Clemente Polo
Siempre me sorprendió que a este
personaje se lo tratara con tanto respeto antes de que se supiera que ha sido
un gran defraudador durante décadas. Recuerdo bien como en sus años de
President los medios de ámbito nacional lo presentaban invariablemente como el
político que sabía situarse por encima de las luchas partidistas y defender los
intereses generales. Semejante aura la había ganado gracias al apoyo que CiU
había prestado en Las Cortes al PSOE de González en 1993, al PP de Aznar en
1996 y al PSOE de Rodríguez Zapatero en 2004. En mi opinión, estas actuaciones,
siempre muy medidas, no respondían al sentido de responsabilidad que se le
atribuía sino a un oportunismo descarado que buscaba aprovecharse de la
debilidad del gobernante de turno.
Un estado dentro del Estado
Quienes crean que ahora levanto la voz
porque Pujol es ya un cadáver político
están muy equivocados. Cuando participaba en una tertulia en TV25 (“Un pas més”
dirigida por Toni Guerrero y “Doble sis” por el tristemente ya desaparecido
Emilio López Valls) manifesté en varias ocasiones que Pujol es la persona que
más daño ha hecho a la convivencia entre los españoles desde la muerte de
Franco. Mi juicio puede parecer severo pero tengo sólidas razones para
sostenerlo. Pujol nunca pretendió favorecer el progreso de España en su
conjunto, salvo en la medida en que podía beneficiar a Cataluña; y CiU, su
grupo en el Congreso, prestó circunstancialmente sus votos a algunos gobiernos
de España sólo para conseguir mayores competencias exclusivas para la
Generalitat de Cataluña y más recursos para desarrollarlas. Buena prueba de lo
que digo es que cuando Aznar invitó a CiU a participar en el gobierno de España
en 1996, Pujol rechazó sin titubear la oferta y dejó claro que la tarea de de
tirar adelante el proyecto de España no entraba en sus planes.
El objetivo de Pujol era ir dando
pequeños pasos hasta convertir Cataluña en un pequeño estado dentro del Estado
español a la espera de encontrar el momento oportuno para plantear la
independencia. Su gran éxito fue que esos objetivos de construcción nacional
fueron también asumidos por los partidos de ‘izquierda’ cuyos líderes se
convirtieron en sus hijastros putativos. No fue Pujol ni su sucesor Mas sino
los líderes del tripartito, Maragall y Montilla por el PSC, Carod-Rovira y
Puigcercós por ERC, y Saura y Herrera por ICV-EUiA, quienes aceleraron el
proceso de construcción nacional y elevaron la intensidad de la confrontación
con las instituciones centrales del Estado. Todas las energías del gobierno
tripartito que presidió Maragall se centraron en elaborar el Proyecto de
Estatut que aprobó en el Parlament en septiembre de 2005. En su Preámbulo que
ignora la Constitución española, se afirma que “Cataluña considera que España
es un estado plurinacional” y se definen “las relaciones con los pueblos de
España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y las regiones
que la conforman”. El Proyecto suponía la transformación de la CA de Cataluña
en un estado de facto al atribuir a la Generalitat todas las competencias
esenciales (educación, sanidad, fiscalidad, seguridad, justicia, etc.) en
exclusiva.
El plan no llegó a consumarse por las
modificaciones que sufrió antes de aprobarse el Estatut en el Congreso en mayo
de 2006, y, sobre todo, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos en julio de 2010. Pero
la semilla de la discordia estaba ya sembrada y eso explica la reacción
intempestiva del gobierno de Montilla cuando Cabrera, ministra de Educación de
Zapatero, aprobó un tímido decreto de enseñanzas mínimas que exigía dedicar tres
horas a enseñar
Lengua y literatura castellanas en los ciclos de enseñanza
primaria; o las campañas de descrédito que alentó el propio Montilla contra el
TC tras de hacerse pública la sentencia del Estatut y que culminaron con la
llamada que hizo a los ciudadanos para que participaran en la manifestación
contra la sentencia que encabezó, junto a Pujol y Maragall, un grave error de
cálculo porque fue abucheado y tuvo que salir por piernas. Como estos ejemplos
ponen de manifiesto, cualquier iniciativa del gobierno español o sentencia de
un tribunal que module, corrija o anule normas de la Generalitat se considera
automáticamente un acto de hostilidad hacia Cataluña y así la presentan los
medios de comunicación catalanes a la opinión pública, incluso cuando sólo
pretenden cosas tan razonables como ajustar el contenido de las normas
aprobadas a la Constitución vigente, o garantizar la enseñanza de la lengua y
literatura castellanas, el idioma que el 58,7 % de los catalanes considera
según el CIS su lengua materna.
Del estado dentro del Estado al Estado
propio
En el verano del 2009, las sedes de CDC
exhibían dos carteles harto significativos porque daban una idea de la deriva
que había iniciado el partido presidido por Pujol. Uno se mofaba del president
Montilla, representado como un niño con calzones cortos al servicio de Madrid,
y el otro proclamaba “Queremos un Estado propio”. A la victoria electoral de
CiU en noviembre de 2010 siguió un período de relativa calma durante el que el
PP prestó su apoyo a CiU en el Parlament de Cataluña. Pero el clima de
colaboración se enrareció pronto.
En una entrevista publicada el 4 de noviembre
de 2010 (”El Quadern” en El País), el historiador Nadal contaba contrariado que
Pujol le había dicho pocos días antes que “Vicens Vives y Espriu ya no eran
modelos para continuar por el camino del entendimiento que proponían con
España”. En otras palabras, el president Pujol había optado ya por la
independencia. Y en efecto, Pujol votó anticipadamente a favor de la la
independencia en la consulta celebrada el 10 de abril de 2011 en Barcelona,
como también lo hicieron el president Mas y varios de sus consejeros. En marzo
de 2012, el XVI congreso de CDC aprobó con entusiasmo la ponencia política que
establecía, por primera vez y sin tapujos, el objetivo de conseguir un Estado
propio, sintetizado en la fórmula “Catalunya = nació+estat propi”
(Cataluña=nación+estado propio).
Tras la victoria del PP en las elecciones
del 20 de noviembre de 2011, Mas empezó a reclamar con insistencia a Rajoy
negociar para concluir un pacto fiscal similar al concierto del País Vasco y
Navarra. Para reforzar su poder de negociación, Mas animó y la mayoría de sus
consejeros participaron junto con Pujol en la manifestación convocada por la
organización independentista Assèmblea Nacional Catalana (ANC) el 11 de
septiembre de 2012 bajo el lema “Por un Estado propio”. También asistieron los
líderes de ICV-EUiA y algunos dirigentes del PSC, así como representantes de
CCOO y UGT que han reiterado posteriormente su apoyo al ‘derecho a decidir’.
Mas consideró llegado el momento de echar un órdago al gobierno de Rajoy que
atravesaba momentos críticos con la prima de riesgo por las nubes y la amenaza
de intervención de nuestra economía. Mas acudió a Madrid para reclamar un
estado independiente el 13 de septiembre, y se entrevistó en La Moncloa con
Rajoy para reclamarle un pacto fiscal que pusiera en sus manos la llave de la
caja el 20 de septiembre. Ante la negativa de Rajoy, se cortó toda colaboración
entre ambos partidos en Cataluña y Mas se arrojó a los brazos de los
independentistas de la ANC que lo recibieron como a un héroe en la Plaza de
Sant Jaume.
Mas reaccionó convocando elecciones
anticipadas con la intención de ponerse al frente del movimiento
independentista pero CiU perdió 12 escaños y el President quedó a merced de ERC
y la ANC. A continuación, CiU junto con ERC, ICV EUiA y CUP aprobaron en el
Parlament la Declaración de soberanía y el derecho a decidir (Resolución 5/X,
23 de enero de 2013) que el TC declaró inconstitucional en su sentencia del 25
de marzo de 2014. Entretanto, Mas anunció el pasado 13 de diciembre la
convocatoria de un referéndum de autodeterminación a celebrar el 9 de noviembre
de 2014. El Congreso debatió y rechazó el pasado 8 de abril la transferencia de
competencias para celebrar dicho referéndum que había solicitado el Parlament.
Mas ha reiterado que, no obstante esa negativa, la consulta se celebrará y
Rajoy le ha advertido que la consulta es ilegal y confía en que no se celebre.
Mas ha advertido a su vez a Rajoy que habrá conflicto si no se permite la
consulta y no descarta declarar unilateralmente la independencia.
Conclusión
Llegados a este punto resulta difícil
valorar positivamente el quehacer político de Pujol. Su proyecto de construir
un estado dentro del Estado como paso previo a la independencia ha acabado
produciendo una grave fractura entre los catalanes independentistas y el resto
de catalanes, por un lado, y la inmensa mayoría de los españoles, por otro.
Están en peligro la estabilidad política y el bienestar económico que nos ha
proporcionado la Constitución de 1978 durante los últimos treinta y cuatro años
y los viejos fantasmas del enfrentamiento reaparecen en la escena histórica
setenta y cinco años después del final de la Guerra Civil. ¿Acaso no es éste
mérito suficiente para considerar nefasto el legado político de Pujol?
(Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de agosto de 2014 y en el blog de Clemente Polo)
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