El pensamiento único se debilita

Víctor Andrés Maldonado

Una de las ventajas de los sistemas democráticos donde reina la libertad de expresión es la existencia de un debate público, por contraposición a los regímenes autocráticos donde la opinión disidente es censurada de forma sistemática. Es decir, la posibilidad de confrontación de ideas y opiniones propicia que las exageraciones y medias verdades queden rápidamente expuestas a la crítica demandando una rectificación, cuando menos implícita.

Eso es lo que parece estar sucediendo los últimos meses en Cataluña. En los albores del llamado proceso soberanista, el nacionalismo nos estuvo presentando verdades indiscutibles a los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, cada vez se oyen más voces poniendo en duda algunas de las premisas y reclamaciones presentadas; vamos, que las verdades son como mínimo discutibles e incluso algunas de ellas verdades a medias, por decirlo generosamente. Pero eso demuestra, por lo menos, dos cosas de las que tenemos que felicitarnos: la salud democrática de Cataluña (cada vez hay más personas que se atreven a decir y a escribir lo que piensan aunque sus opiniones no sean acordes con lo indicado desde las esferas del poder) y su pluralidad; en definitiva, el pensamiento único está en franco declive.

Por ejemplo, la existencia de un expolio fiscal por parte de España sobre la base del cálculo de las balanzas fiscales (los bien conocidos 16.000 millones de euros o el equivalente al 8.5% del PIB catalán) parecía haberse convertido en la piedra angular para convencer de la necesidad de la independencia de Cataluña a un porcentaje importante de la población catalana que por cuestiones puramente identitarias no se habría planteado tal posibilidad. Efectivamente, a nadie le gusta que le roben la cartera (desde luego a mí no) y menos en épocas de crisis económica. Pero, claro, cuando pasó la sorpresa inicial se empezaron a escuchar voces alertando, o al menos matizando, que las cuentas no salían y que el tal expolio no estaba tan claro si se analizaban las cuentas en detalle. Ahora parece que la “injusticia” hacia Cataluña se limitaría a entre el 1.5% y el 2% del PIB o alrededor de 4.000 millones de euros (si añadimos el coste de los servicios prestados por el Estado y eliminamos el efecto derivado de que en Cataluña se pagan más impuestos debido a su nivel comparativamente mayor de renta). Solo recordar que las ayudas financieras del Estado a Cataluña para la financiación del déficit de la Generalitat y el pago de facturas a proveedores han sido del orden de 25.000 millones de euros en los últimos dos años. Curiosamente, en las últimas semanas, incluso los más fervorosos impulsores del proceso soberanista parecen haber arrumbado el famoso “España nos roba” al rincón de lo pernicioso y renegado de su paternidad; vamos, que el lema salió a la luz pública por generación espontánea.

Algo similar parece haber pasado con otras tantas afirmaciones, que de verdades irrebatibles han sido rebajadas a simples hipótesis cuya materialización dependería de que se produjeran determinadas circunstancias. Por ejemplo, que Cataluña reingresaría en la UE en un tiempo corto (en 24 horas, según dijo inicialmente el propio Artur Mas), que todos los ciudadanos de Cataluña mantendríamos la doble nacionalidad (catalana y española), que las empresas catalanas podrían seguir teniendo acceso al Mercado Único Europeo a través de la firma de un acuerdo similar al que la UE tiene con Suiza y otros países, que los bancos catalanes seguirían teniendo acceso a la financiación del Banco Central Europeo aun cuando Cataluña estuviera formalmente fuera del área del euro, que la Generalitat podría dejar de asumir la parte que le corresponde de la deuda pública española en el caso en que España no quisiera dar su brazo a torcer y pusiera las cosas difíciles al nuevo Estado independiente catalán. Si tienen paciencia e interés, les sugeriría leyeran dos de mis artículos anteriores publicados en Crónica Global ("El discurso del miedo" y "Doble nacionalidad") donde se ponen de manifiesto dudas razonables sobre la posibilidad (o al menos la dificultad) de que dichas hipótesis puedan llegar a hacerse realidad.

Pero repasando algunas de las afirmaciones realizadas por el nacionalismo en el pasado reciente, he constatado que hay todavía una que a mi conocimiento no ha recibido una respuesta apropiada o cuando menos no ha sido rebatida. Perdonen si me equivoco. Inicialmente, fue planteada por el profesor Xavier Sala i Martín y repetida hace un par de meses por Josep Lluís Carod-Rovira: debido a su situación geográfica, una parte importante del transporte de mercancías desde España hacia el exterior pasa por Cataluña, por lo que España debería ser la primera interesada en que Cataluña no quedase fuera de la UE. En el fondo lo que se insinúa es que Cataluña podría impedir o dificultar (por ejemplo, a través de la imposición de aranceles) la exportación de mercancías españolas hacia el exterior, incluido hacia el resto de la propia UE.

Como dije anteriormente, esta afirmación pertenece a la categoría de las medias verdades. Efectivamente, es verdad que una Cataluña independiente podría prohibir el paso de exportaciones españolas hacia el exterior, incluida la UE, o imponer trabas a las mismas (tales como aranceles, licencias, cuotas, etc.) que las hicieran más onerosas. El problema son las más que probables consecuencias que se derivarían de adoptar una política de tales características.

Aparte del reconocimiento internacional y su ingreso en la ONU (objetivos de orden político para asegurar su propia existencia como Estado independiente) que solo serían posibles con una secesión acordada con el resto de España, el primer objetivo de orden económico de una Cataluña independiente para “normalizar” su situación debería ser acceder a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y, accesoriamente, a la OMA (Organización Mundial de Aduanas) dada la importancia de las exportaciones en la economía catalana. Primero de todo, para conseguir la cláusula MFN (Nación Más Favorecida) para sus exportaciones a terceros países y evitar, así, la imposición de aranceles prohibitivos a las mismas; y, segundo, como paso necesario para poder negociar y firmar un Acuerdo de Asociación con la UE, con el fin de poder tener acceso al Mercado Único Europeo y como antesala a su ingreso en la UE. El único problema es que uno de los pilares fundamentales de la OMC es, precisamente, la “libertad de tránsito” de mercancías en el marco del comercio internacional (por ejemplo, desde Portugal a Francia, “en tránsito” por España) que proscribe la imposición de cualquier tipo de impedimento a las mercancías en tránsito salvo aquellos encaminados a evitar el tráfico ilegal de las mismas (fraude, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc.).

Pero aún hay más. En caso de que una Cataluña independiente introdujera este tipo de medidas a las exportaciones españolas al exterior en tránsito por su territorio, la UE podría introducir a su vez medidas de represalia tales como aranceles (incluso prohibitivos) a las exportaciones catalanas hacia o en tránsito por la UE, y en un caso extremo hasta sanciones económicas, pues las mercancías españolas son mercancías de la propia UE. En definitiva, un muy mal augurio para el ingreso de Cataluña en la UE y un desastre para la economía catalana debido a su dependencia de las exportaciones.

Que semejante afirmación la haga alguien que no es especialista en la materia como Carod-Rovira tiene un pase, pero que la haga un economista de la Universidad de Columbia me entristece.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (11/03/14)