domingo, 19 de octubre de 2014

El funesto legado político de Jordi Pujol

Clemente Polo

Siempre me sorprendió que a este personaje se lo tratara con tanto respeto antes de que se supiera que ha sido un gran defraudador durante décadas. Recuerdo bien como en sus años de President los medios de ámbito nacional lo presentaban invariablemente como el político que sabía situarse por encima de las luchas partidistas y defender los intereses generales. Semejante aura la había ganado gracias al apoyo que CiU había prestado en Las Cortes al PSOE de González en 1993, al PP de Aznar en 1996 y al PSOE de Rodríguez Zapatero en 2004. En mi opinión, estas actuaciones, siempre muy medidas, no respondían al sentido de responsabilidad que se le atribuía sino a un oportunismo descarado que buscaba aprovecharse de la debilidad del gobernante de turno.



Un estado dentro del Estado

Quienes crean que ahora levanto la voz porque Pujol  es ya un cadáver político están muy equivocados. Cuando participaba en una tertulia en TV25 (“Un pas més” dirigida por Toni Guerrero y “Doble sis” por el tristemente ya desaparecido Emilio López Valls) manifesté en varias ocasiones que Pujol es la persona que más daño ha hecho a la convivencia entre los españoles desde la muerte de Franco. Mi juicio puede parecer severo pero tengo sólidas razones para sostenerlo. Pujol nunca pretendió favorecer el progreso de España en su conjunto, salvo en la medida en que podía beneficiar a Cataluña; y CiU, su grupo en el Congreso, prestó circunstancialmente sus votos a algunos gobiernos de España sólo para conseguir mayores competencias exclusivas para la Generalitat de Cataluña y más recursos para desarrollarlas. Buena prueba de lo que digo es que cuando Aznar invitó a CiU a participar en el gobierno de España en 1996, Pujol rechazó sin titubear la oferta y dejó claro que la tarea de de tirar adelante el proyecto de España no entraba en sus planes.

El objetivo de Pujol era ir dando pequeños pasos hasta convertir Cataluña en un pequeño estado dentro del Estado español a la espera de encontrar el momento oportuno para plantear la independencia. Su gran éxito fue que esos objetivos de construcción nacional fueron también asumidos por los partidos de ‘izquierda’ cuyos líderes se convirtieron en sus hijastros putativos. No fue Pujol ni su sucesor Mas sino los líderes del tripartito, Maragall y Montilla por el PSC, Carod-Rovira y Puigcercós por ERC, y Saura y Herrera por ICV-EUiA, quienes aceleraron el proceso de construcción nacional y elevaron la intensidad de la confrontación con las instituciones centrales del Estado. Todas las energías del gobierno tripartito que presidió Maragall se centraron en elaborar el Proyecto de Estatut que aprobó en el Parlament en septiembre de 2005. En su Preámbulo que ignora la Constitución española, se afirma que “Cataluña considera que España es un estado plurinacional” y se definen “las relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y las regiones que la conforman”. El Proyecto suponía la transformación de la CA de Cataluña en un estado de facto al atribuir a la Generalitat todas las competencias esenciales (educación, sanidad, fiscalidad, seguridad, justicia, etc.) en exclusiva.

El plan no llegó a consumarse por las modificaciones que sufrió antes de aprobarse el Estatut en el Congreso en mayo de 2006, y, sobre todo, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos en julio de 2010. Pero la semilla de la discordia estaba ya sembrada y eso explica la reacción intempestiva del gobierno de Montilla cuando Cabrera, ministra de Educación de Zapatero, aprobó un tímido decreto de enseñanzas mínimas que exigía dedicar tres horas a enseñar
Lengua y literatura castellanas en los ciclos de enseñanza primaria; o las campañas de descrédito que alentó el propio Montilla contra el TC tras de hacerse pública la sentencia del Estatut y que culminaron con la llamada que hizo a los ciudadanos para que participaran en la manifestación contra la sentencia que encabezó, junto a Pujol y Maragall, un grave error de cálculo porque fue abucheado y tuvo que salir por piernas. Como estos ejemplos ponen de manifiesto, cualquier iniciativa del gobierno español o sentencia de un tribunal que module, corrija o anule normas de la Generalitat se considera automáticamente un acto de hostilidad hacia Cataluña y así la presentan los medios de comunicación catalanes a la opinión pública, incluso cuando sólo pretenden cosas tan razonables como ajustar el contenido de las normas aprobadas a la Constitución vigente, o garantizar la enseñanza de la lengua y literatura castellanas, el idioma que el 58,7 % de los catalanes considera según el CIS su lengua materna.

Del estado dentro del Estado al Estado propio

En el verano del 2009, las sedes de CDC exhibían dos carteles harto significativos porque daban una idea de la deriva que había iniciado el partido presidido por Pujol. Uno se mofaba del president Montilla, representado como un niño con calzones cortos al servicio de Madrid, y el otro proclamaba “Queremos un Estado propio”. A la victoria electoral de CiU en noviembre de 2010 siguió un período de relativa calma durante el que el PP prestó su apoyo a CiU en el Parlament de Cataluña. Pero el clima de colaboración se enrareció pronto.
En una entrevista publicada el 4 de noviembre de 2010 (”El Quadern” en El País), el historiador Nadal contaba contrariado que Pujol le había dicho pocos días antes que “Vicens Vives y Espriu ya no eran modelos para continuar por el camino del entendimiento que proponían con España”. En otras palabras, el president Pujol había optado ya por la independencia. Y en efecto, Pujol votó anticipadamente a favor de la la independencia en la consulta celebrada el 10 de abril de 2011 en Barcelona, como también lo hicieron el president Mas y varios de sus consejeros. En marzo de 2012, el XVI congreso de CDC aprobó con entusiasmo la ponencia política que establecía, por primera vez y sin tapujos, el objetivo de conseguir un Estado propio, sintetizado en la fórmula “Catalunya = nació+estat propi” (Cataluña=nación+estado propio).

Tras la victoria del PP en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, Mas empezó a reclamar con insistencia a Rajoy negociar para concluir un pacto fiscal similar al concierto del País Vasco y Navarra. Para reforzar su poder de negociación, Mas animó y la mayoría de sus consejeros participaron junto con Pujol en la manifestación convocada por la organización independentista Assèmblea Nacional Catalana (ANC) el 11 de septiembre de 2012 bajo el lema “Por un Estado propio”. También asistieron los líderes de ICV-EUiA y algunos dirigentes del PSC, así como representantes de CCOO y UGT que han reiterado posteriormente su apoyo al ‘derecho a decidir’. Mas consideró llegado el momento de echar un órdago al gobierno de Rajoy que atravesaba momentos críticos con la prima de riesgo por las nubes y la amenaza de intervención de nuestra economía. Mas acudió a Madrid para reclamar un estado independiente el 13 de septiembre, y se entrevistó en La Moncloa con Rajoy para reclamarle un pacto fiscal que pusiera en sus manos la llave de la caja el 20 de septiembre. Ante la negativa de Rajoy, se cortó toda colaboración entre ambos partidos en Cataluña y Mas se arrojó a los brazos de los independentistas de la ANC que lo recibieron como a un héroe en la Plaza de Sant Jaume.

Mas reaccionó convocando elecciones anticipadas con la intención de ponerse al frente del movimiento independentista pero CiU perdió 12 escaños y el President quedó a merced de ERC y la ANC. A continuación, CiU junto con ERC, ICV EUiA y CUP aprobaron en el Parlament la Declaración de soberanía y el derecho a decidir (Resolución 5/X, 23 de enero de 2013) que el TC declaró inconstitucional en su sentencia del 25 de marzo de 2014. Entretanto, Mas anunció el pasado 13 de diciembre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación a celebrar el 9 de noviembre de 2014. El Congreso debatió y rechazó el pasado 8 de abril la transferencia de competencias para celebrar dicho referéndum que había solicitado el Parlament. Mas ha reiterado que, no obstante esa negativa, la consulta se celebrará y Rajoy le ha advertido que la consulta es ilegal y confía en que no se celebre. Mas ha advertido a su vez a Rajoy que habrá conflicto si no se permite la consulta y no descarta declarar unilateralmente la independencia.
 
Conclusión

Llegados a este punto resulta difícil valorar positivamente el quehacer político de Pujol. Su proyecto de construir un estado dentro del Estado como paso previo a la independencia ha acabado produciendo una grave fractura entre los catalanes independentistas y el resto de catalanes, por un lado, y la inmensa mayoría de los españoles, por otro. Están en peligro la estabilidad política y el bienestar económico que nos ha proporcionado la Constitución de 1978 durante los últimos treinta y cuatro años y los viejos fantasmas del enfrentamiento reaparecen en la escena histórica setenta y cinco años después del final de la Guerra Civil. ¿Acaso no es éste mérito suficiente para considerar nefasto el legado político de Pujol?

(Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de agosto de 2014 y en el blog de Clemente Polo)

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