Cataluña-España: una propuesta de solución

La doctrina política del nacionalismo confirma una serie de elementos constitutivos de la Nación tales como la lengua, la cultura y la historia comunes, a los que habría que añadir la “voluntad de ser” de los ciudadanos, en el marco de lo que en el Siglo XIX se denominó los Estados-Nación, unos territorios claramente diferenciados de otros por los citados elementos constitutivos. Así, el Estado vendría a ser la culminación, la aspiración última del nacionalismo.

La verificación de poseer una lengua, cultura e historia comunes  a menudo puede ser ambigua o sujeta a variadas interpretaciones historiográficas y lingüísticas. Es por ello que el nacionalismo siempre ha reforzado las ideas de unión y cohesión entre los ciudadanos en torno a esos elementos “diferenciales” y diferenciadores de lo ajeno y a la potenciación del concepto de “voluntad de ser Nación”. Ejemplo de ello en Cataluña fueron las masivas campañas propagandísticas lanzadas por los sucesivos gobiernos Pujol desde los años 80, tales como “Som 6 milions” o “Depèn de vostè” o la más reciente “Dóna corda al català”. Muy conocida también fue la hábil y deshonesta  maniobra de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, al confundir deliberadamente la causa judicial contra él con una causa general contra Cataluña, con el resultado que todos conocemos.

Asimismo, desde sus inicios ha sido propio del nacionalismo catalán la creación de una jerga característica, machaconamente repetida por los medios controlados por el Govern o masivamente difundida a través de campañas publicitarias, a fin de instalar en la sociedad civil una manera de hablar y hasta de pensar, siempre resaltando lo autóctono y en contra del enemigo imaginario, España. Recuerden las conocidas palabras y frases “cohesió”, "És català qui viu i treballa a Catalunya i vol ser-ho” “fet diferencial” o las actuales de “Espanya ens roba”, “expoli” o “dret a decidir”.

A los anteriores propósitos coadyuvó de manera decisiva la  Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, votada, dicho sea de paso, por unanimidad en el Parlament, norma que instauraba ya desde su preámbulo conceptos tales como “llengua propia i oficial” refiriéndose al catalán, “llengua oficial” a secas (o sea, no propia) refiriéndose al castellano, “la normalització, un dret i un deure”, y cuyo objetivo era la extensión total del uso del catalán entre la población, extensión que, comenzando por la escuela y las distintas Administraciones Públicas, se ha llegado a aplicar de forma expeditiva y hasta coercitiva (multas por no rotular en catalán). La discriminación positiva que dicha Ley otorgaba al catalán en detrimento del castellano (que en un primer momento se podía entender dada la marginación sufrida en la etapa franquista), fue objeto de numerosos desarrollos normativos hasta culminar en la Llei 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, en donde ya sin ambages se definía al catalán como “instrument de cohesió social” y que sirvió de vía legal para la accesión de la lengua catalana a determinados ámbitos privados tales como los medios de comunicación, el mundo socio-económico, la documentación en masa, la industria cinematográfica y editorial… Ya entonces se había llegado demasiado lejos.

Tales cuerpos legislativos y su desarrollo normativo fueron la base, entre otras muchas acciones, para la regulación del uso del catalán en los patios de las escuelas, el impedimento de la elección por parte de los padres de la lengua castellana (en un territorio español) como vehicular en la enseñanza primaria de sus hijos, y las ya expresadas sanciones a comercios y empresas por no rotular en catalán.

Además de lo expresado, que por obvio resulta innegable, en la actualidad existe otra sanción cada vez más extendida en el ámbito nacionalista de la sociedad civil catalana, en este caso no pecuniaria sino social, mucho más sibilina, consistente en hacer el vacío o boicotear a todo aquel disidente de la doctrina oficial separatista hasta obligarle a callar o a “exiliarse” allende las “fronteras” catalanas o a ser visto y tratado como un paria.

Las anteriores acciones propagandísticas o normas legislativas, consecuencia de una estrategia perfectamente diseñada por el nacionalismo de finales de los años 70, han creado un ambiente propicio para la marginación de todo lo “español” en Cataluña (un caso paradigmático lo encontramos en la prohibición de la Fiesta de los toros sin que tal interdicción se haya extendido a los Correbous), para la exaltación del “pensamiento único” difundido a través de las mismas por un nacionalismo cada vez más indisimuladamente identitario, excluyente y atentatorio contra la libertad individual, cuyo final de ruta es y siempre fue la secesión de Cataluña de España.

En todos estos años, concretamente desde 1980, año en que Pujol ganó por primera vez las elecciones hasta la actualidad, los gobiernos españoles han ido cediendo cada vez más espacio al nacionalismo al mismo tiempo que el Estado iba “desapareciendo” sin cesar de Cataluña. Particularmente reseñable es el poder adquirido por CiU y por el separatismo catalán en los años 90 como consecuencia de los sucesivas mayorías simples de PSOE y PP, lo que llamaba Pujol con atroz cinismo algo así como “contribución leal a la gobernabilidad del Estado”, poder que utilizó única y exclusivamente para sus fines “nacionales”; y también entre los años 2004-2011, de gobiernos del PSOE, periodo de aprobación de un nuevo Estatut, a posteriori declarado, en parte, inconstitucional, y del advenimiento de ERC como partido de gobierno (el funesto tripartito) y actual co-promotor de la deriva secesionista.

Y ahora, como cénit de este estado de cosas, nos encontramos con la paradoja de un Gobierno del PP con mayoría absoluta que ha hecho de la callada y la inacción sus pautas de conducta, ab initio y ab integro,  respecto de lo que sucede en Cataluña.

Al principio de este artículo escribía que a los elementos constitutivos de la Nación, la lengua, la cultura y la historia, había que añadirle para su efectividad la “voluntad de ser Nación”. Este requisito se proponen cumplimentarlo los secesionistas a través de un referéndum en Cataluña y sólo en Cataluña para separar Cataluña de España y sin que el resto de España tenga nada que decir.

En estos términos, ya por sentido común, la consulta es un disparate, además de no encontrar cobijo legislativo en nuestra Constitución de 1978. Para conseguir tal objetivo, se valen una vez más de una potentísima campaña propagandística orquestada y ejecutada por los medios de comunicación públicos, los privados afines, los partidos políticos oportunistas, y las asociaciones organizadas y subvencionadas por el Govern, tales como la ANC o Omnium Cultural, en torno al eslogan “dret a decidir”, cuyo argumento total es “votar es democrático”, sin apelación ni respeto alguno a la Ley vigente.

Conviene recordar que cualquiera que sea la organización política del Estado (federal como USA o Alemania, centralizada como Francia o autonómica como España, por citar algunos ejemplos) debe servir prioritariamente a los intereses del ciudadano, aparcando como secundarias otras cuestiones, digamos, de índole nacionalista o diversa. Este criterio de universal aceptación y sentido común a menudo no se ha tenido en cuenta en España ni por parte del Estado ni por parte de las Comunidades Autónomas. Así, la creación de una Policía autonómica en Cataluña o en el País Vasco no obedeció a criterios de eficacia sino de identidad “nacional”; la instauración del catalán como lengua vehicular en la enseñanza tampoco atendió al principio de servicio al ciudadano sino a la llamada “construcción nacional”; o, en fin, la traspasada competencia autonómica en materia de incendios tampoco respondió a pautas de eficacia sino a un erróneo y avaro reparto competencial (en nuestra memoria colectiva queda grabado el triste incendio de Guadalajara de 2005 con un saldo de 11 fallecidos en que se hizo patente una pésima coordinación entre los servicios contraincendios de las autonomías de Madrid y Castilla-La Mancha). Desde el punto de vista del Estado, tampoco se comprende en términos de efectividad y de servicio el gran atraso de las inversiones en Cercanías de Renfe en Cataluña o en los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona, o en el nulo apoyo del Gobierno central al Eje Mediterráneo, afortunadamente impulsado al fin por la UE. No parece tampoco que el (decimonónico) criterio radial en las comunicaciones terrestres en España, cuyo omnipresente centro es Madrid, sea el más apropiado a fin de servir a las personas y empresas españolas.

En definitiva, hemos asistido en demasiadas ocasiones a disputas estériles e inacabables  entre la Administración Central y las autonomías que han provocado, por un lado, un mal servicio o sencillamente una carencia de este, y, por otro, la desconfianza entre Administraciones y el enfado de los ciudadanos, lo que ha sido hábilmente utilizado por los separatistas como un arma arrojadiza contra “l’Espanya que ens roba”.

El anterior relato fáctico, en todo caso enumerativo y no exhaustivo, ha desembocado en el último paso del Gobierno Mas&Junqueras, dictar fecha y pregunta para la consulta separatista que, de celebrarse, arrojaría una división casi al 50% entre los partidarios y contrarios a la secesión, según todas las encuestas. En efecto,  todo este cúmulo de factores y de errores ha llevado a una acentuada división de la sociedad catalana entre partidarios y detractores del separatismo, con posiciones ciertamente enrocadas de difícil conciliación y, en según que aspectos, de imposible rectificación.

Como dijo Sir Fred Hoyle, “las cosas son lo que son porque fueron como fueron”. Así es. Errores se han cometido por parte de todos y a ningún sitio conduce lamentarnos.

En este punto, los que somos partidarios de que Cataluña siga siendo España tenemos la responsabilidad de encontrar un escenario acorde con ese fin y con la realidad socio-política actual (cediendo y siendo leales por ambas partes), que sea convincente (ya que no se trata de vencer al adversario político), que sea posible (pues lo imposible nos llevaría a la melancolía), que dote de un mejor servicio al ciudadano catalán y del resto de España (fin último de cualquier política) y que sea perdurable para los próximos cien años (evitando así las recurrentes tensiones territoriales).

En mi opinión, las características del mismo pasarían por seis grandes ejes:

En primer lugar, el reconocimiento en sede constitucional (por tanto, exigiría modificar la Carta Magna) de la singularidad de Cataluña, aceptando incluso el vocablo nacional para ésta, dentro de la Nación española, que seguiría siendo, por consiguiente, patria común e indivisible de todos los españoles (tal como reza el artículo 2 de la Constitución de 1978) y cuya soberanía nacional residiría en los mismos (artículo 1.2 de la Constitución de 1978).

En segundo lugar, nuevo sistema de financiación implementando el principio de ordinalidad, al establecer un límite a la solidaridad de Cataluña con el resto de Comunidades Autónomas. Aceptación de una nueva redacción del actual artículo 2 in fine de la Constitución de 1978.

En tercer lugar, compromiso de ejecución de todas las inversiones comprometidas y pendientes del Estado con Cataluña en un plazo determinado, a determinar.

En cuarto lugar, recuperación por parte del Estado de aquellas competencias en Educación que proporcionen una coherencia educativa en todo el territorio español, impidiendo adoctrinamientos nacionalistas.

En quinto lugar, aceptación de la simultaneidad, como mínimo, del catalán y del castellano (introduciéndose el inglés de forma paulatina) como lenguas vehiculares en la escuela y como lenguas habituales en las Administraciones Públicas.

Y en sexto lugar, aprobación de un nuevo Estatut recogiendo las anteriores disposiciones y medidas.

Bastantes abusos se han cometido ya en nombre de la Patria a lo largo de la historia. El ciudadano, su libertad y su bienestar, deben ser los referentes de cualquier política u organización territorial decente y efectiva.  Y atendiendo a este principio siempre habrá una posibilidad real de concordia.

El desafío es grande y nada va a ser fácil. Pero tenemos la obligación de entendernos por el bien de todos.

José Miguel Guimaraes