medio de comunicación cuya audiencia y clientela publicitaria es nacional es menos vulnerable a las presiones y añagazas locales, máxime cuando éstas tienen la deliberada intención de controlarlo (Véase al respecto el memorándum de 1990 del gobierno convergente publicado en El País y El Periódico el 28-10-1990). Un alcalde arbitrario puede lastimar de mil maneras a un pequeño comerciante de la ciudad, pero tiene muchas más dificultades de hacerlo con El Corte Inglés. Los medios nacionales instalados en Barcelona, por simple proximidad, tenderían a resaltar noticias catalanas y a criticar al gobierno de la Generalitat (como hacen los medios nacionales ubicados en Madrid respecto al gobierno autonómico madrileño), pero lo harían con una independencia económica de la que los exclusivamente catalanes carecen. Además, en una profesión en la que abunda la precariedad muchos periodistas tendrían una salida profesional cercana y desligada a los medios oficiales o subvencionados por la Generalitat; muchos periodistas que no simpatizan con la ideología dominante no se sentirían en la necesidad de ponerse de perfil ante el discurso del subvencionador de los medios privados y amo y señor de los públicos.

7º.- Creación de sinergias entre las centrales de los organismos sociales, sindicales o empresariales y su rama catalana. Si los ministerios de Trabajo y de Industria se trasladaran a Barcelona poco después lo harían también las cúpulas sindicales, empresariales y profesionales. Sería más complicado que la sectorial catalana mantuviera un discurso y una práctica contraria a la nacional en temas de interés común.

8º.- Aliento moral a los catalanes que se sienten abandonados por el Estado. Son muchos los que piensan que los partidos de ámbito español se despreocupan de la suerte de los catalanes que repudian el nacionalismo. La cocapitalidad en Barcelona levantaría la moral de millones de catalanes anti-secesionistas.

9º.- Desarticulación de las diatribas contra Madrid como metonimia de un Estado prepotente e ineficaz. “Madrid nos roba”, “hemos de llevar la voz de Cataluña a Madrid”, “Madrid nos va a escuchar”, “no tenemos por qué obedecer a un Tribunal de Madrid”, “la bota de Madrid oprime a Cataluña”… Imaginen que cinco ministerios y el Senado residieran en Barcelona y traten de sustituir en las frases anteriores la palabra “Madrid” por “Barcelona”. Inténtelo. Se desvela en toda su crudeza la irracionalidad de la fobia del nacionalismo contra el Estado y su síntesis, que es Madrid. El odio precisa de una diana sobre la que descargarse. Se puede satanizar lo distante, lo ignorado, pero es mucho más complicado hacerlo contra lo próximo, lo conocido. Podemos satirizar aquello cuya forma solo conocemos de manera imprecisa (la imprecisión facilita la distorsión y la exageración). Manchar el trono es infamar al rey. Si Barcelona fuera cocapital no podrían difamar al Estado sin tocar el prestigio de Barcelona. Los antiguos griegos sostenían que el mejor lugar para esconderse del enemigo era dentro de su propio cerebro.

10º.- Incorporación de la élite política y cultural catalana en la alta Administración del Estado y, por tanto, mayor dificultad para atacarlo. En Madrid existen sagas familiares en las que los hijos son profesor de universidad, subdirector general en un ministerio, gestor en el instituto nacional de arte dramático, responsable de una editorial, técnico en un órgano financiero estatal, etc. Familias como los Maragall, instaladas en los aledaños del poder, las hay en toda España. La diferencia reside que en las capitales de los Estados esos grupos participan en el organigrama del mismo. Si Barcelona fuera cocapital de España varios hijos o sobrinos de los Maragall ocuparían esos cargos en las instituciones estatales. Difícilmente el tío Ernest podría tratar como ajeno un Estado en el que trabaja como subdirector general un sobrino suyo. La imbricación sería tal que esos reducidos, pero influyentes sectores, raramente sentirían las instituciones con las que se codean como ajenas. Y aún más arduo sería que trabajaran para perder o fraccionar su área de influencia.

11º.- Realce de la visión catalana de España. El hombre tiende, por mera pereza o comodidad mental, a confundir la mayor parte de algo con el todo. Ese fenómeno pasa involuntariamente en la mayor parte de España y deliberadamente –por razones expresamente ideológicas- en Cataluña. “Castilla es España para los historiadores generales. Hablan siempre del pendón castellano, de los leones y las torres, de las glorias y libertades castellanas, y escriben muy satisfechos la historia de Castilla, creyendo escribir la de España. Es un grave error”, protestaba con razón Víctor Balaguer en 1867, creador, por cierto, de muchos de los infumables mitos históricos que llenan de opiáceo humo las cabezas de tantas personas sensatas. Una España en la que Verdaguer, Ramón Llull, Espriu o Pla sean desconocidos en el resto de España es vivida por muchos catalanes como una entidad ajena (e igual nos pasa aquí, que ignoramos la literatura en gallego o eusquera y, al paso que vamos, la castellana). Una España que no realce lo catalán con orgullo es una España coja. Si la cultura o la historia catalana son consideradas fuera de Cataluña como una simple manifestación parcial o singular de lo español, de valor exclusivamente local, si no son reivindicadas por el Estado como broches de las joyas hispánicas, se estará invitando a que el nacionalismo vea en ellas exclusivas exteriorizaciones del ser catalán, desprovistas de su nota de españolidad. Los comuneros de Castilla fueron reivindicados por la historiografía general como adalides de las libertades castellana, pero no ocurrió lo mismo con los austracistas de 1714 (salvo excepcionalmente por Azaña). El no sentirse reconocido fuera, cuando se anhela ese reconocimiento, es una invitación a reafirmarse perennemente hacia dentro y a descargar la inquina hacia el exterior. Tanto ha sido así que mientras el relato de los comuneros está hoy desideologizado en Castilla, el de los austracistas sigue tan enardecido (y distorsionado) como siempre. En un terreno más prosaico, si Televisión Española hace una serie histórica la protagonista es Isabel de Castilla, no Fernando de Aragón.

12º.- Impedimento para construir un mapa con dos realidades políticas separadas por el Ebro. Habitualmente el hombre no elabora pensamientos lógicamente concatenados. Nuestra actividad intelectiva es obra de una sucesión de imágenes, sonidos y sensaciones que impulsan nuestro pensamiento y nuestras emociones. Si pidiéramos a un grupo de personas que pensaran en un centímetro casi todos visualizarían en su imaginación un trocito de la cinta métrica que tienen en casa; pero eso no es un centímetro; un centímetro es la centésima parte de un metro, lo que a su vez es la diezmilésima parte del cuadrante terrestre, que es la distancia entre el polo y el ecuador. En la construcción de nuestras reflexiones acudimos inconscientemente a cientos de imágenes. Si a un nacionalista le pidiéramos que pensara en los conceptos Cataluña y España muy probablemente en su mente emergería un mapa de la Península Ibérica con un Ebro que separa dos realidades: al sur, España con su epicentro y gobierno en Madrid, y al norte, Cataluña con su Generalitat y esencia concentrada en Barcelona. Si Barcelona fuera cocapital de España ¿cómo poner una raya en el Ebro que separe dos realidades que tienen un mismo centro en Barcelona? ¿cómo concebir el pensamiento de que se trata de dos entes separados y enfrentados, cuando se evidencia geográficamente que son concéntricos? Para enfrentarse políticamente primero hay que mentalmente afrontarse, pero con una Barcelona cocapital sería muy dificultoso pensar en una frontera en el Ebro.

13º.- Satisfacción de un sector vagamente catalanista que vería colmada su sed de reconocimiento y protagonismo; soy consciente de que este argumento es secundario, pues el núcleo duro del nacionalismo siempre ha sido secesionista y no pretende convivir sino vencer; la mayor parte del nacionalismo no acepta que se cuestione su programa máximo y trata de imponerlo a los demás ciudadanos, a despecho de los sentimientos, derechos o intereses de los otros catalanes y del resto de españoles. Pero un sector minoritario del nacionalismo se sentiría levemente reconfortado.

14º.- Se arrebataría parcialmente la agenda política al nacionalismo. Cuando solo se habla de los proyectos nacionalistas se hace más necesario que nunca alzar propuestas alternativas que desactiven algunos de los motores del secesionismo. Una vez fuera Barcelona cocapital en el debate catalán las cuestiones de interés nacional se solaparían con las de exclusivo interés autonómico. Por nada del mundo CiU ha querido que las elecciones autonómicas coincidieran con unas municipales o generales, porque les privaría de la atención exclusiva. La cocapitalidad implica reducción del impacto mediático del debate nacionalista sobre las preocupaciones de los catalanes del común.

15º.- Mejor aplicación de las leyes estatales. Un gobernante puede aparentar que desconoce las negligencias o incumplimientos lejanos, puede autojustificar su indolencia o cobardía minimizando la desobediencia del subordinado, pero es muy difícil que haga la vista gorda ante las chapuzas o desacatos realizados ante su cara: su autoridad se resentiría muy gravemente a la vista de todos, su sentido de la dignidad quedaría hondamente lesionado. Un alcalde puede tolerar que se aparque en doble fila en un barrio periférico, pero de ninguna manera que se haga frente a la puerta del ayuntamiento. Es presumible que la cocapitalidad impulsaría al Gobierno central a estar más atento a los desplantes de una Administración local o autonómica que incumpliera la ley de banderas a veinte kilómetros del Senado o las sentencias sobre derechos lingüísticos a tres manzanas del ministerio de Educación, y a dotar de suficientes recursos humanos y materiales a la Delegación del Gobierno para hacer cumplir las leyes o a reformar éstas para garantizar su eficacia.

16º.- Conversión de Barcelona en escaparate internacional de toda España, como ya lo fue en las Olimpiadas del 92. Y tiene percha para tal función. Ello redundaría en beneficio de Barcelona, Cataluña y España.

Esta enumeración está incompleta si no nos referimos a los tres escollos que parcialmente entorpecen el logro de los objetivos señalados.

1º.- El coste económico del traslado de tantos ministerios y el Senado. Si dicho traslado fuera acompañado de la instalación de otras sedes del Estado a otras ciudades el gasto se compensaría, pues todas están sitas en las arterias más céntricas y caras de Madrid. Si el Tribunal Supremo se ubicara en Sevilla, el Banco de España en Valencia, el Tribunal Constitucional en La Coruña, el Consejo de Estado en Oviedo, el Consejo de Seguridad Nuclear en Cáceres, etc. la venta de los edificios madrileños compensaría la adquisición de otras instalaciones en las demás ciudades de España, y muy posiblemente el precio de la mudanza. Por otra parte, la secesión nos resultaría a todos extraordinariamente más onerosa.

2º.- El coste humano. El cambio de ubicación afectaría a miles de funcionarios. Caben dos contrarréplicas basadas en futuribles: primera, el coste humano sería incomensurablemente mayor si el nacionalismo lograra levantar una frontera y -como han anunciado la Cámara de Comercio de Estados Unidos y las asociaciones de empresarios alemanes y austriacos afincados en Cataluña- ello produjera una deslocalización masiva de empresas a otras comunidades, y segunda, es probable que la permuta de inmuebles madrileños por los de otras localidades arroje un beneficio económico que permita compensar al menos temporalmente a los funcionarios trasladados.

3º.- Que los sectores opuestos al nacionalismo interpreten la cocapitalidad como una muestra más de la nefasta estrategia del contentamiento. A la vista está que al nacionalismo, por su propia esencia ideológica y emocional, no se le puede satisfacer, sino solo adelgazar. Y la cocapitalidad reduce su espacio dialéctico, intelectivo, mediático y político. En los años ochenta Unidad Alavesa obtenía el 20% de los votos en dicha provincia. Aspiraba a separarla del País Vasco, y disponer de autonomía uniprovincial como Navarra o La Rioja. El PNV, no por casualidad, instaló la capital del País Vasco en Vitoria y en dos generaciones ha desaparecido el alavesismo. ¿Cómo criticar al “centralismo de Vitoria” desde la propia Álava? ¿Cómo cuestionar el “centralismo de Barcelona” desde Cataluña? Además el PNV cuidó que cada lehendakari procediera de una provincia (Garaikoetxea de Navarra, Ardanza de Guipúzcoa, Ibarretxe de Álava y Urkullu de Vizcaya) y niveló en el parlamento a las tres provincias.

Nada incomoda más al secesionismo que Barcelona sea cocapital de España, y buena muestra de ello son las manifestaciones de displicencia o desprecio que tal hecho les merece. Intuyen que su argumentario se achicaría. Por la misma razón no quisieron entrar nunca en un gobierno de Felipe González o Aznar cuando solo contaban con mayoría relativa. A lo comúnmente español lo quieren lejos para poder enfrentarse a ello. Si se involucraran, si hubiera contacto interno les costaría mucho repudiarlo.

Es mucho más fácil que veinte senadores nacionalistas se marchen de la Plaza de la Marina (donde se halla hoy el Senado) que esos mismos veinte parlamentarios expulsen de un Senado ubicado en las faldas de Montjuïch a 200 senadores no nacionalistas, tanto catalanes como del resto de España.

Los alemanes, con la reunificación y para acercar a los alemano-orientales al poder federal, trasladaron la capital de Bonn a Berlín. Y siguen manteniendo el Banco Central en Frankfurt y el Tribunal Constitucional en Karlsruhe. No veo por qué los españoles no podamos hacer la mitad que los alemanes y trasladar solo cinco ministerios y el Senado. En Murcia el gobierno autonómico tiene por sede la capital, pero la asamblea regional reside en Cartagena. Algo parecido ocurre con Canarias: el parlamento se halla en Santa Cruz de Tenerife y el delegado del Gobierno en Las Palmas, la mitad de las consejerías recaen en cada una de las dos ciudades y el presidente autonómico reside en una ciudad durante una legislatura y en la otra durante la siguiente, de manera alterna.

Una manera de aplacar tensiones territoriales y reducir progresivamente el nacionalismo es convertir Barcelona en cocapital de España. Algunos de sus efectos serán inmediatos, otros, los más intensos, se producirán a largo plazo.

La batalla ideológica y otras guerras (Post 9N)

2014-12-02T12:15:00.000+01:00

José Clemente Polo

Mas y los independentistas que conservan todavía cierto sentido de la realidad, saben que con el magro respaldo a la independencia obtenido en la consulta-farsa del 9N no basta para proclamar unilateralmente la independencia, ni para alcanzarla en una hipotética consulta vinculante celebrada con la aquiescencia del gobierno español. Ya lo sabían antes de que se celebrara la consulta y a Mas le vino como anillo al dedo la suspensión del Tribunal Constitucional que la dejaba en un mero acto folclórico y reivindicativo. El objetivo de Mas a medio plazo es seguir utilizando el gobierno de la Generalitat como baluarte para lanzar sus ataques a las instituciones centrales del Estado (ICE), e intensificar las campañas de propaganda, castellanizándolas cuando haga falta, para convencer a los catalanes que no acudieron a las urnas de que sus parientes en el resto de España les roban y la independencia les traería mejores servicios públicos y pensiones más altas. Ahí es donde van a dirigir el peso de su artillería las organizaciones independentistas (ANC y Omnium Cultural) para seguir con el proceso de desespañolización de Cataluña, y ahí es donde el resto de catalanes y españoles tenemos que hacerles frente en desigual batalla.

Mas cuenta con la colaboración indispensable de los Ayuntamientos cuya financiación depende en gran medida de quien todavía tiene la sartén por el mango

El gobierno catalán cuenta con varios aliados formidables para desplegar su estrategia. Están, en primer lugar, la mayoría de los profesionales en los medios de comunicación catalanes, tanto públicos como privados subvencionados, que jalean sus iniciativas y dan pábulo al ‘España nos roba’, ‘España nos humilla’, ‘España se recentraliza’, etc., aceptando sin crítica las burdas e infladas cifras de la balanza fiscal de Cataluña que les suministra puntualmente el consejero de Economía cada año para ‘demostrar’ elexpolio de Cataluña, y distorsionando las sentencias de los tribunales que, si bien sólo exigen el cumplimiento de la Constitución y las leyes, los medios adscritos al régimen las presentan ante la opinión pública como intolerables humillaciones a Cataluña. Nada va a cambiar en el futuro mientras la Generalitat siga compensando generosamente a estos profesionales vendidos al mejor postor.

En segundo lugar, está la endogamia y falta de autonomía del sistema educativo catalán. Por una parte, la consejería de Educación y también algunas Universidades exigen a los posibles candidatos tener un certificado de competencia lingüística en catalán para participar en oposiciones y concursos, un mecanismo sumamente eficaz que impide acceder al sistema educativo catalán a la mayoría de los españoles, con independencia de sus cualificaciones y méritos profesionales, hasta convertirlo en una burbuja blindada e impenetrable. Por otra parte, está el sistema de conciertos con los centros privados que constituye un arma poderosísima para que las directrices y consejos del gobierno catalán en materia lingüística se cumplan a rajatabla, incluso cuando existen sentencias firmes desfavorables en contra del gobierno catalán. Un ejemplo de la delicada situación en que se encuentran se vivió los días previos a la consulta del 9N, cuando las distintas asociaciones a las que están adscritos estos centros se dirigieron a sus miembros en nombre de la Consejería de Educación para preguntarles si estaban dispuestos a ceder sus recintos para realizar la consulta, una situación que los dejaba expuestos y señalados si se negaban a ello. Muchos centros aceptaron porque las consecuencias que podía acarrearles no hacerlo.

El escenario de cartón-piedra construido por el régimen nacional-independentista y el sistema clientelar instaurado se vendrían súbitamente abajo si un enfrentamiento directo con las ICE

Finalmente, Mas cuenta con la colaboración indispensable de los Ayuntamientos cuya financiación depende en gran medida de quien todavía tiene la sartén por el mango y reparte el alpiste en Cataluña: el gobierno de la Generalitat. En el caso de la consulta del 9N, su labor ha resultadoesencial para preparar la logística de la consulta, incluyendo declaraciones de apoyo de los consistorios a favor de su realización, la colocación de la propaganda de las organizaciones independentistas que la promovían, la ANC y Ominum Cultural, en todos los pueblos y ciudades catalanes, empleando para ello las grúas y los empleados de los consistorios. Una propaganda, todo sea dicho, nada institucional porque incitaba a responder afirmativamente a las dos preguntas formuladas. Por último, los Ayuntamientos hicieron posible que la consulta se realizara entregando las llaves de los Institutos de Enseñanza Secundaria donde se colocaron las urnas a miembros de las organizaciones independentistas que los ocuparon e hicieron uso no sólo de los patios y pasillos sino también de las secretarías y otros despachos anexos, como pude comprobar personalmente.

Para que los mecanismos descritos sigan operativos y aumente el número de catalanes que apoyan la independencia en los próximos años es absolutamente indispensable mantener el gobierno autonómico en manos de los partidos que apoyan el derecho a decidir. Todo el escenario de cartón-piedra construido por el régimen nacional-independentista y el sistema clientelar instaurado se vendrían súbitamente abajo si un enfrentamiento directo con las ICE provocara la suspensión de la autonomía en Cataluña. La consulta-farsa del 9N sólo ha sido un paso más en el largo camino hacia la independencia que le ha permitido a Mas recuperar la iniciativa política, desembarazarse momentáneamente del fardo de la corrupción que arrastra CDC, y, sobre todo, relegar a un segundo plano a ERC. No sabemos exactamente qué hará Mas en los próximos meses aunque todo apunta a que convocará elecciones e intentará mantenerse al frente del gobierno catalán para utilizarlo como atalaya contra el gobierno español y defenderse de la querella que la Fiscalía ha interpuesto contra él y otros miembros de su gobierno por su papel en la organización y realización de la consulta. Lo que es seguro es que se avista otro año más de desgobierno, enfrentamientos estériles y propaganda sectaria.

España carece de un gobierno cohesionado y estable dispuesto a defender la Constitución

Rajoy se equivocaría si interpreta este paréntesis como un cambio de estrategia del nacional-independentismo y no adopta con rapidez las medidas necesarias para ganar las próximas batallas que va a plantearle el gobierno catalán. No sólo va a seguir el gobierno catalán creando lo que ellos denominan estructuras de Estado sino que hay voces que piden declarar ya la independencia y tomar por la fuerza el control de las instituciones todavía en poder del Estado (Agencia Tributaria, sistema judicial, infraestructuras, etc.). Si piensa que con un par de visitas a Cataluña para explicarnos todo lo que ha hecho el gobierno español por Cataluña hay suficiente, alguien debería explicarle a Rajoy que comete un grave error. Hace falta un desembarco en toda regla para conseguir que las ICE vuelvan a estar presentes en Cataluña y el gobierno catalán acate la Constitución, las leyes del Estado y las sentencias de los tribunales sin demoras ni excusas. Hoy tenemos la suerte de que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso pero la situación podría devenir crítica si la perdiera en las próximas elecciones generales y España carece de un gobierno cohesionado y estable dispuesto a defender la Constitución que nos ha proporcionado el período más largo de estabilidad democrática y progreso económico de nuestra historia.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (25/11/14)

El derecho "natural" de los pueblos

2014-11-21T11:23:00.000+01:00

Víctor Andrés Maldonado

Uno de los lemas más populares del ‘Mayo del 68’ fue el famoso “la imaginación al poder”. Todos los que peinamos canas lo recordamos, a veces incluso con añoranza. Era la fórmula utilizada por los que ocuparon las calles de París y de muchas otras ciudades europeas de reivindicar la necesidad de mirar al presente desde una perspectiva diferente, de romper moldes y proponer maneras alternativas de enfocar la política y la economía. Al final, sin embargo, todo quedó en nada o, como mucho, en poco.

Nos está diciendo que el llamado “derecho a decidir” es un derecho anterior a la Constitución, un derecho preexistente anclado en la propia historia de Cataluña

En este sentido, si algo hay que reconocer a nuestroPresident Artur Mas es su habilidad para tratar de buscar nuevas formulaciones que le permitan justificar su acción política en beneficio propio y de su partido. Lo ha demostrado con creces en la propuesta de “proceso participativo” del pasado 9N que le ha permitido “resucitar” políticamente y tomar la iniciativa dentro de Cataluña a costa de su adversario político dentro del espectro nacionalista, Oriol Junqueras. Nada que ver con el líder de ERC, hombre directo, de ideas claras y objetivos precisos e inequívocos: la independencia como solución a todos los problemas de Cataluña dado que el origen de todos los males que nos atañen es España (perdón, el Estado español).

Pero, en este artículo, me gustaría llamar la atención sobre otro concepto al que Artur Mas se refirió en su intervención en el prestigioso FORUM EUROPA-TRIBUNA CATALANA el pasado 5 de noviembre, cuatro días antes de la celebración del "proceso participativo" y que ha pasado desapercibido (o, al menos, a mi entender, no suficientemente analizado) en la agitación del 9N. Efectivamente, nuestro President, en su excelsa habilidad (o astucia, como él la llama), quiso dejar claro que el llamado “derecho a decidir” no es un concepto que tenga su origen en el derecho de autodeterminación, sino en un derecho “natural” de los pueblos a decidir su propio futuro. Y es que el nuevo concepto tiene su importancia desde diferentes puntos de vista.

Primero, con este giro conceptual, está reconociendo implícitamente que el derecho de autodeterminación no tiene buena prensa en la comunidad internacional, al menos en cuanto a la pretensión de su aplicación a la situación de Cataluña. De esta manera, está aceptando lo que es notorio y bien establecido en el Derecho Internacional: que el derecho de autodeterminación sólo es aplicable a situaciones de carácter colonial, ocupación militar o grave atentado a los Derechos Humanos fundamentales. Este es un paso en la dirección correcta, pues supone el reconocimiento de que en el caso de Cataluña no se da ninguna de las situaciones mencionadas anteriormente, por más que una parte de la propaganda nacionalista considere que es así, ya sea porque insiste en presentar a Cataluña como una pseudo-colonia española obtenida a través de una victoria militar (el famoso episodio de la entrada de las tropas borbónicas en Barcelona en 1714) o porque en España no se respetan Derechos Humanos fundamentales como, por ejemplo, el derecho de sufragio, el derecho de participación y el derecho de expresión. Pues al final va a ser que hasta el propio Artur Mas acepta implícitamente que ese no es el caso. Menos mal que nos lo ha aclarado a los ciudadanos, pues vivir bajo opresión (algo de lo que he sido testigo en mi experiencia profesional) no se lo deseo a nadie.

Nuestro President, en su habilidad, ha acuñado algo que ni siquiera existía dentro de la discusión filosófica anterior y que supone una aportación personal: la existencia de derechos naturales “colectivos”

Segundo, nos está diciendo que el llamado “derecho a decidir” es un derecho anterior a la Constitución, un derecho preexistente anclado en la propia historia de Cataluña. Efectivamente, la existencia de derechos “naturales” es una vieja discusión en el marco de la filosofía del Derecho que hace referencia a la existencia de derechos que son consustanciales a la propia existencia del ser humano. Por lo tanto, esos derechos naturales son preexistentes a cualquier formulación positiva o regulación jurídica y que, en cierta manera, están por encima de ella. Pero, además, su existencia es de tal importancia que si el ordenamiento jurídico de un Estado no los incluye, todo el engranaje legal podría considerarse como ilegítimo en sí mismo y, por lo tanto, los ciudadanos no estarían obligados a respetar las leyes y normas que lo conforman. Es decir, según Artur Mas, el “derecho a decidir” es un derecho consustancial a la propia existencia de los seres humanos y, por lo tanto, debería estar ineluctablemente incluido en el ordenamiento jurídico español; de no ser así, éste corre el riesgo de ser considerado ilegítimo de raíz pues niega un derecho fundamental.

Esta discusión filosófica podría haber tenido sentido en el pasado, en épocas donde derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia, etc., no formaban parte del ordenamiento jurídico de los Estados como hoy es el caso de las democracias del mundo desarrollado. En el límite, esta discusión podría tener sentido incluso hoy respecto de países donde dichos Derechos Humanos fundamentales no forman parte ya sea de su entramado jurídico o de su praxis. Pero ese no es el caso de las democracias occidentales.

Pero, es que, además, nuestro President,en su habilidad, ha acuñado algo que ni siquiera existía dentro de la discusión filosófica anterior y que supone una aportación personal: la existencia de derechos naturales “colectivos”, ya que los derechos naturales mencionados anteriormente se referían a derechos humanos individuales. En una palabra, la imaginación al poder.

Sin embargo, y por mucho que le pese, en las democracias del mundo desarrollado, los derechos a los que se puede apelar son los que están establecidos en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en sus respectivas Constituciones y ordenamientos jurídicos. En definitiva, el concepto de derecho “natural” no existe ni en la UE ni en el Derecho Internacional. Y no podría ser de otra manera, puesto que si no fuera así, ¿quién decidiría cuáles son los derechos naturales a tener en cuenta? Sería un peligro aceptar este concepto “etéreo”, pues cualquiera podría reclamar su existencia y actuar en consecuencia para incumplir la ley, por ilegítima. Desde luego, la UE no lo acepta, ni ninguna democracia del mundo occidental. Pero si no me creen, yo les invitaría a que fueran a Bruselas a plantear la cuestión o incluirla en la denuncia que al parecer el nacionalismo catalán piensa presentar ante la ONU y la UE. A ver qué les dicen.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (18/11/14)

Éxito

2014-11-20T08:54:00.001+01:00

Sonia Sierra

Compruebo, atónita, como no solo los secesionistas hablan de éxito del pseudo-referéndum del 9N sino que, al otro lado del Ebro repiten la misma cantinela y concluyen que alguna salida hay que dar a ese tercio de la población que ha participado de la última performance separatista. Estupendo. ¿Y no se les ocurre pensar que alguna salida hay que dar también a los dos tercios que no participamos?

Los secesionistas, lejos de ser esa mayoría que machaconamente se señala, no llegan ni al 30%

Vaya por delante que confiar en las cifras de participación y en el recuento de los voluntarios de la ANC, ERC, CiU y CUP ya es un acto de auténtica buena fe, máxime cuando estamos acostumbrados a que se den cifras oficiales de manifestaciones tan desorbitadas y alejadas de la realidad que, simplemente, resulta imposible que sean ciertas porque no caben en el trazado urbanístico. Aun así, si aceptamos pulpo como animal de compañía y las damos por válidas, lo que tenemos se aproxima bastante a lo que vengo repitiendo desde hace casi dos años: que los secesionistas, lejos de ser esa mayoría que machaconamente se señala, no llegan ni al 30%. No es demasiado difícil llegar a esta conclusión si comprobamos los votos de diferentes partidos sobre el censo sin pasar por el filtro de la Ley de Hondt.

Da la casualidad que esa cifra es bastante similar a la audiencia de TV3 y a los que tienen el catalán como lengua materna con lo cual la idea de “un sol poble” queda bastante en entredicho, al igual que la de la transversalidad del movimiento. Basta mirar los mapas de participación y ver en qué lugares ha tenido menos éxito la convocatoria para que esa creencia quede inmediatamente fulminada.

Pese a las evidencias, los mantras no cesan. Así tenemos que desayunarnos cada día con la cancamusa de que se necesita hacer algo con Cataluña. Que no, que ya está bien, que no es Cataluña, que es una parte de su población, que Cataluña no tiene un problema con España, que el problema lo tienen una minoría de catalanes ya no solo con el resto de españoles sino con el resto de catalanes, ese 70% que no hemos participado de la consulta y que con frecuencia somos tachados de antidemócratas, fascistas, franquistas, quintacolumnistas, botiflers, colonos y todo lo que se les pasa por la mollera a los secesionistas y dejan ir por sus boquitas con total impunidad.

Da la casualidad que esa cifra es bastante similar a la audiencia de TV3 y a los que tienen el catalán como lengua materna con lo cual la idea de “un sol poble” queda bastante en entredicho

Artur Mas debería ser el presidente de todos los catalanes, tanto los que lo han votado como los que no y, sin embargo, da la sensación que solo es el presidente de ese 30% que acude a las innumerables actividades del gigantesco esplai en el que ha convertido Cataluña la ANC con las inefables Carme Forcadell y Muriel Casals al frente. En principio, no tengo nada en contra de que la gente ocupe su tiempo libre como mejor le plazca, en mosaicos a lo régimen comunista con camisetas de colores o dándose las manos para cadenas nudistas. Todo lo que puedo alegar es el horror estético que esto me produce, pero con no mirar, asunto arreglado. El problema es que esta gincana infinita tiene un alto coste económico.

Por una parte, tenemos el millón de euros que parece que han costado los servicios de “Independent Diplomat” para la internacionalización del conflicto, que, a la vista de los resultados, mejor lo hubieran gastado en otra cosa. Por otra parte, los 200.000 semanales que cuesta la campaña de “Ara és l’hora”. ¿La sufragan íntegramente ANC y Òmnium? ¿De dónde consiguen tantos ingresos? ¿De la venta de camisetas? Por supuesto, no se puede acusar al Gobierno catalán de estar sufragando esta campaña, pero lo cierto es que hay imágenes en las que se puede ver sin ningún género de dudas, que una brigada municipal les cuelga los carteles. Y eso sin contar la publicidad gratuita en los medios de comunicación públicos y subvencionados. Y, finalmente, en el presupuesto anual se destinaban casi 9 millones de euros al 9N.

Estas cifras, ya de por sí escandalosas, se tornan inmorales en una época de crisis en las que CiU, con el beneplácito de ERC, ha acometido unos recortes brutales que han dejado en la UCI nuestro sistema sanitario y que ha empeorado drásticamente las educación pública catalana dejando, por ejemplo, hasta 15 días sin profesor a los alumnos que han tenido la mala suerte de que uno de sus docentes haya enfermado. Y eso sin contar la paga extra que ha desaparecido de la vida de los funcionarios catalanes mientras sí la disfrutan los homólogos españoles. No sé ustedes, pero yo ya empiezo a estar cansada tener que pagar una fiesta a la que no me considero invitada y en la que, desde luego, no me apetece nada participar.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (17/11/14)

La estrategia de Rajoy ha fracasado

2014-11-19T11:42:00.001+01:00

Mercè Vilarrubias

El pasado domingo sucedió lo que muchos pensábamos que no pasaría: se celebró la consulta independentista. Sin censo, sin controles, sin garantías, con voluntarios, pero se celebró. Y esto tiene un gran valor simbólico porque el 9N sí hubo colegios abiertos, urnas y una afluencia de votantes. Es una victoria del independentismo; debemos aceptarlo y reflexionar a partir de esta nueva realidad aunque no sea fácil.

Llegó el 9N y Rajoy no garantizó nada; se votó frente a la incredulidad de muchos que pensábamos que la estrategia se llevaría a cabo hasta el final

Muchos desconfiábamos de Rajoy, visto su currículum, pero parecía que en el tema del referéndum independentista tenía una estrategia clara: no echar más leña al fuego y remitirse a la ley, al mismo tiempo que anunciaba su voluntad de diálogo dentro de la Constitución. Era una estrategia insuficiente, en mi opinión, pero en comparación a lo que podía haber hecho Aznar, por ejemplo, era un paso adelante. Rajoy se pasó dos años hablando de la ley y de que su gobierno la garantizaría. Llegó el día y no garantizó nada. Se votó frente a la incredulidad de muchos que pensábamos que la estrategia se llevaría a cabo hasta el final.

Algunos de los Whatsapp que recibí y envié el domingo pasado son indicativos del estado de ánimo de muchos de nosotros aquel día. "Es una gran sensación de desamparo"; "nos han dejado solos y en ridículo"; "en Cataluña, los gobernantes hacen lo que les da la gana"; "Rajoy es un inútil"; "Mas ha ganado la partida"; "van a ser imparables a partir de ahora y hay un responsable, el gobierno inepto del PP"; "estoy tan cabreado, hay que felicitar a Rajoy por su ceguera y sordera"; "el Estado nos ha dejado tirados a los que creemos en él y que hemos trabajado para defender la unidad". Tristeza e indignación. Y sobre todo, perplejidad.

En este momento, cuando leo artículos post 9N que enumeran los delitos en los que ha incurrido Mas para que se le inhabilite, sé que todo ello es pura palabrería. Nadie va a hacer nada. La Fiscalía General del Estado ya se ha inhibido. Fue increíble escuchar el sábado 8 al fiscal general preguntar a Mas si él había ordenado que se abrieran los colegios. Todos en Cataluña sabíamos que así era desde hacía dos semanas pero la Fiscalía no se había querido enterar. Mas les respondió el domingo: el único responsable es él. Desafiante, porque estaba seguro que no iba a pasar nada. Y no pasará nada. Esto, ahora, ya lo sabemos todos. La vía penal es incontemplable.

La vía penal es incontemplable, y eso muestra claramente la impotencia del Estado de derecho en España para operar con normalidad; lo vimos el domingo y lo vemos ahora

Y es bueno que así sea porque sería un segundo error garrafal a añadir al primero. Convertiría a Mas en un mártir y ofrecería toneladas de victimismo a los independentistas. No es una opción. Sin embargo, también muestra claramente la impotencia del Estado de derecho en España para operar con normalidad; lo vimos el domingo y lo vemos ahora. Aunque este hecho resulte un golpe grande para muchos de nosotros, podemos encontrar algo de consuelo en que la falta de respeto a la ley es endémica en España. Es, pues, por una parte, un episodio más pero efectivamente, debemos ver que, por otra, tiene una envergadura especial. Es un salto cualitativo que nos lleva a una situación rayana en lo que se conoce por "Estado mediado". Se trata de un tipo de Estado que no es fallido -aquel que no puede imponer su soberanía en todo el territorio- pero tampoco es pleno como para poder afirmarla sin problemas. Para existir en determinadas zonas debe pactar el cumplimiento de la ley con las élites locales, que lo mediatizan.

Durante dos años, Rajoy sólo ha tenido un discurso, o más bien, una frase: nosotros haremos cumplir la ley. A la vista de todos está el incumplimiento de esta promesa. El único freno que puso al independentismo se ha estrellado. Se ha quedado sin nada, y este vacío se evidenció en la conferencia de prensa que realizó, claramente nervioso, el pasado miércoles 12. El PP no tiene nada que ofrecer más que el no.

Ya en el post 9N, después de dos agotadores años, empieza una nueva fase del "procés infinit". Si aún nos queda algo de energía, no la malgastemos criticando a los independentistas. Ya sabemos muy bien cómo operan y qué piensan. Será mucho más útil para nosotros empezar a cuestionar seriamente la estrategia del Gobierno frente al independentismo. Esta sí que empieza a ser una tarea inaplazable. Y no sólo reflexionar, también actuar. Y para ello, quería hacer una propuesta de acción: plantearnos realizar nosotros en un futuro próximo una concentración para pedir la dimisión de Rajoy y exigir un Gobierno con sentido de Estado, capaz de proponer un plan inteligente y constructivo. El Gobierno actual, presidido por un anti-líder, ya nos ha mostrado que no posee la capacidad para hacer frente a la magnitud del reto.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (16/11/14)

¿La voz de un pueblo?

2014-11-18T12:00:00.000+01:00

Andrea Levy

El 9N, 7 de cada 10 catalanes se quedaron en su casa. Con este desinterés por algo que ha marcado la agenda política catalana de los últimos 2 años, diría que “la veu d’ un poble” a la que apelaba la militancia independentista se ha quedado un poco afónica.

7 de cada 10 catalanes, muy respetablemente, ejercieron su derecho al pasotismo

Cerca de 1.900.000 catalanes son partidarios de la separación con España y están dispuestos a organizarse, movilizarse y hacer lo que haga falta para que su voz sea escuchada. Es mucha gente. Es una cifra que ya conocíamos. Pero resulta que “el pueblo” que no participa de esta manifestación es por el momento más numeroso a pesar de sus balcones silenciosos. 7 de cada 10 catalanes, muy respetablemente, ejercieron su derecho al pasotismo. No sabemos si son independentistas o todo lo contrario. Simplemente que no les apeteció contestar a la pregunta formulada que ha sido objeto de tertulias, publirreportajes, jornadas históricas, porcelanas a punto de romperse y un tam-tam del que era imposible abstraerse.

1.900.000 catalanes independentistas fueron el 9N a expresar su opinión. Se inscribieron, votaron y al día siguiente están contados: 1.900.000 Sí-Sí. Son muchos, indiscutiblemente, pero no es un resultado mayoritario que exprese un sentir generalizado, en especial si observamos el recuento en el cinturón industrial del país y en Barcelona.

El 9N salieron a la calle los de la cadena, los de la V, los de las caceroladas pero también aquellos que sin necesidad de manifestarse previamente quisieron expresar su opinión. Se trataba de esto, a tenor de lo que informaba constantemente la propaganda institucional. Estaban convocados (sic) y salieron todos lo que quisieron hacerlo. Las imágenes que recorren la red estos días de gente de todas las edades inmortalizando el momento de su votación son un germen simbólico en la conciencia colectiva independentista.

Sin embargo alguno pretendía que el 9N fuera algo más. Lo esperaban de un lado y del otro del debate sentimental. La imagen que esperaban de esa jornada era la de la Policía impidiendo el paso o retirando las urnas. Afortunadamente no ha existido ningún hecho violento sino que la jornada ha transcurrido dentro de la normalidad, propia de nuestra democracia. En nuestro Tiananmén ni hay hombre con bolsas ni hay tanques.

Era evidente que la desactivación del 9N hecho por las fuerzas del orden público no hubiera provocado una contención de la presión independentista sino que nos hubiera situado en otro escenario de victimismo que seguramente se hubiera trasladado a la comunidad internacional. Una imagen que en nada hubiera beneficiado al Gobierno de España. Y un Gobierno no está llamado a ser un pirómano sino a actuar con prudencia. La palabrería se queda en la oposición y en el populismo. Algunos podrán presentar querellas sabiendo que no tienen base legal para prosperar únicamente para hacerse la foto. En cambio un Gobierno no puede actuar con oportunismo electoralista sino con responsabilidad y sensatez. Pero además no debemos olvidar que un Estado es mucho más que su Gobierno y tiene sus propios procedimientos legales y judiciales y a la vez sus propios tiempos. Un Estado no necesita un plató de televisión para cubrir su vanidad. Tiene la templanza para esperar el momento adecuado. No en vano es un Estado.

Hoy la imagen que podemos retener es la de Oriol Junqueras contando papeletas en una mesa. El objetivo principal de la militancia independentista se ha conseguido: votar y expresar su opinión. En este sentido la tensión social se descomprime, y dependerá de los planes de la Generalidad el seguir alimentando la tensión independentista. Esperemos que recuerde la veu del poble: 7 de cada 10.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (13/11/14)

El 9N y la manipulación ideológica

2014-11-14T13:26:00.001+01:00

Sonia Sierra

El Gobierno de Artur Mas ha escogido como escenario para su charlotada que han dado en llamar "consulta participativa" los centros de educación secundaria públicos y concertados. Supongo que daban por hecho que encontrarían la complicidad de la mayoría de directores para esta nueva performance de dudosa legalidad. No me extraña, ya que, no en vano, desde que CiU se hizo por primera vez con el poder, el control y la manipulación ideológica en todos los niveles de la educación ha sido uno de sus grandes objetivos.

En octubre de 1990, José Antich publicó en El País un artículo titulado El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. En él se explica que CDC desgrana, a lo largo de 20 páginas, "[L]a obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos -el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo-, y las referencias a un ámbito geográfico -los Países Catalanes- que sobrepasa los límites del Principado".

Una de las piezas fundamentales del nacionalismo catalán es la educación, por lo que resulta lógico que en este documento programático se hablara de la necesidad de controlar a los educadores para que se cumpliera lo estipulado en la doctrina nacionalista. Para ello, se instaba a vigilar la composición de los tribunales de oposición, así como a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilaran la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza e incidir en las asociaciones de padres. Sin embargo, dicho proceso de catalanización se había iniciado mucho antes de que surgiera el documento.

En 1981, la Consejería de Educación dispuso en los Servicios Territoriales carteles en los que informaba que para poder presentar la solicitud para formar parte de la bolsa de profesores era imprescindible la posesión del título de maestro de catalán, lo que dificultaba el acceso, especialmente a las personas que provenían de otras comunidades autónomas.

Con este nuevo criterio, todos aquellos que se licenciaban en Filología Catalana ese mismo año pasaban por delante de cientos de maestros que llevaban tiempo esperando su turno en la lista de interinos. Además, los maestros de EGB que terminaban ese curso Magisterio en la Escuela Normal de Barcelona solo tendrían el primer ciclo de catalán acabado. Dicha escuela tenía alumnos de toda España y parece claro que lo que se pretendía era dificultar todo lo posible su entrada en el sistema educativo catalán.

Además, los cursos de reciclaje de catalán duraban tres años para los catalanohablantes y cinco para los castellanohablantes, lo que tuvo como resultado inmediato que muchos maestros y profesores con plaza en Cataluña pidieran traslado a otros lugares de España. Si a esto sumamos que en los tres años siguientes las únicas personas que iban a acceder a los puestos de trabajo eran los licenciados en Filología Catalana, parece evidente que el objetivo principal era catalanizar el sistema educativo, como explica Antonio Robles en su libro 1979/2006. Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña.

Esta estrategia de catalanización del profesorado fue, sin lugar a dudas, un éxito del pujolismo, como se puede comprobar al leer los análisis de Thomas Jeffrey Miley en Nacionalismo y política lingüística: el caso catalán. A lo largo del libro se van analizando encuestas de temas como la procedencia, el uso de las lenguas, la sensación de pertenencia al país y a la comunidad autónoma, la concepción de Cataluña como nación o región y un largo etcétera, y después compara los datos de la población general con los de los políticos autonómicos, municipales y los maestros y profesores. Esta comparativa arroja conclusiones realmente significativas, como por ejemplo, que tan solo uno de cada tres catalanes residentes descienden de padres nacidos en Cataluña y solo la cuarta parte tiene abuelos nacidos aquí. Sin embargo, este segmento está significativamente sobrerrepresentado en la política y la educación: el 45% de los educadores, el 51% de los políticos locales y nada menos que el 67% de los parlamentarios autonómicos nacieron en Cataluña, así como sus dos progenitores. Podemos comprobar, pues, cómo la maniobra de potenciar la presencia de personas de origen catalán en el sistema educativo se saldó con bastante éxito y eso implica, obviamente, la mayor presencia de catalanohablantes en las aulas y órganos de decisión.

En estos momentos, los nacionalistas catalanes están recogiendo los frutos del proceso de manipulación ideológica de los centros educativos iniciado en los albores del pujolismo y es fácil comprobar cómo las aulas y los puestos de decisión en este ámbito están copados por personas afines a esta ideología y, por eso, no sorprende, como decía al principio, que Mas contara con la complicidad de los directores para el 9N. Sin embargo, no han logrado unanimidad y son muchos los miembros de los equipos directivos y del profesorado que se han sentido incómodos ante semejante y, cuanto menos, irregular propuesta.

Es para echarse a temblar cada vez que alguien sugiere que para apaciguar el secesionismo, nada mejor que blindar la educación y las políticas lingüísticas. Los partidarios de terceras vías deberían pensárselo dos veces o, al menos, leer a Stéphane Dion y sus críticas a la política del contentamiento para con los nacionalistas.

Este artículo fue publicado en el Huffington Post (24/10/14)

¿Sería la independencia de Cataluña un buen negocio? II

2014-11-13T11:22:00.003+01:00

José Clemente Polo

Esta segunda parte del texto de mi intervención en el debate organizado por la Universidad de Gerona el pasado 28 de octubre, examina la importancia que tiene todavía el mercado del resto de España para la economía catalana en el siglo XXI y las consecuencias que tendría la independencia sobre el funcionamiento del sistema financiero de Cataluña. La primera parte está disponible aquí.

Importancia del mercado del resto de España para la economía catalana

¿Cuál es el peso en la actualidad del resto de España en la economía catalana? Si bien España ya no es, como lo fue hasta hace unas décadas, casi el único mercado de los productos catalanes, continúa siendo de lejos su mercado más importante. Los Cuadros 1, 2 y 3 que aparecen al final del texto dan una idea precisa de la enorme importancia que todavía tenía el resto de España en 2005, el último año para el que disponemos de cifras medianamente fiables. Y los gráficos que se adjuntan también al final del texto indican qué ha ocurrido a los flujo comerciales en aquellos Estados que han registrado un proceso de desintegración, incluso cuando como en el caso de Chequia y Eslovaquia ha sido pactado de mutuo acuerdo.

No conozco ningún estudio que sostenga que la independencia mejoraría las exportaciones catalanas al resto de España, ni al resto de la UE ni al resto del mundo. Y, por tanto, podemos concluir que, en el mejor de los casos, nada se ganaría con la independencia. Más bien al contrario, todos los estudios realizados admiten que se producirán pérdidas. ¿Cuán grandes serán? Depende de la situación en que quede el Estado catalán.

El impacto final sería en realidad bastante mayor si tenemos en cuenta la previsible caída de las exportaciones al resto de la UE, la contracción del turismo y la posible deslocalización de la actividad productiva que ocasionaría la independencia

Si como es previsible y han ratificado todas las autoridades de la Comisión Europea, salientes y entrantes, Cataluña queda fuera de la UE y, por tanto, también de la Eurozona, y tiene que solicitar su readmisión, un proceso que requiere unanimidad y que llevará años en el mejor de los casos, se puede afirmar que esas pérdidas serán cuantiosas y probablemente irreversibles. Ya sé que algunos se empeñan en que esto no va a ocurrir porque dicen “a las autoridades europeas y a los acreedores y a las empresas multinacionales no les interesa que Cataluña quede fuera de la UE”. A lo que respondería que a esas autoridades y mercados les interesa incluso menos que Cataluña sea independiente. Seamos serios: Cataluña supone el 1,2 % del PIB de la UE y es francamente una insignificancia y lo sería todavía más si unas cuantas empresas multinacionales decidieran deslocalizarse.

Una caída del 50% de las exportaciones al resto de España, una caída similar a la registrada en otros casos y que supondría exportar todavía a España más de tres veces lo que Cataluña exportó a Francia en 2013 y cinco veces lo que exportó a Alemania en 2013, produciría teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos sobre el consumo, perdidas de producción, valor añadido y empleo en el entorno del 24% para los sectores agrícolas, ganadero y pesquero, del 25% para los industriales y en el entorno del 18,5% para los sectores de servicios privados. Para el conjunto de la economía, la caída rondaría el 16,5%. Hay sectores importantísimos de la industria catalana para los que esos efectos serían incluso mayores de lo que indican estas cifras medias. Y aunque les parezca muy alto, considero que el impacto final sería en realidad bastante mayor si tenemos en cuenta la previsible caída de las exportaciones al resto de la UE, la contracción del turismo y la posible deslocalización de la actividad productiva que ocasionaría la independencia.

Efectos sobre el sistema financiero, los flujos de capital y la inversión extranjera

Hay casi unanimidad entre los economistas partidarios de la independencia en que el estado catalán mantendrá el euro como moneda. Nadie puede impedirlo, pero si Cataluña queda fuera de la UE y, por ende, también de la eurozona, la independencia tendría serias consecuencias sobre el sistema financiero catalán. Las entidades con sede social en España tendrían que desdoblarse y sus actividades en Cataluña estarían sujetas a la supervisión del Banco de Cataluña, de nueva creación. Estas entidades declararían sus impuestos en Cataluña únicamente por las actividades que desarrollan en Cataluña. Asimismo, las entidades financieras cuya sede social está ahora en Cataluña tendrían que abrir sedes en España y tributar en la Agencia Tributaria española por los beneficios obtenidos por sus operaciones en España que, en el caso de las mayores entidades catalanas, ronda el 70 %.

Si Cataluña queda fuera de la UE y, por ende, también de la eurozona, la independencia tendría serias consecuencias sobre el sistema financiero catalán

También tendría efectos sobre el comportamiento de los depositantes. En un mundo globalizado donde los depósitos pueden movilizarse desde cualquier lugar sin incurrir en costes, la mayoría de los depositantes, familias y empresas, preferirían mantenerlos en un Estado de la Eurozona para disfrutar de la mayor garantía efectiva que ofrece estar bajo el paraguas del BCE. Cabe esperar que se produjeran por este motivo importantes salidas de capital hacia España y otros estados de la Eurozona. Al impacto que tendría la caída de las exportaciones y la actividad, habría que sumar también la contracción de operaciones que originaría la desconfianza de los agentes económicos en un estado enzarzado en un proceso constituyente que no contaría con unos sistemas tributarios y de supervisión bancaria contrastados. La deuda pública del gobierno catalán está hoy considerada bono basura y todos los agentes tendrían que pagar primas de riesgo más elevadas que las actuales para financiarse. Finalmente, cabe esperar una diversión de los flujos de inversión extranjera desde Cataluña al resto de España y otros países de la UE. Ninguna empresa va a apostar por un Estado de nueva creación que no pertenece a la UE, registra caídas sustanciales en la actividad y está sujeto a costes financieros más elevados y unas tensiones políticas y jurídicas sin parangón en la UE.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (04/11/14)

La hoja de ruta después del 9N

2014-11-12T09:27:00.001+01:00

José Clemente Polo

La consulta-farsa celebrada en Cataluña, pese a lasuspensión cautelar ordenada por el Tribunal Constitucional y avalada por el Tribunal Supremo, contó con el apoyo del presidente del gobierno de la Generalitat, diputados autonómicos y nacionales, alcaldes y concejales de los partidos pro-consulta (CDC, UDC, ERC, ICV-EUiA y CUP). Si bien es verdad que sólo acudieron independentistas a votar también lo es que toda la logística –impresión de papeletas, fabricación de urnas,distribución de unas y otras, utilización de edificios civiles, colocación de carteles y pancartas, inserción de cuñas en medios de comunicación públicos y privados,despliegue de 6.992 policías autonómicos, recuento de votos, etc.– la hemos pagado también el resto de catalanes y españoles con cargo a los presupuestos del gobierno y los Ayuntamientos catalanes.

Mas-Colell, el único consejero de Economía que no ha presentado una sola vez los presupuestos en los plazos previstos.

Lo de menos es que la Generalitat no tenga dinero para pagar a los farmacéuticos o abonar la paga extra de los empleados públicos mientras dilapida el dinero adelantando elecciones o realizando una consulta inane para mayor gloria de Mas y regocijo de los independentistas. Lo relevante es que una vez más la Generalitat ha vulnerado el derecho de los españoles a opinar sobre una cuestión que atañe a todos con total impunidad, mientras el gobierno español miraba de reojo, si no con taimada complicidad. Como argumenté en mi artículo “Crece la tensión en Cataluña” (Expansión, 27 octubre 2014), el objetivo de la consulta era brindar a Mas la oportunidad de rehacer su imagen, muy dañada por los casos Pujol y Palau-CDC, y explorar la posibilidad de crear una plataforma electoral personalista para dejar fuera de juego a Junqueras y ERC. En caso de no lograr su objetivo de encabezar una lista única de ‘país’, a Mas le quedaría todavía la baza de aceptar la oferta de Iceta (PSC) para acabar la legislatura e iniciar una negociación con el gobierno español. Más allá de las discutibles cifras de participación, el 9-N constituye el éxito personal que Mas buscaba.

Mas y Fernández (CUP) se funden en un abrazo para celebrar el éxito de la consulta-farsa

Lo que está en juego

Dentro de pocas semanas celebraremos el trigésimo sexto aniversario de la entrada en vigor de de la Constitución de 1978. Imperfecta e insatisfactoria para casi todos, la Constitución ha propiciado el período más largo de estabilidad democrática y prosperidad económica de España y ha permitido nuestra incorporación a la UE, una entidad supranacional también imperfecta e insatisfactoria que los europeos levantaron sobre las ruinas y los rescoldos en que los nacionalismos desaforados sumieron a Europa en la primera mitad del siglo XX. Hemos cumplido, en un espacio de tiempo muy breve, viejos sueños que algunos españoles ilustrados abrigaron durante los tres últimos tres siglos y que los contemporáneos veíamos muy lejanos cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco entre loor de multitudes.

Mas con la bandera y los líderes de los partidos nacional-independentistas

Pues bien, el gobierno de Cataluña que preside Mas y la mayoría de los cargos electos de los cinco partidos que han apoyado la consulta-farsa han decidido romper el pacto constitucional poniendo en riesgo laestabilidad democrática y la prosperidad económica alcanzadas con tanto esfuerzo. Decía Javier Marías hace unas semanas que “si yo fuera catalán estaría aterrado” ante la perspectiva de que en una Cataluña independiente se alternaran gobiernos de CiU, un partido “con todas las trazas de ser tan corrupto como el que más en España”, y ERC un partido que “además de calamitoso, frívolo y aventado, parece tener una dificultad congénita para entender la pluralidad y la democracia, así como una nula idea de cómo gobernar”. Lo estoy.

Lecciones del 9-N

Mas, exultante, anuncia los resultados de la consulta-farsa la noche del 9-N

La lección más inmediata que debería extraer el gobierno español de lo sucedido en Cataluña desde finales de 2011 hasta el 9-N es que Mas ha dejado de ser un interlocutor válido. Mientras preparaba su consulta ilegal y fratricida, el (todavía) President anunció que piensa enviar una carta a Rajoy pasado el 9-N para pedir la celebración de un “referéndum definitivo” y tratar otros asuntos encallados desde hace meses. ¡Hace falta tener cara dura! Mas no es sólo un político desleal, mendaz y corrupto sino uno de los principales enemigos de las instituciones centrales del Estado (ICE) que pretende, como ha declarado en repetidas ocasiones, subvertir con astucia. Rajoy, su gobierno y la mayoría parlamentaria de que dispone tienen que demostrar con hechos que están del lado de los catalanes y el resto de españoles que defendemos la Constitución y el Estatut –dos textos susceptibles, ¡cómo no!, de ser reformados–, y respetamos las decisiones de los tribunales, y hacerlo sin ceder un centímetro ante quienes pretenden hurtar a la mayoría de los españoles su derecho a expresarse sobre una cuestión, la independencia de Cataluña, que afecta a todos. Firmeza, repito, ante unos políticos que ya han manifestado su intención de dar, en caso de no plegarse a sus exigencias, un golpe de Estado, porque así hay que calificar la declaración unilateral de independencia que Mas no descarta hacer y por la que ERC y la CUP abiertamente abogan.

Junqueras ha pasado de futuro President a presidente de mesa en Molins de Rei (o de la República), ciudad de la que es alcalde

Mossos d’Esquadra entrando a registrar el Palau de la Musica, caso Palau-Convergencia Democràtica de Catalunya

El gobierno, la oposición y las Cortes, en tanto que representantes de todos los españoles, tendrían que preguntarse por qué hemos llegado a una situación crítica que nos retrotrae a los convulsos tiempos de la Segunda República, caracterizados por la permanente conflictividad entre la Generalitat y las ICE y el desacato de aquélla a las sentencias de los tribunales. Mi respuesta sobre la que les invito a reflexionar se resume en tres palabras: dejación de funciones. El último ejemplo nos lo habrindado la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) cuyos mandos, ante el requerimiento de la Fiscalía de identificar “a la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes” del 9-N, “aseguraron que no identificarán a quienes abran los institutos”.

El vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC

Las ICE se han desentendido durante 34 años de lo que ocurría en Cataluña y han dejado en manos de partidos de ámbito estrictamente catalán (CDC, UDC, ICV-EUiA y PSC) la administración de una de las Comunidades más ricas de España. Los gobiernos de la Generalitat han ido erigiendo paso a paso un estado dentro del Estado y el gobierno español ha aceptado que la lengua materna del 58,7 % de los catalanes se excluya como lengua vehicular en la enseñanza y los medios de comunicación públicos en Cataluña, o que españoles residentes en Andalucía o Galicia, por razón de la lengua en que se expresan, no puedan acceder a empleos en las administraciones catalanas ni participar en concursos para seleccionar el profesorado de la Universidad de Barcelona. Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no reclamar, ahora que estamos en la UE y ya no dependemos exclusivamente del mercado nacional, las competencias fiscales, la administración de justicia,… y, puestos a pedir, por qué no la independencia? Ésta es la lógica que hay detrás de las vergonzosas campañas de intoxicación patrocinadas por el gobierno catalán.

Montilla con Pujol y Benach en la manifestación contra organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional

El mal ya está hecho y deshacerlo exigirá una hoja de ruta clara, firmeza y tenacidad. Aquí sólo puedo esbozar algunas ideas para empezar a reconducir la situación. La primera es evitar la tentación de hacer nuevas concesiones a la Generalitat para apaciguar momentáneamente la situación, porque sólo servirían para agravarla unos meses después. Lo que el gobierno español tiene que hacer es asegurarse que todos los españoles reciben la misma financiación con independencia de la Comunidad Autónoma donde residen y adoptar las medidas necesarias (incluidas las financieras) para obligar a la Generalitat a cumplir las leyes vigentes y acatar las sentencias de los tribunales. En particular, el gobierno ha de garantizar el uso del catalán y el castellano como lenguas vehiculares y el acceso a los empleos públicos de todos los españoles en condiciones de igualdad en Cataluña. Por último, el gobierno tendría que priorizar la construcción del corredor central para asegurar las comunicaciones con Francia y desactivar cualquier intento de chantaje, que lo habrá.

Rajoy en su despacho el 9-N. ¿Consul qué?

Saénz de Santamaría, ¿que quedó de la impugnación?

Carretero, ministro de Justicia desvaloriza la consulta del 9-N

L´estaca nacionalista

2014-11-01T23:43:00.000+01:00

Por José Rosiñol Lorenzo

Lluis Llach se preguntaba a finales de los años sesenta “Siset: ¿No ves la estaca
a la que estamos todos atados?”, el cantautor veía como el franquismo y su obsesión totalitaria denominado “nacionalcatolicismo” había permeado tanto en la sociedad que había llegado a anestesiar a la ciudadanía, había cercenado la capacidad crítica de un individuo acosado por el adoctrinamiento y condenado a adaptarse a un econosistema que había institucionalizado los valores del “Movimiento”.

Hoy día parece que la ceguera se ha impuesto en gran parte de la sociedad catalana, acostumbrada al bombardeo constante de los principios del Dogma de la “construcción nacional”, a la deslegitimación del marco jurídico democrático y al Estado, a un extensivo plan de ingeniería social intensificado durante la última década (aprovechando la descomposición social y la desafección política provocada de la Gran Recesión).

“… inocular un nacionalismo esencialista y excluyente, una hispanofobia que ridiculiza a los castellanoparlantes e institucionaliza una diglosia, que arrincona y desprestigia todo lo que suene a “español”…”

Los catalanes estamos atados a una estaca invisible pero palpable para todo aquél que tenga interés en mirar más allá de la propaganda, más allá de la cortina de humo mediática, más allá de la doctrina, esta estaca totalitaria se esconde tras una ficción de pluralidad política, ficción porque todo aquél que no comulga con el Sistema es condenado a la calumnia, al ostracismo y a la muerte social.

El aparato de condicionamiento social (y político) es denso, está dotado y sustentado gracias a ingentes cantidades de dinero público y a la más que remarcable inacción de los poderes del Estado, ya no solo hablamos del oneroso sistema mediático que cubre una gran parte del espectro sociológico y que machaconamente desdibuja la realidad política, crea una agresiva alteridad llamada España y trata de inocular un nacionalismo esencialista y excluyente, una hispanofobia que ridiculiza a los castellanoparlantes e institucionaliza una diglosia, que arrincona y desprestigia todo lo que suene a “español”…

La estaca también se traduce en el sistema educativo que tras la llamada “inmersión lingüística” se esconde un programa de adoctrinamiento con el que socializar los dogmas nacionalistas para que nuestros hijos interioricen una cosmovisión basada en el relativismo lingüístico y una adscripción identitaria obligatoria, a un uniformizado comportamiento social, a un disciplinado encuadramiento en una politizada estratificación social determinada en función de la proximidad de las Verdades Nacionales, una inercia social que hace irresistible seguir al rebaño, una (supuesta) unanimidad que corrompe la ya de por sí debilitada salud de nuestra democracia.

“… se ha creado un sistema de incentivos económicos y un abanico de oportunidades y prebendas para todo aquél que hace acto público de defensa de la Causa…”

Pero no todo es doctrina y dogma de fe culturalista, no todo es institucionalizar unos valores ético-morales de obligado cumplimiento, también se ha creado un sistema de incentivos económicos y un abanico de oportunidades y prebendas para todo aquél que hace acto público de defensa de la Causa, sistema directamente proporcional al que desincentiva la disensión, que obliga a una adaptación socioeconómica para no quedar apartado de la competencia y que puede abortar carreras profesionales, claro está que el objetivo no solo son personalidades relevantes, sobre todo está en lograr una ciudadanía dispuesta a condicionar la socialización primaria de sus descendientes y una resocialización ¿voluntaria? de sí mismos, es solo cuestión de supervivencia y expectativa económicas.

Y aquí entramos en lo que los partidarios de la secesión creen que es la última etapa de su misión redentora, la intromisión en la “sagrada esfera privada del individuo”, pisoteando las libertades negativas que nos defienden nuestra individualidad y sustentan la calidad y la perfectibilidad de la democracia (permiten la auténtica pluralidad que parte del individuo), resulta que desde una asociación que se arroga la representatividad de todos los catalanes (la ANC), de todo “el pueblo catalán” (concepto que trata de diluir al individuo en una masa ideológica e identitariamente unívoca), ha decidido pedir a 100.000 voluntarios para que vayan casa por casa para convencer a los “indecisos” y para “reforzar” la voluntad de los que ya están convencidos…

Estamos ante una intromisión en nuestra intimidad, parece que ya no se conforman con la deformación propagandística de los medios de comunicación públicos y subvencionados al servicio de la Causa, ahora parece que quieren tener claro quién está y quién no a favor de la secesión y la ruptura,parece que la tensión sobre la que se sustenta el “procés” está sacando su verdadera cara, aquella que gradúa entre buenos y malos catalanes, aquella que llega a segmentar dependiendo el grado “pureza” de los que defienden la independencia… Esta presión social llegará a nuestras puertas (con la connivencia y, quizás colaboración, de los poderes públicos catalanes) y ello me hace rememorar los versos de otro cantautor catalán, Joan Manel Serra, que decían “Què volen aquesta gent que truquen de matinada?”.

Publicado en El Confidencial

La política lingüística y la educación en el núcleo del proyecto identitario

2014-11-01T14:27:00.000+01:00

Sonia Sierra

Aunque parezca mentira que alguien pueda creer que unos alumnos que reciben cero horas de español a la semana en educación infantil, dos en educación primaria y tres en secundaria tengan un mejor nivel que aquellos que reciben toda su educación en esa lengua, esta es una creencia muy extendida en Cataluña. ¿Cómo puede llegar a suceder sucede algo así? Pues porque los diferentes gobiernos catalanes llevan 30 años aplicando un plan de inmersión ideológica en las escuelas y necesitan sostener que su sistema de inmersión lingüística es “un modelo de éxito”, según su eslogan publicitario.

¿Por qué los diferentes Gobiernos de la Generalidad se empeñan en mentir sobre este tema? ¿Por qué defienden un modelo que, según los diferentes indicadores, es perjudicial para gran parte del alumnado?

A pesar de la publicidad de la Generalidad y los partidos favorables a la inmersión, en los últimos años, Cataluña ha sido una región con altas tasas de fracaso y abandono escolar temprano. Además, Según PISA (2012) y la Evaluación General de Diagnóstico, los resultados académicos del alumno dependen del nivel socioeconómico de la familia más que el conjunto de España.

Por otra parte, el 55,3 % de la población catalana tiene el español como lengua materna y se ve privado de su derecho a estudiar en su lengua y la consecuencia parece evidente: hay mayor tasa de fracaso escolar entre los castellanos parlantes incluso cuando se distraen los datos socioeconómicos.

Los partidarios de la inmersión lingüística sustentan la falacia del mejor nivel de español de los alumnos catalanes que el resto de españoles sobre tres argumentos: los resultados de las pruebas PISA, los de la evaluación General de Diagnóstico y los de las pruebas de acceso a la universidad. Veamos qué sucede con cada uno de ellos.

En primer lugar, PISA. Ellos esgrimen que los resultados en “lengua española” de los alumnos catalanes está por encima de la media de España pero la realidad es que en Cataluña esas pruebas solo se han hecho en catalán, nunca en español. Además, para mejorar la media, se han realizado malas prácticas como cuando en 2009 descartaron el 6% de alumnos con alguna dificultad en lugar del 5% permitido. En los exámenes se infrarrepresentó en casi dos terceras partes al alumnado inmigrante respecto a la realidad educativa catalana: de los 17,5% estudiantes extranjeros, la muestra PISA recogió solo el 11,2%. Finalmente, la muestra recogió a más alumnado de 4º de ESO de 15 años del que realmente hay en las aulas ya que la muestra seleccionó una proporción del 76,7% frente al 63,5% real por las repeticiones.

El segundo es que la media de los resultados de la Evaluación General de Diagnóstico es superior a la española pero, como en el caso de PISA, solo se hizo en catalán como se puede comprobar en este documento.

El último de los argumento de los exámenes de acceso a la universidad pero cada Comunidad Autónoma realiza los suyos y los de Cataluña son bastante más fáciles como se puede comprobar cotejando, por ejemplo, un examen catalán y otro madrileño.

Entonces, ¿por qué los diferentes Gobiernos de la Generalidad se empeñan en mentir sobre este tema? ¿Por qué defienden un modelo que, según los diferentes indicadores, es perjudicial para gran parte del alumnado? Porque la inmersión lingüística es la clave de bóveda para sostener el proceso de construcción nacionalista.

En octubre de 1990 se descubrió un documento programático de CiU en el que se propugnaba las infiltración nacionalista en los puestos claves de las finanzas, los medios de comunicación y en la educación. Para ello, se instaba a vigilar la composición de los tribunales de oposición así como a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza e incidir en las asociaciones de padres.

Sin embargo, dicho proceso de catalanización se había iniciado mucho antes de que surgiera este documento. Durante la década de los 80, en Cataluña se forzó el traslado al resto de España de más de catorce mil maestros y profesores castellanohablantes. En 1981, la Consejería de Educación dispuso en los Servicios Territoriales carteles en los que informaba que para poder presentar la solicitud para formar parte de la bolsa de profesores era imprescindible la posesión del título de maestro de catalán. Con este nuevo criterio, todos aquellos que se licenciaban en Filología Catalana ese mismo año pasaban por delante de cientos de maestros que llevaban tiempo esperando su turno en la lista de interinos.

Además, los maestros de EGB que terminaban ese curso Magisterio en la Escuela Normal de Barcelona nos tenían con el título de maestros de catalán. Se iniciaron entonces unos cursos de reciclaje de catalán duraban tres años para los catalanohablantes y cinco para los castellanohablantes lo que tuvo como resultado inmediato que muchos maestros y profesores con plaza en Cataluña pidieran traslado a otros lugares de España. Si a esto sumamos que en los tres años siguientes las únicas personas que iban a acceder a los puestos de trabajo eran los licenciados en Filología Catalana parece evidente que el objetivo principal era catalanizar el sistema educativo. Desde entonces hasta ahora, el requisito imprescindible del Nivel C o Módulo II de catalán dificulta enormemente el acceso de personas del resto de España para trabajar tanto en la educación primaria como en la secundaria.

La lengua es el centro del proyecto identitario catalán, pero este se vehicula a partir de diferentes asignaturas. Así, por ejemplo, en muchos libros de Geografía, aparece el mapa de los “Países Catalanes” (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, parte de Aragón y el sur de Francia) que tan solo existen en el imaginario nacionalista.

En muchos libros de diferentes materias, se muestra España como una realidad alejada y, por ejemplo, evitan que aparezca la palabra “España”, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos.

En el libro Medi natural, social i cultural (Barcanova) dirigido a niños de 10 años, en 63 páginas de Historia no aparecen las palabras “España” ni Hispania y solo una vez “Marca Hispánica”. Sí aparecen las palabras “Francia” y, por supuesto, Cataluña.

En otro libro, esta vez de educación secundaria (Cultura Classica. Civilització y cultura greco-romana, editorial Edebé, 2n cicle ESO), no aparece la palabra España, solo en algunas ocasiones –pocas- Hispania. Sin embargo, aparece constantemente la palabra Cataluña con epígrafes como “Los romanos en Cataluña”, “Vestigios de las construcciones romanas en Cataluña” o “Vías y calzadas romanas en Cataluña”.

En 63 páginas de Historia no aparecen las palabras “España” ni Hispania y solo una vez “Marca Hispánica”. Sí aparecen las palabras “Francia” y, por supuesto, Cataluña

Y, como broche final, en el libro Llengua Catalana i Literatura 3º de ESO (Editorial Casals) se afirma que en Cataluña a la “lengua propia se ha de añadir otra por migraciones, imposición militar, etc.” El castellano ha convivido con el catalán en Cataluña desde finales de la Edad Media y prueba de ello es que la introducción de la métrica italianizante en la literatura en lengua castellana se debe al catalán Juan Boscán cuyo padre, además, trabajaba en la Generalidad. En tiempos de Boscán, era frecuente que libros escritos en español se publicaran en Cataluña porque había menos trabas burocráticas e interesaba económicamente a los editores. En la 2ª mitad del siglo XVI, el 55% de los libros publicados en Barcelona y Valencia era en castellano, el 27% en latín y tan solo el 18% en catalán. Obviamente, no hay ningún tipo de imposición militar.

Estos ejemplos, lejos de ser residuales y anecdóticos, son la tónica general en los manuales de educación primaria y secundaria por lo que estamos, sin ningún tipo de duda, ante la consumación de un proyecto identitario trazado por el nacionalismo catalán y que tiene como base que lo sustenta la imposición de la lengua catalana como la única vehicular en las escuelas de educación infantil, primaria y secundaria y que intenta presentar a Cataluña como una realidad diferenciada de España y al catalán como única lengua “propia” frente a una lengua ajena e impuesta militarmente. Frente a este modelo tan claramente reaccionario y que difunde visiones de la realidad claramente sesgadas cuando no manipuladas, proponemos una educación multilingüe y libre de adoctrinamiento ideológico.

[Este texto corresponde a la intervención de la autora en la jornada organizada el pasado 7 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el modelo lingüístico escolar en Cataluña]. Se pueden escuchar todas las ponencias siguiendo este enlace.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (20-10-14)

Elecciones plebiscitarias: un caso singular

2014-10-31T13:30:00.000+01:00

Víctor Andrés Maldonado

Vista la imposibilidad legal de celebrar un referéndum de autodeterminación a raíz de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional, los impulsores del llamado proceso soberanista en Cataluña parecen decididos a ensayar alternativas con el fin de mantener la tensión en su particular pulso con las Instituciones del Estado y evitar que decaiga el interés de sus votantes. En cuanto al “proceso participativo” promovido por Artur Mas y, mal que bien, aceptado por el resto de partidos pro-consulta, no creo que merezca un análisis detallado más que calificarlo como un “no-event” en términos de la jerga diplomática, es decir un hecho sin mayor trascendencia y comparable a una manifestación de entusiastas seguidores.

Y es que si ya el frustrado referéndum de autodeterminación presentaba evidentes carencias democráticas, el actual “proceso participativo” está lejos de cumplir con los mínimos estándares internacionales en cualquier tipo de consulta: ruptura del Estado de Derecho y del imperio de la ley (una cuestión no exclusiva de España, ya que en países de larga tradición democrática como los EEUU, Francia y Alemania no es posible plantear la secesión de una parte del territorio ni siquiera a través de una reforma constitucional); inexistencia de un organismo independiente de control del proceso y de resolución de las posibles reclamaciones; la carencia de un censo de votantes; la posibilidad de votar durante 15 días, abriendo así una puerta a todo tipo de manipulación del resultado (como el bien conocido sistema del “acarreo” mexicano); falta de neutralidad de las instituciones tanto desde un punto de vista político como presupuestario al apoyar claramente una de las opciones; falta de equilibrio en los medios de comunicación públicos y subvencionados catalanes y, por lo tanto, falta de un debate equilibrado de los pros y contras de la independencia; un cierto grado de “acoso” a los partidos no soberanistas así como la cada vez mayor presión social hacia la población (por ejemplo, la “encuesta” puerta a puerta promovida por la ANC, de muy dudosa calidad democrática).

Sin embargo, tiene mucho más interés lo que parece pergeñarse en el futuro como verdadera alternativa innovadora: la convocatoria de unas elecciones autonómicas a las que se imprimiría un carácter “plebiscitario”, en substitución de un verdadero referéndum de autodeterminación, seguidas de una declaración unilateral de independencia (DUI). Y digo innovadora porque unas elecciones plebiscitarias es una figura inexistente en el mundo desarrollado. Sí se han dado cambios de régimen en el pasado ante resultados “aplastantes” en unas elecciones, por ejemplo, en Polonia a raíz de las elecciones ganadas por el sindicato Solidaridad en 1989, o la proclamación de la república en España en 1931. Pero en el contexto de regímenes democráticos, no existen precedentes en las últimas décadas en el que unas elecciones hayan sido “convocadas con un fin plebiscitario”, desde luego no con el objetivo de provocar la secesión de un territorio fuera del marco del Estado de Derecho.

Una cosa es absolutamente cierta: las elecciones en el marco de la UE (así como en las otras democracias representativas del mundo desarrollado) tienen como objetivo, a través de un procedimiento en el que se respetan los derechos fundamentales democráticos (libertad de sufragio, de expresión, de asociación, etc.) y bajo la tutela de un poder judicial independiente, que los ciudadanos elijan a sus representantes, quienes reciben la responsabilidad de asegurar el gobierno del Estado y el funcionamiento de las Instituciones. Y debido, precisamente, a que éste es el objetivo y no otro, no se puede pretender que los ciudadanos tomen decisiones sobre una cuestión específica, en particular de la relevancia de una secesión, a través del instrumento de unas elecciones. Por lo tanto, pretender el reconocimiento internacional de la independencia de Cataluña por parte de la UE a raíz de una DUI sobre la base del resultado de unas elecciones pretendidamente plebiscitarias es cuando menos ingenuo, ya que con toda seguridad dicho reconocimiento no se produciría. La única posibilidad de obtenerlo sería tras la celebración de un referéndum, previo acuerdo con el Gobierno español en el marco del Estado de Derecho, y en el que se subsanaran las deficiencias democráticas mencionadas anteriormente.

Pero una vez dicho esto, y ante la celebración de unas elecciones pretendidamente plebiscitarias, ¿cuáles podrían ser las circunstancias que pudieran llevar a la Comunidad Internacional a “intervenir” discretamente aconsejando al Gobierno español que “algo hay que hacer”, tal como una negociación cuyo resultado tuviera que ser sometido a referéndum de toda la ciudadanía del Estado (por ejemplo, una reforma constitucional de carácter federal, o que supusiera el reconocimiento de singularidades de Cataluña, ….)?

Según la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec y de la subsiguiente Ley de Claridad, así como del posicionamiento de la propia UE ante el referéndum de independencia de Montenegro, los dos criterios fundamentales serían la existencia de una pregunta clara y de una mayoría clara a favor de la secesión. En cuanto a la pregunta, este criterio se podría cumplir con la presentación de una candidatura única que incluyera un punto claro: la independencia de Cataluña, pero sin el “artilugio” (tan del uso del nacionalismo catalán) de “nuevo estado de Europa”, pues ello no sería posible o cuando menos no dependería de los que lo propugnaran, ya que, a estas alturas, es evidente que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y, por lo tanto, tendría que someterse a un proceso de adhesión a la Unión como cualquier país tercero.

En cuanto a la mayoría, al menos una participación del 50% del electorado y el 55% de los votos válidamente emitidos. Es cierto que en el pasado referéndum celebrado en Escocia el umbral acordado entre los gobiernos británico y escocés fue de sólo el 50% de los votos, pero en el caso de Cataluña el precedente que cuenta es el establecido por la propia UE y no por uno de sus Estados miembros. En este contexto, no bastaría con ganar unas elecciones en términos de escaños bajo una candidatura soberanista, pues como bien sabemos la ley electoral vigente en Cataluña otorga una mayor “representatividad” a los votos emitidos en las tres provincias menos pobladas en perjuicio de Barcelona. Efectivamente, los votos que recibieron CiU, ERC, CUP y SI en las elecciones de noviembre de 2012 representaron el 49,14% de los votos válidamente emitidos, aunque obtuvieron el 54,81% de los escaños. Si los resultados de unas futuras elecciones supuestamente plebiscitarias replicaran un resultado similar al de las pasadas es evidente que la lista “patriótica” no obtendría la mayoría necesaria mencionada anteriormente. Pero en este caso, surgen cuestiones importantes que nos muestran los riesgos que entrañaría toda la operación para la estabilidad política de la propia Cataluña: ¿bajo qué programa de gobierno actuarían?, ¿replicarían un programa parecido al actual acordado entre CiU y ERC en pos de la construcción de estructuras de estado?, ¿asumirían las responsabilidades de su fracaso o, como sería más que probable, seguirían gobernando como si nada hubiera pasado hasta que se volviera a presentar otra oportunidad más propicia?, y la ANC ¿redoblaría sus esfuerzos para convencernos de la desesperada e imperiosa necesidad de la independencia de Cataluña o aceptaría el resultado y hasta cuándo?

Este artículo fue publicado en El País (29/0/14)

¿Qué piensan los ciudadanos de la inmersión lingüística?

2014-10-30T12:23:00.000+01:00

Mercè Vilarrubias

Somos muchos los ciudadanos en Cataluña que no estamos de acuerdo con la política lingüística (PL) de la Generalitat. Algunos, como yo misma y otros colegas míos, tenemos la oportunidad de expresar este desacuerdo en artículos y ponencias, de argumentar los errores de la PL y cómo estos podrían subsanarse. Sin embargo, hay muchas personas que, de manera anónima, padecen la PL, sienten rechazo hacia ella o son absolutamente críticos pero sus razones son expresadas en privado.

La lengua es el símbolo por excelencia del nacionalismo y como es sabido, cualquier crítica es rechazada como un ataque al catalán

No es fácil significarse públicamente en este tema, el tema tabú, el tema minado. La lengua es el símbolo por excelencia del nacionalismo y como es sabido, cualquier crítica es rechazada como un ataque al catalán. El discurso nacionalista sobre este tema está muy bien trabado: o se está con ellos o se está contra ellos. O amas el catalán y por ello das apoyo a la PL de la Generalitat o lo odias y por ello cuestionas la PL. Hasta ahora, la crítica razonada ha sido imposible, que es exactamente lo que quieren los nacionalistas.

Las élites políticas y mediáticas nacionalistas son conscientes de que muchos ciudadanos no comparten la PL de la Generalitat pero ello no les preocupa mientras no sean muchos los que se manifiesten públicamente. Que a muchos no les gusta la PL, peor para ellos. Que algunos quieren expresarlo públicamente, que lo hagan; ya se encargará su aparato mediático de desacreditar estas críticas. O, como opción alternativa, se ignora la crítica, se la silencia, no existe. Atacar al discrepante o ignorarle, estas son las dos estrategias nacionalistas para mantener su hegemonía.
Si se trata de descalificar al que discrepa de la PL, los argumentos se centran en la persona que hace la crítica en lugar de en los argumentos. Por ejemplo, si el crítico es castellanohablante, su desacuerdo no es más que una muestra de su inadaptación y su españolismo. Si es un residente extranjero, aunque haga 30 años, pongamos por caso, que vive en Cataluña, el argumento para descalificarle es que no se entera, que no lo entiende, que al no ser de aquí, no puede emitir un juicio racional. Finalmente, si el crítico es catalanohablante, entonces es un bicho raro, un traidor, poseído por una enfermedad llamada auto-odio, la cual es conocida solo en los libros de psicopatología nacionalista. O sea que o eres un inadaptado o no te enteras o estás enfermo. La cuestión es neutralizar la crítica y descalificar al que la emite.

Como consecuencia de este pensamiento único lingüístico, hay muchísimos ciudadanos, especialmente catalanohablantes nativos, persuadidos de que la PL de la Generalitat tiene todas las buenas intenciones del mundo. Es la única manera de proteger el catalán, dicen, y muchos lo creen de buena fe. Es lógico; en 30 años jamás han escuchado un discurso alternativo que les explique que otra PL es posible, que hay muchas maneras de promocionar una lengua minoritaria y que la que ha escogido la Generalitat no es ni mucho menos la más adecuada. Estos mismos ciudadanos son ignorantes de los derechos lingüísticos, de los suyos y de los de los demás. Desconocen también la violencia simbólica que se ejerce sobre los hablantes del español cuando se califica esta lengua como impuesta o forastera en Cataluña, tal y como hacen los libros escolares nacionalistas. Una violencia simbólica que se ejerce especialmente sobre los hablantes del español pero también sobre los catalanohablantes nativos que se consideran bilingües y sienten el español como lengua suya.

Estos ciudadanos que creen de buena fe que la PL pretende lo mejor para el catalán y que no supone ninguna exclusión del español no son conscientes del rechazo que esta PL causa en muchas personas. Tampoco son conscientes de que, en muchos casos, la PL nacionalista consigue lo contrario de lo que busca: muchas personas que en sus inicios hicieron todo lo posible para que el catalán dejara de ser una lengua de segunda, se descolgaron del proyecto una vez fueron conscientes de lo que en realidad estaba en juego. Otros, venidos de otras partes de España o del extranjero, se sintieron al principio atraídos por el catalán y con deseos de aprenderlo pero la PL impositiva del gobierno catalán les fue quitando las ganas y nunca pudieron hacer suya esta lengua. Otros han sido capaces de dar el paso y aprender la lengua y utilizarla pero lamentando profundamente su politización y su imposición. Ciudadanos anónimos que hablan con amigos del tema pero que se guardarán mucho de expresarlo públicamente.
Desde mi punto de vista, ha llegado la hora de tomar la palabra y hablar. En estos tiempos tan agitados, donde los independentistas han ido tan lejos y han emprendido un camino sin retorno del que no sabemos cómo saldremos, ha llegado el momento de hablar y de hablar todos. Por ello, quería hacer partícipes de mi nuevo proyecto a los lectores de Crónica Global.

Este proyecto consiste en recoger testimonios de personas que están en desacuerdo, padecen o sienten rechazo ante la PL de la Generalitat. ¿Cuáles son sus razones, cómo se sienten, qué relación tendrían con el catalán si las cosas fueran distintas? ¿Cuál ha sido su historia personal con el catalán? ¿Qué es lo que les duele más de la PL? ¿Es posible llegar a amar una lengua cuando tu lengua materna está siendo tratada peyorativamente? ¿Es posible hacer tuya una lengua politizada? ¿Sienten a veces que hablar en castellano en ciertos sitios será mal visto? ¿Piensan que tendrían más oportunidades si fueran catalanohablantes natos? ¿Se sienten ciudadanos de segunda lingüísticamente hablando? Los catalanohablantes nativos críticos ¿sienten vergüenza e incomodidad frente a la PL? ¿Se sienten traidores si expresan su disgusto? Y para todos, ¿qué PL deberíamos poner en práctica para lograr el respeto a los derechos lingüísticos de todos? ¿Cómo podríamos invitar a los hablantes de otras lenguas a hablar catalán en lugar de obligarles a hacerlo?

Así, me gustaría contactar con personas que quieran hablar sobre este tema desde un punto de vista personal. Mi idea es, en un principio, recoger un buen número de testimonios y más adelante, considerar qué formato dar a todas estas experiencias y opiniones. Puede ser un libro o un blog o alguna otra forma de expresión. Ello va a depender de los testimonios y de considerar una vez reunido el material, el mejor medio para hacerlo públicos.

De la misma manera que ellos exigen respeto a su lengua materna, el catalán, también deben comprender que otros pidan respeto para la suya

Muchas veces he pensado que si hay un cambio en las mayorías políticas en Cataluña y tenemos la suerte de que finalmente haya un gobierno no nacionalista, entonces saldrán a la luz muchos testimonios de personas que han sufrido la PL de la Generalitat. Y que esto sería una gran sorpresa para muchos ciudadanos moderados e independentistas de buena fe, a los que nunca se les ha pasado por la mente que, de la misma manera que ellos exigen respeto a su lengua materna, el catalán, también deben comprender que otros pidan respeto para la suya, sea ésta el español u otra. No sabemos cuándo va a haber este cambio político y nada indica que sea próximo sino más bien todo lo contrario. En consecuencia, creo que no es necesario esperar, que podemos hacerlo ahora aunque nos sigamos encontrando con las barreras de siempre para hacer públicos estos puntos de vista. Sin embargo, si obtenemos datos relevantes, encontraremos la manera de hacernos escuchar. Cada vez lo hacemos mejor y Societat Civil Catalana ha sido un gran impulso hacia sentirnos más libres de expresarnos públicamente.

Así, dejo esta dirección de mail [email protected] para todos aquellos que quieran contactar conmigo para hacer una entrevista sobre la PL de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que queráis colaborar.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (22/10/14)

El 12 de octubre, a la plaza Cataluña

2014-10-28T12:28:00.001+01:00

José Clemente Polo

Sociedad Civil Catalana ha convocado a los catalanes a concentrarse en la emblemática plaza de Cataluña de Barcelona el día 12, al mediodía. Otras asociaciones como España y Catalanes, Convivencia Cívica Catalana, Plataforma Hispanoamericana de Cataluña, 12 de octubre, etc., que promovieron las concentraciones otros años, han convocado una hora antes una manifestación que partirá del cruce de Provenza con Paseo de Gracia y convergerá en la plaza de Cataluña. El lema de la manifestación, "La nación de todos", y el de la concentración, "La España de todos", expresan perfectamente el deseo de la mayoría de los catalanes de reforzar los lazos afectivos que nos unen al resto de españoles, mantener una unión política, social y económica que tanta prosperidad ha traído a los catalanes durante los últimos 300 años, y defender la Constitución que garantiza el libre ejercicio de derechos fundamentales dentro de un marco democrático homologable con los de otros países europeos. Queremos seguir siendo lo que somos: catalanes, españoles y europeos.

Ha llegado el momento de que el Gobierno español utilice todas las armas de que dispone para poner orden en casa

Desde hace unos cuantos años, el Gobierno catalán y los partidos que lo sostienen en el Parlament han alentado organizaciones nacional-independentistas con el propósito declarado de romper el pacto constitucional que tan trabajosamente alcanzaron las dos Españas en 1978, y que evitó que se cumpliera una vez más la profecía de Machado y una de las dos Españas acabara helándonos el corazón a unos u otros. No deja de ser hasta cierto punto una paradoja que este proyecto fratricida, sectario y profundamente reaccionario lo haya desempolvado el Gobierno catalán justo cuando Cataluña ha alcanzado el nivel más alto de autonomía nunca logrado, y España, tras ceder gran parte de su soberanía a la UE, atraviesa un momento económico delicado. Sólo hasta cierto punto, digo, porque ha sido precisamente la circunstancia de estar en la UE lo que ha dado alas al Gobierno catalán, que llegó a pensar en su delirio que podía romper España, aprovechando su momentánea debilidad económica y política, sin salir de la UE ni perder sus principales mercados: el resto de España y los principales países de la UE.

El proyecto fracasó el mismo día en que la Comisión Europea y los principales Estados europeos rechazaron el plan de secesión que se les ofrecía desde Cataluña y los dirigentes europeos recordaron a Mas que, además de un asunto interno, la secesión de Cataluña implicaría su exclusión inmediata de la UE. Pero una vez ya iniciado el camino de la confrontación equivocada, a Mas sólo le quedaba seguir arrastrando la cruz hacia el calvario para evitar que le tildaran de traidor a la causa. De ahí que haya prolongado la farsa de la consulta, una consulta que sabía perfectamente que el Gobierno español no le iba a permitir realizar. A Mas ya sólo le queda una carta antes de hacer mutis por el foro: convocar nuevas elecciones plebiscitarias y dejar que sean Junqueras y Forcadell quienes convoquen de nuevo la consulta o proclamen unilateralmente la independencia.

Hemos ganado la partida del 9N pero no la guerra. El Gobierno y el Parlament de Cataluña van a seguir incumpliendo la Constitución y las sentencias de los tribunales e intentando crear estructuras de Estado para deslegitimar y desestabilizar desde ellas el Estado. Ha llegado el momento de que el Gobierno español utilice todas las armas de que dispone para poner orden en casa. No es aquí el momento ni el lugar pero citaré dos medidas imprescindibles para empezar a poner remedio a la situación. Primera, el Gobierno español tiene que garantizar la utilización del castellano como lengua vehicular y el acceso de cualquier ciudadano español con la titulación adecuada al sistema educativo catalán. Segunda, el Gobierno español debería hacerse cargo de pagar a los proveedores de servicios básicos (educación y sanidad) y descontar esas cantidades de las transferencias a Cataluña. Se necesita firmeza, si no queremos enfrentarnos a situaciones similares a las vividas durante estos dos últimos años.

Por las libertades, por la concordia y la prosperidad, el 12 de octubre a la plaza de Cataluña.

Este artículo fue publicado por Crónica Global (11/10/14)

Miembros de Puerta de Brandenburgo participan en un acto sobre la inmersión en el Parlamento Europeo

2014-10-23T10:26:00.002+02:00

Sonia Sierra

El pasado martes 7 de octubre tuvo lugar en el Parlamento Europeo un acto de gran importancia no solo por ser el primero que organizan de forma conjunta UPyD y C’s –como toda la prensa ha destacado- sino también porque por primera vez se ha dado voz de forma institucional a personas contrarias a la mal llamada inmersión lingüística (los alumnos catalanohablantes no reciben inmersión sino una educación monolingüe en su lengua materna).

La rueda de prensa despertó un gran interés y se alargó una hora cuando lo habitual en estos casos es que dure entre 15 y 30 minutos. En ella, los eurodiputados Fernando Maura (UPyD) y Maite Pagazaurtundua (UPyD) y Javier Nart (C’s), a los que tuve el honor de acompañar, pudimos expresar nuestros puntos de vista sobre el tema y contestar a las preguntas que se nos hicieron. Al acabar, la corresponsal francesa Odile Harvey, que había preguntado sorprendida si el modelo que habíamos descrito (cero horas de español a la semana en educación infantil, dos en primaria y tres en secundaria) era la única opción posible, se me acercó y me dijo que si en Cataluña no se conocían los buenos resultados del sistema de la enseñanzas de lenguas en Luxemburgo y en las Escuelas Europeas. Yo le contesté que sí y que, casualmente, ese era justo el modelo que escogían los dirigentes de la Generalidad para sus vástagos. No cabe duda de que la inmersión lingüística catalana es un modelo de éxito pero para los hijos de los otros.

Celebración del acto ¿‘Hay discriminación lingüística en Cataluña?”

Un par de horas más tarde, a las 18h, tuvo lugar el acto “¿Hay discriminación lingüística en Cataluña?” con una serie de ponencias que analizaban el tema desde diferentes puntos de vista: la de Severo Bueno, desde el Derecho; la de Enric Martínez desde la sociología; la de la catedrática de inglés y colaboradora de Crónica Global Mercè Vilarrubias (que tuvo que ser leída por el también catedrático de inglés Carlos Silva, ya que un percance de última hora le impidió asistir a Bruselas) desde el educativo y, especialmente, sobre la dificultad de conseguir dominar el registro culto del español con el actual sistema catalán; la de Ana Losada como madre y portavoz de la Asamblea de Escuelas por el Bilingüismo y la mía, en la que intentaba demostrar como la inmersión lingüística es, sobre todo, una inmersión ideológica.

Tras las ponencias, se abrió una rueda de interesantes intervenciones entre las que destacaría la de la doctora en Derecho Constitucional Eva-Maria Poptcheva explicando que si bien el catalán es una lengua minoritaria en cuanto a número de hablantes, no puede ser considerada una lengua minoritaria desde el punto de vista jurídico porque es la lengua cooficial de varias regiones de España y tiene una enorme presencia en la Administración y el sistema educativo. Las ponencias se realizaron en español, catalán e inglés y fueron un auténtico alegato a favor del multilingüismo y de que se pusiera el interés de los alumnos en el centro del debate y la lengua deje de ser un instrumento en manos de los nacionalistas.

Primer paso internacional realizado con éxito

Tanto la rueda de prensa como el acto en sí suscitaron bastante interés y algunas personas mostraron su perplejidad ante las informaciones que allí se dieron lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que estábamos en el seno de la Unión Europea denunciando que en una de sus regiones más de la mitad de la población se ve privada de su derecho a recibir educación en su lengua materna que, además, es la oficial del país o que en ese mismo lugar se aplica un modelo educativo anticonstitucional y no se respetan las sentencias que, una y otra vez, se han fallado contra la Generalidad.

Fue realmente enriquecedor poder participar en un acto sobre la inmersión lingüística con argumentos razonados, todo ellos sustentados en datos y, sobre todo, poder hablar del tema sin que nadie te insultara ni te acusara de querer acabar con el catalán o de ser franquista. Si creen que exagero con lo que digo, echen un vistazo a los comentarios a los comentarios bajo los pocos artículos que se escriben cuestionando la inmersión lingüística.

Ahora cabe esperar que este primer acto en Europa para explicar como es realmente el sistema educativo catalán y sus más que cuestionables resultados sea un primer paso para empezar a desmontar para siempre los mantras que llevamos casi tres décadas escuchando por parte de CiU, PSC, ICV y ERC. Y es que, de entrada, resulta bastante increíble que con dos o tres horas a la semana, se consiga un mejor nivel de español que en el resto de España, que la inmersión lingüística sea el único sistema capaz de garantizar la cohesión social o que sea un “modelo de éxito” cuando se tienen cifras alarmantes de fracaso y abandono escolar temprano. Solo es cuestión de ir haciendo oír nuestra voz porque, hasta ahora, solo se había escuchado la de ellos.

Esta crónica fue publicada en Crónica Global (10/10/14)

10 de octubre (Abans del nou de novembre)

2014-10-22T11:21:00.000+02:00

José Clemente Polo

La penúltima reunión de los partidos que apoyan la consulta (CDC, ERC, ICV-EUiA y CUP) se celebró en el Palacio Robert el 9 de octubre y Mas actuó finalmente como anfitrión, pese a haberse anunciado que lo haría Ortega, la vicepresidenta del gobierno catalán. Las noticias publicadas indican que la reunión se celebró en un clima de profunda desconfianza tras haber reconocidoHoms, portavoz del gobierno de Mas, que la celebración de la consulta del 9N tiene fecha de caducidad y podría no realizarse si no se logra sortear a tiempo la suspensión del decreto de la convocatoria de la consulta que provocó la previsible admisión del recurso contra él mismo presentado por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional. La reunión acabó sin comunicado y sin foto de familia y todo apunta a que las elecciones anticipadas están cada día más cerca.

Mas a la salida de la última reunión de los partidos pro consulta, compuesto y sin novia (9 de octubre 2014)

Mas con los alcaldes pro consulta 9N

La estrategia de Mas es intentar a toda costa evitar pasar a la historia como un pusilánime, si no traidor a la causa. Convocando ayer a las formaciones partidarias de celebrar la consulta, quiso dejar claro que ninguna de ellas tiene una varita mágica para realizar el 9N la consulta anunciada con garantías democráticas. Su problema es que ha afirmadodemasiadas veces que la consulta se haría y ha involucrando incluso a lamayoría de Ayuntamientos que, al aprobar resoluciones a favor de la consulta, han manifestado implícitamente su compromiso de realizarla. A nadie puede pues sorprender que Junqueras exija a Mas que cumpla lo prometido, si quiere seguir al frente del gobierno catalán. ERC y la ANC están presionando a Mas para que el gobierno siga adelante con los preparativos y la campaña institucional de la consulta, y curse instrucciones a los alcaldes que acudieron a reunirse con Mas hace unos días para que dispongan las urnas.

Mas emergiendo entre banderas estrelladas

Ante la falta de acuerdo, lo más probable es que Mas opte por convocar de nuevo elecciones plebiscitarias anticipadas contrariando la voluntad popular. ¡Serían las terceras en cuatro años! Como conjeturaba hace unos días, Mas podría incluso dar un paso atrás, evitándose la amarga derrota que aguarda a CDC, y dejar que sean Rull, Turull y Cia quienes encabecen las listas de CDC, que probablemente concurriría en esta ocasión solitario y no como ha sido habitual hasta ahora junto con Unió, el partido de Duran i Lleida. Aunque Junqueras recibiría todo el voto independentista, probablemente no lograría disponer de una mayoría suficiente para gobernar, incluso si ofrece algunas consejerías a CDC y CUP.

Duran ultima su plataforma de centro

En cualquier caso, el margen de maniobra de Junqueras será muy estrecho ya que estará obligado a hacer aquello que ahora exige a Mas: desacatar al Tribunal Constitucional y realizar una consulta ilegal cuyos resultados carecerían de validez jurídica, o hacer una declaración unilateral de independencia. En ambos casos, el gobierno español tendría que adoptar las medidas oportunas para restablecer el orden constitucional. Espero que los planes de intervención (incluida la financiera) estén ya listos y no haya que improvisar en exceso llegado el caso.

Mas acude a La Moncloa para reclamar el pacto fiscal

About these ads

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

Etiquetado con CDC, consulta )N, declaración unilateral de independencia, elecciones plebiscitarias, ERC, gobierno español, Junqueras, Mas

Deja un comentario

El funesto legado político de Jordi Pujol

2014-10-19T10:44:00.000+02:00

Clemente Polo

Siempre me sorprendió que a este personaje se lo tratara con tanto respeto antes de que se supiera que ha sido un gran defraudador durante décadas. Recuerdo bien como en sus años de President los medios de ámbito nacional lo presentaban invariablemente como el político que sabía situarse por encima de las luchas partidistas y defender los intereses generales. Semejante aura la había ganado gracias al apoyo que CiU había prestado en Las Cortes al PSOE de González en 1993, al PP de Aznar en 1996 y al PSOE de Rodríguez Zapatero en 2004. En mi opinión, estas actuaciones, siempre muy medidas, no respondían al sentido de responsabilidad que se le atribuía sino a un oportunismo descarado que buscaba aprovecharse de la debilidad del gobernante de turno.

Un estado dentro del Estado

Quienes crean que ahora levanto la voz porque Pujol es ya un cadáver político están muy equivocados. Cuando participaba en una tertulia en TV25 (“Un pas més” dirigida por Toni Guerrero y “Doble sis” por el tristemente ya desaparecidoEmilio López Valls) manifesté en varias ocasiones que Pujol es la persona que más daño ha hecho a la convivencia entre los españoles desde la muerte de Franco. Mi juicio puede parecer severo pero tengo sólidas razones para sostenerlo. Pujol nunca pretendió favorecer el progreso de España en su conjunto, salvo en la medida en que podía beneficiar a Cataluña; y CiU, su grupo en el Congreso, prestó circunstancialmente sus votos a algunos gobiernos de España sólo para conseguir mayores competencias exclusivas para la Generalitat de Cataluña y más recursos para desarrollarlas. Buena prueba de lo que digo es que cuando Aznar invitó a CiU a participar en el gobierno de España en 1996, Pujol rechazó sin titubear la oferta y dejó claro que la tarea de de tirar adelante el proyecto de España no entraba en sus planes.

El objetivo de Pujol era ir dando pequeños pasos hasta convertir Cataluña en un pequeño estado dentro del Estado español a la espera de encontrar el momento oportuno para plantear la independencia. Su gran éxito fue que esos objetivos de construcción nacional fueron también asumidos por los partidos de ‘izquierda’ cuyos líderes se convirtieron en sus hijastros putativos. No fue Pujol ni su sucesor Mas sino los líderes del tripartito, Maragall y Montilla por el PSC, Carod-Rovira y Puigcercós por ERC, y Saura y Herrera por ICV-EUiA, quienes aceleraron el proceso de construcción nacional y elevaron la intensidad de la confrontación con las instituciones centrales del Estado. Todas las energías del gobierno tripartito que presidió Maragall se centraron en elaborar el Proyecto de Estatut que aprobó en el Parlament en septiembre de 2005. En su Preámbulo que ignora la Constitución española, se afirma que “Cataluña considera que España es un estado plurinacional” y se definen “las relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y las regiones que la conforman”. El Proyecto suponía la transformación de la CA de Cataluña en un estado de facto al atribuir a la Generalitat todas las competencias esenciales (educación, sanidad, fiscalidad, seguridad, justicia, etc.) en exclusiva.

El plan no llegó a consumarse por las modificaciones que sufrió antes de aprobarse el Estatut en el Congreso en mayo de 2006, y, sobre todo, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos en julio de 2010. Pero la semilla de la discordia estaba ya sembrada y eso explica la reacción intempestiva del gobierno de Montilla cuando Cabrera, ministra de Educación de Zapatero, aprobó un tímido decreto de enseñanzas mínimas que exigía dedicar tres horas a enseñar

Lengua y literatura castellanas en los ciclos de enseñanza primaria; o las campañas de descrédito que alentó el propio Montilla contra el TC tras de hacerse pública la sentencia del Estatut y que culminaron con la llamada que hizo a los ciudadanos para que participaran en la manifestacióncontra la sentencia que encabezó, junto a Pujol y Maragall, un grave error de cálculo porque fue abucheado y tuvo que salir por piernas. Como estos ejemplos ponen de manifiesto, cualquier iniciativa del gobierno español o sentencia de un tribunal que module, corrija o anule normas de la Generalitat se considera automáticamente un acto de hostilidad hacia Cataluña y así la presentan los medios de comunicación catalanes a la opinión pública, incluso cuando sólo pretenden cosas tan razonables como ajustar el contenido de las normas aprobadas a la Constitución vigente, o garantizar la enseñanza de la lengua y literatura castellanas, el idioma que el 58,7 % de los catalanes considera según el CIS su lengua materna.

Del estado dentro del Estado al Estado propio

En el verano del 2009, las sedes de CDC exhibían dos carteles harto significativos porque daban una idea de la deriva que había iniciado el partido presidido por Pujol. Uno se mofaba del president Montilla, representado como un niño con calzones cortos al servicio de Madrid, y el otro proclamaba “Queremos un Estado propio”. A la victoria electoral de CiU en noviembre de 2010 siguió un período de relativa calma durante el que el PP prestó su apoyo a CiU en el Parlament de Cataluña. Pero el clima de colaboración se enrareció pronto.

En una entrevista publicada el 4 de noviembre de 2010 (”El Quadern” en El País), el historiador Nadal contaba contrariado que Pujol le había dicho pocos días antes que “Vicens Vives y Espriu ya no eran modelos para continuar por el camino del entendimiento que proponían con España”. En otras palabras, el president Pujol había optado ya por la independencia. Y en efecto, Pujol votó anticipadamente a favor de la la independencia en la consulta celebrada el 10 de abril de 2011 en Barcelona, como también lo hicieron el president Mas y varios de sus consejeros. En marzo de 2012, el XVI congreso de CDC aprobó con entusiasmo la ponencia política que establecía, por primera vez y sin tapujos, el objetivo de conseguir un Estado propio, sintetizado en la fórmula “Catalunya = nació+estat propi” (Cataluña=nación+estado propio).

Tras la victoria del PP en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, Mas empezó a reclamar con insistencia a Rajoy negociar para concluir un pacto fiscal similar al concierto del País Vasco y Navarra. Para reforzar su poder de negociación, Mas animó y la mayoría de sus consejeros participaron junto con Pujol en la manifestación convocada por la organización independentista Assèmblea Nacional Catalana (ANC) el 11 de septiembre de 2012 bajo el lema “Por un Estado propio”. También asistieron los líderes de ICV-EUiA y algunos dirigentes del PSC, así como representantes de CCOO y UGT que han reiterado posteriormente su apoyo al ‘derecho a decidir’. Mas consideró llegado el momento de echar un órdago al gobierno de Rajoy que atravesaba momentos críticos con la prima de riesgo por las nubes y la amenaza de intervención de nuestra economía. Mas acudió a Madrid para reclamar un estado independiente el 13 de septiembre, y se entrevistó en La Moncloa con Rajoy para reclamarle un pacto fiscal que pusiera en sus manos la llave de la caja el 20 de septiembre. Ante la negativa de Rajoy, se cortó toda colaboración entre ambos partidos en Cataluña y Mas se arrojó a los brazos de los independentistas de la ANC que lo recibieron como a un héroe en la Plaza de Sant Jaume.

Mas reaccionó convocando elecciones anticipadas con la intención de ponerse al frente del movimiento independentista pero CiU perdió 12 escaños y el President quedó a merced de ERC y la ANC. A continuación, CiU junto con ERC, ICV EUiA y CUP aprobaron en el Parlament la Declaración de soberanía y el derecho a decidir (Resolución 5/X, 23 de enero de 2013) que el TC declaró inconstitucional en su sentencia del 25 de marzo de 2014. Entretanto, Mas anunció el pasado 13 de diciembre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación a celebrar el 9 de noviembre de 2014. El Congreso debatió y rechazó el pasado 8 de abril la transferencia de competencias para celebrar dicho referéndum que había solicitado el Parlament. Mas ha reiterado que, no obstante esa negativa, la consulta se celebrará y Rajoy le ha advertido que la consulta es ilegal y confía en que no se celebre. Mas ha advertido a su vez a Rajoy que habrá conflicto si no se permite la consulta y no descarta declarar unilateralmente la independencia.

Conclusión

Llegados a este punto resulta difícil valorar positivamente el quehacer político de Pujol. Su proyecto de construir un estado dentro del Estado como paso previo a la independencia ha acabado produciendo una grave fractura entre los catalanes independentistas y el resto de catalanes, por un lado, y la inmensa mayoría de los españoles, por otro. Están en peligro la estabilidad política y el bienestar económico que nos ha proporcionado la Constitución de 1978 durante los últimos treinta y cuatro años y los viejos fantasmas del enfrentamiento reaparecen en la escena histórica setenta y cinco años después del final de la Guerra Civil. ¿Acaso no es éste mérito suficiente para considerar nefasto el legado político de Pujol?

(Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de agosto de 2014 y en el blog de Clemente Polo)

Una consulta poco democrática

2014-10-05T16:17:00.000+02:00

Javier Soria

Olvidemos por un momento los múltiples motivos por los que no se puede celebrar la consulta, el primero de ellos porque se trata de un referéndum encubierto. Olvidemos también los múltiples subterfugios con los que se le pretende dar cobertura y ciñámonos al contenido material del Decreto de convocatoria de la consulta. Pese a que los promotores de la consulta no hacen más que repetir la palabra democracia, un breve análisis demostrará que democrática no es la palabra que mejor liga con consulta:

1. ¿Qué es un Estado no independiente? Esta interrogación ha sido recurrente desde el mismo momento en que se anunció por Artur Mas la doble pregunta. Los más entregados a la causa repetían que, aun cuando pudiera ser cierto que pecaba de indefinición, eso quedaría resuelto en el Decreto de convocatoria. Por supuesto, brilla por su ausencia la explicación del significado de Estado no independiente, lo cual supone una llamada a votar lo inconcreto. El Decreto de convocatoria y sus Anexos son la «Ley» de la consulta, de modo que el concepto no puede quedar al libre arbitrio de terceros, que es lo que aquí sucede. En caso de victoria del SÍ-NO, nadie podría interpretar con exactitud lo que significa, sino que cada uno tendría su propia versión, ya que no se dan orientaciones del tipo de implementación que tendría esta opción. Poco democrático.

2. ¿Quién gana la votación? Todos recordamos también que otra de las cuestiones a resolver era el modo en que se formularía el cómputo de votos. Cómo se concreta la opción ganadora queda en el completo olvido: sí que se determina que en la publicación de resultados se indicará el número de votos obtenido por cada opción, incluido el voto en blanco, y el número de votos válidos y nulos, pero no se indica en la convocatoria cómo se llega a la conclusión acerca de cuál es la opción ganadora y, por lo tanto, el tipo de mandato (no nos engañemos, no se pide la opinión, y lo de consultivo es poco menos que una entelequia en este caso) que se ha expresado en la votación. Poco democrático.

El artículo 8 de la Ley de Consultas dice que los poderes públicos que la han convocado deben pronunciarse sobre la incidencia del resultado en la actuación pública sometida a consulta en el plazo de dos meses a partir de su celebración. Es decir, que el Gobierno de la Generalidad puede hacer lo que prefiera: si la opción más votada tiene un cuarenta por ciento de apoyo, puede considerar que se debe actuar en función de ese resultado, aunque ni siquiera cuente con mayoría absoluta. En cualquier caso, la convocatoria no lo aclara. De manera más completa, la ausencia de sistema electoral ya ha sido analizada por José Fernández-Albertos.

3. ¿Los extranjeros también deciden el futuro político de Cataluña? Sigamos aquí el razonamiento principal en que se fundamenta la consulta: se solicita la opinión (aunque todos sabemos que en realidad se trata de una participación política encubierta) para implementar un resultado político, la independencia, en caso de que esta fuera la opción ganadora. Resulta llamativo que, para decidir sobre cuestiones de soberanía, se otorgue derecho a voto a quien no tendría -al menos, a priori- derecho a la nacionalidad catalana en el momento de crearse un hipotético nuevo Estado. Además, los extranjeros no pueden votar en elecciones generales ni autonómicas -sí en las municipales en caso de ciudadanos comunitarios o si existe Acuerdo de reciprocidad-, por lo que es sorprendente que se le otorgue la oportunidad de votar sobre el futuro político de Cataluña -aunque deba solicitarlo específicamente- a quien carece de derecho a hacerlo por las vías legales: nada menos que se le otorga voto para iniciar una reforma constitucional de España a quien con toda probabilidad en el caso de una secesión de Cataluña no podría votar su Constitución. En este caso, no es que sea poco democrático, es que se trata de otro de los ropajes del fraude en que consiste la consulta. Por cierto, en lo sustancial, esta cuestión fue comentada por personas tan poco sospechosas de oponerse a la consulta como Vicent Partal o Carles Boix.

4. ¿Una campaña de cuarenta y dos días para decidir la independencia? Si la campaña se iniciaba el domingo veintiocho de septiembre y finaliza (esto es pura teoría porque ya sabemos que está suspendida aunque siga de forma encubierta) a las cero horas del nueve de noviembre, la campaña informativa se desarrollaría en tan solo cuarenta y dos días. La Ley de Consultas dice la votación se debe celebrar entre los treinta y los sesenta días naturales a partir del día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria. Una cuestión tan importante como decidir el futuro político de Cataluña, uno cree que al menos debería merecer el plazo máximo, pero por lo visto debe ser que el resultado es ya muy claro y la fase de información, innecesaria. Con ello queda clara la baja calidad de la democracia deliberativa y participativa a la que se apela, pues ni siquiera se molestan en aparentar un interés en que exista discusión argumental entre las diversas posiciones que caben en el marco teórico de la consulta. Poco democrático.

De forma breve, se han esbozado varias de las objeciones que se le pueden oponer a la convocatoria del referéndum encubierto, al margen incluso de las cuestiones constitucionales y legales que impiden su celebración. Sería bueno que quienes se arrogan la exclusividad de la legitimidad democrática fueran capaces de dar una respuesta honrada, aunque quizás no es posible, a cuatro interrogantes para esta consulta planteada de forma tan poco democrática.

Si el referéndum fuera un juego de cartas o de azar, este estaría trucado

2014-10-02T11:47:00.003+02:00

Xavier Lastra

[Este artículo es una continuación o apéndice de uno más largo que ya escribí también para Puerta de Brandemburgo. Creo que se puede leer sin haber leído aquel, pero en cualquier caso ambos tratan el mismo tema y únicamente aquí me he centrado en resumir por puntos algunas cuestiones que quizás obvié, ignoré o no expliqué muy bien. Además, la marcha continua y aparentemente sin frenos de la consulta me ha obligado a volver a insistir, aunque sea para una breve actualización.]

Un referéndum sobre la independencia es siempre una victoria para el bando nacionalista, incluso aunque pierda (salvo derrota humillante y extrema). Preguntar nunca es una acción neutra, pues ubica -por encima de todo otro tema- tal cuestión bajo el foco de la atención de la sociedad y los poderes del Estado (o del gobierno que sea). El coste de oportunidad por centrar una legislatura en un referéndum es evidente, y es ingenuo esperar que la propuesta de cualquier pregunta en tales condiciones no modifique las preferencia de los votantes pues el simple hecho de avisar que se preguntará (por no hablar de hacer campaña contante) seguramente modifique la opinión de muchos sobre el tema al obligarles a pesar sobre ello, cosa que antes nunca habían hecho al estar en la cola de sus intereses y prioridades. Igualmente, al hacer un referendo el precedente ya está sentado y se ha aceptado la validez de que tal cuestión pueda ser votada, y así el bando independentista siempre puede volver a convocar el referendo alguna vez más. Por otra parte, la aceptación del referéndum, incluso cuando se esconda tras una consulta no vinculante de dudoso valor jurídico, ya presupone en cierto modo la soberanía que se pretende votar y declarar.

Incluso aceptando las extremas premisas del “procés” catalán, por el cual no se requiere mayor legitimidad que la mera convocación unilateral del referendo (y si la otra parte no lo acepta, es su problema), lo mínimo sería que la pregunta fuera justa. Es un mínimo que incluso la democracia más radical necesita cumplir para poder seguir arropándose con una áurea de cierta superioridad moral. Al fin y al cabo, nadie aceptaría apostar algo importante en un juego sin antes haber estudiado bien sus reglas y haberse asegurado de que el juego es justo, que no está trucado y que ofrece las mismas garantías para todos. Es tan evidente que ofende, pero tal razonamiento rara vez se traspasa a las votaciones populares a pesar de que no es difícil concebir una votación como una especie de juego con reglas de participación, recuento e interpretación para conseguir un resultado final (que se presupone claro y objetivo, característica que no posee nuestro referéndum del 9N). Así, y sin deseo de ser exhaustivo (podría acabar haciendo una enciclopedia en tal caso), la pregunta del 9N presenta varios problemas de tipo formal:

(1) No se sabe qué se está votando, pues eso dependerá del resultado final. El objeto de la apuesta, el objeto que está en juego, no es que sea confuso, es que es paradójico. Lo confuso puede esclarecerse, pero lo paradójico no, pues incluso una vez explicado, sigue sin tener sentido. La pregunta del 9N presenta varios objetivos, a la vez, y se elegirá uno u otro según el resultado y el intérprete. Han pasado meses desde que se anunció la pregunta, y aún nadie se ha molestado en presentar ese “manual de interpretación”, y a estas alturas ya ni se molestan en disimular que no escribirán tal cosa (y de todos modos, la naturaleza paradójica de la pregunta lo impide). Así, por necesidad lógica, si vence la independencia (SíSí) se dirá que sobre eso iba la pregunta, si no ocurre eso, se dirá que sobre conseguir más herramientas de Estado tal y como propone la primera de las dos preguntas, pues el voto independentista también vale para eso. El resultado de la pregunta propuesta es una caja negra en la que se incluye una cosa (independencia), parte de su negación (“Estado NO independiente”), y ambas a la vez (“Estado” a secas). Únicamente cuando se abra la caja y se interprete el resultado se podrá decir qué se estaba preguntando exactamente. Y teniendo en cuenta que uno de los posibles interpretes, Oriol Junqueras, dijo que SN ya le parecía una victoria pues presupone Estado soberano[1], quizás lo que la pregunta realmente desea averiguar es: “¿Desea independencia ahora mismo o lo dejamos para mañana?”

(2) Si la población votara al azar, igualmente vencería el nacionalismo pues la pregunta está trucada. El azar es una buena base para juzgar la justicia de un juego o de una votación, como con algo tan simple como comprobar que un dado o monedas no estén cargadas. Con dos alternativas a elegir el resultado sería, con pocos decimales de precisión, cercano al 50%, del 33% con 3, 25% con 4, etc. Pero la pregunta del 9N no es de tres alternativas[2], sino de dos, una de ellas con dos subdivisiones que se suman a la fuerza para crear una de esas alternativas, además de una categoría invisible que se presupone y se puede calcular pero que en realidad no aparece (el “No a la independencia”). Aunque casi todo el mundo entiende lo del 9N como de tres respuestas, no lo es, aunque voten y piensen sobre qué votar como si lo fuera. Así, si los catalanes votaran al azar, sería 1/3 para cada una de esas tres, pero como dos de ellas se suman, eso provoca que en una votación de borrachos que no miran lo que marcan igualmente vencería el soberanismo/nacionalismo con una victoria aplastante del 66% a favor de un Estado (entendido como eufemismo para la ruptura consitucional o del marco autonómico general). Y naturalmente, ya que se pregunta, alguna clase de Estado se debería aplicar, ¿no vas a negar la voluntad del pueblo, aunque sea de un pueblo que no sepa qué está votando, verdad? Por lo tanto, se puede decir que los dados de la consulta están cargados para que incluso en caso de resultado azaroso, los convocantes venzan.

(3) De hecho, ni tan siquiera se sabe qué es votar azarosamente en tal preguntay ésta está diseñada para que todos los posibles resultados (doce[3]) menos dos favorezcan al nacionalismo/soberanismo (incluso si el independentismo propiamente dicho no gana... “por ahora”). Es decir, ¿y si los votantes dicen: “Bueno, como me da igual todo, Sí o No al Estado lo decidiré lanzando una moneda, y si sale que sí, lanzaré otra.”? En tal caso, el resultado final sería 50% Sí (25% SíNo, 25% SiSi) y 50% No (el único resultado que podría interpretarse como “empate”). Eso demuestra que hay dos preguntas y dos objetivos en ese referéndum: (a) seguir con el espectáculo de ir rascando competencias y conseguir salir del marco autonómico general sin atreverse a pedirlo, y (b) el tema de la independencia, oculto (bueno, no mucho) dentro de esa otra pregunta, como si fuera una mera continuación gradual de aquel. Y las dos se preguntan a la vez, haciendo que los votos para la segunda también valgan para la primera. Desgraciadamente no es posible votar ambas cosas ni que se apliquen a la vez, aunque el discurso nacionalista ha convencido a la inmensa mayoría de la población que es una cuestión de grado, y no de categorías, pues al final todo lleva a una decisión inevitable para cada individuo: Si vence el independentismo, ¿renunciarás a la nacionalidad que has tenido durante toda tu vida o no, en cuyo caso aceptarás ser extranjero en el nuevo país? No es una mera gradación de sentimientos, de sentirse más o menos catalán (si alguien votar siguiendo ese criterio, debería hacérselo mirar), sino de un corte irreversible a una cuestión (entre otras cosas) jurídica.

(4) Ni tan siquiera sabemos cómo responde una persona ante una pregunta así. No tenemos conocimiento sobre cómo se “traduce” una opinión en una pregunta binaria a una de esta clase. Teniendo en cuenta que el independentismo puede votar fácilmente a su opción (SíSí) y jamás he visto a un independentista mostrar dudas sobre qué debería votar, parece claro que al grupo al que afecta más es a los contrarios a la independencia, pero aún así, no lo sabemos a ciencia cierta (literalmente, se necesitarían hacer experimentos científicos para averiguarlo). Se pretende hacer un experimento masivo (y mal hecho) para empezar a entenderlo en el mismo experimento que se decidirá el destino de un país. La frivolidad con la que se trata tan importante tema asusta. O debería.

(5) La pregunta da dos votos al independentismo, y se aplicará uno u otro según el resultado final colectivo. Aunque yo no creo que le beneficie de inmediato (no creo que le dé votos directos, más allá quizás de alguno que se vea arrastrado por inercia al votar Sí al Estado), a la larga sí, pues es una pregunta para hacer inevitable la victoria del soberanismo y del discurso nacionalista, para legitimar medidas ya hechas (que no se desharán) y aún por hacer. Siguiendo una estrategia de divide y vencerás, la pregunta permite que todo independentista vote a su opción sin que tenga dudas sobre qué marcar, pero al obligarle a votar primero por otra cosa disfrazada como similar o paso intermedio, le está dando un segundo voto. Así, como lo de Estado está formado por cosas exhaustivas y mutuamente excluyentes, si no vence ninguna de ellas en solitario, conjuntamente y por mayoría absoluta es muy probable que sí. Qué será lo que se aplique y cómo (o lo que se exija a España) quedará en manos del intérprete, pero yo me iría haciendo a la idea de interpretaciones al estilo “submarino como animal marino y vuelvo a tirar con otro referéndum porque me da la gana”. Evidentemente, la falta de seguridad jurídica que provoca un referéndum así es abrumadora.

Análogo sería un juego de cartas que el lector puede simular él mismo. Sería como elegir una carta al azar de una baraja de póquer con 52 cartas estándar (26 rojas y 26 negras), suponer que cada uno de los colores representa el independentismo o su contrario (por ejemplo, el negro), pero luego arrancarle una parte (las picas, por ejemplo) y sumárselas a las rojas por la cara, argumentando que todas esas cartas no son, efectivamente, tréboles negros (lo que queda tras la mutilación). Así, de una situación tensa de 50/50 -tensa pero justa- se parte a una donde, aunque la decisión principal sigue igualada, se crea una segunda decisión que está trucada y que se pregunta primero, basada en esa mutilación de uno de los colores y la creación de una abstracta categoría. Como se ve, ni es necesario para explicar el problema de la pregunta mencionar a Cataluña y España, pues es un problema que análogamente se puede expresar formalmente en muchos otros “juegos” y situaciones.

(5b) A la inversa tal truco no funcionaría. Si uno pregunta primero si se desea la independencia o no, lo que parece más lógico, y luego lo de “Estado” (signifique lo que signifique), se vería claramente que Estadoes una subdivisión de “No independencia”, como un tipo concreto de relaciones internas de un país cuya soberanía original no se pone en entredicho.[4] Por lo tanto, la primera pregunta del 9N es un engaño y distracción que, mediante un burdo truco lingüístico y que sea obligado su voto, mantiene la ilusión nacionalista de que esto no es más que un “proceso”, un cambio gradual y casi infinitesimal dentro de una línea continua en la que en un extremo está el status quo y en el otro la independencia (visión que los barómetros del CEO refuerzan con sus preguntas que van en esa línea). Por lo tanto, no únicamente el nacionalismo NO puede perder, pues como mucho se queda igual que ahora pero jamás puede retroceder, sino que esa “tercera vía” se clasifica en ese “mapa mental” como más “cerca” del independentismo que de su contrario natural al que pertenece por necesidad, y que por ello es válida la suma de SN y SS. No obstante, si obligas al votante primero a definirse como independentista o no, lo que es lógico, y luego qué clase de independencia (o no), tal ilusión se rompe y nadie consideraría lógico sumar esa parte de No independentistas con TODOS los independentistas.

(6) Tal modelo en la votación de ayer de Escocia habría provocado una victoria del nacionalismo. Sin cambiar nada y asumiendo que, puesto que nada se lo impide, los independentistas seguirán votando a su opción, una victoria ajustada del tal alternativa en formato SíSí (como del 46%) no sería una derrota sino que incluso podría ser una victoria parcial. Cuanto más se aproxime al 50%+1, más probable es que algunos del “Sí al Estado” provoquen que aún así la totalidad de “soberanistas” consigan una victoria para el “confederalismo/federalismo/salir del sistema general” o el término que se use en cada país para “quiero ser tratado con privilegios”. Así que, incluso si no puedes declararte independiente siempre puedes declararte victorioso y exigir un estatus diferente gracias a que a una parte de tus votantes se le ha dado dos votos. Igualmente, tal modelo habría dejado a Londres sin capacidad para negociación ni movilidad, tanto política como discursiva. Como en Cataluña, se habrían visto obligados a ser arrojados a un “No a todo” progresivamente más restringido a medida que todo el mundo salta a la burbuja política del soberanismo por miedo a ser ignorados (el mítico “Yo no soy independentista pero votaría que sí a la independencia” de más de una persona importante). Y nadie nunca ganó unas elecciones prometiendo no cambiar nada.

(7) Aplicado a otras cuestiones, tal modelo sirve para aprobar casi cualquier cosa. Si yo provocara un referendo para la nacionalización de la banca (ignoraremos las demás consideraciones sobre la legitimidad de tal cosa), es posible que no venciera en una pregunta clara y binaria. No obstante, si usara el modelo catalán, e incluyera esa opción -sin justificación alguna- dentro de una más abstracta, ambigua y “moderada”, sí que vencería. El truco estaría en preguntar si se desea más control del Estado sobre la banca y, en caso afirmativo, si debería ser nacionalizada. Si no vences en el sí con la segunda, es mucho más probable que sí en la primera, ya que todo voto para aquella sirve también para esta y a ver quién dice que no a lo de más control. Así que incluso si no consigues tu objetivo más radical (que puede que en realidad ni fuera el tuyo) sí conseguirás el otro, que puede ser un paso intermedio para al final -y por otras vías- hacerte con aquel. Dicho así y con ese ejemplo es evidente que la pregunta es tramposa, pero la ceguera emocional de la mayoría de catalanes (y por lo que parece, también españoles) es tan grande que si se lo dices en relación a Cataluña muy pocos se dan cuenta de la trampa. O no les importa en caso de que sí.

(8) Tal pregunta es una lista de chantajes y demandas unilaterales, ocultas una dentro de otra como matryoshkas rusas. Al reducir a tu oposición a un casi literal rincón, y sumarte todo lo que no sea esa reducida oposición a tu “movimiento”, puedes permitir la aparición de tu alternativa más radical junto a otros “pasos intermedios”, terceras o cuartas vías o lo que sea, mientras aún así haces propaganda por la más radical y desprecias a las otras. Se presenta primero la más neutra, subiendo cada nivel con una más radical, hasta al fin llegar a la más extrema; y que el voto para ésta sirva también para todas las demás que la precedieron. Nada impide que, con un poco de imaginación y abuso de lenguaje, uno haga una pregunta con tres o más niveles y al final acabes votando a SíSíSí...Sí. Teniendo en cuenta que Artur Mas ha dicho más de una vez que cualquier propuesta española debería votarse juntoa lo del 9N, y sorprendentemente a nadie le entró la risa, podemos estar seguros de que como mínimo tres niveles aún serían posibles y mucha gente seguiría sin ver problema alguno. Cuatro quizás ya sería pasarse.

(9) Si no eres nacionalista, al votar en tal cosa estarás lanzando tu voto a la basura. Ya es difícil vencer al independentismo cuando se ha visto legitimado en una votación estándar, pues el No suele verse como un Sí pospuesto y diferido (“No nos declararemos independientes... de momento”), que si además ni te permiten votar a tu alternativa directamente lo tienes imposible. Eso te obliga a mucho más de un 50% de partidarios del No, pues una buena parte de esos se verán tentados a votar al SN por múltiples, dispares, incompatibles o incluso imposibles razones (para no ser del “No a todo”, como señal de “catalanismo”, por apoyar un federalismo que de hecho ya existe, por no parecer “facha”, por apoyar un confederalismo que es casi como independencia, etc.), y únicamente con una victoria absoluta del No al Estado podrás asegurarte de que, como mínimo durante un tiempo, se frenen sus ambiciones. Teniendo en cuenta que en Cataluña es posible que entre 10-20% voten SN, eso quiere decir que, a efectos prácticos, a los contrarios a la independencia se les pide un 60-70% para que (1) Ni pueda la independencia salir como vencedora -eso es más fácil- ni (2) se declare el movimiento nacionalista de todos modos como victoriosos por el apoyo al proceso soberanista de “estructuras de Estado [hacia la independencia]” -eso es casi imposible-.

(10) Va en contra de la legalidad más básica y sus principios subyacentes, y no me refiero a la que defiende la integridad territorial o las competencias autonómicas pues esas inevitablemente ataca. No soy de comentar cuestiones legales pues asumo que eso es evidente y, de todos modos, ellos admiten que no les importa así que para qué voy a molestarme, es como recordarle a alguien que te está pegando que eso es ilegal así que por favor deje de hacerlo. En cualquier caso, como este referéndum ataca normativas relativas a la igualdad de todos los ciudadanos y le concede un valor diferente a su voto según su opinión, haré una excepción. En el propio Estatut de Catalunya es evidente la violación del art 29 sobre la igualdad para para participar en los asuntos públicos, pues el referéndum crea dos clases de ciudadanos según lo que se vote al final (uno con un voto partido, otros con uno que se suma con otro para formar otra categoría, que luego servirá como un segundo voto, etc.). En relación a la Constitución Española, y aunque acabaría antes diciendo qué no ataca, el art 9.2 relativo a los principios de igualdad y 9.3 a la seguridad jurídica por directamente no saber qué estás votando, qué se aplicará, cómo ni qué efectos tendrá. Es también evidente que una consulta que impida o dificulte a votantes catalanes residentes fuera de Cataluña, y que permite votar a menores de edad es, como poco, de dudosa validez.

Igualmente, a un nivel más internacional, el doble voto a una parte de los ciudadanos viola explícitamente una norma de la Comisión de Venecia (cuerpo consultivo del Consejo de Europa) en su Council for Democratic Elections (CDE)[5]. Y no únicamente esa norma

El más mínimo principio y requisito, ya no democrático sino hasta de sentido común, es que una pregunta, proceso, juego o incluso una simple encuesta o estudio sociológico, debería ser justa, neutra y -en una especie de navaja de Occam demoscópica- no debería ser necesario crear extrañas y complejas estructuras/constructos políticos para lo que puede ser solucionado de forma más sencilla y simple. Teniendo en cuenta que un simple estudio de ciencias sociales en el más irrelevante de los campos tiene, o debería tener, requisitos y fuertes controles, más aún debería tenerlos una consulta tan importante. Pero ni únicamente eso -por malicia o error- el “procés”, a estas alturas más propio de una república bananera que otra cosa, ha conseguido en dos años de focalización de toda la atención política. Cualquier cúmulo de opiniones, deseos, preferencias o de lo que sea, sean vinculantes o no, legales o no, se hagan al final o no, sean consultas o referendos, sea papel mojado, un experimento mental o un plan real y efectivo; sean encuestas de opinión, consultas hechas por todo el país o butifarrendos, sea vencedor por mayoría absoluta entre dos alternativas o ganador Condorcet en votaciones ordinales... sea cual sea su naturaleza y características, deben seguir ciertos mínimos absolutos. Mínimos que el soberanismo catalán ha ignorado y pisoteado, a veces hasta con arrogancia, pues ha habido políticos (independentistas) que han comentado y admitido las deficiencias de tal(es) pregunta(s) y aún así no han hecho nada para intentar solucionarlo.

Odio ser el que lo dice pero... Es que es una cuestión de principios.

NOTA.

El CEO (Centre d'Estudis d'Opinió) ha preguntando tradicionalmente sobre esta cuestión, y recientemente explícitamente sobre la consulta propuesta para el 9N. Las cifras que da el CEO confirman lo explicado y propuesto en este artículo.

Usando el último barómetro a día de hoy (1º de 2014), la pregunta 30 da estos resultados:

30. En todo caso, ¿cómo cree que debería ser esta relación*? Cree que Cataluña debería ser...

Una región de España 51 (2,6%)

Una comunidad autónoma de España 466 (23,3%)

Un estado dentro de una Espanya federal 400 (20,0%)

Un estado independiente 904 (45,2%)

No lo sabe 139 (6,9%)

No contesta 40 (2,0%)

Y luego, a las mismas personas, para las preguntas 31a y b, sobre el referéndum del 9N da estos resultados:

Sí + Sí 943 (47,1%)

Sí + No 171 (8,6%)

Sí + Blanco 1 (0,1%)

Sí + Abst 9 (0,4%)

Sí + NsNc 28 (1,4%)

No 386 (19,3%)

Nulo + Blanco 15 (0,8%)

Abstención 222 (11,1%)

Ns/Nc 224 (11,2%)

Asumiendo representatividad, esto prueba la importancia de la suma de SS + SN y dividir a tu oponente. Todo independentista (pregunta 30) vota en masa a SíSí, e incluso gana alguno (de 904 a 943), mientras que los contrarios, divididos entre diversas clases de relaciones con España, se reparten entre No, SiNo, abstención, voto nulo, en blanco, Ns/NC. Por lo tanto, incluso en el improbable caso de que todo el mundo fuera a votar a la hipotética consulta (y el abstencionismo se sabe que es partidario del No), el SíSí quedaría en el peor de los casos con un 45-48%, y el cerca de 9% de SN le permitiría declararse vencedor, aunque sea moral, con un 55,6% (57,6% contando votos en blanco y similares). El caso es similar al al escocés, pero de un 45%~ se pasa de una derrota a una, de repente, victoria del 55%+ a favor delprocés nacionalismo, ruptura constitucional, federalismo hoy-independencia mañana... o lo que se quiera interpretar. Todo eso mientras, por supuesto, al independentismo jamás se le pide que se pelee entre sí sobre qué clase de independentismo o qué futura relación con España desea.

___________

*Hace referencia a la pregunta anterior (29): “En lo relativo a las relaciones entre Cataluña y España, cree que Cataluña ha conseguido... [un nivel de autonomía suficiente?]” Sospecho que hay cierto efecto “bola de nieve” en las preguntas del CEO.

[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20131217/54398289114/junqueras-votar-si-y-no-consulta-victoria-presupone-estado-soberano.htmlLV 17/12/2013

[2] Aprovecho para comentar brevemente, para lectores más académicos, que dudo que una votación ordinal Condorcet con tres alternativas solucionara el problema. Tal votación sigue sin justificar por qué es válido permitir al independentismo votar su alternativa entera, mientras que al contrincante se le divide y según criterios que beneficien al independentista. Pero ese sería otro tema.

[3] Seis ordenaciones de las tres alternativas principales (SS, SN y N), por ejemplo para el SS como primera vencedora son estas dos:SS>SN>N & SS>N>SN (en negrita las que se suman). Pero cada una de ellas puede ser por victoria simple o absoluta (por más del 50%). Por lo tanto, doce posibles -que no igualmente probables-. No obstante únicamente en dos los contrarios al independentismo (El No como primera por más del 50%, sea SN o SS la segunda) pueden estar seguros de que han vencido y que no les colarán “gato por liebre” -como se dice por aquí- con una extraña suma de alternativas con el “Estado” (y aún así es dudoso que se dé marcha atrás con las estructuras ya construidas). En el resto, 2 son para el independentismo al que se permite votar sin problemas, y en las otro 8 (al sumar SN +SS), a falta de otro vencedor, dejan como victorioso al Estado “independiente y no independiente a la vez, aunque enfocado hacia lo primero.”

[4] Es más, incluso antes de decidir si eres independentista o no, internamente uno debería decidir (y luego externamente admitir) si seguirá/acatará o no la legislación del país al que de momento pertenece. Lo contrario hace imposible el debate.

[5] “Código de buenas prácticas para referendums.” Estrasburgo, 19 marzo 2007 Todo el artículo 2 es relevante: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282007%29008-e

¿Policía política?

2014-09-29T10:00:00.001+02:00

Rainaldo Ruíz

Leo la noticia de que la ANC pide 100.000 voluntarios para “oír” a los ciudadanos de Cataluña, piso por piso. Desconozco cuantos pisos ycasas hay en Cataluña, pongamos que tantos como ciudadanos, aprox. 7M; es decir 70 pisos por voluntario. Accesible. Veo el video publicitario, en el que se explican las “razones”: es la hora de escuchar -no convencer- a todos los ciudadanos. “El porta a porta mes festiu i participatiu de la historia”. Leo la noticia en los diarios, en los noticiarios de Tv y espero una reacción que no se da. ¿De verdad nadie se pregunta qué significa este hecho? ¿De verdad alguien piensa que los efectos de esta iniciativa son inocuos? Ya ven que no pongo en duda la bondad de la intención.

Permítanme una somera descripción de la situación social de la actual Cataluña, tan sólo un diminuto enfoque de la misma. Estamos viviendo unos momentos que, pese a la machacona propaganda de la festividad o, precisamente con esa excusa, se permiten determinadas conductas que valoradas seriamente nos remitirían a una exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de gran envergadura: es absolutamente desolador que en una democracia -estoy convencido que mejorable- unos representantes políticos sean capaces de saltarse la legalidad, mediante subterfugios o directamente animando a la desobediencia civil; intentando anteponer a dicha legalidad un concepto de democracia carente de fundamento. Por lo visto, ahora se es antidemócrata por negar el ejercicio de un derecho absoluto no reconocido por las leyes: los ciudadanos no votan todo lo que quieren y cuando quieren.

Nuestra Constitución recoge diversas figuras que permiten conocer, más allá del momento de las convocatorias electorales, las inquietudes y voluntades de la ciudadanía: derecho de manifestación, iniciativa legislativa popular, referéndum, etc. La Constitución española huyó de democracias asamblearias. La ciudadanía puede ejercer su derecho a voto de conformidad con las leyes para la elección de sus representantes. Esta es, como en la casi totalidad de los países de nuestro entorno, la máxima expresión de democracia; no seré yo quien dude de los posibles beneficios de una democracia más participativa, pero trabajemos en ello, pongámonos la mayoría de acuerdo y dispongamos las fórmulas para poder realizarlo porque no hay atajos y menos cuando suponen infringir la legalidad. En relación con las manifestaciones de la voluntad democrática recogidas y amparadas por la Constitución, ya me hubiera gustado que las manifestaciones en contra de las políticas de recortes sociales hubieran tenido el mismo eco en nuestros representantes autonómicos que las manifestaciones del 11S en el Gobierno de la Generalitat. En Cataluña estamos ante un receptor de voluntades un tanto especial, el Gobierno español desaparecido.

El posicionamiento del Gobierno de la Generalitat es de todos conocido: nuestros representantes (lo son aunque no les hayamos votado) y las Instituciones desde las que ejercen la potestad que con los votos les hemos conferido, están volcadas en dar respuesta a una sola manifestación de voluntad (la de “su pueblo”) sin preguntarse a quienes representan, la legalidad de la propuesta, la repercusión y responsabilidad de avivar la confrontación entre ciudadanos y con el Estado. Todo ello conociendo que hay una solución a las voluntades expresadas en la calle: la máxima expresión de la democracia tal como la entendemos todos, unas elecciones anticipadas (o no); que las urnas diriman las propuestas, sin ambages, de los diferentes partidos; que estas propuesta se hagan (o no), con los matices que estimen oportuno, eco de las manifestaciones del 11S. Que todos tengamos claro las propuestas de cada partido político, sin posibilidad de error o mala interpretación.

No pongo en duda el éxito de las convocatorias del 11S, realizadas y alentadas desde 2012 por los partidos que abogan por la consulta -ya ven que no me refiero exclusivamente a los independentista-; el gobierno de la Generalitat (y sus medios de comunicación públicos y “concertados”); la ANC y Omnium Cultural. En una Comunidad Autónoma de más de siete millones de habitantes, que ante una convocatoria se movilicen unas 800.000 personas, reitero, me parece un éxito; pero permítanme que tenga mis dudas en relación a la lectura que de ello deba realizarse. Aquí en Cataluña, desde los medios de comunicación afines al independentismo hasta la Generalitat de Catalunya, comparten una única interpretación: ese ingente número de personas representa la voluntad de “un pueblo”. Y esa voluntad, no nos engañemos, no es otra, desde su perspectiva, que la independencia. Esta interpretación es de una hipocresía mayúscula porque, si no, ¿a qué vienen esas manifestaciones de representantes del Gobierno catalán respecto de la creación de las estructuras de estado antes de realizar la propia consulta; o de la Sras. Carme Forcadell y Muriel Casals en el sentido de que la próxima diada será una celebración y no una reivindicación?. El resto de ciudadanos que no se unieron a la manifestación (o a esa manifestación, porque lo hicieron a otras) no tienen voluntad o no forman parte de ese “pueblo” (su pueblo catalán). Quien no la manifiesta, no tiene voluntad. Quien calla, otorga. Aquí no caben individualidades ajenas a ese sentimiento de pertenencia: o eres de los “nuestros” (el buen catalán) o eres de los otros (un españolista acérrimo o, en el mejor de los casos un mal catalán). Esto que he descrito dudo mucho que pueda negarlo nadie medianamente objetivo: admite matices que, en ningún caso, se alejarán de lo que pretendo mostrar.

En este ambiente viciado (unos respiran mejor que otros), tras la gran manifestación del 11S, la ANC hace un llamamiento para crear una “policía política”, 100.000 voluntarios que van a recorrer, piso por piso, es decir, ciudadano a ciudadano, Cataluña entera. He entrecomillado policía política para quitarle peso ya que si no, sería insoportable, para resaltar su reflejo. Estoy convencido de que detrás del que tuvo la idea no ha habido mala fe, aunque muestra de ello sería que dejaran de lado esta iniciativa. No obstante, resulta llamativo que los verdaderos adalides de la democracia, no mesuren desde el más estricto respeto a los derechos básicos de las personas, una propuesta como esta. Ya no voy a referirme a la Constitución Española que tanto denostan, esa que les permite manifestarse en libertad y, amparados por la Ley, voy a traer a colación el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”. ¿De verdad creen ustedes que su “visita” para “escuchar” lo que piensan todos y cada uno de los ciudadanos y no los que voluntariamente puedan dirigirse a los representantes o partidarios del movimiento independentista, no quebranta este Derecho universal de las personas? Es importante que nos detengamos en el hecho de que la prospección de ideologías que pretenden realizar significa, de facto, averiguar sin posibilidad de duda, qué es lo que votaría cada ciudadano en el imaginario de la celebración de una consulta. Tener un registro de todos los ciudadanos y su posicionamiento político (desconozco si manejarán otros datos diferentes a los que podrán elaborar, a saber, núm. de personas con derecho a voto y su intención política en cada piso que visiten), algo absolutamente deleznable e ilegal. Quien desconozca la cotidiana realidad social de la Cataluña actual podría aducir en contra de lo que estoy describiendo que no abriendo la puerta cuando llamen, problema resuelto. Que no deja de ser un acto voluntario. Esta argumentación topa con un “pequeño” obstáculo: ¿de la iniciativa puede derivarse un registro de la opción política de todos y cada uno de los “escuchados”? Si la respuesta es afirmativa, ¿alguien en su sano juicio puede pretender que dicha iniciativa no atentaría contra el derecho de aquellas personas que no quieran que se sepa su posicionamiento político dentro de su libertad? Porque en la tesitura política actual, no recibir a tan amables emisarios supondría, de facto, posicionarse en contra de la opción política por ellos defendida. A ello deberíamos añadir la innecesaria humillación que supondría para aquellos ciudadanos que no quieren constar como “los malos” (recordemos que la prospección no la hace una institución pública o privada neutral), el hecho de tener que aparentar una opción ideológica distinta a la que tienen, es decir, ante una pregunta incómoda en la que no quieren aparecer como “los aguafiestas”, mientan (no todo el mundo valora de la misma forma la mentira, lo sé, pero desde el mismo momento en que alguien se ve compelido a mentir, se atenta contra su dignidad como persona).

Dudo mucho que estas líneas puedan hacer cambiar de opinión a los impulsores de la prospección ideológica, no obstante, apelo a su responsabilidad y, en caso contrario, a la de las instancias políticas y judiciales para que impidan una iniciativa absolutamente deleznable e ilegal.

El error de Societat Civil Catalana

2014-09-26T13:23:00.000+02:00

Joan Vilaplana i Martí

Societat Civil Catalana (SCC) se equivocó celebrando un acto el 11 de septiembre. Esta frase podría ser entendida por los nacionalistas como el inicio de la división en esta organización. Nada más lejos. No hay ánimo de dividir nada sino de explicar y avisar sobre la trampa en la que cayó SCC al celebrar el acto de Tarragona.

El 11 de septiembre es una fecha en la que pasó algo. Concretamente una derrota militar de las tropas austriacistas en Barcelona en 1714. Este es el hecho desnudo. Empirismo puro sin ningún tipo de interpretación. Los hechos nos demuestran que fue la victoria final del candidato borbónico sobre el Habsburgo, ambos disputándose el trono de la monarquía española. Los hechos también demuestran que en aquel conflicto había catalanes en ambos bandos. Cervera, sin ir más lejos, se mantuvo fiel a Felipe V, tal y como había hecho gran parte de Cataluña antes del poco conocido “Pacte dels Vigatans”. Esto no es una interpretación, es lo que pasó realmente. Pero en el siglo XIX se hace popular la versión nacionalista que ha llegado hasta nuestros días: que aquello fue una guerra de España contra Cataluña y que, a causa de la derrota, los catalanes perdimos todas las libertades si bien hablar de libertades en la sociedad de principios del siglo XVIII con el significado que hoy tiene el término es desconocer bastante la Historia. No nos engañemos, los actos del 11 de septiembre tienen como finalidad reivindicar la versión nacionalista –convenientemente cocinada- de los hechos. Es aquí donde reside, precisamente, el error en la convocatoria de SCC.

El nacionalismo catalán se comporta como un hecho religioso. Tiene sus días de guardar y celebración, su martirologio, su estética, sus profetas y hasta unos rituales. El 11 de septiembre es uno de esos días. Por tanto, no era posible plantear el acto de SCC como una celebración laica. Haciendo un símil católico, a todos nos parecería extraño y hasta ridículo que una asociación de ateos saliese en procesión para celebrar la Semana Santa. Pues con el 11 de septiembre pasa lo mismo: no es posible celebrarlo de manera no nacionalista porque está concebido para todo lo contrario. El sesgo nacionalista de este día está íntimamente ligado a su naturaleza.

Además, tampoco hemos de engañarnos: la V concentró a más gente que el acto de Tarragona. Esto es una realidad porque, además de contar con una difusión preferencial –por no decir única- en la mayoría de los medios de comunicación catalanes, ellos están más movilizados. Evidentemente, el acto de Tarragona no se planteó como un acto de grandes masas. Y tampoco la cantidad de gente que apoya una idea nos dice nada sobre la veracidad o corrección de la misma. Pero esto lo sabemos nosotros y no esa parte de la sociedad, aún indecisa, a la que hay que convencer y que suele comer por la vista. El nacionalismo ha mostrado siempre las diferencias cuantitativas como un éxito. No les demos esa satisfacción. No nos lo podemos permitir aunque sepamos que es propaganda vacía.

Por tanto, organizando SCC un acto y/o considerando ese día como uno singular aceptó parte de la cosmovisión nacionalista. Y lo que es aún peor, la parte nuclear de la misma. La que apoya el relato de su proceso. No se trata, por supuesto, de mala fe por parte de los organizadores. Es más bien, en mi opinión, algo que obedece a la inercia cultural que en mayor o menor medida todos llevamos. Pero aún así, no es excusable. El acto fue un error. Y para colmo, este error será usado en nuestra contra.

Sin ir más lejos, hace unos días me encontraba en la terraza de un bar y se sentaron en la mesa de al lado tres independentistas muy autocomplacientes que estuvieron comparando la V con el acto de SCC y alguna que otra manifestación “millonaria”. Para ello se sirvieron de los típicos “memes” que hoy en día se han hecho tan populares y, entre otras perlas, soltaron que la bandera mostrada en Tarragona ocupaba mucho y que allí hubo más voluntarios que asistentes. Cabe mencionar que hicieron uso de unos flamantes móviles de última generación, cosa rara en una gente que se considera explotada y oprimida por España. Cosa rara, digo, que siendo así cuenten con semejantes lujos. Pero esto es harina de otro costal. Es cierto que estos tres personajes no tenían ni idea de órdenes de magnitud pues en sus cabezas cabía que se pueden poner 9 personas por metro cuadrado, si atendemos a los datos de la ANC pero la cuestión es que compararon y creyeron que ganaron, hinchándose su ego, porque sólo se fijaron en el tamaño y no en las razones. Esto era inevitable y el acto de SCC no ayudó porque se les concedió gratuitamente un elemento comparativo. Es cierto que estos tres individuos difícilmente serán convencidos por nuestros argumentos. Además, la cosa fue bastante más patética porque se consideraban protagonistas del acto cuando todos sabemos que simplemente se han dejado llevar por el mainstream orquestado por las instituciones públicas tomadas por el nacionalismo. Pero esto lo sabemos nosotros y no ellos. Y si seguimos perdiendo jugando según sus reglas será muy difícil ya no cambiar la opinión de esta gente sino acercarnos a los indecisos, que son los realmente importantes.

Si queremos convencer debemos atraer el juego a nuestro terreno y abandonar el campo contrario. Proponer y erigir una Cataluña nueva. ¿Existe alternativa? Claro que sí. Un sí rotundo: se llama San Jorge. San Jorge es el día del libro, de la cultura. De la cultura entendida como elemento liberador y aglutinador y no como algo diferenciador y excluyente. Es el día de la palabra impresa que constituye, a mi entender, un avance capital en la Humanidad sino el principal y más importante. Y también es el Patrón de Cataluña. Es cierto que puede considerarse una fiesta religiosa pero las raíces cristianas de Cataluña son innegables. Y, habida cuenta de lo variado de las actividades, creo que satisface sin problemas a personas religiosas y no religiosas. Además, se celebra en primavera, esa estación en la que estallan las flores, el tiempo nos invita a despojarnos de los ropajes invernales y a recorrer el mundo y los días, progresivamente más largos, se visten con una luz mediterránea propia de un cuadro de Sorolla. Sin duda, por significado, actividades y calendario es mejor que ese día triste de septiembre que nos anuncia el final del verano y el inicio del otoño, prolegómeno lúgubre de la inexorable muerte que es el invierno. Solo por la estación ya merecería la pena cambiar un día funerario como es el 11 de septiembre por una jornada que despierta las ansias de cultura, vida y paz. Siempre es mejor ensalzar la vitalidad que no los mártires de la patria. Este país ha tenido demasiadas muertes como para seguir con estas exequias anuales que solo dividen a la sociedad. ¡Viva la primavera!

Narcisalismo (I). Etología y diagnóstico

2014-09-24T09:48:00.000+02:00

Ángel Puertas

La problemática nacionalista es emocional. Sigmund Freud en El porvenir de una ilusión conectaba el nacionalismo con el narcisismo de las pequeñas diferencias. Dos notas humanas destacan en la conducta de numerosos nacionalistas: la extraordinaria relevancia que otorgan a la catalanidad y la percepción de que lo catalán es hostigado por los españoles no catalanes.

En la ideología nacionalista observamos una inflación del ego colectivo. El nacionalista exhibe reiteradamente su catalanidad para que todos lo admiren y contemplen. Hechos que ninguna relación tienen con la catalanidad son visualizados interponiendo el prisma “Cataluña”. Y dicho cristal se emplea para interpretar cualquier fenómeno, desde el más prosaico e inofensivo al más enjundioso y trascendental. Así, la guerra civil deja de ser un enfrentamiento entre las dos Españas (en la que lo catalán sería secundario) para ser una lucha de España y Cataluña (que adquiere rango protagonístico); los mayores precios de la vivienda y otros bienes en Barcelona y área metropolitana en comparación con los de un pueblo andaluz no son una simple manifestación de la carestía de la vida en áreas urbanas de fuerte inmigración frente a depauperadas zonas rurales de acusada emigración, sino una demostración de lo caro que a los catalanes les resulta ser españoles. Los ejemplos podrían continuar hasta el infinito. Las muestras de exhibición de la catalanidad por parte de tantísimos nacionalistas son tan evidentes que no merece detenerse en ellas. En el nacionalismo hay un “yo colectivo” inflamado, una llama hinchada y siempre refulgente que ilumina con su cálida tonalidad toda la estancia y que impide contemplar la realidad bajo otras luces más humildes y objetivas.

El siglo XIX fue la infancia de las naciones. Séalo o no Cataluña, el siglo XIX fue aciago para esta comunidad. Siete guerras civiles sufrió Cataluña entre 1821 y 1875 (la guerra realista, la resistencia contra los Cien Mil Hijos de San Luis, la de los Malcontents, las tres carlistas y los alzamientos republicanos). Bandas carlistas en los montes asaltaban a viajeros y campesinos; partidas de la Tradición caían al amanecer sobre pueblos desguarnecidos, fusilaban a liberales e incendiaban casas y cosechas de propietarios que no pagaban la contribución al rey Don Carlos; juventudes militarizadas montando guardia en las proximidades de la población; somatenes prestos a luchar; vecinos carlistas represaliados por los liberales; funcionarios que no podían entrar en las zonas sublevadas; industriales arruinados por la hiedra del contrabando que florecía en las guerras; obreros pordioseando por los sobresaltos y la depauperación de la economía; olor a pólvora desde las frecuentes barricadas progresistas; juntas y contrajuntas revolucionarias; atropellos de la autoridad militar: juicios sumarísimos, detenciones sin causa, secuestro de publicaciones, prohibición de transitar por las calles a partir de las diez de la noche…; rumores de bajada de los aranceles; una industria potente y a la vez frágil, pendiente de la solidaridad comercial del resto de España, anhelante de elevados aranceles; una burguesía demandante de servicios modernos (una estación de telégrafos, vías férreas, escuelas industriales…) que quedaba afónica ante un Estado empobrecido por las recidivantes guerras del norte; luchas entre obreros y capitalistas, unos arrojaban bombas sobre las cabezas burguesas del Liceo y otros arrojaban legislaciones antiproletarias a los tobillos de los trabajadores… No conozco región con un siglo XIX más atormentado. Las guerras civiles deprimen la autoestima colectiva: “matinés [carlistas] en la montaña, ladrones en las afueras, bullanga en expectación por las calles y plazas, y bombas en proyecto en el aire por si fueran mal dadas. Me cago en Barcelona”, escribía Pablo Piferrer, aunque originariamente escribió “Cataluña” donde luego puso Barcelona.

Los intelectuales, ayunos de esperanza, se refugiaron en un pasado imaginario, al que idealizaron (Álzate, oh Barcelona,/bastante has estado postrada y abatida:/mira que una corona/tan grande como la perdida,/te guarda el cielo, tan querida para tu frente;/sal ya de la agonía,/piensa que nuestros hijos con voz severa/te preguntarán un día:/¿Qué has hecho de tu bandera,/dónde están tus reyes, tus bravos caudillos dónde están?, versificaba Rubió i Ors). Difícil es la autocrítica. Ese contraste entre el pasado glorioso y el presente oscuro desembocó en la búsqueda de un chivo expiatorio (Felipe V) y de un objeto contrafóbico (las instituciones derogadas por el primer Borbón). El relato histórico prenacionalista había sido creado.

Casi toda la industria española era catalana. Su escasa competitividad se salvaba con elevados aranceles en las aduanas que convirtiera el resto de España en un mercado protegido (o cautivo, como queramos) para la industria nacional. La firma de un tratado con una potencia extranjera “siembra la inquietud entre los que se ven amenazados de perder lo que es fruto de tantas privaciones y fatigas, y cubre con un velo de tristeza el corazón de los que temen que les ha de faltar el pedazo de pan cotidiano para ellos y sus familias. ¡Ah! No; esos teóricos sin entrañas [los intelectuales librecambistas] no tienen idea de lo que es para el pueblo catalán una de aquellas amenazas; amenazas que al estar próximas a convertirse en realidades, convierte el temor y la tristeza en verdadera desesperación. ¿Qué tiene de particular que (…) el dolor arranque gritos que parecen maldiciones y amenazas contra la patria común, contra la madre que se convierte en madrastra?”, clamaba el conservador Mañé y Flaquer. Sin embargo, la postura del Estado era habitualmente proteccionista. La hiperprotección materna deprime la autoconfianza del niño, el hiperproteccionismo segó la confianza de la industria de sobrevivir sin altos aranceles.

Cuando un niño piensa que su madre no le muestra un amor incondicional, sino que es capaz de retirarle el pecho materno (aunque nunca se lo llegue a retirar), de propinarle un injustificado o desproporcionado golpe, de no comprender sus balbuceos…, ese niño, digo, tiende a pensar que su madre no le quiere, y no le quiere por sus bajas cualidades. Pero puede que el niño realice un mecanismo de hipercompensación y exalte sus virtudes desmesuradamente (“¿cómo que yo valgo poco? Soy el más trabajador, el más ahorrador, el más emprendedor, el más pactista, el más avanzado”, pareciera decirse). El niño, ante el temor a ser relegado por una madre abandónica, descubre la trascendencia de no pasar desapercibido, y emergen en él rasgos narcisistas, al objeto de ser siempre el centro de atención. A fines del siglo XIX un sector de Cataluña, y reitero, solo un sector de Cataluña, comenzó a vivir su catalanidad de forma narcisista. No todas las personas que vivencian la misma experiencia reaccionan igual ante la misma. Sobre ese terreno cayó y germinó una semilla ideológica que proporcionó trabazón argumentativa y simbólica a ese estado anímico. En otras regiones también cayó, pero la planta no arraigo por no hallar terreno tan fértil como el que las inclemencias del XIX convirtieron al espacio catalán.

Así, en algunas parcelas del solar catalán los miedos e inseguridades del XIX explosionaron en una exaltación de la catalanidad, en una vigorosa afirmación de lo propio. Adler apuntaba que “de estos sentimientos de inferioridad y de inseguridad surge una recia lucha para afirmar la propia personalidad, de una intensidad harto mayor que la normal”.

El narcisista, sintiendo que nadie la abraza, se abraza permanentemente a sí mismo. Él es lo único importante. A la postre los demás no son más que espejos o dianas. Espejos que le deben devolver una imagen doblemente bella de él mismo o dianas sobre las que descargar su ira y su frustración. Aspira a la gloria, a ser contemplado como alguien irrepetible, especial, pero la gloria está en el ojo ajeno. No puede aceptar ser igual que los demás porque entonces no destacaría (por eso repudia el “café para todos autonómico”). Y mientras, se mira insistentemente en el espejo.

Él debe ser siempre el centro. De tal manera no acepta que le contradigan. Él no dialoga, hace pedagogía. Coloca a los demás en la involuntaria posición de alumnos. Si no comparten su parecer no es porque él yerre, sino porque no le quieren entender, porque son unos recalcitrantes anticatalanes (“no ens entenen, no ens estimen”). No darle la razón equivale a no quererle. Si no obtiene el triunfo (dialéctico, político, económico) contacta con la angustia anaclítica, con su hondo temor al abandono, y proyecta su angustia sobre el otro (“yo no soy el inepto que no gusta a mamá, sino que eres tú el inepto”).

Para el narcisista él siempre es el más. En su fase convexa es exultante, tiende a creerse superior (“Cataluña destaca por su civismo, su pactismo, su pacifismo, etc.”, proclama cualquier prócer nacionalista). En su fase cóncava es victimista, piensa que es el más maltratado, el que más sufre, que sus problemas son los más graves e importantes que los de los demás. En todo caso cree ser excepcional (el famoso “hecho diferencial”).

El narcisista, surgido de las inseguridades y miedos al abandono, teme no ser querido. Su vínculo con los demás pasa por convertirlos en espejos que le muestren cuánto es él de valioso. Para ello proclama de continuo sus excelencias y singularidades. No mantiene una relación mutuamente nutritiva con el entorno, no practica la ecología, sino la egología.

El narcisista, falto de autocrítica, atribuye sus problemas a los demás. De ahí que los gobiernos narcisalistaseludan con tanta facilidad sus responsabilidades por una defectuosa gestión (“Madrid es culpable”). A menor nivel de exigencia sobre los gobernantes, peor administración de la cosa pública. El informe de gobernabilidad regional de la Comisión Europea de 2012 coloca a Cataluña como la región peor gobernada de España. Pero la vanidad en la que transita el narcisista le impide verlo.

El narcisista siempre está insatisfecho. Siempre quiere más para evitar la angustia anaclítica. “Dame, dame, dame, que nunca me sacio”, parece decir, temiendo que si deja de exigir desaparezca el pecho materno. Reclamar insistentemente le garantiza la atención ajena. Además se siente fuerte, máxime porque desliza la amenaza velada de romper la relación si no se hace a su acomodo y voluntad. Cuando logra su objetivo una sensación de potencia se apodera de él, pero es efímera, pues no valora las cosas que tiene, sino la atención de los demás. Anhela permanentemente el triunfo para colmar la sensación atrasada de impotencia y debilidad. Y pasa del 15% del IRPF al 30%, de un nuevo sistema de financiación al Estatut del 2006, de la supresión de los gobernadores civiles al pacto fiscal… siempre en continua lucha, porque en la lucha se siente vivo y fuerte. Y los demás han de complacerle so riesgo de no quererle. Exige al resto de España que le seduzca, pero él no debe hacer nada para resultar atractivo ni a los demás catalanes ni a los demás españoles. Él se considera seductor de por sí.

El narcisista en su posición cóncava en la que se visualiza como una víctima es de hecho un maltratador psíquico, pues implícitamente acusa a los demás de victimarios. Adquiere así una posición de superioridad moral y exige a los demás que le recompensen. Los demás siempre quedan en deuda con él, deuda que es imprescriptible. Así se coloca siempre por encima de los demás. Así puede manipularlos afectivamente y controlarlos, lograr que hagan cuanto él desee.

El narcisista se siente especial, por tanto, no contempla a los demás hermanos como a iguales. El mandato que transmite es: “no pertenezcas a este grupo” (“som una nació”), “afianza tu singularidad” (“fer país”), “no confíes” (“que la prudència no ens converteixi en traidors”), pues no ve a los otros como colaboradores, sino como competidores.

Su carácter se fortalece en la lucha, por ello fomenta las situaciones de conflicto que le permitan superar los obstáculos creados por él mismo y aumentar, una vez vencidos, su autoconfianza. En caso de no vencer, el conflicto le permite equiparse de “justificados” reproches contra el enemigo. Así acentúa su guión de vida: “mamá (el Estado) no me quiere”. Prefiere tener la certeza de no ser querido a tener la confianza de serlo. La primera le confiere seguridad y una excusa para la lucha, la atención y el triunfo; la segunda le coloca ante el riesgo de no ser estimado como él desea, ante la posibilidad de que los demás no se plieguen a sus continuas exigencias. Por ello prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y acomete proyectos de dudosa viabilidad que confirmen sus negras premoniciones (selecciones catalanas, Estatut, pacto fiscal, independencia…). El culpable de sus intuidos fracasos es el agrio Estado anticatalán.

El narcisista cuando se siente frustrado atribuye sus limitaciones a la malquerencia ajena, envidiosa de su excelsa valía. De ahí su sentimiento de persecución. Una sentencia del Tribunal Constitucional no es un texto jurídico, sino un acto de desamor. Y cuando se siente no querido rompe la relación, no puede soportar no ser el centro del círculo. Fatigado de una vieja Eco que ya no le satisface en todo cuanto reclama se lanza a conquistar a una nueva Eco (la Europa fascinada por la Barcelona olímpica o el Barça de Guardiola).

Esta visión se transmite acríticamente de padres a hijos. Los padres cargan a sus hijos con pesadas mochilas: “serás musulmán, como yo, y pensarás así de las mujeres y del vino”, y el hijo adquiere sin cuestionarse las filias y las fobias del padre. Pero quien dice musulmán dice cristiano o ateo, o culé o merengue, o socialista o conservador. Podemos odiar a quien creemos que injustamente nos odia. Pero cuando comprendemos que son esclavos de sus sentimientos, cuando conocemos las conexiones causales que los producen, la pasión pierde fuerza. De tal manera que estaremos en una posición menos apasionada y más racional, y por tanto, más proclive a hallar la solución.

Descrita la etiología y el diagnóstico de aquello que Albert Einstein describía como “una enfermedad infantil, el sarampión de la Humanidad”, tan solo queda abordar la terapéutica.

El Estado de Derecho como necesidad

2014-09-18T11:29:00.000+02:00

Víctor Andrés Maldonado

Nunca olvidaré la cara de estupefacción de los representantes europeos ante las palabras de un ministro de Asuntos Exteriores de un país de la antigua Unión Soviética. Como era habitual en este tipo de reuniones, los representantes europeos abogaban por la necesidad de respetar los principios democráticos, los derechos humanos fundamentales y el Estado de derecho, en definitiva, el imperio de la ley. Y fue en este contexto en el que el ministro replicó que Europa no tenía lecciones que dar a su país ya que en él existían leyes desde hacía al menos un milenio. Más de uno no podía creer lo que acababa de escuchar. Y no era para menos, pues una cosa es la existencia de leyes, normas, disposiciones, etcétera, y otra muy diferente el significado de lo que en Europa entendemos por el imperio de la ley y el respeto del Estado de derecho.

Primero, es una cuestión de sustancia, de filosofía política, en cuanto que el imperio de la ley y el respeto del Estado de derecho presuponen la existencia de un régimen democrático en el que la aprobación de las leyes se realiza mediante un método deliberativo en el que participan los representantes de los ciudadanos elegidos de una manera libre y transparente. A través de este método, las diferentes posiciones en torno a una problemática específica son confrontadas de manera pública y una decisión adoptada (la aprobación de la ley). Lo mismo ocurre para su cambio o derogación. Todas las opiniones deberían tener cabida en la deliberación, siempre y cuando respeten los derechos humanos fundamentales y el método de adopción de las leyes, tanto durante su tramitación y aprobación como durante su aplicación. Para eso, es fundamental que existan un poder ejecutivo que las aplique y un poder judicial independiente que las interprete en caso de disputa. Cuando esos requisitos no se cumplen, las leyes no gozan de ese marchamo de respeto y, por tanto, no pueden conformar lo que llamamos un Estado de derecho donde el imperio de la ley está por encima de la voluntad de cualquier individuo o grupo de individuos por muy numeroso que sea.

Segundo, es también una cuestión instrumental. Para empezar, porque es la manera de asegurar que nuestros derechos como ciudadanos serán respetados, independientemente de nuestros recursos económicos y de nuestra capacidad de influencia política y social. Es una fórmula para defender a los más débiles y sus derechos individuales. Pero sucede lo mismo, por elevación, si nos movemos en el ámbito de las organizaciones internacionales o grupos de Estados como la UE. En este contexto, es igualmente importante la elaboración de las normas y leyes a través del método deliberativo y la aplicación de las mismas. Esta es la manera de asegurar el respeto de los derechos de los Estados que forman parte de la UE y de sus ciudadanos (por ejemplo, la libre circulación de mercancías y de personas, el derecho de asistencia consular en el extranjero, etcétera). Sin el respeto tanto de la legislación comunitaria como de las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, la existencia misma de la UE estaría en entredicho y los logros conseguidos (muchos y evidentes para los que peinamos canas) en peligro.

Se debe defender a los más débiles y sus derechos individuales

Sin embargo y a pesar de estas evidencias, a mi parecer, incontestables, en el debate promovido en Cataluña por los partidarios del derecho de autodeterminación (bajo el llamado “derecho a decidir”, formulación que pretende darle un barniz democrático y que, indudablemente, levanta menos sarpullidos en el mundo desarrollado), hay quienes proponen la ruptura del Estado de derecho y saltarse la legislación “española” (como contraposición a una supuesta legitimidad legislativa “catalana” diferenciada). Así parecen propugnarlo una parte de CDC, ERC y CUP.

No es suficiente con decir que el Tribunal Constitucional está desprestigiado o influenciado políticamente como justificación para rechazar su más que probable oposición a la celebración de la consulta. Primero, porque la ley que pretenden saltarse (la Constitución) fue aprobada democráticamente siguiendo el método deliberativo con la participación de los representantes de los ciudadanos catalanes y, por tanto, forma parte a tiempo completo del conjunto del Estado de derecho independientemente de la posición que pudiere adoptar el TC al respecto. Y, segundo, porque existen instancias judiciales superiores donde se puede corregir cualquier tipo de abuso referido a los derechos humanos individuales (como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo). Pero por si eso fuera poco, existen otros elementos que no deberíamos olvidar: el riesgo de profundización de la fractura social interna dentro de Cataluña y la incertidumbre sobre la reacción de los ciudadanos ante una situación ilegal o, cuando menos, ante la existencia de una doble legalidad.

En dicha situación, ¿cómo reaccionarían las fuerzas de orden público (Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) y cómo resolverían estas las diferencias de opinión dentro de su seno? ¿Cómo lo harían las unidades del Ejército estacionadas en Cataluña? ¿Cómo lo harían los ciudadanos en general? ¿A qué legalidad obedecerían, a la nuevamente establecida como consecuencia del proceso secesionista o a la que representan la Constitución española y los tribunales de justicia? Todo un escenario de incertidumbre que podría degenerar en una situación caótica y de descontrol que los ciudadanos catalanes no nos merecemos.

Pero lo que causa sorpresa es la argumentación esgrimida por uno de los europarlamentarios de Podemos cuando habla de ley injusta como fundamentación para saltársela. En mi experiencia internacional he aprendido que no se puede hablar de leyes justas, sino de leyes democráticas, de leyes aprobadas y aplicadas conforme al método democrático. Es verdad que en un régimen democrático se puede decir que hay leyes injustas desde un punto de vista personal y subjetivo, pero no de una manera absoluta.

No se puede hablar de leyes justas, sino de leyes democráticas

No es una premisa válida para proponer la desobediencia civil. Es un camino peligroso, pues ello podría llevar a la ruptura del Estado de derecho y la desobediencia civil “a conveniencia” (“a la carta”). Si un grupo de ciudadanos considera injusta una ley porque perjudica los derechos de algunos o de muchos de ellos, lo que tienen que hacer es proponer cambiarla a través del método democrático y no desobedecerla. En el fondo, la cuestión fundamental (e irresoluble) que subyace es quién determina si una ley es justa, pues lo que para uno pudiera ser injusto para otro podría suponer un ejemplo de justicia. Espero que la argumentación de las propuestas de Podemos en el Parlamento Europeo se sustancie de manera diferente.

En cualquier caso, lo que sí le pediría humildemente a nuestro president,Artur Mas, es que no nos aboque a tener que elegir entre una doble legitimidad jurídica como pretenden los defensores del llamado proceso soberanista. Los que no somos nacionalistas de ningún tipo, los que por vocación, convencimiento o experiencia hemos renunciado a tener una patria esencialista, los que creemos en la convivencia entre diferentes, los que consideramos que la diversidad y la pluralidad son una riqueza, los que queremos que nuestra sociedad se fundamente en el concepto republicano de ciudadanía, le pedimos o mejor le exigimos que respete la ley y el Estado de derecho como garantía de nuestros derechos individuales.

Este artículo fue publicado en El País (16-09-14)

Reply to the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom

2014-09-08T10:05:00.000+02:00

I would like to begin this article by thanking Josep Manuel Suárez, the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom, for his letter to the editor of the Financial Times in response to the one that I wrote with Susana Beltrán and Santiago Mondejar, in which he accepts our position. I also thank the online Catalan newspaper Nació Digital for having reported the correspondence. However, there are a few points that need clarification.

I would like to begin with the way in which this is reported in Nació Digital, which in my view uses judgemental language that is unsuitable for the journalistic goal of objectivity and which also makes a number of mistakes. To start with, the headline says that the [Catalan] government is replying to the serous mistakes that ‘unionism’ has published in the Financial (written in this way, simply the Financial, instead of Financial Times, thereby showing an unwonted degree of familiarity / instead of using the abbreviation FT, which is commonly used by people who are in fact familiar with this famous newspaper). On reading this I felt a great metaphysical weight fall upon me – truth. Unionism. Three people acting in their individual capacity, as is made clear later in the text, write a modest letter to the editor of a newspaper and it is Unionism as a whole that makes serious mistakes. What responsibility has fallen upon our shoulders!

The introduction to the article says that Suárez refutes the accusations made by Puerta de Brandenburgo against the policy of “linguistic immersion”, whereby Catalan is only language that can be used in schools even though, I repeat, we sign the letter personally and not in the name of that association. The article uses the Catalan verb “aconseguir” to say that our letter has been published. This word, which is like saying in English that we have succeeded in getting a letter published, implies a great effort that has little to do with the real course of events. We wrote the letter quickly while we were on holiday, we sent it, and almost immediately we received a response asking us to shorten the text to meet the required format for publication.

Further on, this article presents a series of mistakes and comments that are hard to justify. First, it describes the three authors as university lecturers, which is not true in one of the cases. Moreover, it says that even though the signatories of the letter are acting in an individual capacity we present its publication as a success for Puerta de Brandemburgo, a situation that “the newspaper concealed”. Is Nació Digital really accusing such a prestigious newspaper as the FT of concealing information? Of course, they concealed nothing because the letter was signed with our own names and not on behalf of the association, and this was stated when it was published. As for presenting the letter as a success, all we did was to publish the letter on our blog in just the same way that we publish articles written by our members that appear in other media so long as they relate to Catalan affairs. This can be seen both in that publication and in the Twitter and Facebook profiles, where it is reported with absolute neutrality as is always the case when we share a document in the internet.

As for the contents of Suárez’s letter, he largely agrees with us and I thank him for that, as I said above. He says, for example, that a majority of Catalan TV viewers choose channels that broadcast in Spanish and in our letter we make this very point, that in spite of that fact the subsidies to Catalan-language media are very generous and are paid for by all Catalans.

When Suárez deals with the question of linguistic immersion he not surprisingly adopts the clichés of nationalist argument, saying that what is important is not the number of teaching hours but the results. Quite apart from the fact that logic suggests that a greater number teaching hours will make it possible to learn more, there is no evidence – and it would be miracle if there were any – to show that the level achieved by Catalan pupils is higher than that found in the rest of Spain. I find it surprising that a representative of the Catalan government should take the time to answer a simple letter to the editor while in Catalonia, in contrast, there are no forums for debate on the matter in which both sides can be represented.

Finally, he says that Catalan is a minority language in Catalonia. This is true in a numerical sense but not with regard both to its status as a co-official language in a community like Catalonia, which has fully devolved powers and its own Parliament, and to its status as the only language in which teaching can take place in the non-university educational system. Suárez wonders whether, if English were the language of one third of the population, the country’s government would not take steps to promote it. But the United Kingdom does also have its own minority languages such as Scottish Gaelic, which is recognised in the European Charter for Regional or Minority Languages and the British government has taken appropriate steps to promote it; but this does not mean, as is the case here in Catalonia, making it the language of majority use in public administration, and far less is it the only language for teaching in schools because nowhere in the world that is bilingual does anything of the sort. . Surely, there must be a reason for that.

Mayorías de plastilina para una secesión

Barcelona, cocapital de España: dieciséis razones y tres escollos

La batalla ideológica y otras guerras (Post 9N)

El derecho "natural" de los pueblos

Éxito

La estrategia de Rajoy ha fracasado

¿La voz de un pueblo?

El 9N y la manipulación ideológica

¿Sería la independencia de Cataluña un buen negocio? II

La hoja de ruta después del 9N

L´estaca nacionalista

La política lingüística y la educación en el núcleo del proyecto identitario

Elecciones plebiscitarias: un caso singular

¿Qué piensan los ciudadanos de la inmersión lingüística?

El 12 de octubre, a la plaza Cataluña

Miembros de Puerta de Brandenburgo participan en un acto sobre la inmersión en el Parlamento Europeo

10 de octubre (Abans del nou de novembre)

Deja un comentario

Buscar

Entradas Recientes

Enlaces

Blogroll

El funesto legado político de Jordi Pujol

Una consulta poco democrática

Si el referéndum fuera un juego de cartas o de azar, este estaría trucado

¿Policía política?

El error de Societat Civil Catalana

Narcisalismo (I). Etología y diagnóstico

El Estado de Derecho como necesidad

Reply to the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom

Mayorías de plastilina para una secesión

Barcelona, cocapital de España: dieciséis razones y tres escollos

La batalla ideológica y otras guerras (Post 9N)

El derecho "natural" de los pueblos

Éxito

La estrategia de Rajoy ha fracasado

¿La voz de un pueblo?

El 9N y la manipulación ideológica

¿Sería la independencia de Cataluña un buen negocio? II

La hoja de ruta después del 9N

L´estaca nacionalista

La política lingüística y la educación en el núcleo del proyecto identitario

Elecciones plebiscitarias: un caso singular

¿Qué piensan los ciudadanos de la inmersión lingüística?

El 12 de octubre, a la plaza Cataluña

Miembros de Puerta de Brandenburgo participan en un acto sobre la inmersión en el Parlamento Europeo

10 de octubre (Abans del nou de novembre)

Share this:

Relacionado

Deja un comentario

Buscar

Entradas Recientes

Enlaces

Blogroll

El funesto legado político de Jordi Pujol

Una consulta poco democrática

Si el referéndum fuera un juego de cartas o de azar, este estaría trucado

¿Policía política?

El error de Societat Civil Catalana

Narcisalismo (I). Etología y diagnóstico

El Estado de Derecho como necesidad

Reply to the Head of the Delegation of the Catalan Government in the United Kingdom