El falso derecho a la autodeterminación de los nacionalistas

Muchos nacionalistas “periféricos” suelen reclamar en España el ejercicio al derecho de autodeterminación. Consideran que ese es un derecho democrático reconocido por la ONU y que, por lo tanto, si una parte de España desea independizarse del resto tiene que poder hacerlo. En estos términos se expresa Gurutz Jáuregui Bereciartu cuando dice esto: “Una nación que en su momento resultó integrada en un determinado Estado nacional, decide en un determinado momento concreto replantear su situación vigente en el marco de ese Estado nacional. Es aquí donde debe incidir el derecho de autodeterminación como derecho democrático, en cuanto que constituye expresión soberana ―siempre que efectivamente se produzca tal expresión soberana― de un pueblo o nación” (Contra el Estado-nación. En torno al hecho y la cuestión nacional, Siglo XXI, 1986, p. 217; el subrayado es mío).

         Estas afirmaciones esconden varias falsedades. La primera de ellas es confundir el “derecho a la autodeterminación” con el “derecho a la secesión unilateral”, que es lo que defienden estos nacionalistas. Es, además, falso decir que la ONU defiende este derecho entendido de la forma como ellos lo entienden. Tal como afirma Alfredo Cruz Prados “la resolución 2.625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, precisa que el principio de la libre determinación de los pueblos no significa el reconocimiento del derecho a la secesión” (El nacionalismo. Una ideología, Tecnos, 2005, p. 177). En la citada resolución de 1970, después de reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos como una forma de poner fin al colonialismo, se lee lo siguiente en la pág. 132 de la versión española: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de los Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Un poco más adelante se afirma que “la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables”. Los que defienden el derecho a la secesión unilateral invocando las resoluciones de la ONU lo único que hacen es mostrar su desconocimiento de las fuentes.

         La aceptación del derecho a la secesión unilateral conduciría al mundo al caos y podría generar multitud de conflictos armados. Allen Buchanan nos alerta de estos peligros cuando afirma lo siguiente: “Un Estado que codicie parte del territorio de su vecino puede apoyar, estimular o incluso simular movimientos secesionistas entre sus connacionales del otro lado de la frontera, que «languidecen bajo una férula extranjera». En estos casos, una injusta anexión puede enmascararse tras las aparentemente legítimas banderas de la autodeterminación y los derechos de las minorías. Para encontrar ejemplos, no es preciso retrotraerse hasta la anexión de los Sudetes por parte de Hitler; los movimientos de secesionismo irredento en Kosovo, Crimena y Transilvania plantean riesgos similares” (La moral del nacionalismo, II, Gedisa, 2003, p. 158).

            Un ejercicio del derecho a la autodeterminación como el que proponen los nacionalistas “periféricos” españoles solo podría ser aceptado en situaciones excepciones: “El derecho a la secesión se considera como un remedio al que ha de acudirse como último recurso para reparar graves injusticias, no como un derecho general de los grupos y tampoco como un derecho de ciertos tipos de grupos (las “naciones”, los “pueblos”, etcétera, en tanto que tales). Entre todos los agravios que considero capaces de proporcionar los fundamentos primordiales de la justificación de la secesión, los principales son estos: a) la existencia de persistentes y graves violaciones de los derechos humanos individuales, y b) una injusta apropiación de territorios no reparada”. (Allen Buchanan, op. cit., p. 170). Ninguna de estas dos situaciones se da en España.

El derecho a la secesión solo está justificado en circunstancias extremas, tal como señala Buchanan: “Si un Estado persiste en cometer graves violaciones de los derechos humanos de una minoría en el interior de sus fronteras, es permisible que ese grupo trate de establecer su propio Estado como forma de obtener un santuario con el que protegerse contra la persecución, en caso de que no se disponga de ningún otro recurso. O bien, si, como sucedió en el caso de las repúblicas bálticas, un Estado soberano se ha visto injustamente anexionado, la secesión puede considerarse como una legítima rectificación de esa injusticia”.

         Ya que no nos encontramos en España en ninguna de las situaciones de excepcionalidad que este autor señala acertadamente considero que no es legítimo que se ejerza ese derecho a la secesión unilateral. Si hay gente en algunas autonomías que desea la independencia de un territorio del resto lo que deben hacer es convencer a la mayoría de los españoles de la necesidad de modificar la Constitución. La independencia de una parte de nuestro territorio es algo que nos afecta a todos y, por lo tanto, todos los ciudadanos de España deben poder decidir democráticamente lo que quieren que sea su país en el futuro.

Resolución 2625 de 24 de octubre de 1970 de la ONU

Fragmento de la resolución: 

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

El derecho a la autodeterminación (llamada aquí "libre determinación") debe entenderse como el derecho al autogobierno democrático sin discriminaciones, no como el derecho de una parte de un Estado soberano a la secesión unilateral de ese Estado, algo contrario a las resoluciones de la ONU.

Roberto Augusto