martes, 17 de junio de 2014

Els botiflers

El término “botifler” apareció en Cataluña durante la Guerra de Sucesión para definir a aquellos catalanes que se mantuvieron fieles a Felipe de Borbón durante el conflicto.
            Existen  varias versiones sobre el origen del vocablo. A mi entender, la más creíble es la etimológica según la cual, “botifler” es una deformación del galicismo “beauté fleur”, flor bella en castellano,  en referencia a la flor de lis del blasón de los Borbones. Puede venir también de su versión en inglés “beauty flower”. Otros autores creen que proviene del nombre del mariscal de Francia François de Boufflers, o del término “botiró”, usado por los payeses catalanes para refererirse a los soldados reales durante la revuelta de los” barretines” de 1687 a 1689. Como decíamos y sea cual sea el origen de la palabra, un “botifler” era aquel catalán partidario de Felipe de Borbón, mientras que un “aguilot” lo era de Carlos de Austria, el otro aspirante al trono español.


            Durante el levantamiento militar austracista del verano de 1705 en Cataluña, un importante número de catalanes, algunos de ellos altos cargos de las instituciones propias del Principado, se mantuvieron fieles a Felipe y a las Constituciones firmadas con él en las Cortes de 1702. Poco a poco, la revuelta armada se extendió por el territorio, culminando la primera fase de la guerra en Cataluña con la caída de Barcelona ante el ejército aliado el 22 de octubre de aquel año después de un duro asedio. La Coronela o milicia de Barcelona participó en la defensa pese a la indiscutible disensión interna. Al caer la capital muchos catalanes, con un máximo de seis mil según las fuentes, decidieron evacuar Barcelona por miedo a las represalias de los “aguilots” o “vigatans”. Poco después el Archiduque, ya Carlos III, creó la Junta de Secuestros y Confiscaciones del Principado de Cataluña, organismo destinado a decomisar los bienes y rentas de aquellos catalanes desafectos a su causa.
            Por toda Cataluña, en cada pueblo, ciudad o veguería, había “botiflers” de todo estamento y condición. Lérida, aún siendo mayoritariamente partidaria de Carlos, no fue una excepción. El caso más paradigmático es sin duda el del noble Ignacio de Gomar, “Paer en Cap”[i] en el momento de la revuelta y coronel de la milicia de Lérida. A lo largo de la guerra, Gomar envió numerosas cartas a Don José Grimaldo, Secretario del Despacho de Guerra, informando de la situación en el Principado, tanto en la zona controlada por los borbones como por la ocupada por los austracistas, incluyendo detalles de naturaleza política y militar. Los esmerados informes del antiguo Paher, eran posibles gracias a una extendida red de confidentes afectos a su persona que regularmente le enviaban información; primero a Zaragoza y después a Lérida una vez cayó en poder borbónico. Pese a la numerosa e interesante información recogida, la noticia más curiosa respecto a la fidelidad del noble leridano la aporta Juan Cristián de Landas, conde de Louvigny, gobernador militar de Lérida que en  una carta enviada al mismo Grimaldo explica como tres de los agentes al servicio de Gomar, salvaron al mismo rey de ser capturado por una patrulla de caballería inglesa la noche de la batalla de Almenar, guiando a la comitiva real por un atajo cuando los británicos ya estaban a tiro de pistola. Aún siendo el “botifler” local más relevante por su cargo, otros pertenecientes a la oligarquía leridana ya se posicionaron a favor de Felipe antes incluso de la caída de la ciudad; como Tomàs Capdevila, hijo del veguer de Lérida, Ramon de Queralt, Josep Llopis y Francesc Guiu.
En el resto de Cataluña la situación fue parecida a la de Lérida, y no fueron pocos los catalanes que abrazaron la causa borbónica con fidelidad. Uno de los casos más conocidos y representativos es el de la familia Alòs. En 1982, la profesora de historia de la Universidad de Barcelona, María de los Ángeles Pérez Samper, en el artículo “La familia Alòs, una dinastía catalana al servicio del Estado”, publicado en el volumen sexto de “Cuadernos de Investigación Histórica”, explica en sus 45 páginas como este linaje catalán se promocionó de forma exponencial durante el siglo XVIII gracias a su intensa colaboración con Felipe V durante la Guerra de Sucesión.


Antonio de Alòs y de Rius[ii], nacido en 1693, se alistó con tan solo dieciséis años en una compañía de granaderos dragones del regimiento de caballería “Vallejo”, un año después tendría su bautismo de fuego durante el sitio de Balaguer. En 1714, mientras participaba en el asedio de Barcelona, ya era capitán en el regimiento de dragones “Lusitania”. Gracias a sus inestimables servicios a la corona, Antonio de Alòs fue nombrado primer marqués de Alós, llegando a ser Capitán General del Reino de Mallorca en 1765.
Más interesante resulta la figura de su hermano, José Francisco de Alòs y de Rius, que como Ignacio de Gomar o José Capdevila, tenía su propia red de espionaje, puede que la mejor, al servicio de los Borbones. Sus hombres fueron capaces de informar desde el interior de Barcelona hasta su caída el once de setiembre de 1714. En agradecimiento, el rey Felipe le otorgó el marquesado de Nuevo Puerto y el vizcondado de Bellver, además de cargos de responsabilidad en la nueva administración del Principado surgida de los Decretos de Nueva Planta.



Para finalizar, cabe reivindicar la obra de Nuria Sales Senyors, bandolers, miquelets i botiflers, publicado en Barcelona en 1984 donde pone en duda muchos de los estereotipos que de los “botiflers” han llegado hasta nuestros días. El más arraigado es su acepción como traidor. Técnicamente fueron lealistas y legalistas, ya que a pesar de la incertidumbre generada por la invasión aliada, decidieron mantenerse leales a los pactos constitucionales jurados a Felipe. Afirmaba Nuria Sales, que los “botiflers” no eran absolutistas durante la contienda y que de hecho, vieron como las instituciones del país se perdían por culpa de los austracistas  y por su apropiación ilegal y por las armas de la Generalitat, Consell de Cent, Paeria y otras instituciones  que en aquellos momentos estaban legalmente representadas por catalanes afectos a la dinastía reinante. Para los borbónicos catalanes fue un drama presenciar como la arriesgada aventura militar emprendida por los “aguilots”, provocaron la perdida de unas instituciones centenarias, ya que al revelarse en armas y al derogar unilateralmente los pactos firmados después de largas negociaciones con Felipe en las Constituciones de 1705-1706, tan solo una victoria militar contundente sobre los borbones podría garantizar la supervivencia del sistema político catalán.
Óscar Uceda Márquez
Historiador




[i] Equivalente al Conseller en Cap de Barcelona o a un alcalde con amplios poderes.

domingo, 8 de junio de 2014

De pueblos, Mossos y urnas

Sonia Sierra

Es frecuente oír por parte de los partidarios de la secesión interrogaciones retóricas del estilo “¿cómo va a impedir el Gobierno que votemos? ¿Van a mandar a los Guardias Civiles a retirar las urnas?” Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado retirando urnas, un auténtico atentado a la democracia, la demostración palmaria de que en España no se respeta la voluntad del pueblo. La fotografía que, estoy segura, muchos desean.
Efectivamente, no sabemos qué piensan hacer para impedir la consulta prevista para el 9 de noviembre pero sí que hemos podido ver a los Mossos d’Esquadra retirando urnas el pasado 25 de mayo retirando urnas el pasado 25 de mayo. Se trataba de un multireferéndum para preguntar sobre diversas cuestiones, desde los transgénicos hasta Barcelona World. La Junta Electoral Central había prohibido que se realizara esta consulta el día de las elecciones para el Parlamento europeo y, aun así, pusieron las urnas en la calle. Tuve la oportunidad de hablar con los integrantes de una de las mesas y los argumentos eran los mismo que los de los que abogan por la consulta separatista: que solo se trata de dar voz al pueblo; que no hay nada más democrático que votar y que, por el contrario, impedir votar es antidemocrático. Por la mañana, los Mossos les pidieron que retiraran las urnas y, como no lo hicieron, levantaron actas. Finalmente, por la tarde, los Mossos se encargaron de llevarse las urnas de cartón. Esas fotos sí que existen.




¿Por qué sería un escándalo que los Guardias Civiles o la Policía Nacional se llevara unas urnas de cartón y no lo es que los Mossos se llevaran estas otras? Varios representantes de ICV-EUiA y CUP, entre ellos algunos de sus diputados, defendieron públicamente esta convocatoria y colgaron en las redes fotos suyas votando y, en el caso de David Fernández, lo pudimos ver incluso como voluntario en una de las mesas. Estos partidos son dos de los cuatro que defienden la consulta sobre la secesión y, más allá de algún tuit y de alguna pregunta en sede parlamentaria, no parece que sus quejas hayan sido demasiado contundentes. ¿Qué harán si son otras Fuerzas las que retiran otras urnas? ¿Una consulta es más legítima que la otra? ¿Unos cuerpos policiales peores que los otros?
En el caso de ERC, los que más vivamente defienden que votar es democracia y que la voluntad de un pueblo pasa por encima de las leyes -esa falsa diferenciación entre legalidad y legitimidad pues en un Estado de Derecho ambas están intrínsecamente unidas- y los que más lanzan al aire esas interrogaciones retóricas que señalaba al principio, en lugar de poner el grito en el cielo por esas Fuerzas de Seguridad retirando urnas, es decir, atentando contra el sagrado acto de votar según se deduce de su propio discurso, se han puesto totalmente de perfil y no han dicho esta boca es mía. Tampoco ha hablado mucho del tema CiU, tan solo Artur Mas ha dicho que “las cosas, además de hacerlas, hay que hacerlas bien”. Sí, claro, creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Pero, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Porque se puede decir que en el caso de la consulta sobre la secesión hay una mayoría del Parlamento catalán –más en escaños porque en votos quedaría la cosa bastante más igualada- pero cabe recordar que esa “mayoría” no llega ni para reformar el Estatuto autonómico y que, además, la mayoría de diputados catalanes en el Congreso de los Diputados votó en contra de la cesión de la competencia para convocar la consulta y que el resultado final fue de 299 en contra y 46 a favor.
Capítulo aparte merece el hecho de que representantes de los catalanes y a los que todos los españoles, comulguemos o no con sus ideas, les pagamos el sueldo decidan que las leyes que nos son justas no hay que cumplirlas –otro de los mantras- y que pueden hacer un acto de desobediencia civil. Las leyes, por definición, se imponen y seguramente la mayoría de ellas no nos gustan a la mayoría de personas y si precisamente los representantes del poder deciden que algunas no las van a cumplir, cuesta mucho pensar con qué autoridad le van a pedir a ese pueblo que representan que cumplan las que no le parezcan justas.
Cuando una ve a los Millet, a los banqueros bien jubilados y a los de las sedes embargadas tan tranquilos y a los políticos instando a desobedecer leyes y sentencias de todo tipo –ahí tenemos a Irene Rigau, esa insumisa-, acaba teniendo la sensación de que todo el peso acaba cayendo siempre sobre los mismos y que esto es campo abonado para la desafección por la democracia y el triunfo de los populismos. Con el actual conflicto por el desalojo de una casa okupa en Barcelona, una de las pintadas más vista  ha sido “Can Vies a terra, poble en peu de guerra” (Can Vies al suelo, pueblo en pie de guerra). Da escalofríos ver como unos y otros se arrogan la representación del pueblo mientras que la democracia representantiva acaba pareciendo, cada vez más, papel mojado. Malos tiempos para los que creemos en ella.

Este artículo fue publicado en Economía Digital (04-06-14)



martes, 3 de junio de 2014

Derechos lingüísticos en Cataluña

Sonia Sierra y Mercè Vilarrubias

¿Alguien se imagina que en Gales o en Escocia todos los alumnos de educación infantil no recibieran ni una hora en inglés, solo dos en primaria y tres en secundaria? Pues bien, eso es exactamente lo que ocurre en Cataluña: los alumnos toman todas las clases en catalán su primeros años escolares –a veces introducen alguna hora de inglés pero jamás ninguna en español-; y el resto de su educación obligatoria todas en catalán excepto dos o tres en español y en inglés, pese a que la lengua de la mayoría de la población catalana es el español.
            Según el Instituto de Estadística de Cataluña (2008),  el 55% de la población tiene el español como lengua materna; el 31,6%, el catalán; el 3,8, ambas y el 9,6 restante, otras lenguas. Si tenemos en cuenta que, según la UNESCO, más de 1.500 estudios avalan la importancia de la enseñanza en lengua materna, especialmente la lectoescritura, y de que se trata de un derecho reconocido por esta organización así como por UNICEF, parece evidente que en esta región de España no se respetan los derechos de los niños en materia lingüística. En este artículo vamos a intentar desgranar qué mecanismos utiliza el poder para mantener una situación a todas luces injusta.
            En primer lugar, la Generalitat de Cataluña se ha encargado de hacer desaparecer el concepto “lengua materna”. En los años 70 y 80, desde el nacionalismo y los partidos de izquierda catalanes se reivindicaba el derecho a estudiar en lengua materna ya que durante la mayor parte del franquismo el catalán  fue erradicado de las escuelas. Se estaba pidiendo, pues, poder estudiar en catalán y se argumentaba certeramente con la importancia de la lengua materna en el desarrollo cognitivo de los alumnos. Estas razones, sin embargo, desaparecieron al implantar la inmersión lingüística (la obligación del catalán como única lengua vehicular y en la que se imparten todas las materias excepto lengua española y algún idioma extranjero) así como también se erradicó el concepto que ya es imposible de encontrar en ningún formulario o encuesta oficial. Llama poderosamente la atención que aquellos mismos que hace años reivindicaban, con toda razón, la importancia de recibir educación en lengua materna no solo hayan olvidado sus antiguos argumentos sino que hayan hecho, además, desaparecer el concepto.
            En segundo lugar, para defender el “éxito” de este modelo monolingüe en una sociedad bilingüe en el que, además, la lengua vehicular es una lengua regional que no es, además, la mayoritaria dentro de la población catalana –no hay precedente de nada similar en los países de nuestro entorno- se aluden a todo tipo de exámenes para acabar sentenciando que el nivel de lengua española de los alumnos catalanes está por encima de la media del resto de España. De entrada, resulta bastante difícil de creer que los alumnos catalanes superen con dos o tres horas a la semana lo que el resto de españoles consiguen con unas 20 horas. De ser esto cierto, estaríamos ante un gran fenómeno: unos alumnos especialmente brillantes y un profesorado con una capacidad didáctica y pedagógica que merecerían estudios de todo tipo por parte de la comunidad científica internacional.
            Veamos qué sucede, en realidad, con estos estudios que avalan el “modelo de éxito” catalán. En primer lugar, el Gobierno catalán alude a los estudios PISA. De entrada, comentar que, en general, España obtiene unos resultados bastante malos así que estar un poco por encima de la media no significa ningún éxito. Pero es que, además, el ex responsable de PISA reconoció en el Parlamento catalán que en esta comunidad los exámenes de PISA siempre se habían hecho en catalán y nunca en español y que, además, se excluye de estos exámenes a los alumnos que no dominan el catalán (3,73%).
            Los políticos catalanes hacen referencia también a las Evaluaciones Generales de Diagnóstico pero, dado que en España las competencias en educación están transferidas a las diferentes Comunidades, son estas las encargadas de elaborar los exámenes por lo que no son homologables entre ellos. Añadir además que, aunque lo fueran, tanto los exámenes de PISA como estos no evalúan los conocimientos lingüísticos sino tan solo una destreza concreta, la comprensión lectora y, en el caso de las Evaluaciones Generales de Diagnóstico, además, la expresión escrita con una pequeña redacción de entre 10 y 15 líneas para los alumnos de 15 y 16 años en la que la ortografía tan solo supone un punto sobre 40. No hace falta ser especialista en lenguas para darse cuenta de que una prueba así es totalmente insuficiente para conocer el nivel lingüístico de un alumno. Cualquier examen oficial para obtener un certificado sobre el dominio de una lengua incluye, además de una comprensión lectora, un examen de gramática, un par de audiciones y una entrevista oral, es decir, que estos exámenes realizados suponen tan solo una cuarta parte de una evaluación sobre una lengua.
            En tercer lugar, resulta inquietante que gran parte de los políticos catalanes, en concreto los pertenecientes a CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, hablen siempre de “modelo de éxito” cuando Cataluña es una de las regiones españolas con mayor fracaso escolar (21,8%), abandono escolar temprano y  falta de estudios postobligatorios (26%).   Por otra parte, el catedrático de Sociología Mariano Fernández Enguita afirma que los resultados académicos dependen más del nivel socioeconómico en Cataluña que en el resto de España. Por si todo esto fuera poco, los alumnos que tienen el español como lengua materna -que, como ya se ha señalado, son la mayoría-, obtienen peores resultados académicos que los que tienen el catalán incluso cuando se distraen los datos socioeconómicos, lo cual está en consonancia con los estudios antes aludidos por la UNESCO.


            Estamos, pues, ante un modelo educativo que, lejos de ser un “modelo de éxito” -como repiten gran parte de los políticos y opinadores que participan en los medios públicos y en los generosamente subvencionados catalanes-, está dando muy malos resultados. Un sistema, además, que es el único al que puede acceder gran parte de la población. Algunos padres han intentado conseguir una educación bilingüe o, al menos, con un mayor equilibrio entre el catalán y el español y para ello se han enfrentado a largos procesos que siempre han ganado pero que el Gobierno catalán ha vuelto a impugnar –es muy fácil pleitear cuando se dispone de dinero público para sufragar los gastos- que es una manera de evitar obedecer las leyes mientras se somete a las familias, normalmente trabajadoras, a una tortura judicial. Hasta ahora, el Gobierno catalán siempre ha dicho que no estaba dispuestos a acatar ninguna de las sentencias aunque parece que esto ahora esto está cambiando. Las familias que inician esos procesos son rápidamente estigmatizadas e, incluso, se ha llegado a dar a conocer en los medios los nombres y apellidos de los menores. Sin embargo, hay padres que sí que pueden optar por otro modelo sin necesidad de enfrentarse a procedimientos penales y al estigma social: aquellos que pueden pagar a partir de 600 euros al mes en alguna escuela de élite, como por ejemplo, el actual Presidente de la Generalitat, del sr. Artur Mas (CiU) o como el anterior Presidente, el sr. José Montilla (PSC).
            Ante todo lo expuesto, surgen varias preguntas: ¿por qué los políticos catalanes de tantos partidos –todos menos C’s y PP- defienden un modelo educativo que niega el derecho a la lengua materna de la mayoría de la población? ¿Por qué llaman modelo de éxito a un modelo con elevadas cifras de fracaso escolar y abandono escolar temprano? ¿Por qué mienten con respecto a los exámenes? ¿Por qué muchos de los políticos que defienden el actual modelo de inmersión obligatoria escogen para sus hijos escuelas que no lo aplican? ¿Por qué en Cataluña solo es posible obtener un nivel de español culto si se cuenta poder adquisitivo es elevado? ¿Por qué no se enseña español en la escuela infantil y tan solo dos horas en primaria y tres en secundaria si se trata de la segunda lengua más hablada del mundo?
            Podemos concluir, pues, que da la impresión de que los políticos catalanes no están interesados en ofrecer a los alumnos lo mejor para su formación sino que ponen la educación al servicio de lo que ellos llaman “la construcción nacional”, es decir, que se trata, sobre todo, de una herramienta al servicio del nacionalismo. En este sentido, resulta interesante la lectura Nacionalismo y política: el caso de Cataluña (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006) de Thomas Jeffrey Miley, doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Cambridge, que analiza cómo los catalanoparlantes están hiperrepresentados en el Parlamento catalán, los Ayuntamientos y la educación. Así, en Cataluña, frente al respeto al bilingüismo, se impone el monolingüismo; frente a la protección de los derechos de los niños, la imposición de una concepción nacionalista de la educación y la lengua; frente a los criterios pedagógicos, la ideología. Nosotras, por nuestra parte, mantenemos firme nuestro compromiso con el plurilingüismo y los Derechos del Niño. De todos los niños.


Publicado en ABC (31-05-14), p. 16