Democracia Insalubre

Si empiezo este artículo diciendo que lo que se vive en Cataluña es cualquier cosa menos un régimen democrático no estoy exagerando. Hay sobradas pruebas de la veracidad de la proposición anterior. Y cada vez más intensas en lo últimos tiempos, para desgracia del orden público ciudadano. Uno de los mantras del independentismo es lo democrático que resulta el referéndum que proponen. Y tienen razón pues el sufragio es necesario en una democracia pero no es condición suficiente para configurarla. La democracia depende de más factores. Además, sus maneras y sus medios no son para nada democráticos. Es más, el objetivo que persiguen y sus formas lo único que están consiguiendo es la transgresión de las demás ideas que conforman la democracia.

Para empezar, la democracia tiene como condición necesaria un respeto máximo y escrupuloso del estado de derecho, máxime cuando este ha sido consensuado y ha contado con la refrendación de la ciudadanía. En una democracia real el Estado ha de ser imparcial y no debe tomar partido en movimientos y estrategias que persiguen romper el marco legal. La Generalidad de Cataluña lleva mucho tiempo sin cumplir esta premisa, como puede comprobarse por la numerosas intervenciones de Mas, Homs y otros en ese sentido. Además, no hay nada más pernicioso que la ley vulnerada por el propio Estado, que es lo que hace la Generalidad cuando no acata las sentencias judiciales que le son adversas –como algunas referentes a la inmersión- o como cuando pretende arrogarse competencias que no tiene asignadas como la expedición de identificaciones personales o el establecimiento de un servicio de inteligencia. Tampoco da pruebas de respeto a la legalidad que los representantes de la Generalidad salgan en tropel a decir que ellos no aplicarán una ley que rige en toda España simplemente porque no les gusta.

En una democracia real el Estado nunca señalaría directa o indirectamente a partidos e individuos por sus ideas democráticas y se dedicaría a confeccionar listas negras, como ha intentado el CAC –organismo dependiente de la Generalidad- en unos de sus informes recientes. O como intentó la propia Generalidad a partir del listado de adhesiones al proceso soberanista que pretendió iniciar hace unos meses. Esto vulnera la libertad de expresión y asociación. Y más aún cuando los partidos, movimientos e individuos señalados se mueven en el plano de una idea completamente respetuosa con la libertad ajena.

En una democracia real, si bien se hace la voluntad de la mayoría ésta ha de tener un respeto excelso por las minorías. No es el caso de la Generalidad de Cataluña. Bajo la suposición que el proceso soberanista es mayoritario –que es mucho suponer- en Cataluña el espacio para la disidencia empieza a escasear y se está volviendo incómodo. Todo esto alentado por los medios de comunicación públicos –de ellos hablaremos a continuación- y los concertados. Por no hablar de las pretendidamente privadas organizaciones políticas y culturales que manejan los designios de esta comunidad sin haber ganado unas elecciones. Estas organizaciones sobreviven gracias al erario público, dicho sea de paso, lo que nos remite a lo ya escrito sobre la imparcialidad de la administración pública.

En una democracia real los medios de comunicación públicos –cuestión a parte es si han de existir o no medios de comunicación públicos- deberían de ser una amalgama representativa de la ciudadanía, tanto a nivel político como cultural o social. No es el caso de TV3 ni de las numerosas radios públicas que hemos de mantener ya que no paran de darse los episodios de desprecio desde esos medios a los que no somos soberanistas. Todo con el beneplácito de la Generalidad, lo que nos vuelve a enviar al punto de la imparcialidad.

En una democracia real el ciudadano ha de ser igual en derechos y obligaciones en relación con sus semejantes y ha de gozar de protección jurídica y personal. Es decir, a igualdad de perjuicio a un ciudadano cualquiera los responsables han de tener igual pena y condena pública. Sigue sin ser el caso de la Generalidad. Esta administración y todo su brazo informativo –público y concertado- montaron en cólera y con razón a raíz del deleznable episodio de la librería Blanquerna en Madrid. En cambio, la ocupación por la fuerza de la sede barcelonesa de UPyD no debió de ser lo suficientemente grave como para mostrar siquiera consideración alguna para con los afectados. Lo mismo debió de parecerles a los Mossos pues solo practicaron identificaciones y ninguna detención de los ocupantes. Este punto les hace incumplir tres premisas: la del estado de derecho –inviolabilidad del domicilio, respeto a la propiedad privada, etc.-; la de la seguridad jurídica y personal –ausencia de detenciones- y la de la manifiesta parcialidad del silencio de la Generalidad.

En una democracia  real el dinero público es sagrado. Y su uso ha de ser no partidista. Una administración pública no puede sufragar un simposio repleto de falsedades históricas que lo único que hace es enardecer y expandir el odio hacia España. Jaume Sobrequés y Josep Fontana pueden pensar como quieran y decir lo que quieran que para eso existe la libertad de expresión. Pero con su dinero, por favor. Es inaudito que la Generalidad financie un acto presentado por dos individuos que pese a su formación ya no se dedican al estudio de la Historia sino a la exaltación patriótica sin base alguna. El primero, lo único que ha hecho ha sido arrimarse al poder. El segundo tuvo la desfachatez de publicar en la prensa concertada que el Partido Popular esta inmerso en una deriva nazi. O que la independencia solo se conseguiría con una guerra. Todo esto fue pasado por alto por el CAC cuando se decidió a perseguir la banalización del mal y las comparaciones con el nazismo que, según siempre ese organismo, algunos tertulianos y opinadores han hecho en relación con el soberanismo. El colmo del cinismo. Lo mismo se puede decir de cierto programa de TV3 que ha hecho más de un sketch banalizando el nazismo. ¿Dónde queda la igualdad de derechos y obligaciones?

También ha de ser transparente la gestión de la propiedad pública. En la reciente boda de Mittal se han usado algunos equipamientos públicos con finalidades privadas. Se nos dice que esto ha dejado beneficios en dichos equipamientos. ¿Cuáles?¿Cuánto dinero? En una democracia real, o en una democracia que se precia de ser mejor que la del resto de España, al día siguiente habría colgado un informe económico en lenguaje fácilmente entendible para la ciudadanía donde se detallasen los gastos y los ingresos derivados de esa actividad extraordinaria. No ha sido así. Y ojalá me equivoque pero no tendremos acceso a dicho informe.

Es por todo esto que he empezado el artículo como lo he empezado. El que acusa lleva el peso de la prueba. Pues eso he hecho, aportar pruebas y datos de la realidad catalana. Una realidad no basada en la democracia sino en la ilusión de su existencia. No están todos los que son pero son todos los que están. Lo realmente triste es que esta lista esté incompleta porque significa que el pisoteo de la democracia en Cataluña es mucho más intenso de los que esta relación de agravios muestra. La democracia no admite apellidos. Si los admitiese, no sería democracia. Sería otra cosa. Un émulo falsario y farsante. Quizá una ilusión que pudiera aplacar a la ciudadanía, convertida en pueblo. Lo conseguiría, pero no en todos y no por siempre. Alguno hemos decidido que teníamos suficiente y hemos empezado a no callar. Debemos hablar alto y claro. Que los indolentes abandonen ese estado. Que abran los ojos y vean que lo que se les promete no es más que humo. Que no pueden decidir por el simple hecho de que no cuentan con toda la información. Y no cuentan con ella porque es sistemáticamente ocultada o disimulada. ¿Alguien cree que mejorarán las condiciones democráticas de Cataluña cuando ostenten el poder total y general? No entiendo esa lógica. La lógica que hace pensar a algunos que si con responsabilidades parciales la situación es objetivamente nefasta los mismos lo mejorarán todo cuando estemos bajo su dominio. Incurrirán en su postura todavía más pues en ese punto sabrán que sus actos no han de tener consecuencias en estamentos superiores.

Joan Vilaplana i Martí