¿Policía política?

Rainaldo Ruíz

Leo la noticia de que la ANC pide 100.000 voluntarios para “oír” a los ciudadanos de Cataluña, piso por piso. Desconozco cuantos pisos ycasas hay en Cataluña, pongamos que tantos como ciudadanos, aprox. 7M; es decir 70 pisos por voluntario. Accesible. Veo el video publicitario, en el que se explican las “razones”:  es la hora de escuchar -no convencer- a todos los ciudadanos.  “El porta a porta mes festiu i participatiu de la historia”. Leo la noticia en los diarios, en los noticiarios de Tv y espero una reacción que no se da. ¿De verdad nadie se pregunta qué significa este hecho?  ¿De verdad alguien piensa que los efectos de esta iniciativa son inocuos? Ya ven que no pongo en duda la bondad de la intención.

Permítanme una somera descripción de la situación social de la actual Cataluña, tan sólo un diminuto enfoque de la misma. Estamos viviendo unos momentos que, pese a la machacona propaganda de la festividad o, precisamente con esa excusa, se permiten determinadas conductas que valoradas seriamente nos remitirían a una exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de gran envergadura: es absolutamente desolador que en una democracia -estoy convencido que mejorable- unos representantes políticos sean capaces de saltarse la legalidad, mediante subterfugios o directamente animando a la desobediencia civil; intentando anteponer a dicha legalidad un concepto de democracia carente de fundamento. Por lo visto, ahora se es antidemócrata por negar el ejercicio de un derecho absoluto no reconocido por las leyes: los ciudadanos no votan todo lo que quieren y cuando quieren.

Nuestra Constitución recoge diversas figuras que permiten conocer, más allá del momento de las convocatorias electorales, las inquietudes y voluntades de la ciudadanía: derecho de manifestación, iniciativa legislativa popular, referéndum, etc. La Constitución española huyó de democracias asamblearias. La ciudadanía puede ejercer su derecho a voto de conformidad con las leyes para la elección de sus representantes. Esta es, como en la casi totalidad de los países de nuestro entorno, la máxima expresión de democracia;  no seré yo quien dude de los posibles beneficios de una democracia más participativa, pero trabajemos en ello, pongámonos la mayoría de acuerdo  y dispongamos las fórmulas para poder realizarlo porque no hay atajos y menos cuando suponen infringir la legalidad. En relación con las manifestaciones de la voluntad democrática recogidas y amparadas por la Constitución,  ya me hubiera gustado que las manifestaciones en contra de las políticas de recortes sociales hubieran tenido el mismo eco en nuestros representantes autonómicos que las manifestaciones del 11S en el Gobierno de la Generalitat. En Cataluña estamos ante un receptor de voluntades un tanto especial, el Gobierno español desaparecido.

El posicionamiento del Gobierno de la Generalitat es de todos conocido: nuestros representantes (lo son aunque no les hayamos  votado) y las Instituciones desde las que ejercen la potestad que con los votos les hemos conferido, están volcadas en dar respuesta a una sola manifestación de voluntad (la de “su pueblo”) sin preguntarse a quienes representan, la legalidad de la propuesta, la repercusión y responsabilidad de avivar la confrontación entre ciudadanos y con el Estado. Todo ello conociendo que hay una solución a las voluntades expresadas en la calle: la máxima expresión de la democracia tal como la entendemos todos, unas elecciones anticipadas (o no); que las urnas diriman las propuestas, sin ambages, de los diferentes partidos; que estas propuesta se hagan (o no), con los matices que estimen oportuno, eco de las manifestaciones del 11S. Que todos tengamos claro las propuestas de cada partido político, sin posibilidad de error o mala interpretación.

No pongo en duda el éxito de las convocatorias del 11S, realizadas y alentadas desde 2012 por los partidos que abogan por la consulta -ya ven que no me refiero exclusivamente a los independentista-; el gobierno de la Generalitat (y sus medios de comunicación públicos y “concertados”);  la ANC y Omnium Cultural. En una Comunidad Autónoma de más de siete millones de habitantes, que ante una convocatoria se movilicen unas 800.000 personas, reitero, me parece un  éxito; pero permítanme que tenga mis dudas en relación a la lectura que de ello deba realizarse. Aquí en Cataluña, desde los medios de comunicación afines al independentismo hasta la Generalitat de Catalunya, comparten una única interpretación: ese ingente número de personas representa la voluntad de “un pueblo”. Y esa voluntad, no nos engañemos, no es otra, desde su perspectiva, que la independencia. Esta  interpretación es de una hipocresía mayúscula porque, si no, ¿a qué vienen esas manifestaciones de representantes del Gobierno catalán respecto de la creación de las estructuras de estado antes de realizar la propia consulta; o de la Sras. Carme Forcadell y Muriel Casals en el sentido de que la próxima diada será una celebración y no una reivindicación?. El resto de ciudadanos que no se unieron a la manifestación (o a esa manifestación, porque lo hicieron a otras) no tienen voluntad o no forman parte de ese “pueblo” (su pueblo catalán). Quien no la manifiesta, no tiene voluntad. Quien calla, otorga. Aquí no caben individualidades ajenas a ese sentimiento de pertenencia: o eres de los “nuestros” (el buen catalán) o eres de los otros (un españolista acérrimo o, en el mejor de los casos un mal catalán). Esto que he descrito dudo mucho que pueda negarlo nadie medianamente objetivo: admite matices que, en ningún caso, se alejarán de lo que pretendo mostrar.

En este ambiente viciado (unos respiran mejor que otros), tras la gran manifestación del 11S, la ANC hace un llamamiento para crear una “policía política”, 100.000 voluntarios que van a recorrer, piso por piso, es decir, ciudadano a ciudadano, Cataluña entera. He entrecomillado policía política para quitarle peso ya que si no, sería insoportable, para resaltar su reflejo. Estoy convencido de que detrás del que tuvo la idea no ha habido mala fe, aunque muestra de ello sería que dejaran de lado esta iniciativa.  No obstante, resulta llamativo que los verdaderos adalides de la democracia, no mesuren desde el más estricto respeto a los derechos básicos de las personas, una propuesta como esta. Ya no voy a referirme a la Constitución Española que tanto denostan, esa que les permite manifestarse en libertad y, amparados por la Ley, voy a traer a colación el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”. ¿De verdad creen ustedes que su “visita” para “escuchar” lo que piensan todos y cada uno de los ciudadanos y no los que voluntariamente puedan dirigirse a los representantes o partidarios del movimiento independentista, no quebranta este Derecho universal de las personas? Es importante que nos detengamos en el hecho de que la prospección de ideologías que pretenden realizar significa, de facto, averiguar sin posibilidad de duda, qué es lo que votaría cada ciudadano en el imaginario de la celebración de una consulta. Tener un registro de todos los ciudadanos y su posicionamiento político (desconozco si manejarán otros datos diferentes a los que podrán elaborar, a saber, núm. de personas con derecho a voto y su intención política en cada piso que visiten), algo absolutamente deleznable e ilegal. Quien desconozca la cotidiana realidad social de la Cataluña actual podría aducir en contra de lo que estoy describiendo que no abriendo la puerta cuando llamen, problema resuelto. Que no deja de ser un acto voluntario. Esta argumentación topa con un “pequeño” obstáculo: ¿de la iniciativa puede derivarse un registro de la opción política de todos y cada uno de los “escuchados”? Si la respuesta es afirmativa, ¿alguien en su sano juicio puede pretender que dicha iniciativa no atentaría contra el derecho de aquellas personas que no quieran que se sepa su posicionamiento político dentro de su libertad? Porque en la tesitura política actual, no recibir a tan amables emisarios supondría, de facto, posicionarse en contra de la opción política por ellos defendida. A ello deberíamos añadir la innecesaria humillación que supondría para aquellos ciudadanos que no quieren constar como “los malos” (recordemos que la prospección no la hace una institución pública o privada neutral), el hecho de tener que aparentar una opción ideológica distinta a la que tienen, es decir, ante una pregunta incómoda en la que no quieren aparecer como “los aguafiestas”, mientan (no todo el mundo valora de la misma forma la mentira, lo sé, pero desde el mismo momento en que alguien se ve compelido a mentir, se atenta contra su dignidad como persona).

Dudo mucho que estas líneas puedan hacer cambiar de opinión a los impulsores de la prospección ideológica, no obstante, apelo a su responsabilidad y, en caso contrario, a la de las instancias políticas y judiciales para que impidan una iniciativa absolutamente deleznable e ilegal.